El pasado 26 de agosto de 2012 fue suscrito en La Habana, Cuba, el ¨Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera¨ entre el gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas de Colombia-Ejército del Pueblo.

El mismo fue, en su momento, el mayor logro entre las partes desde que el 23 de febrero y 26 de agosto de 2012, con la participación del Gobierno de la República de Cuba y del Gobierno de Noruega actuando como garantes, y con el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela como facilitador y acompañante al cual se uniría Chile, emprendieran la difícil tarea de búsqueda de una reconciliación nacional y fin de la guerra en Colombia.

El 27 de agosto de 2012 el canal de televisión TeleSur hizo público que entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) se había firmado un acuerdo en la capital cubana que permitiría el inicio de un diálogo entre ambas partes, enfrascadas en un conflicto armado que se ha prolongado por espacio de más de cincuenta años. El anuncio vino precedido de una declaración unilateral hecha por las FARC-EP el 26 de febrero de ese año renunciando a la utilización del secuestro como instrumento de lucha política y el anuncio de la liberación de los últimos diez militares y policías capturados. La noticia también estuvo acompañada del anuncio de la aprobación por parte del Congreso colombiano el 14 de junio del llamado ¨Marco Jurídico para la Paz¨ mediante el cual se proveyó al Estado colombiano los instrumentos necesarios para negociar con los grupos armados en Colombia.

La realidad es que los acercamientos entre las FARC-EP y el gobierno habían tenido escenarios previos a las conversaciones desarrolladas en La Habana a partir del 23 de febrero de 2012. El anuncio hecho por TeleSur tan solo vino a confirmar de manera pública las iniciativas que ya se encontraban en pleno desarrollo por las partes.

No se trataba, sin embargo, del primer esfuerzo negociador entre las FARC-EP y el gobierno colombiano. Previamente, en el año 1984, luego de una reunión de los diferentes frentes de guerra de las FARC-EP, como parte de los acuerdos suscritos con el gobierno de Belisario Betancourt, se alcanzó un alto al fuego que abrió paso a la formación política de la Unión Patriótica. Esta organización de carácter legal, sin embargo, eventualmente fue liquidada por escuadrones de la muerte compuestos por militares, elementos oligárquicos vinculados al gobierno y los carteles del narcotráfico colombiano. En el proceso, miles de militantes y candidatos electorales de la UP a nivel nacional, departamental y municipal fueron literalmente arrasados, secuestrados, torturados y ejecutados.

En 1987 diversas fuerzas insurgentes en Colombia se reagruparon políticamente en lo que se denominó como ¨Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar¨. A partir del nuevo escenario reiniciaron el 3 de junio de 1991 los diálogos con el gobierno de Colombia con miras a poner fin al conflicto armado. Estos diálogos fueron efectuados en Venezuela y México. Este nuevo proceso, sin embargo, quedó inconcluso en 1993 luego de no llegarse a un acuerdo.

Una vez más en 1998, bajo el gobierno de Andrés Pastrana, se desarrolló otra iniciativa creándose una zona desmilitarizada de aproximadamente 40 mil kilómetros cuadrados, una superficie aproximada al tamaño de Dinamarca. Este territorio, también conocido como ¨Zona de Despeje¨, permaneció bajo el control de las FARC-EP hasta el año 2002 cuando, una vez, más fracasaran las negociaciones. Para entonces, el gobierno estimaba las cifras de combatientes de las FARC-EP en 18 mil efectivos.

Las FARC-EP es la agrupación guerrillera activa más antigua de América Latina. Fue fundada en 1964 a pesar de que desde mucho antes, en Colombia, ya existían agrupaciones guerrilleras en armas. Surge el día 30 de mayo de 1964 como ¨Bloque Sur¨, brazo armado del Partido Comunista de Colombia (PCC) hasta que más adelante, el 5 de mayo de 1966, adopta su nombre actual. En su Séptima Conferencia, efectuada en mayo de 1982, se denominarán Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC–EP). Actualmente, su máximo responsable es Rodrigo Lodoño Echeverri, conocido como ¨Timochenko¨ o ¨Timoleón¨, quien sustituye su anterior responsable principal Guillermo León Cano, conocido también como ¨Alfonso Cano¨, caído en combate el 4 de noviembre de 2011.

A través de los años, lo que durante los años de la Guerra Fría era denominada por sus detractores como ¨guerrilla comunista¨ o como, ¨agrupación guerrillera marxista–leninista¨; pasó a ser calificada por esos mismos detractores, primero como ¨grupo terrorista¨, y más adelante, como ¨narco guerrilla¨. La realidad es que dentro de las fuerzas militares irregulares en Colombia, la denominación de ¨narco guerrilla¨ a quien mejor le cuadra es a las llamadas ¨fuerzas de autodefensa¨, creadas y financiadas por narcotraficantes, elementos vinculados a la oligarquía colombiana y a sectores derechistas y anti comunistas dentro de las fuerzas armadas.

Las acusaciones contra las FARC-EP de terrorismo están vinculadas con las formas de ejercicio de la lucha armada que esta organización ha utilizado para enfrentar sus enemigos: sus operaciones militares guerrilleras; los ataques contra objetivos militares en los cuales se capturan fuerzas de la policía y del ejército y se retienen en calidad de prisioneros, por lo que el Estado las denomina ¨operaciones para la toma de rehenes¨. A lo anterior se suma el discurso en torno a secuestros de figuras vinculadas con el gobierno o los latifundistas; el uso de minas terrestres; la colocación de coches bombas contra objetivos en los centros urbanos; y la imposición de impuestos a los terratenientes y latifundistas, algunos de los cuales incluso el propio gobierno vincula con el narcotráfico; etc. Por su parte, las FARC-EP acusan al gobierno de retener en prisión, como si fueran delincuentes comunes y no prisioneros de guerra, a miles de sus combatientes; de continuas violaciones de derechos humanos y la represión contra los campesinos e indígenas; a la vez que acusan a sectores vinculados con el gobierno y las fuerzas armadas por sus vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero.

Sobre los métodos de lucha utilizados por las FARC-EP frente al inmenso y poderoso aparato financiado por Estados Unidos a través de su intervención en el país mediante el ¨Plan Colombia¨ y los métodos utilizados por el Estado para combatir dicha organización y contra la población en las zonas donde las FARC-EP opera, podríamos sostener una larga discusión. En ella podemos coincidir o discrepar en todos o algunos de sus componentes operativos. En lo que no deberíamos discrepar, sin embargo, es en que esta organización, al igual que otros agrupamientos guerrilleros en Colombia, como es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), tienen su origen y desarrollo en la desigualdad social y económica; en los abusos sobre las poblaciones campesinas por parte del Estado colombiano y la clases sociales que lo sostiene; en la ausencia de libertades políticas reales a través de las cuales los sectores sociales sin voz, particularmente obreros y campesinos, puedan impulsar sus demandas reivindicativas en un verdadero espacio democrático; y donde se atiendan adecuadamente, entre otras, las necesidades de trabajo, salud y educación de las amplias masas colombianas para las cuales esas conquistas son inexistentes.

Nadie debería ser lo suficientemente ingenuo como para pensar que en un proceso revolucionario armado de tan larga duración e intensidad no se hayan dado desviaciones por parte de las fuerzas combatientes revolucionarias que participan del mismo. Lo importante sin embargo, a la hora de pasar un balance histórico, es no generalizar los elementos negativos que hayan surgido, imputándolos como representativos de la totalidad del quehacer político y militar de esta organización; sino evaluar los mismos, desde una justa perspectiva, tomando en consideración la totalidad de los factores involucrados. De ahí la importancia de valorar los acuerdos recientemente suscritos en La Habana.

Los acuerdos suscritos en 2012 partían de cinco apartados esenciales: Primero, el inicio de ¨conversaciones directas e ininterrumpidas¨ con una agenda definida dirigidas a alcanzar un ¨Acuerdo Final para la terminación del conflicto y por una ¨paz estable y duradera. Segundo, el establecimiento de una Mesa de Conversaciones pública a ser instalada a partir del 15 de octubre de 2012 en Oslo, Noruega, y como lugar de las negociaciones, La Habana, Cuba, quedando abierta la posibilidad de realizar reuniones en otros países. Tercero, la celeridad en el calendario del desarrollo de las reuniones. Cuarto, el desarrollo de conversaciones con el apoyo de los gobiernos de Venezuela y Chile como acompañantes del proceso. Finalmente, el Acuerdo recoge una agenda de discusión que incluía: a) política de desarrollo agrario integral: b) participación política; c) fin del conflicto; d) solución al problema de drogas ilícitas; e) víctimas; f) implementación, verificación y refrendación de los acuerdos; g) reglas de funcionamiento.

Cierto es que existen al menos una treintena de países que consideran a las FARC-EP como ¨organización terrorista¨. La pregunta que deberíamos hacernos al escuchar los voceros de tales gobiernos, sin embargo, es ¿qué tipo de lecciones pueden darnos sobre el particular países como Estados Unidos y la Unión Europea, que juntos forman parte de la OTAN, cuando su práctica es precisamente una que promueve el terrorismo de Estado? ¿De cuáles derechos humanos puede hablarnos un país que legitima el uso de la tortura y aprueba en sus más altas esferas la eliminación sumaria de sus propios ciudadanos en países extranjeros o que mantienen cárceles secretas en terceros países, reteniendo indefinidamente personas sin ser acusadas o llevadas a juicio?

Desde el año 2008 la dirección de las FARC-EP ha sido duramente golpeada. Primero fue el fallecimiento de su fundador Manuel Marulanda, conocido como ¨Tiro Fijo¨, el día 26 de marzo. Previamente el 1 de marzo, se produjo la muerte del responsable de Relaciones Internacionales, Luis Edgar Devia Silva, conocido como ¨Raúl Reyes¨, en un ataque perpetrado por la fuerza aérea de Colombia con el apoyo logístico de Estados Unidos contra su campamento localizado en la zona fronteriza de Ecuador con Colombia. El día 8 de marzo, uno de los miembros de su Secretariado, Iván Ríos, fue asesinado por elementos de su seguridad personal. El 23 de septiembre de 2010 fue abatido en el departamento de Meta su Jefe Militar, Víctor Julio Suárez, conocido como ¨Jorge Briceño¨ o como el ¨Mono Jojoy¨, en un bombardeo efectuado por las fuerzas armadas; mientras que el 4 de noviembre de 2011 se produjo la muerte de Alfonso Cano, quien había sucedido a su muerte al fundador de la organización Manuel Marulanda.

Colombia hoy día es quizás uno de los países más militarizados de América Latina. Allí Estados Unidos ha desplegado bajo el llamado “Plan Colombia”, a título de ¨asesores¨, cientos de efectivos militares e instalado su personal en varias bases militares cedidas por el Estado colombiano. Con el apoyo estadounidense Colombia ha ido configurando una potente fuerza militar cuya capacidad excede propósitos estrictamente defensivos. En efecto, las Fuerzas Armadas colombianas tienen hoy, al menos teóricamente en fuerzas de tierra, aire y mar, junto con unidades de infantería de marina, la capacidad militar para incluso agredir países vecinos.

La versión original de este Plan surgió en 1998, precisamente bajo la presidencia de Andrés Pastrana mientras se desarrollaron conversaciones de paz. Este Plan militar se justificó como una especie de ¨Plan Marshall¨ que le permitiera a Colombia desarrollar grandes inversiones sociales en un país crucificado por un conflicto armado que ya entonces llevaba cerca de tres décadas. Entre sus componentes se encontraba ofrecer al campesinado una opción económica alternativa viable a la producción de la hoja de la coca; el fortalecimiento militar entre Colombia y Estados Unidos; y atender el problema de la viabilidad del Estado colombiano, fragmentado básicamente entre los narcotraficantes, el gobierno central, las FARC-EP y las organizaciones paramilitares.

El Plan Colombia, además, se ideó como un contra balance en los esfuerzos desarrollados por el Gobierno de Pastrana entre 1999 y 2000 para llegar a acuerdos de paz que impidieran un cierre irreversible al conflicto político en Colombia donde las fuerzas populares rompieran el impasse entre las partes en conflicto con el desarrollo de un proyecto social popular que desbancara los privilegios de los sectores oligárquicos. En su desarrollo, sin embargo, particularmente bajo el gobierno de Álvaro Uribe, el ¨Plan Colombia¨ representó el fortalecimiento de la estructura militar de dicho país como contrapeso al desarrollo de la Revolución Bolivariana en Venezuela y la Revolución Cívico–Ciudadana en Ecuador.

El 4 de septiembre de 2012 el presidente colombiano Juan Manuel Santos, hizo público el hecho de que discretamente, estas conversaciones de paz próximas a comenzar en Oslo en octubre de dicho año, habían sido precedidas de importantes conversaciones exploratorias desarrolladas por las partes seis meses antes. También reconoció la importancia de la participación y las aportaciones del entonces presidente venezolano Hugo Chávez Frías, particularmente luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos en 2010.

A pesar de la negativa del gobierno colombiano en esta nueva ronda de negociaciones en decretar un cese al fuego y la suspensión de las operaciones militares; en un comunicado de las FARC-EP de 19 de noviembre, éstas decretaron un cese unilateral al fuego el cual se extendería hasta el 20 de enero de 2013. A diferencia de 1998, en esta ocasión el gobierno colombiano también se negó a negociar con las FARC-EP una zona de despeje o zona desmilitarizada. Tampoco progresó la demanda inicial de las FARC-EP a los fines de que pudieran participar de las negociaciones dirigentes que fueron extraditados a Estados Unidos donde permanecen en prisión.

El acuerdo hecho público en La Habana el pasado mes de septiembre, donde las partes en conflicto en un acuerdo se comprometen a culminar en seis meses las negociaciones para un acuerdo de paz final, ha creado grandes expectativas. A partir de su firma, las FARC-EP tendrían un plazo de 60 días para iniciar el proceso de desarme y su reinserción como movimiento político legal en Colombia.

El anuncio significa un salto cualitativo en los procesos de negociación y reconciliación nacional en países que como Colombia, el conflicto militar se ha extendido por décadas. Se ha acordado una amnistía amplia por delitos políticos y por los hechos vinculados a éstos. También se creado una ¨Jurisdicción Especial para la Paz¨ donde todas las partes, incluyendo las fuerzas de seguridad del Estado, las FARC-EP, los políticos y empresarios colombianos y todos aquellos que durante el proceso hayan cometido crímenes de lesa humanidad, genocidio y delitos graves como secuestros, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, violencia sexual y reclutamiento de menores habrán de responder por sus acciones. Para ello se acordaron tres tipos de penalidades: (a) para quienes reconozcan la verdad y responsabilidad en forma temprana, penas de cinco a ocho años de restricción de libertad, cumpliendo labores de reparación en programas agrícolas, construcción de escuelas o remoción de minas explosivas y resocialización; (b) para aquellos que lo hagan de forma tardía, de cinco a ocho años de cárcel; y (c) para los que se nieguen a reconocer sus crímenes, si son hallados culpables, la pena podrá ser hasta de 20 años de prisión.

Las partes han comprometido, además, su palabra con alcanzar acuerdos finales y definitivos, los cuales sin duda, deberán ser sometidos al pueblo colombiano para su ratificación. Así lo intima el Presidente Santos cuando ha dicho: ¨La última palabra la tienen los colombianos¨.

Si bien existe una gran expectativa por el desarrollo y resultado exitoso de estas conversaciones de paz, no faltan también quienes desearían ver descarrilados, una vez más, los mismos. También podría haber otros escenarios que tengan tal resultado, como por ejemplo, el dictamen que en su día pudiera emitir el Tribunal Supremo Constitucional de Colombia sobre esta parte del acuerdo. Tales escenarios, de prevalecer, podrían precipitar en ambos lados de la contienda, la continuación del conflicto. Sin embargo, la seriedad de las conversaciones y el propósito de sus actores en llegar a un acuerdo real parecerían caminar en una dirección distinta.

Ya en el pasado, procesos de guerra interna en América Latina han llevado a la reconciliación de las partes en conflicto, como resultó ser en el caso de las negociaciones que condujeron a los Acuerdos de Chapultepec, que permitieron el fin de la guerra civil en El Salvador hace ya más dos décadas. Quizás por eso, países como Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea, como también del Movimiento de Países No Alineados (NOAL) y el inmenso abanico de visiones que se expresan a través de los diferentes gobiernos latinoamericanos y caribeños, aún dentro de su diversidad y diferencias, han respaldado esta iniciativa final de diálogo. Confiemos que en esta ocasión, la paz definitiva llegue al pueblo colombiano.