Escrito por Alejandro Torres Rivera / MINH
En diciembre de 2015 se efectuaron en el Estado español las elecciones parlamentarias. El Partido Popular, una agrupación claramente neoliberal y de derecha, obtuvo 123 escaños, cantidad insuficiente para alcanzar los 176 diputados necesarios para formar gobierno sin alianzas entre los partidos. Ciudadanos, una agrupación política más joven de centro-derecha, alcanzó un total de 40 escaños, lo que tampoco le permitiría por sí misma ni junto al PP, formar gobierno.
El desgaste del Partido Popular se reflejó en la pérdida de 63 diputados con relación al resultado de las anteriores elecciones. En el caso del Partido Socialista Obrero Español, organización política que se fundó durante el Siglo XIX, también reflejó una pérdida de apoyo en el voto popular. De 110 escaños obtenidos en las elecciones de 2011, el PSOE solamente obtuvo 90 diputados en 2015. Si algo reflejan estos resultados, es la pérdida de legitimidad de las propuestas neoliberales impulsadas por los dos partidos mayoritarios en el marco de la política española.
En las elecciones parlamentarias de 2015, incursionó en la política española la agrupación Podemos, un frente de sectores agrupados en torno a una izquierda moderada aunque alternativa al bloque que encabezan el PP, el PSOE y Ciudadanos. Podemos y sus aliados regionales obtuvieron 69 escaños. Detrás de estos partidos quedaron otras agrupaciones como Izquierda Unida, que apenas alcanzó dos diputados; los independentistas catalanes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), con 17 escaños; o los también independentistas catalanes de Democracia i Libertad, con 8 escaños.
El Partido Popular intentó infructuosamente formar un gobierno de coalición con Ciudadanos. Fracasados en sus intentos, el PSOE también se propuso formar gobierno con otras fuerzas más afines como Podemos, y tampoco tuvo éxito. Todas las iniciativas para formar gobierno fracasaron por lo que fue necesario bajo el artículo 101 de la Constitución española, agotados los esfuerzos para conformar un gobierno, que el Rey convocara a nuevas elecciones. Estas tendrán lugar el día 26 de junio del año en curso.
Para las nuevas elecciones, la agrupación Podemos junto con Izquierda Unida han anunciado la formalización de un pacto que les permitirá ir conjuntamente a las nuevas elecciones. No se descarta la posibilidad de que en torno a ellas, surja además el apoyo de otras agrupaciones regionales en Catalunya, la Comunidad Valenciana y Galicia a esta iniciativa.
La coalición entre Podemos e Izquierda Unida representa en votos la fusión de más de cinco millones de ciudadanos que votaron en las pasadas elecciones por la primera y cerca de un millón de votos que obtuvo la segunda. Sin embargo, la suma de los electores de estas dos agrupaciones tiene la posibilidad adicional de potenciar la suma de otros electores que, ante esta expresión de unidad, hastiados de los dos pasados gobiernos del PSOE y PP en España, apuesten por un cambio a favor de un gobierno encabezado por Podemos e Izquierda Unida.
Analistas de la política española estiman que el acuerdo alcanzado le podría asegurar a Podemos 58 escaños, lo que superaría los 44 obtenidos en diciembre de 2015, que junto a las alianzas regionales le llevaron a 69; o los dos escaños obtenidos por Izquierda Unida. Bajo el modelo que impulsa este nuevo pacto de Podemos, Izquierda Unida y los partidos regionales, en una sumatoria, la coalición podrían obtener 85 escaños.
El acuerdo entre Podemos e Izquierda Unida comprende cinco puntos esenciales:
(a) La conformación de una coalición electoral que posibilitará la participación en una proporción de 1 a 4 en los órganos de gobierno y ¨las decisiones en lo referente a representación ante las juntas electorales y la administración de los recursos electorales, donde cada organización reconoce la identidad de cada una, de su programa y su liderato.
(b) La permanencia de las imágenes de cada organización y sus emblemas en los materiales de campaña, comunicación y papeletas.
(c) El desarrollo de un programa en común, que será elemento vinculante en cuanto a las elecciones, reteniendo cada una la soberanía en torno a aquellos puntos programáticos respectivos que no formen parte del programa electoral coyuntural. Tal sería el caso de Izquierda Unida, la cual en su programa, a diferencia de Podemos, incluye el regreso a un sistema republicano, un proceso constituyente, la salida de España de la OTAN y la nacionalización de empresas.
(d) El compromiso con una campaña electoral austera de la cual cada organización será responsable, aunque puedan llevarse a cabo actividades conjuntas. La subvención electoral a la cual tenga derecho la coalición bajo la Ley de Financiación de Partidos Políticos, se reembolsará cada organización en proporción a los gastos incurridos, ello siempre del límite de lo presupuestado y en proporción a los escaños obtenidos.
(e) La garantía de una proporción en los escaños de 1 a 6 tomando como referencia los resultados de las elecciones de diciembre de 2015, lo que le aseguraría a Izquierda Unida entre ocho a nueve escaños en el Parlamento y en el Senado una garantía de 4 escaños. El acuerdo sería llevado a las bases de las organizaciones para su ratificación, lo que en efecto ocurrió.
La nueva coalición carece aún de un nombre oficial, aunque se rumora podría ser ¨Podemos-Unidad Popular¨ o ¨Podemos-IU¨.
Este acuerdo es en sí mismo una superación de posiciones anteriores. Recordemos que apenas para las elecciones del año pasado, el portavoz de Podemos había rechazado un acuerdo parecido en alguna de sus partes en torno a un pacto a nivel del Estado español, aceptando sólo acuerdos similares a nivel regional, mientras demandaba de Izquierda Unida la inserción de sus candidatos dentro de la lista de candidatos de Podemos. Bajo el acuerdo alcanzado, cada organización mantiene su propia identidad.
A diferencia de Puerto Rico, donde los procesos electorales se extienden por meses y en algunos casos por poco más de un año si se suma a los procesos primaristas, en España el ordenamiento legal es distinto. Aquí los procesos electorales son rápidos, habiéndose señalado ya para las nuevas elecciones la fecha de 26 de junio.
La experiencia habida con las elecciones del 15 de diciembre de 2015 fue que al no lograr mayoría absoluta ninguno de los partidos; y luego, al no lograr tal mayoría ningunos de ellos mediante procesos de alianzas para conformar gobierno, terminó el proceso electoral, luego de meses de un gobierno en funciones, con la convocatoria del Rey Felipe a nuevas elecciones. Habrá que ver cuál ha de ser el resultado de las presentes elecciones.
Ya sabemos del paso estratégico dado por Podemos y la Izquierda Unida. Aun así, no sabemos cuáles serán los pasos que, en definitiva, se propongan dar el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español o incluso Ciudadanos, a los fines de formar un nuevo gobierno. Lo que ciertamente apuntan los hechos es que no habrá, al menos por lo que se perfila en el horizonte, un esfuerzo conjunto entre el PP y el PSOE, ni entre Ciudadanos y el PP o de Ciudadanos con el PSOE.
En política suelen ocurrir fenómenos que a la distancia de semanas, aún son impredecibles. La masa en votos que podría acumular en estos momentos la coalición que encabeza Podemos junto a Izquierda Unida le ofrece, de mantenerse la cohesión entre ambas agrupaciones más allá del resultado de las elecciones mismas, un espacio para junto a los escaños obtenidos por el PSOE, establecer las bases para un gobierno de transición que se oponga en estos momentos las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno del PP en los pasados años. Es posible también que Podemos y la Izquierda Unida tengan que hacer ciertas concesiones a demandas del PSOE, incluyendo asuntos sobre los cuales, al presente, Izquierda Unida mantiene diferencias programáticas con Podemos. Tales podrían ser las diferencias entre Podemos y el PSOE en asuntos como los procesos de libre determinación de las nacionalidades dentro del Estado español y las reformas a la Constitución vigente.
A pesar de que solo faltan seis semanas para la elecciones de 26 de junio de 2016, está aún por perfilarse un modelo claro de lo que serán dichas elecciones en el Estado español.
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