La Cámara de Diputados del Congreso de Brasil votó a favor del inicio de un proceso de residenciamiento (¨impeachment¨) contra la presidenta constitucional, Dilma Rousseff.

La presidenta brasileña que obtuvo, en un país de más de 190 millones de habitantes, el voto de 54 millones de brasileños en las últimas elecciones, enfrenta hoy un proceso constitucional dirigido a sacarla de su cargo en el gobierno. Rousseff ha sido acusada de corrupción. El ¨impeachment¨ no es un procedimiento criminal ante los tribunales por la comisión de un delito, sino un juicio político. Bajo el ordenamiento vigente en Brasil, una vez la Cámara de Diputados ha votado a favor del inicio del procedimiento de residenciamiento, en este caso con 237 votos a favor y 137 en contra, el asunto pasa a la consideración del Senado.

En la Cámara alta, de producirse un voto a favor el proceso de residenciamiento previamente iniciado, la presidenta quedaría separada de las funciones de su cargo por espacio de 180 días, pasando a dirigir los destinos del país su Vicepresidente, Michel Temer. El Vicepresidente Temer ha dejado de ser persona de la confianza de la presidenta, a pesar de haber formado parte de su equipo de trabajo. De hecho, su partido el Partido del Movimiento Democrático y su persona, se han desligado de la presidenta al declararse ¨independientes¨. Para Rousseff, Temer se ha convertido en traidor a su persona y su gobierno. El Partido del Movimiento Democrático Brasileño ocupa 68 de los 513 diputados en la Cámara baja del parlamento brasileño.

Mientras la presidenta de Brasil niega los cargos de corrupción en su contra, acusa al Vicepresidente Temer de ser unos de los jefes de la conspiración en su contra. De darle paso en el Senado al proceso de residenciamiento de la presidenta, se nombraría por este cuerpo una comisión especial compuesta por 21 senadores, responsable de revisar las imputaciones a Rousseff y hacer un Informe, el cual se prevé estaría disponible para ser votado el próximo 10 de mayo. Esta Comisión se supone estaría presidida por un senador del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) ahora ¨independiente¨, por constituir este partido la primera minoría en el Senado con 18 de los 81 escaños. La salida del gobierno de Rousseff supone, además, la salida de varios ministros del gobierno que militan en el PMDB.

La instrucción del caso contra la presidenta estaría a cargo de la segunda minoría, que la constituye el Partido de los Trabajadores, que es precisamente el partido al cual pertenece Rousseff, o el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que es una fuerza política enemiga del Partido de los Trabajadores, que ya ha proclamado que el PT está impedido de tal participación por ser parte interesada en el proceso. Un posible resultado es que ni uno ni otro asuma tal posición, delegando en una tercera minoría, el Partido Socialista Brasileño, tal papel.

Para obtener la destitución de la presidenta Rousseff es necesario dos terceras partes de los votos en el Senado, es decir, 54 votos. Sondeos de opinión hechos al presente, sin que todavía arranque propiamente el proceso en el Senado dan cuenta de que al menos 40 senadores favorecerían la destitución de la presidenta, veinte se opondrían y el resto estaría indeciso. De los 17 partidos representados en el Senado de Brasil, doce votaron en la Cámara a favor del residenciamiento.

Rousseff ha indicado que no tiene responsabilidad en las imputaciones que se hacen; que su gobierno no es responsable por la situación económica del país y que lo que se desarrolla contra su gobierno no es otra cosa que un golpe de Estado parlamentario. Mientras Temer se apresta a conformar desde ahora lo que sería su gabinete cuando asuma temporalmente el gobierno por los 180 de separación inicial de funciones de Rousseff por parte del Senado de Brasil, voces como las de Marina Silva, otra exfuncionaria del gobierno del Partido de los Trabajadores y que fuera candidata opositora de la presidenta en las pasadas elecciones por la Red de Sustentabilidad, llama a nuevas elecciones. Silva señala que tanto Temer como el presidente del Senado Renan Calheiros y su socio Collor de Mello, están implicados en el llamado ¨escándalo de Petrobras¨. Sin embargo, a diferencia de algunos en Brasil, Silva reclama el apego y respeto a la Constitución en el proceso.

El llamado escándalo de Petrobras involucra también al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien se le acusa de haberse lucrado con fondos provenientes de esta empresa durante su campaña electoral, acusación por la cual no se han radicado cargos de naturaleza alguna y que para algunos observadores, no fue sino una maniobra para impedir que Lula se postule nuevamente por el PT a la presidencia de Brasil

El 54% de las personas que se manifestaron a favor del residenciamiento de Rousseff quiere también la destitución de Temer; el 79% quiere que también se le someta a un proceso de residenciamiento y el 88% considera que su gobierno, en sustitución de Rousseff, será pésimo. De resultar destituida de su cargo la presidenta de Brasil, y de no ser Temer igualmente destituido, estaría al frente del gobierno hasta el 31 de diciembre de 2018. El residenciamiento de Dilma Rousseff le incapacitaría para regresar al gobierno como funcionaria electa por espacio de ocho años.

La presidenta de Brasil ha viajado a Estados Unidos el pasado jueves para estar presente en las Naciones Unidas en ocasión de la firma del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, en cuyas negociaciones su país fue parte. Allí concurrió con representantes y jefes de Estado de decenas de países, donde aprovechó su presencia para denunciar el intento de golpe de Estado parlamentario en su contra y recabar la solidaridad hacia su persona y su gobierno. Distintos países de la región han expresado su sentir rechazando las acciones contra su gobierno y haciendo público su solidaridad. En una contundente declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, denunció lo que considera un golpe de Estado parlamentario promovido por sectores de la derecha política en Brasil, con lo que se describió como ¨el apoyo abierto de transnacionales de la comunicación y el imperialismo¨.

Destacó el comunicado del MINREX de Cuba que durante los años transcurridos desde el 2003, cuando asumió el poder el Partido de los Trabajadores, 25 millones de brasileños dejaron de vivir en la pobreza, destacando el papel jugado por este país suramericano como promotor de la integración y unidad latinoamericana y caribeña, y como defensor de las causas justas. Igualmente denunció que tras las maniobras contra el gobierno de Rousseff se encuentra el interés de ¨acabar con las conquistas sociales alcanzadas por el pueblo brasileño, implantar un gobierno neoliberal que permita el saqueo por parte de las grandes empresas transnacionales de las riquezas naturales de este hermano país latinoamericano, en especial sus inmensas reservas de petróleo, minerales, agua y biodiversidad, y subordine su política exterior a los intereses hegemónicos imperialistas.¨

Messilene Gorete, integrante de la dirección nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil (MST), señaló en un acto de solidaridad llevado a cabo en Cuba por la Organización de Solidaridad con los Pueblos de África, Asia y América Latina (OSPAAL) como una posible consecuencia de este intento de Golpe de Estado parlamentario, el retorno al clima de terror y violencia que sufrió el país tras el Golpe de Estado militar de 1964, época en la cual la presidenta Rousseff sufrió encarcelamiento y torturas por parte de la Junta Militar instaurada. Si como muestra un botón basta, es suficiente atender las palabras del diputado Jair Bolsonaro, del Partido Social Cristiano, en momentos en de la votación en la Cámara de Diputados para promover el residenciamiento de la presidenta de Brasil, dedicando su voto al coronel Brilhante Ustra, torturador de la Dictadura fallecido el pasado año, al exclamar: ¨Perdieron en 1954 y ahora en 2016. Por la familia y la inocencia de los niños que el PT nunca respetó, contra el comunismo y el Foro de San Pablo (en referencia a la estructura que agrupa partidos y organizaciones de izquierda de América Latina y el Caribe), y en memoria del coronel Brilhante Ustra, voto sí.¨

La experiencia de los pasados años en Honduras con el golpe de Estado a Manuel Zelaya; en Paraguay con el golpe de Estado parlamentario al gobierno de Fernando Lugo; los intentos de golpes de Estado contra Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro en la República Bolivariana de Venezuela; el intento de golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia y contra Rafael Correa en Ecuador; los intentos de desestabilización durante el gobierno de Cristina Fernández en Argentina; por mencionar algunos, demuestran que la oligarquía y su proyecto neoliberal, junto con el imperialismo y su proyecto hegemónico sobre América Latina sigue en pie de manera abierta.

Ciertamente, en las pasadas décadas nuestra región experimentó importantes signos de avance en lo político, en lo social y en lo económico. Accedimos a una América Latina y el Caribe más integrados, a proyectos de desarrollo en ésta a partir de las necesidades de sus pueblos, a un mayor ejercicio de soberanía y autodeterminación nacionales, a la entrada en el escenario internacional de nuevas instancias de integración y colaboración regionales. Hoy sin embargo, surgen nuevas amenazas por los mismos viejos actores, aquellos que sostienen el poder del capital financiero a nivel global. Se necesitarán muchos esfuerzos para resistir y avanzar, pero sobre todo, para triunfar.