«Sin embargo, aún perduran en Puerto Rico organizaciones que en el momento en que las condiciones así lo requieran, tienen la capacidad para volver a servir de escudo protector al movimiento independentista frente a cualquier tipo de agresión armada que contra el mismo se lleve a cabo.»

Introducción:

Nos dice el Lcdo. Edgardo Pérez Viera en su libro El Juicio de la Historia: Contrainsurgencia y Asesinato Político en Puerto Rico, en referencia a la sucesión de eventos que llevan a la muerte de dos jóvenes patriotas en el Cerro de los Mártires, que “[El] Plan terrorista del Cerro Maravilla no fue idea original de tres grupos, liderados por encubiertos, que lo intentaron llevar a cabo el 4 o el 25 de julio de 1978. El concepto del Plan surgió mucho antes; allá para fines de los años ‘60, en organismos de Estados Unidos”.

En su libro detalla, elementos a los cuales tuvo acceso como Investigador Especial en la “Segunda Fase de la Investigación del Senado de Puerto Rico sobre los Sucesos del Cerro Maravilla”. Entre ellos destacan los siguientes:

a. Entre el 29-30 de noviembre de 1971 en Washington, D. C. se desarrolló un Seminario al cual asistieron miembros de la Policía de Puerto Rico titulado Seminario de Guerra de Guerrillas Urbanas.

b. Para entonces, ya desde el 15 de noviembre de 1971, se había elaborado un Memorándum titulado Subversion in Puerto Rico donde se plantea: “... la polarización hacia la unión permanente con Estados Unidos por la presente Administración motivó en 1968 que grupos subversivos empezaran a oponerse a este objetivo.” El Memorándum recomendaba: 1) la creación de un Departamento de Información y Adoctrinamiento; 2) el reclutamiento de apoyo entre organizaciones cívicas, profesionales, estudiantiles, obreras y religiosas; 3) dirigir los esfuerzos en radio y TV en mensajes contra la subversión; 4) el control físico sobre las personas y sus propiedades; 5) la utilización de policías en tareas de recolección de información entre familiares y centros de trabajo; 6) el desarrollo de interrogatorios a sospechosos; 7) la organización de grupos clandestinos o públicos integrados por ciudadanos privados y policías para penetrar y destruir los grupos subversivos.

c. Entre 1974 y 1976 la Guardia Nacional de Puerto Rico y la Policía efectuaron en Panamá entrenamientos en la “Escuela de las Américas” de técnicas de contrainsurgencia para el control del terrorismo urbano y rural. Otro de estos ejercicios, bajo el nombre clave de “Black Jack”, se desarrolló en el Área de Toro Negro, en las inmediaciones de las torres de comunicación en lo que hoy es el Cerro de los Mártires.

d. El 14 de octubre de 1977, mediante Orden Ejecutiva, se creó el Consejo Asesor del Gobernador sobre Seguridad (CASG). Este tenía la encomienda de desarrollar en Puerto Rico un “Plan de Defensa Interna”.

e. El 7 de diciembre de 1977 se efectuó una reunión del CASG para escuchar la ponencia del Teniente Sebastián Ortiz Lorenzo, de la Oficina de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico, sobre la subversión política y su vinculación con el movimiento obrero.

f. Entre el 4 al 16 de diciembre de 1977 el FBI, la PPR, la Guardia Nacional y otras agencias desarrollaron en el Campamento Santiago entrenamientos conjuntos anti subversivos.

g. En 1978 se procedió a desarrollar un Seminario sobre Violencia Política y Terrorismo, auspiciado por la “Law Enforcement Assistance Administration.”

Durante los años previos ya se habían creado “Escuadrones de la Muerte”, entre ellos uno donde participaban directamente funcionarios federales, que operó bajo el nombre de “Defensores de la Democracia”; y otro en la Policía de Puerto Rico, bajo el nombre de “Los Duendes”, organizado por Alejo Maldonado.

h. También fueron creadas varias unidades especiales por parte de la Policía y el FBI como la “Unidad de Arrestos Especiales”, bajo la dirección de Julio César Andrades; tres unidades SWAT; y un “Task- Force” compuesto por el FBI y la PPR.

i. El 4 de mayo de 1978, en una reunión del CAGS, se designó Presidente del recién creado Departamento de Seguridad Interna al entonces Secretario de Justicia Miguel Jiménez Muñoz. Allí se identificaron las alegadas amenazas de terrorismo en Puerto Rico, a saber: (a) toma de rehenes; (b) secuestro por rescate; (c) asesinato; (d) terrorismo en masa; (e) conflictos laborales; (f) revueltas estudiantiles; (g) motines en las prisiones; (h) ataques a facilidades e instalaciones militares; (i) actividades guerrilleras: sabotajes, francotiradores, colocación de explosivos, incendios maliciosos, captura de rehenes y transmisión de mensajes a través de estaciones de radio y TV.

j. En junio de 1978 fue aprobado un “Plan de Defensa Interna” (IDP por sus siglas en inglés), el cual había sido ordenado por el CSAG el 4 de mayo de 1978. Este contó con el visto bueno del Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico. En él se plantea: (a) “la eliminación o neutralización de los insurgentes de la población” y “ganarse el apoyo de la gente”; (b) “socavar la moral de los elementos disidentes y de las guerrillas urbanas en Puerto Rico, debilitar los nexos entre la guerrilla y la población civil y ayudar al Gobierno a ganarse el apoyo de la población civil de Puerto Rico”; y finalmente, (c) la Creación de un “Consejo Interdepartamental de Seguridad”. En este Consejo participarían: la Guardia Nacional, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia; el Negociado de Investigaciones Especiales; el Departamento de Bomberos y la Defensa Civil. En una de sus partes puede leerse lo siguiente:

“El Concilio de Seguridad Interdepartamental será responsable por la planificación e implantación de las medidas y programas de Seguridad Interna. Ellos recomendarán objetivos al Gobernador en reuniones donde se trate el tema de la amenaza de los grupos de izquierda en Puerto Rico.” (Traducción nuestra)

k. En agosto de 1978, por iniciativa de Miguel Jiménez Muñoz y a raíz de la muerte de Allan Randall, abogado patronal al cual se le vinculaba con la inteligencia estadounidense en Puerto Rico, se desarrolló un Seminario sobre Violencia Política y Terrorismo. En él se recomendó al Gobierno: (a) mano dura e intolerancia; (b) desarrollo de un programa de informantes y la penetración de grupos extremistas; (c) campaña de propaganda donde se separen los subversivos del resto de la población; (d) desarrollo de guerra sicológica. En el mismo se concluye:

1) solo un lado puede verdaderamente sobrevivir. Los terroristas tienen que ser neutralizados; los terroristas no son rehabilitables; 2) si el terrorismo se escalona, hay que inmovilizar y sacar de circulación sus líderes.

l. A partir del 28 de agosto de 1978 se desarrolló un Plan Maestro Operacional Anti Terrorista. El mismo surgió de una conferencia ofrecida por el Coronel Louis Giuffrida del “California Training Institute”. En el Plan se recomienda grupos de trabajo operacionales pequeños en el Gobierno, los cuales deben contar con un Ayudante de Prensa del Gobernador a cargo de operaciones sicológicas de carácter político y de apoyo público. A tenor con la recomendación, se designó a Pedro Rivera Casiano, ante quien se estuvieron reportando tanto el Secretario de Justicia como el Superintendente de la Policía durante los meses de junio, julio y agosto de 1978.

Las medidas represivas diseñadas como parte de esta conspiración gubernamental se hacían también extensivas al movimiento obrero tomando como punto de partida la Huelga de la UTIER de diciembre de 1977 a marzo de 1978 y la represión desatada contra dicho sindicato; la ofensiva contra dirigentes obreros como Miguel Cabrera de la Unión de Tronquistas, acusado de dar muerte al abogado patronal y agente Allan Randall; y las acusaciones contra los dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores, Radamés Acosta y Arturo Grant, entre otros casos. Se pretendió con ello crear un clima de inestabilidad política que justificara la eliminación de cualquier oposición militante al impulso de la estadidad para Puerto Rico.

Este plan perseguía, además, adelantarse a la propuesta que se esperaba ocurriera de un momento a otro de parte de la Administración Carter para impulsar un espacio de discusión en el país para la búsqueda de mecanismos a través de los cuales encontrar una solución al problema de las relaciones políticas de Puerto Rico con Estados Unidos. En este diseño, las condiciones bajo las cuales se establecerían las definiciones de las opciones de independencia, libre asociación, integración y estado libre asociado desarrollado, serían bajo igualdad de condiciones.

El acuerdo histórico alcanzado ante el Comité de Descolonización de la ONU durante ese año, donde el independentismo y los sectores que postulaban opciones autonomistas habían aceptado la inclusión de la fórmula de libre asociación soberana como fórmula descolonizadora aplicable al caso de Puerto Rico, ofrecía un contexto nuevo, favorable a la descolonización y totalmente desfavorable a la estadidad federada.

Carlos Romero Barceló y la ofensiva anexionista:

El período que cubre la administración de Carlos Romero Barceló se caracterizó por un incremento en Puerto Rico de acciones de carácter terrorista dirigidas contra el movimiento revolucionario en Puerto Rico.¹ En ella, sectores del movimiento patriótico que venían desarrollando las condiciones materiales para enfrentar esta ofensiva terrorista y represiva por parte del Estado, se planteó la necesidad de pasar de una etapa de defensiva estratégica a una de ofensiva táctica mediante acciones armadas que enfrentaran y detuvieran los golpes contra el movimiento independentista.

El 22 de septiembre de 1979 se da a conocer la creación de un estado mayor conjunto entre el Ejército Popular Boricua-Macheteros, las Fuerzas Armadas de Resistencia Popular, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, la Organización de Voluntarios por la Revolución Puertorriqueña y los Comandos Revolucionarios del Pueblo dotando de esta manera al movimiento patriótico de una importante reserva en circunstancias en las cuales de pretendía imponer un proceso forzado de anexión política. Su primera operación conjunta se efectuó el 17 de octubre de ese mismo año.

A partir de 1980 el Gobierno de Estados Unidos se planteó acelerar los planes dirigidos a la destrucción de la capacidad operativa del movimiento revolucionario en Puerto Rico. Durante los primeros años de la década de 1980 la característica principal que asumió la represión de parte del Gobierno Federal contra el movimiento revolucionario fueron las citaciones ante el Gran Jurado Federal y el eventual encarcelamiento por desacato de distintos luchadores(as) puertorriqueños(as) en Puerto Rico y Estados Unidos. En el caso particular de Estados Unidos, además, ocurrieron los arrestos contra compañeros(as) vinculados al Movimiento de Liberación Nacional (MLN) en Chicago y a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN).

Durante los años siguiente se desarrollaron múltiples acciones de carácter político-militares reivindicadas por las organizaciones revolucionarias político militares en Puerto Rico, siendo la voladura de nueve aviones de combate de la Guardia Nacional Aérea en Base Muñiz el 8 de enero de 1981 quizás la más audaz. Esta acción demostró la capacidad operativa de quienes la llevaron a cabo, teniendo de paso una gran repercusión tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Durante los años siguientes otras acciones político-militares serían llevadas a cabo, incluyendo la expropiación de $7 millones efectuada contra la Compañía Wells Fargo en Hartford, Connecticut en octubre de 1984.

El operativo del 30 de agosto de 1985

El 30 de agosto de 1985 se desata en Puerto Rico un gigantesco operativo contra integrantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños y el Ejército Popular Boricua (Macheteros). La operación policiaca golpeó fuertemente dicha organización la cual, en el momento de los arrestos, venía atravesando una división interna. Más de 200 agentes del FBI, incluyendo unidades de equipos de rescate de rehenes, francotiradores, personal de la unidad SWAT (¨Special Weapons and Tactics¨), equipos de asalto a residencias, equipos especializados en registros y allanamientos, alguaciles federales, todo ello con el apoyo de la Policía de Puerto Rico, incursionaron en 37 residencias en Puerto Rico y Estados Unidos. A las 6:00 a.m. iniciaron el operativo logrando arrestar a Filiberto Ojeda Ríos, Jorge Farinacci García, Hilton Fernández Diamante, Elías Castro Ramos, Orlando González Claudio, Ivonne Meléndez Carrión, Ángel Díaz Ruiz, Isaac Camacho Negrón, Luis Colón Osorio, Norman Ramírez Talavera, Carlos Ayes Suárez, Luz María Berríos, Juan Segarra Palmer y Anne L. Gassin.

El 21 de marzo de 1986 fueron arrestados Roberto José Maldonado, Antonio Camacho Negrón y Paul S. Weinsberg. Tres de los acusados en 1985 lograron evadir sus capturas recurriendo al clandestinaje. Dos de ellos, los hermanos Avelino y Norberto González Claudio, fueron capturados luego de más de dos décadas de evadir sus capturas por parte de las autoridades federales. Víctor Gerena, a quien se le imputa ser el principal sospechoso del asalto a la Wells Fargo en Hartford, aún no ha sido capturado.

Luego del proceso judicial efectuado en Hartford, Connecticut, que conllevó para los acusados diferentes tipos de condenas, la lucha político militar en Puerto Rico sufrió un fuerte retroceso. La lucha por la independencia sufrió además el fuerte golpe que representó la caída del Campo Socialista y la Unión Soviética y sus efectos posteriores en el contexto de la Revolución Cubana con el surgimiento del llamado “Período Especial”. No solo la lucha por la independencia perdía aliados que por espacio de varios años habían respaldado el reclamo de nuestro pueblo al ejercicio de su libre determinación e independencia, sino que nuestro referente más cercano, la Revolución Cubana entraba en una de sus etapas más críticas.

Por más de una década el movimiento independentista, en su vertiente político militar, ha desarrollado su lucha desde una perspectiva estrictamente defensiva. Esto ha sido así incluso dentro del marco de la importante ofensiva política que representó, a partir de 1999, la lucha por detener los bombardeos y ejercicios militares de la Marina de Guerra y de la Infantería de Marina en Vieques, el cierre de sus polígonos de entrenamiento en dicha isla-municipio y la Estación Naval de Roosevelt Roads.

La experiencia de la lucha de Vieques marcó un hito histórico para los puertorriqueños, no solo desde el punto de vista de la capacidad para articular políticas de alianzas en la consecución de objetivos comunes, sino también, la posibilidad de alcanzar victorias colectivas sustanciales cuando nos articulamos como pueblo. Se trató de un nuevo paradigma en la formulación de propuestas políticas para nuevas luchas de nuestro pueblo en pro de su libre determinación.

Conclusión:

Luego del 30 de agosto de 1985, la intensidad de la derecha política terrorista contra el independentismo asumió otro discurso, modificó su curso de acción y por decirlo de alguna manera, modificó su rumbo. Hoy los choques por parte de estos sectores contra el movimiento patriótico se producen en escenarios diferentes. En ellos, la lucha política y la lucha cívica ha ocupado en alguna medida algunos de los espacios que antes ocupaba la lucha político militar. Sin embargo, aún perduran en Puerto Rico organizaciones que en el momento en que las condiciones así lo requieran, tienen la capacidad para volver a servir de escudo protector al movimiento independentista frente a cualquier tipo de agresión armada que contra el mismo se lleve a cabo.

Los sucesos que impactaron al movimiento independentista durante la década previa a 1985, así como aquellos que se desarrollarán en la década siguiente, no deben ser olvidados. Ellos entrañan lecciones positivas y negativas que, evaluadas en su justa perspectiva histórica, forman parte del caudal de lecciones experiencias necesarias para el desarrollo de una estrategia que guie la presente y futura lucha de independencia.


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1 Es importante destacar que en un trabajo llevado a cabo por Domingo Vega Figueroa titulado Lucha por la Independencia de Puerto Rico: Cronología de la represión 1961-1980, se relatan 303 incidentes o atentados terroristas de derecha en Puerto Rico contra el movimiento patriótico. Dentro de ellos se encuentran no solo los asesinatos de Cerro Maravilla sino también el asesinato de Ángel Rodríguez Cristóbal en la prisión de Tallahassee, Florida en junio de 1979.

En otra investigación desarrollada por Raúl Álzaga Manresa, publicada en el Semanario Claridad del 1 al 7 de marzo de 2007 bajo el título Terrorismo de Derecha en Puerto Rico, el autor identifica en ese mismo período 34 incidentes terroristas que no aparecen en la lista publicada por Domingo Vega Figueroa. En su escrito Álzaga Manresa divide su investigación en tres etapas:

(a) Entre 1971 al 1973 se produjeron 42 atentados dirigidos principalmente contra Claridad, Impresora Nacional, propiedades de independentistas, oficinas de uniones obreras y comités de partidos políticos de la independencia como fueron el PIP y el PSP.

(b) En el segundo período del 1974 a 1976 se realizaron 24 atentados. Aunque en una cantidad menor, indica, fueron “indiscutiblemente más dañinos y mortíferos”. En estos atentados se incluye la bomba colocada en Mayagüez durante la conmemoración del natalicio de Eugenio María de Hostos donde fallecieron dos personas y resultaron heridas 12; el secuestro y asesinato del líder nacionalista Julio Pinto Gandía y el asesinato de Santiago (Chagui) Mari Pesquera.

(c) El tercer período se ubica entre 1977 al 1980 en el cual ocurrieron 32 atentados, incluyendo más de un asesinato político como fue el asesinato de Carlos Muñiz Varela y los asesinatos del Cerro Maravilla. En este período participarán activamente en estos atentados tanto exiliados cubanos, funcionarios de la Marina de Guerra de Estados Unidos, funcionarios de agencias federales y del Tribunal Federal en Puerto Rico, políticos vinculados al PNP y funcionarios de la División de Inteligencia y otras unidades especializadas de la Policía de Puerto Rico.