El escenario cambió y la discusión política aún no lo refleja. El gobernador cree que es gobernador, cuando apenas le pemiten administrar el presupuesto impuesto por los siete procónsules de la Junta de Control Fiscal. Los legisladores creen que legislan, pero su actuación está reducida en el marco de lo permitido por el Plan Fiscal y el presupuesto que la Junta certifica. Los alcaldes, con poquísimas excepciones, apuestan a un milagro y creen que podrán convencer a Natalie Jaresko, a la vez reconocen que la mitad de sus ayuntamientos desaparecerán. Mientras, los tribunales del “ela” se quedaron “sin velas en este entierro”. En síntesis, las tres ramas del gobierno de Estados Unidos, el Congreso, el Tribunal Supremo y el Ejecutivo, han rechazado a los puertorriqueños y están decidiendo directamente, a su antojo. Antes lo hacían, pero disimulaban.

Fue rápido y vertiginoso. En poco tiempo el traje que parecía bien ajustado, desapareció y los hechos van describiendo con claridad la desnudez: lo que siempre fue. En menos de tres años se derrumbó la farsa del “ela”, el gobierno “propio”, el “pacto” y sus posibles variantes. Años antes, las señales se asomaron en el horizonte con los informes de los grupos de trabajo de la Casa Blanca y del General Accounting Office (GAO) sobre el costo de la estadidad, entre otros. Sin embargo, la respuesta de la clase política colonial fue la negación.

Hoy esa clase política se da contra el muro del poder colonial real. La Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal pretenden ser el gobierno permanente por los próximos 10, 15, o tal vez muchos años más. De paso, sentenciando y descartando también, a corto y mediano plazo, la posibilidad de la estadidad. ¡Interesante las paradojas de la historia! La propia potencia colonizadora le envía un mensaje duro de rechazo a sus más leales “aliados”: ni “ela”, desarrollado o culminado; ni estadidad, “jíbara” o “para los pobres”.

Los acontecimientos se van acumulando como si fuera un tren bala y con ello despejan la bruma que el engaño pretendió ocultar por más de seis décadas. Aunque para los independentistas el engaño había sido denunciado y combatido a costa de enormes riesgos y sacrificios, la máquina avasalladora de vender mentiras se impuso con el apoyo entusiasta de los políticos coloniales, sus principales consumidores, fieles al poder del colonizador. Fue un montaje diseñado y dirigido desde Washington, como muy bien confirma el reciente libro de Ángel Collado Schwarz.

Las dudas se disipan. Queda claro que a lo único que está dispuesto el gobierno permanente de Estados Unidos en su relación con Puerto Rico es a mantener la condición territorial, como fue su intención desde el 1898 y como se recogió más tarde en los llamados casos insulares: “Puerto Rico pertenece a, pero no forma parte de…”. Para el gobierno estadounidense el territorio no incorporado sigue siendo la condición que le ofrece la mayor flexibilidad para proteger sus intereses y mantener el uso actual y potencial de Puerto Rico dada su importancia económica y geoestratégica (que no ha mermado contrario a lo que algunos piensan, confundiendo su valor militar).

A quienes deciden la política sobre Puerto Rico en Washington tampoco les interesa el disimulo, en efecto no les importa, porque eso de la vergüenza no tiene cabida en la hegemonía de la arrogancia, la etapa política por la que atraviesa la aún principal potencia imperialista bajo el reinado de Trump.

Es el control directo por los próximos años, lo que ha decidido el gobierno permanente de Estados Unidos. Y la ley PROMESA es su hoja de ruta. Veamos.

La Ley Promesa: la hoja de ruta

Según las distintas versiones del Plan Fiscal de la Junta, no habrá cuatro presupuestos balanceados consecutivos, al menos en los próximos 8 años. Y esa es, según PROMESA, una de las dos condiciones principales para que la Junta termine “sus operaciones” (Ley PROMESA, Sección 209).

En su Plan Fiscal más reciente (9 de mayo de 2019), la Junta calcula el déficit fiscal acumulado de Puerto Rico cerca de los $34,700 millones para el año fiscal 2023, en su escenario optimista y luego de todos los recortes draconianos al gasto público. Mientras, el crecimiento positivo de la economía se proyecta solo para los años fiscales 2019 y 2020, principalmente como resultado de los fondos federales vinculados a la respuesta a los huracanes Irma y María. Como se sabe, la incertidumbre y el odio de Trump acompañan el desembolso de tales fondos. Pero la Junta sigue confiada que se desembolsarán cerca de $83 mil millones, incluyendo $8 mil millones de las aseguradoras privadas. No hay duda de que una cantidad ingresará a la economía, pero será menor a lo estimado por la Junta. Por eso es más certero hablar de un repunte económico en lugar de crecimiento, pues, hasta el propio Plan Fiscal reconoce que será de poca duración: a partir del año fiscal 2021 la economía regresará a tasas negativas, o de cero crecimiento, de nuevo, en el escenario optimista de los “economistas” de la Junta (Véase pág. 18 del Plan Fiscal).

Tampoco se desprende del Plan Fiscal el interés de la Junta por lograr presupuestos balanceados. Lo que sí queda manifiesto es el objetivo de obtener sobrantes presupuestarios para pagar la deuda. Hacia esa dirección concentran los recortes al gasto público que podemos anticipar serán mayores en la medida que la Junta siga acordando planes de ajuste con los bonistas exageradamente generosos, como el de COFINA y el que se negocia con los bonistas de AEE. Es decir, los planes de ajustes de la deuda garantizan la imposibilidad de eliminar los déficit fiscales y presupuestarios. A lo que se suma la mencionada incertidumbre que supone el desembolso de los fondos federales, el decrecimiento poblacional proyectado y la ausencia absoluta de políticas de desarrollo económico.

Así las cosas, debiéramos esperar mayores recortes al gasto público y acciones más agresivas y de mayor escala por parte de la Junta, no importa quiénes sean sus integrantes. En otras palabras, lo peor está por venir.

Una nueva etapa de lucha

Una nueva etapa de lucha se abre en los próximos meses. La Junta anuncia, como en los dos años anteriores, que certificará e impondrá el presupuesto del gobierno, el Plan Fiscal y el Plan de Ajuste de los bonistas de la AEE. Serán planes que tendrán como despropósito principal, la reducción y desmantelamiento de los servicios públicos, la reducción de las pensiones a partir del 1 de julio de 2020, la derogación de leyes laborales para precarizar a la clase trabajadora, la privatización de los bienes y el capital público, la eliminación del bono de navidad, la venta y cierre de más escuelas, el aumento en el costo de los servicios públicos como la energía eléctrica y el agua, entre otras acciones empobrecedoras. Se suma, además, el desmantelamiento acelerado de la principal institución universitaria.

Los sectores, personas y organizaciones que hemos denunciado y convocado a la movilización contra la Junta y la ley PROMESA, desde su anuncio hace tres años, logramos uno de los objetivos cardinales: educar sobre el alcance y las consecuencias nefastas de la Junta y la ley que la creó. En un principio, voceros, algunos medios de comunicación y sectores en la opinión pública expresaban loas y la conveniencia de aceptar la Junta, hoy esas voces no resuenan, están apagadas. La mayoría de nuestra gente, confirman las encuestas, reconocen y se han dado cuenta que nada bueno surgirá para nuestro pueblo de siete personas abiertamente identificadas con los acreedores y favorecedores de la destrucción de lo público.

De forma simultánea, se ha logrado detener el incinerador de Energy Answer, proyecto que la Junta había endosado y considerado como “crítico y estratégico”. También, se han multiplicado los movimientos de gestión comunitaria, ha avanzado la conciencia y los proyectos sobre las energías renovables, han crecido los grupos dedicados al desarrollo de la agroecología, entre otras señales esperanzadoras del momento actual. Por estas y otras razones, esta primera etapa, sí, la hemos ganado y desde luego, requiere que continuemos el trabajo de denuncia, de educación y movilización.

Con excepción de un puñado de privilegiados, todos los grupos sociales serán severamente impactados de implantarse los planes fiscales. Por eso, la próxima etapa requerirá articular las respuestas de los diversos sectores para resistir lo que es ya el gobierno permanente que representa la Junta de Control Fiscal, la imposición de sus políticas neoliberales, el ataque a los derechos humanos y laborales, y en fin, derrotar el intento de destruir la esperanza.

En el centro está, inevitablemente, la subordinación colonial, las limitaciones asfixiantes que nos impiden decidir lo que nos conviene y la permanente agresión a nuestra dignidad como pueblo y nación. La descolonización y la autodeterminación son impostergables, no esperan. En la colonia, perfumada o reformada, no hay salida posible, la historia lo revela. Igualmente, sabemos que la anexión al país que ha mantenido una relación de desprecio y opresión, no está en la oferta de Washington a mediano plazo y no es opción, a menos que paguemos el alto precio de dejar de ser y nos convirtamos en una minoría nómada, obligada a deambular fuera de nuestra isla-archipiélago.

El desafío que enfrentamos nunca ha sido pequeño y en esta etapa tampoco lo será. Razones sobran para actuar ante las amenazas que se lanzan sobre nuestra vida colectiva. Es momento de fortalecer y ampliar con esmero pedagógico el mensaje liberador y señalar con claridad la vía posible para los pueblos y naciones que se reafirman en su existencia y perseveran hacia superar las desigualdades sociales, económicas y políticas: la plena soberanía y la independencia. Esa es la condición indispensable pero no única para alcanzar un desarrollo sostenible. En ese camino debemos confiar en nuestra capacidad y voluntad de unirnos, forjar alianzas y concertarnos para defendernos de quienes pretenden destruirnos. También será necesario cultivar nuestra creatividad, lo que más falta hará pues el momento que vivimos no tiene precedentes y no hay, por tanto, un manual o guía que señale la ruta.


(Foto: Thais Llorca/EFE)
(Tomado de 80grados)