Durante las pasadas dos semanas ha estado sobre el tapete de la discusión pública el llamado affaire relacionado con la piratería informática, conocido como los ¨Panamá Papers¨. Se trata de la discusión relacionada a la sustracción de cerca de 11. 5 millones de documentos pirateados informáticamente (hackeados según el lenguaje común en nuestro país), a la firma legal panameña Mossack y Fonseca. Este bufete es una firma legal catalogada entre las primeras cuatro en su especialidad, dedicada al registro de empresas o corporaciones offshore localizada en Panamá.

Empresas offshore es el término acuñado para describir entidades corporativas organizadas en un país cuyas ganancias o beneficios no dependen de la actividad comercial llevada a cabo en el lugar donde radican sus registros de incorporación. Registrase en estos países donde tienen cabida legal, posibilitan la transferencia de activos provenientes de otras lugares, negocios o transacciones, donde depositados tales activos en los países de su registro, están exentas del pago de impuestos sus depósitos monetarios o las ganancias que los mismos generan. Estas corporaciones, además, gozan en tales países del llamado ¨secreto bancario¨ en virtud del cual sus dueños no son conocidos por terceros, ni sus activos, ni los beneficios que de ellas devengan. El concepto ¨offshore¨ deriva del término inglés, que define lo que se encuentra en el mar, alejado de la costa; o sencillamente, alejadas del lugar de origen de donde sale el dinero que se deposita en sus cuentas corporativas.

En Panamá, existe legislación que permite el registro de corporaciones offshore; es decir, no constituye un delito organizar una corporación de esta naturaleza. Los lugares donde ubican legalmente estas corporaciones también se les llaman ¨paraísos fiscales¨. Lo mismo que existe en Panamá con las corporaciones offshore, ocurre en otros países como las Islas Vírgenes Británicas, Gran Cayman, Bahamas, Luxemburgo y decenas de otros países.

En el caso de Panamá, la legislación que ha permitido el establecimiento de este tipo de empresas dentro del marco del ejercicio de la soberanía panameña, ha redundado en importantes beneficios para su economía. Si bien se indica que este tipo de corporación es utilizada para el blanqueo o lavado de dinero, o para esconder por algunos dirigentes políticos recursos económicos mal habidos producto de sobornos y desvío de fondos públicos, no todas la cuentas de empresas offshore provienen de tales fuentes y no todas persiguen un fin ilegítimo o delictivo.

Un reportaje de Jesús García Calero para el periódico ABC de España, titulado Los otros papeles de Panamá del Siglo XVI, relata ¨cómo la primera globalización sufrió en los siglos XVI y XVII—también en el XVIII—muchos defectos y delitos que hoy incomodan en la economía global¨. Es como si ya desde hace cuatro siglos, cuando las primeras rutas del comercio mundial transitaban por Panamá, la ubicación geográfica de lo que hoy es este país, fuera el lugar idóneo o ¨el cordón umbilical del comercio mundial.¨

El Bufete panameño Morack y Fonseca es uno de los bufetes legales de mayor prestigio en Panamá. Nunca antes había estado bajo cuestionamiento la práctica legal generalizada de dicho bufete legal. De hecho, no es el único que se dedica a esta práctica legal en Panamá.

Luis Manuel Arce Isaac, en un artículo titulado La USAID, los Panamá Papers y las especulaciones publicado por la Agencia Prensa Latina en La Habana, da cuenta de la admisión hecha por Mark Toner, Portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos a los efectos de que dicha agencia del gobierno de este país financió a los periodistas que piratearon las computadoras de dicho Bufete para sustraer ilegalmente tal información. Si bien en Panamá la organización de las corporaciones offshore no constituye un acto ilegal, la piratería informática de información recogida en computadoras ciertamente lo es.

El hecho de que una agrupación de periodistas se haya prestado para llevar a cabo este tipo de actividad, financiada por una agencia de un gobierno extranjero que en última instancia no deja de haber sido señalada como una entidad que responde a los intereses de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, coloca en entredicho los motivos periodísticos de este grupo de personas. Se ha indicado por Arce Isaac, que el motivo detrás del acto de piratería informática era perjudicar la imagen del Presidente ruso Vladimir Putin. El resultado de la información circulada, sin embargo, ya afecta a otros actores en muchos casos aliados de Estados Unidos. Más aún el debate generalizado ha sacado a relucir también el doble rasero de Estados Unidos en sus críticas hacia los llamados paraísos fiscales, cuando en estados de la Unión como Nevada, Delaware, Wisconsin y Dakota del Sur, también existen tales paraísos.

De acuerdo con el profesor y autor de uno de los principales textos relacionados con la negociación de los tratados para la devolución a la soberanía panameña de la Zona del Canal mediante los Tratados Torrijos-Carter, el Dr. Carlos Pérez Morales, el secreto bancario reconocido en la legislación panameña ha sido uno de los principales instrumentos para el desarrollo del Centro Bancario Internacional en este país centroamericano. En Panamá operan más de 150 bancos extranjeros. A lo anterior puede sumarse como un activo en su desarrollo económico, la posición geográfica privilegiada de Panamá en el istmo formado entre dos continentes y la ubicación en su territorio del Canal Interoceánico que permite conectar los Océanos Atlántico y Pacífico. Panamá cuenta, además, con una gran biodiversidad en su flora y fauna; con importantes recursos materiales; y con la segunda Zona Franca más importante a escala mundial, en la ciudad de Colón. A pesar de su impresionante desarrollo económico, en Panamá existen grandes desigualdades sociales. Allí existe una oligarquía que controla el 90% de los bienes del país.

De acuerdo con el profesor Carlos Pérez Morales, en los esfuerzos para la desclasificación de los 11.5 millones de documentos apropiados ilegalmente por los piratas informáticos, intervino una dotación de más de 400 periodistas, manejando más de 25 idiomas. Difícilmente un centro de periodismo investigativo independiente podría ser capaz de mantener y subvencionar económicamente, por sí mismo y durante el período que debe haber durado la investigación, tal cantidad de recursos humanos.

El Colegio de Abogados de Panamá, en Resolución adoptada el día 5 de abril de 2016, ha demandado del gobierno panameño que ¨exija responsabilidades civiles, penales y diplomáticas a todo aquel que ha intervenido en el ataque doloso a la imagen¨ del país. Al hacerlo, ha condenado la sustracción de documentos mediante piratería informática contra el Bufete Mosack y Fonseca, y ha puesto al servicio del país los servicios de la Institución para la investigación de esta situación.

Mientras se desarrolla la discusión en torno a lo que revelan los documentos, ya se produjo, bajo la presión popular por evasión de contribuciones, la renuncia forzada del Primer Ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaungson. La misma presión pública ha ocurrido con otros dirigentes políticos a nivel mundial aun cuando no se haya producido renuncias a sus cargos. De hecho, indica Luis Manuel Arce Isaac en el artículo citado, que donde actualmente operan los principales paraísos fiscales no es en Panamá, sino en Estados Unidos y la Unión Europea. Indica también que todo lo discutido en torno a los llamados Panamá Papers, no es sino un ensayo para acciones futuras por parte de unas 30 familias que a escala mundial son las principales controladoras del capital financiero. Estas dirigen sus esfuerzos a sustituir el dinero como lo conocemos hoy, en papel moneda, por ¨una moneda virtual que funcione como una cámara de video, la cual le permita a ese imperio vigilar cada segundo la fortuna o la miseria de cualquier ser humano donde quiera que se meta¨.

Los desarrollos futuros que tenga el affaire de los Papeles de Panamá es aún prematuro anticiparlo. Sin embargo, como ocurrió con los famosos papeles hechos públicos por el exanalista de inteligencia estadounidense, Edward Joseph Snowden, la información que se derive de estos 11.5 millones de documentos pirateados, será tema de discusión en los meses siguientes. En el camino, los puestos y posiciones de algunos líderes políticos y empresariales rodarán cuesta abajo.