«Puerto Rico no es la excepción a los grandes problemas que enfrentan las clases trabajadoras golpeadas por la crisis económica y flageladas por las medidas neoliberales, que desde el Estado, se adoptan en beneficio del capital».

Buenas noches a todas las personas presentes. Agradezco la invitación cursada por Padre Pedro para que me dirija a ustedes junto al Padre Jorge Ambert, distinguido sacerdote jesuita, que ha sido por décadas una voz importante en la divulgación en nuestro país de la doctrina social de la Iglesia Católica, también identificada como el ¨pensamiento social cristiano¨.

Quien les habla no es católico, ni practicante de religión alguna, aunque sí fui formado en la Iglesia Católica. Nací en Vega Baja el seno de una familia profundamente cristiana y católica. Estudié en diversos colegios católicos en los pueblos de Manatí, Vega Baja, Bayamón y Arecibo. Formé parte de diversas agrupaciones católicas juveniles. Fui monaguillo por más de siete años, cinco de los cuales precedieron al Concilio Vaticano Segundo. Aún puedo recitar en latín partes fundamentales del ceremonial con el cual se oficiaba entonces la misa. Muchos de los principios inculcados por mis padres, maestros y maestras de escuela; y en particular, un sacerdote jesuita, Pepito Marrero, a quien en casa se le consideraba un hijo más, y quien fue un mentor y amigo, siguen presentes en mi actual perspectiva sobre la vida, la sociedad en que vivimos y las obligaciones que como seres humanos le debemos a esta Patria que nos vio nacer. Se trata de principios inicialmente moldeados por la doctrina social de la Iglesia Católica.

Durante la visita efectuada recientemente a México por su Santidad, el Papa Francisco, este tuvo la oportunidad de dirigirse en Ciudad Juárez a una multitud de aproximadamente 3 mil trabajadores y trabajadoras. Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza con Estados Unidos donde en sus barrios se aglomeran miles de trabajadores, en su mayoría emigrantes internos del propio Estado mexicano. Allí se encuentran cientos de fábricas establecidas a raíz del Tratado de Libre Comercio de las Américas entre Estados Unidos y México, atraídos por las ventajas económicas que ofrecen sus dueños. Son fábricas en su mayoría de capital estadounidense dedicadas a la industria liviana, principalmente textiles, conocidas como maquiladoras. Allí se les explota con salarios de $4.00 al día.

En su alocución a los presentes, el Papa Francisco señaló: ¨Dios le pedirá cuentas a los esclavistas de hoy, y debemos hacer todo lo posible para asegurarnos de que estas situaciones no ocurran de nuevo. El flujo de capital no puede determinar el flujo y la vida de las personas.¨ En palabras de su Santidad, las ganancias no pueden ser más importantes que las personas.

Hace ya varias décadas, una amiga mía con quien compartí experiencias de lucha universitaria a comienzos de la década de los años setenta, me decía en una conversación sobre principios éticos que deben guiar la acción política lo siguiente: ¨Viejo, en esta lucha que desarrollamos, nunca debemos perder la perspectiva de que las personas siguen siendo más importantes que las cosas.¨ Aunque no hablábamos de cosas religiosas, quizás sin conciencia de ello, mi amiga Julia enunciaba uno de los pilares más importantes sobre los cuales se asienta la Doctrina Social de la Iglesia Católica, que es precisamente el fundamento ético-moral-religioso del cual parte el Papa Francisco en sus expresiones en México. Así las cosas, en el decir del Papa Francisco, el capital y sus ganancias no pueden colocarse por encima del ser humano. Su existencia debe ser no sólo para el bien común de quien lo posee, sino también de quienes lo crean o producen. La exclusión de uno de los polos en la ecuación, tornaría al capital y sus ganancias en algo contrario a la voluntad Divina.

La Doctrina Social de la Iglesia Católica toma como base y sustrato textos como el Antiguo y Nuevo Testamento; escritos a través del tiempo hechos por importantes teólogos; así como Encíclicas escritas por diferentes Papas, particularmente a partir del Siglo XIX. A través de ella, se propone la manera en que debe producirse el encuentro entre Dios y los seres humanos; el encuentro de Cristo con su pueblo; así como la vinculación de la Iglesia con los pobres, todo ello dentro del marco de las relaciones sociales.

El desarrollo del capitalismo produjo históricamente hablando las bases para el surgimiento de las ideas del socialismo. El capitalismo representó, además, una superación del modo de producción que le precedió. Trastocando el vínculo entre el señor feudal y el siervo, sustituyó al primero por el capitalista o dueño de los medios de producción, y al segundo por el obrero asalariado. De esta manera, dos sistemas de producción, el capitalista y el socialista, se han enfrentado en los pasados siglos en una lucha persistente, colocando a los dueños de los medios de producción frente a aquellos, que sin tener la propiedad de los mismos, vienen obligados a vender a los primeros, como si fuera una mercancía más, su fuerza de trabajo. Es el salario devengado lo que permite al obrero y su familia sobrevivir, reproducirse y atender sus necesidades inmediatas.

La Doctrina Social de la Iglesia Católica rechaza, la concepción del materialismo histórico, según la cual la lucha de clases es el motor de la historia. Basada en principios teológicos, afirma a Dios como realidad primigenia y suprema que dirige soberanamente la historia. Aunque reconoce en el individuo el libre albedrío, la manera en que éste se conduce lo hace en el marco del plan trazado por Dios. La revelación de ese plan que Dios nos asigna se nos revela a través de su Hijo, Jesucristo, afirmando de paso la existencia de un orden natural que a su vez es de origen divino.

De este Orden Divino que postula la Doctrina Social de la Iglesia Católica, emanan varios principios esenciales:

(1)    La dignidad humana es la zapata y el sostén a partir del cual se organiza todo proyecto económico, político, cultural o social. En consecuencia, cualquier posición que asuma la Iglesia en torno a cualquier asunto de relevancia para el ser humano, debe hacerlo a partir del respeto absoluto a tal dignidad en las personas.

(2)    Es de la dignidad del ser humano, de donde deriva la solidaridad que proclama la Doctrina Social de la Iglesia Católica, expresada la misma en el amor hacia los pobres y el rechazo a toda manifestación de individualismo. En el plano de las relaciones internacionales, este principio se extiende a la responsabilidad de los países más ricos en contribuir al desarrollo de aquellos más pobres.

(3)     La justicia y la caridad son los instrumentos a través de los cuales se contribuye al bien común de los seres humanos en aras de mejorar sus condiciones de vida.

(4)    La Doctrina Social de la Iglesia Católica parte del reconocimiento de que todos los seres humanos son iguales en la sociedad en que viven. La Iglesia valora el sistema democrático que asegure a sus ciudadanos la plena participación en la elección de sus gobernantes y su sustitución mediante procesos pacíficos.

(5)    Reconoce de que el concepto ¨desarrollo¨ no se limita meramente a ¨crecimiento económico¨, sino a aquello que propenda al tránsito de condiciones de vida menos humanas, a condiciones de vida más humanas, respetando a la naturaleza como un bien común.

(6)    La Doctrina Social de la Iglesia Católica proclama, entre otras medidas de justicia social, la defensa de los derechos de los trabajadores y sus aspiraciones por salarios justos, descanso, garantías sociales, seguridad social, derecho al trabajo, y el derecho a organizarse para la defensa común de sus intereses.

(7)    Siendo Dios el creador de los bienes que nos ofrece la naturaleza y siendo los seres humanos fruto de su creación, la Doctrina Social de la Iglesia Católica proclama que el derecho a la propiedad privada no es un derecho absoluto e irrestricto, sino destinado al disfrute común de todos. Así las cosas, la concentración de bienes en manos de unos pocos es contrario al plan de Dios para el disfrute en común de los bienes por él creados, ya que atenta contra el derecho a una vida digna. En consecuencia, la propiedad privada debe atenerse también a un principio de distribución equitativa en los bienes que nos da la naturaleza.

(8)    La Doctrina Social de la Iglesia Católica también hace el llamado al pueblo de Dios a defender los derechos de los pobres y los débiles. Lo anterior empalma con la obligación de los cristianos de no cruzarse de brazos esperando que la justicia caiga de las manos de Dios, sino en el compromiso cotidiano del cristiano en la lucha por aquellos y aquellas que dice el Evangelio, ¨tienen hambre y sed de justicia.¨

(9)     La Doctrina Social de la Iglesia Católica reivindica el derecho a la vida, por lo que condena el aborto, el desamparo de los menores de edad que conduce a la mortalidad infantil, la falta de protección a la mujer en estado de embarazo, el hambre, todo tipo de ejercicio de violencia contra la vida y la salud de los seres humanos, el abandono de la vejez y la eutanasia. Todo cuanto atente contra la vida de los seres humanos, dice la Iglesia Católica, viola la integridad de la persona y ofende la dignidad humana.

(10)    La Doctrina Social de la Iglesia Católica convoca a la libertad como proceso individual, y como ejercicio solidario colectivo, procurando también que la paz sea la base de la convivencia social y política.

Cuando en México el Papa Francisco cuestionó los salarios de hambre y miseria a los cuales el capital condena a los trabajadores de las maquiladoras en Ciudad Juárez, formuló también la denuncia ética a un sistema que promueve tales condiciones de trabajo. Para atender esta desigualdad, el Papa Francisco formuló una propuesta a los efectos de que ¨podemos fomentar el diálogo, el encuentro y la búsqueda de mejores alternativas y oportunidades¨.

Salvando las distancias necesarias, Puerto Rico vive también momentos muy difíciles para las clases trabajadoras; momentos donde cada vez, producto de enfoques neoliberales tanto en el sector privado de la producción como en el sector público, se agranda la brecha entre ricos y pobres; se adopta por parte del Estado mayores medidas impositivas para el sector que trabaja y produce; se amplía el deterioro de los servicios públicos esenciales; se reduce la capacidad productiva del sector privado; incrementa el desempleo real mientras se reduce cada vez más la tasa de participación en el empleo de nuestra población; mientras escapan del país sus más jóvenes profesionales, aumenta la edad de la población y se degrada la capacidad de los sistemas de retiro de empleados públicos, amenazando las raquíticas pensiones de decenas de miles de empleados jubilados; y se pone en riesgo las pensiones de aquellos que todavía hoy aportan con su trabajo a los sistemas de retiro vigentes.

En medio de todo esto, ¿cuál ha de ser la respuesta por parte de la Iglesia Católica?; ¿cuál ha de ser la aproximación que debe asumir en la búsqueda de soluciones?; ¿cuál ha de ser el camino a seguir para impedir un mayor retroceso social, económico y cultural en nuestro país?

A pesar de Estados Unidos ser una de las economías más fuertes en el contexto de los países desarrollados a escala mundial, también es una donde, a pesar de tal poderío y fortaleza económica, contrario a la percepción general que tenemos, sus trabajadores reciben comparativamente uno de los salarios mínimos más bajos. Veamos algunos ejemplos del salario mínimo en algunos países desarrollados: Australia ($15.75); Luxemburgo ($14.21); Francia ($12.55): Irlanda ($12.03); Bélgica ($11.92); Holanda ($11.38); Nueva Zelanda ($10.22); Canadá ($9.76); Reino Unido ($9.57); Japón ($9.16), y Estados Unidos ($7.25).

De acuerdo con cifras ofrecidas por el Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (¨U. S. Bureau of Labor Statistics¨), en BLS Reports de marzo de 2014, para el año 2013 habían en Estados Unidos un total de 75.9 millones de trabajadores mayores de 16 años que trabajaban recibiendo paga por hora, ya fuera en empleos a tiempo completo o a tiempo parcial. Esta cantidad representaba el 58.8% de todos los trabajadores asalariados en dicho país. Entre aquellos pagados por hora, 1.5 millones devengaban exactamente el salario mínimo federal, que actualmente es de $7.25/hora; y 1.8 millones estaban por debajo del salario mínimo. La suma de ambos grupos equivalía a 3.3 millones, lo que a su vez, representaba el 4.3% del total de trabajadores por hora en Estados Unidos.

En el caso de Puerto Rico, el por ciento se multiplica, sobrepasando el 32%. Aquí número de trabajadores que reciben como ingreso el salario mínimo federal se estimaba entonces en más de 300 mil personas. En aquel momento el salario mínimo que devengan estos cientos de miles de trabajadores, representaba para ellos un sueldo anual de $15,080.00. A la luz de los parámetros establecidos por el gobierno federal, se definía como ¨nivel de pobreza¨ en Estados Unidos un ingreso anual no mayor de $11,914.00. Como puede verse, devengar como ingreso en Puerto Rico el equivalente al salario mínimo y vivir bajo los niveles de pobreza representa para esas 300 mil personas una diferencia de apenas $263.83 al mes o $61.35 semanales.

Se dice que mientras en Estados Unidos el salario mínimo federal es precisamente eso, un mínimo; en el caso de Puerto Rico, para la inmensa mayoría de los que trabajan devengando un salario mínimo, ese ¨mínimo¨ constituye el ¨máximo¨.

Para marzo de 2014, según datos del Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, el número de personas que integraban la fuerza laboral civil ascendía a 156.227 millones, de las cuales se encontraba empleada 145.742 millones. El número de desempleados era estimado en 10.486 millones de trabajadores(as), lo que representaba una tasa de desempleo de 6.7%. El Buró estimaba, además, que el 11.3% de las personas empleadas pertenecía a algún sindicato, comparado con 12% del año anterior. En Estados Unidos el nivel de sindicación de empleados en el sector privado es de 6.6%, es decir, casi la mitad del total sindicalizado, habiéndose experimentado una reducción entre el año 2011 y 2012 de 400,000 empleados.

En el caso de Puerto Rico, de acuerdo con el profesor César E. Rosado Marzán en su escrito titulado Derecho Laboral y organización sindical en Puerto Rico, (2007), ¨el por ciento de personas asalariadas en el sector privado que son miembros de una organización obrera ya no llega ni al 2%, mientras en el sector público hay una densidad sindical de un 30%¨.

En Estados Unidos al igual que en Puerto Rico, es a través de la negociación colectiva la manera en que los trabajadores obtienen sueldos superiores a los que se contemplan en el salario mínimo. En Puerto Rico, a diferencia de Estados Unidos, para el sector privado sindicalizado, el salario mínimo es la escala básica de la cual se parte por la mayoría de los patronos que negocian convenios colectivos. En consecuencia, para la inmensa mayoría de los empleados no sindicalizados en el sector privado, lo que aumenta la base salarial de la cual se parte en sus ingresos, son las modificaciones que de tiempo en tiempo se hagan al salario mínimo federal.

En Puerto Rico, el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores cada vez se precariza más. Mientras cada año sigue disminuyendo la tasa de trabajadores sindicalizados y en el sector público se imponen mayores trabas a los convenios colectivos con leyes como la Ley 7 bajo la Administración de Luis Fortuño, y la Ley 66 bajo la actual administración, la imposición del proyecto neoliberal sigue avanzando con medidas impositivas regresivas como la ampliación del IVU; la imposición del IVA y la próxima imposición por parte del Gobierno de Estados Unidos de una Junta de Control Fiscal, mientras en Puerto Rico ya se legisló una Junta de Supervisión Fiscal. A lo anterior se suma la degradación de los convenios colectivos; las enmiendas a las leyes protectoras del trabajo, limitando y reduciendo beneficios para empleados del sector privado y dando rienda suelta a procesos de privatización de los servicios públicos. En aras de una llamada productividad en el trabajo, se cercenan derechos acumulados por el pueblo a través de décadas mediante la legislación social y como parte de ella, la legislación protectora del trabajo.

Analizando la experiencia en Brasil, Janine Berg, Especialista en Empleo de la Oficina de la OIT en este país, en su artículo titulado El salario mínimo como respuesta a la crisis, señala que desde ¨los principios de los años 2000, pero particularmente durante los últimos cuatro años, Brasil logró reducir de manera significativa los índices de pobreza y desigualdad.¨ Lo anterior vino acompañado de un ¨aumento en forma significativa¨ en el salario mínimo. Indica que la experiencia en este país, aumentando en el año 2009 en un 12% el valor nominal de los salarios (que como aumento real fue de 6%), posibilitó, entre otros factores, el crecimiento del mercado interno. En el caso de Brasil, indica, el aumento en el salario mínimo se extendió tanto a trabajadores formales como trabajadores informales. De hecho, los beneficios de la seguridad social también se ajustaron al salario mínimo, lo que a su vez, tuvo un impacto positivo en los grupos de mayor desventaja en la sociedad brasileña, como son las mujeres, los negros, los jóvenes, los menos escolarizados y los de la tercera edad. Se trata de opciones que si bien no conllevan cambios revolucionarios para los cuales quizás no existen condiciones que los posibiliten, proveen al menos modificaciones que atemperan el impacto de las medidas que el capitalismo salvaje pretende imponer a los pueblos.

Al examinar lo ocurrido en España, vemos cómo la crisis en la cual quedó sumido este país desde el 2008, golpeó severamente a las clases trabajadoras. De acuerdo con José Ignacio Pérez Infante, en su ensayo Los salarios ante la crisis económica, (2013), una ¨de las muchas consecuencias de esta crisis económica y, en concreto, de los intensísimos procesos de destrucción de empleo y de aumento del paro es la pérdida del poder de negociación y de sus representantes en el crecimiento de las condiciones de trabajo en las empresas y, especialmente, de las salariales.¨ Según el autor, una de las consecuencias ha sido ¨una acusada moderación de los aumentos salariales, después en una disminución de los salarios reales, lo que supondrá la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, y, más tarde, en una reducción de los salarios nominales o monetarios, que intensificará la citada pérdida del poder adquisitivo.¨

Según Pérez Infante, al igual que ocurre en Puerto Rico, la crisis en España ha debilitado la capacidad de negociación colectiva de los trabajadores, lo que ha venido acompañado por una estrategia de austeridad por parte del Estado, ajustes fiscales, una contra reforma laboral, un cambio drástico en el modelo de relaciones laborales, aumentos en los impuestos, recortes en el gasto público, ¨principalmente social y en infraestructuras...destrucción del empleo, tanto privado como público, y del crecimiento del paro, lo que representa una mayor debilidad de la capacidad negociadora de los trabajadores de sus condiciones de trabajo y, en concreto, de sus salarios.¨ Vemos pues que enfrentamos no los efectos del modelo neoliberal en países periféricos o tercermundistas, sino también los efectos del mismo modelo en economías capitalistas primermundistas. Si ello es así, como dijera el Papa Francisco en México, ¨¿Qué clase de mundo queremos dejar a nuestros hijos?¨ La respuesta es clara y la da el propio Francisco: ¨El flujo del capital no puede determinar el flujo de la vida de las personas.¨

Milton Friedman, uno de sus teóricos principales del neoliberalismo, establece en su libro Capitalism and Freedom, (1962), lo que proponía fuera la agenda de futuro para el movimiento neoconservador o neoliberal. Sus premisas eran: (a) los gobiernos deben abolir toda reglamentación que se interponga en el camino de la acumulación de ganancias; (b) el Estado debe vender todos sus activos corporativos de manera que las empresas funcionen con fines de lucro; (c) el Gobierno debe cortar dramáticamente su inversión en programas sociales; (d) los por cientos de los impuestos para los ricos y los pobres deben ser iguales; (e) las corporaciones son libres de vender sus productos donde deseen, sin que los gobiernos puedan imponerles medidas arancelarias en protección de su producción nacional; (f) los precios, incluyendo los de la fuerza de trabajo, deben ser determinados por el mercado sin que ni siquiera exista como tal un salario mínimo. Se trata de devolver el capital a lo que era en tiempos de los papas Pío IX y León XIII en el Siglo XIX.

La doctrina social de la Iglesia Católica, si bien compleja para muchos cuando se examinan las doctrinas expuestas por estos papas en su aproximación a las tesis del socialismo y el comunismo, catalogándolas como abominables, siniestras, engañosas, peligrosas y falsas; también han sido objeto de análisis por parte de aquellos defensores de la justicia social en América Latina, que ven en ¨teología de la liberación¨ el instrumento para la enfrentar la pobreza engendrada por el capital extranjero y las clases dominantes criollas a través del socialismo latinoamericano. Se trata de una nueva aproximación desde la propia fe católica a la búsqueda de soluciones al problema del hambre, la pobreza, la violencia y la desigualdad en América Latina. En ella, el propósito social de la Iglesia Católica encuentra un punto de convergencia con los intereses que se impulsan hoy, desde una perspectiva de transformación social, económica y cultural, en la lucha de los pueblos por la justicia. Aquí, el propósito social de la Iglesia Católica se nos presenta con una reinterpretación del socialismo como opción libertadora, la cual va de la mano, a juicio de algunos teólogos, con lo que fueron las aspiraciones de las primeras comunidades cristianas.

Puerto Rico no es la excepción a los grandes problemas que enfrentan las clases trabajadoras golpeadas por la crisis económica y flageladas por las medidas neoliberales, que desde el Estado, se adoptan en beneficio del capital. Hace varias décadas, cuando precisamente las políticas económicas herederas del capitalismo ascensional hacían mella en nuestra fibra íntima como pueblo, se planteó la superación de tal modelo mediante una propuesta de legislación social que atendiera las necesidades más urgentes de los puertorriqueños y puertorriqueñas. La propuesta, concebida entre otros por Vicente Géigel Polanco, postulaba lo siguiente:

“Frente al derecho histórico-rígido y formal, de claro entronque individualista, penetrado hasta la médula por el régimen económico de la propiedad privada y enderezado a preservar el orden social existente– se está afirmando en nuestro tiempo un nuevo derecho, eminentemente tutelar, de cimero contenido ético, fundado en principios de justicia social, encaminado a procurar el mayor bienestar colectivo y postulado sobre la base de la intervención del Estado en la economía mundial.

El nuevo derecho nace de las realidades históricas de nuestra época, y viene a llenar las necesidades históricas imperativas de la convivencia social. Respondiendo a un objetivo específico de mejoramiento colectivo, propone un orden social de más justicieros alcances; normas de más alta calidad de vida y de trabajo, seguridad económica, aprovechamiento de la industria y de los recursos naturales para llenar las necesidades humanas, equitativa distribución de los beneficios de la riqueza, democrático disfrute de todos los bienes de la civilización, igualdad de oportunidades, goce de las libertades esenciales.”

Gracias a la implantación de este modelo, a pesar de que se mantuvo el modo de producción capitalista en Puerto Rico, el país pudo superar su condición de pobreza extrema, estableciéndose además condiciones más favorables en la protección de quienes venían por décadas enfrentando los golpes del capital sobre sus vidas. Este modelo, si bien no perfecto, tuvo ciertamente un rostro más humano, sensible y tutelar que aquel que postula hoy el modelo neoliberal que viene imponiéndose en nuestro país. Se trata de una propuesta que es necesario mirar hoy con detenimiento en momentos de una crisis económica, social y política como la que vivimos. Si bien no se trata de una propuesta de transformación radical del modo de producción capitalista en Puerto Rico, ciertamente es una opción en la cual, en estos momentos, diferentes actores sociales podemos encontrarnos como País: católicos y protestantes, miembros de un partido u otro; trabajadores y empresarios; favorecedores de distintas formas de relación política futura entre Puerto Rico y Estados Unidos, convergiendo en el propósito común de enfrentar con una sola voluntad la crisis por la que atraviesa la nación puertorriqueña.

Para aquellos y aquellas firmemente adheridos al mensaje del Evangelio, como para aquellos y aquellas que desde una dimensión distinta confían en las capacidades de nuestro pueblo para superar sus dificultades, el llamado del Papa Francisco a pedir cuentas a los esclavistas de hoy y a reivindicar el principio de que las personas son y deben seguir siendo más importantes que las cosas, es tarea impostergable. Para ello, no es necesario estar de acuerdo en todo.

Muchas gracias.


Mensaje del autor en su participación en foro sobre la Doctrina Social de la Iglesia Católica.