Firmados los Acuerdos de Paz en Colombia entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), los colombianos se aprestan a la aceptación o rechazo de los mismos mediante consulta convocada a tales fines.

Si bien la Constitución exige la participación  de un 25% del ¨censo electoral¨ en elecciones y de 50% en casos de plebiscitos, siendo la experiencia de las últimas 8 elecciones presidenciales y senatoriales de 40.9% de los votos, el Congreso estableció para esta consulta particular mediante la Ley Núm. 1806 de 2016 que los votos a favor de los acuerdos debe ser un  mínimo de 13%, deben superar los votos en rechazo a los acuerdos y no se exige un umbral de participación.

Si bien los Acuerdos de Paz negociados entre las partes no requerían para su aprobación una consulta popular, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos entendió la conveniencia de someter los mismos a la ratificación popular. A la ciudadanía no se le consulta sobre el contenido de los acuerdos, o por el resultado de las negociaciones, sino si apoyan o no la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El plebiscito como mecanismo de consulta no pretende enmendar la Constitución del país. La Ley aprobada para realizar la consulta ya pasó el filtro de la Corte Constitucional de Colombia, la que ratificó la misma. Si el resultado es que la ciudadanía apoya lo propuesto en la consulta, se interpreta como un mandato al presidente para la implantación del mismo.

A los Acuerdos de paz se llega a partir de 15 ejes: 1. Ponerle fin al conflicto; 2. El reconocimiento de que una solución militar sería una prolongación larga y dolorosa para las partes; 3. Las víctimas del conflicto son la justificación ética para llegar a los acuerdos, reconociendo que están en el centro del conflicto y que las partes deben esforzarse por evitar víctimas futuras; 4. Cada uno de los actores debe asumir responsabilidad en el logro de la paz a partir del reconocimiento de que la justicia no se limita al castigo; 5. Debe promoverse la reparación material y espiritual como elemento esencial; 6. La reconstrucción del tejido social debe tener como punto de partida la verdad; 7. Si bien el perdón es una decisión personal, la sociedad no puede estancarse en el rencor, promoviendo la reconciliación; 8. Atender las fuentes de la inequidad en el campo y los centros urbanos: 9. El fortalecimiento de la democracia a través de la participación política; 10. Atender el problema de las drogas buscando opciones para su superación es una de las bases necesarias para el fin del conflicto; 11. La reinserción de los combatientes a la sociedad debe estar enmarcado en la dignidad de éstos; 12. Dejar atrás argumentos históricos que en nada contribuyen a la búsqueda de la  paz como quién comenzó el conflicto o quien carga con la responsabilidad del mismo; 13. El conflicto debe verse como una  oportunidad para realizar cambios profundos; 14. La importancia de la cooperación internacional; 15. El propósito de alcanzar una paz verdadera y firme es tarea de todos los colombianos.

A pesar del amplio apoyo a los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación, existen sectores en Colombia opuestos a los mismos. Estos sectores los encabeza el ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe, quien durante su mandato aplicó la mano dura contra las FARC-EP.

Como parte de los Acuerdos se establecerá un Tribunal de Justicia Transicional (Jurisdicción Especial para la  Paz) que será responsable de procesar a todos aquellos y aquellas, de ambas partes en el conflicto, que cometieron crímenes. No obstante, se estima que la mayoría de los combatientes guerrilleros encarcelados serán beneficiados con una amnistía. Aquellos responsables  por cada una de las partes de secuestro, masacres, violación y crímenes de guerra y lesa humanidad, deberán responder por sus actos ante este Tribunal. Las penalidades dependerán de si asumen responsabilidad o no por los crímenes imputados.

Se ha establecido un plazo de 180 días para el desarme de las FARC-EP. En esto pesa, claro está, experiencias anteriores de reinserción de las FARC-EP en el proceso político como sucedió durante la década de 1980 con la Unión Patriótica, donde la represión por parte del Estado y los paramilitares causó la muerte de varios candidatos a la presidencia y de casi 3 mil cuadros políticos. Afortunadamente también existen referentes diferentes como sucedió con el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua y con el Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador. Para ello será de gran importancia el papel que las partes le han adjudicado a la Cruz Roja Internacional en la supervisión de los acuerdos.

Históricamente hablando, este conflicto que ha perdurado por 52 años, ha causado la muerte a 220 mil personas. Para los combatientes de las FARC-EP sus preocupaciones mayores se centran en qué harán las fuerzas paramilitares una vez éstas depongan las armas. Los estimados de combatientes de la FARC-EP varían hoy entre 6 a 10 mil efectivos. Para el año 2000 llegaron a estimarse entre 18 a 20 mil efectivos. Muchos de ellos aspiran a regresar a sus vidas ordinarias como campesinos agrupados en cooperativas, donde reciban de manos del gobierno no sólo garantías de seguridad personal, sino también las tierras necesarias para reiniciar junto con sus familias sus vidas ciudadanas.

Este largo conflicto puede trazar sus orígenes al asesinato en 1948 del dirigente político liberal Jorge Eliecer Gaitán. Los choques generados como resultado de dicho asesinato llevaron a enfrentamientos mayores que se extendieron hasta comienzos de la década de 1950, un período conocido como ¨La Violencia¨, con un horroroso saldo en vidas humanas. Del ejercicio de los campesinos como fuerzas de autodefensa surgieron lo que hoy son las FARC-EP. Fundada en 1964 a pesar de que desde mucho antes en Colombia ya existían agrupaciones guerrilleras en armas, surge el día 30 de mayo de 1964 como ¨Bloque Sur¨, brazo armado del Partido Comunista de Colombia (PCC). Más adelante, el 5 de mayo de 1966, adopta su nombre actual.

En su Séptima Conferencia, efectuada en mayo de 1982, se denominarán Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC–EP). Actualmente, su máximo responsable es Rodrigo Lodoño Echeverri, conocido como ¨Timochenko¨ o ¨Timoleón¨, quien sustituye su anterior responsable principal Guillermo León Cano, conocido también como ¨Alfonso Cano¨, caído en combate el 4 de noviembre de 2011.

A través de los años, lo que durante los años de la Guerra Fría era denominada por sus detractores como ¨guerrilla comunista¨ o como, ¨agrupación guerrillera marxista–leninista¨; pasó a ser calificada por esos mismos detractores, primero como ¨grupo terrorista¨, y más adelante, como ¨narcoguerrilla¨. La realidad es que dentro de las fuerzas militares irregulares en Colombia, la denominación de ¨narcoguerrilla¨ a quien mejor le cuadra es a las llamadas ¨fuerzas de autodefensa¨, grupos para militares creados y financiados por narcotraficantes, elementos vinculados a la oligarquía colombiana y a sectores derechistas y anticomunistas dentro de las fuerzas armadas.

Las acusaciones contra las FARC-EP de terrorismo están vinculadas con las formas de ejercicio de la lucha armada que esta organización ha utilizado para enfrentar sus enemigos: sus operaciones militares guerrilleras; los ataques contra objetivos militares en los cuales se capturan fuerzas de la policía y del ejercito y se retienen en calidad de prisioneros, por lo que el Estado las denomina ¨operaciones para la toma de rehenes¨. A lo anterior se suma el discurso en torno a secuestros de figuras vinculadas con el gobierno o los latifundistas; el uso de minas terrestres; la colocación de coches bombas contra objetivos en los centros urbanos; y la imposición de impuestos a los terratenientes y latifundistas, algunos de los cuales incluso el propio gobierno vincula con el narcotráfico. Por su parte, las FARC-EP acusan al gobierno de retener en prisión, como si fueran delincuentes comunes y no prisioneros de guerra, a miles de sus combatientes; de continuas violaciones de derechos humanos y la represión contra los campesinos e indígenas; a la vez que acusan a sectores vinculados con el gobierno y las fuerzas armadas por sus vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero.

Sobre los métodos de lucha utilizados por las FARC-EP frente al inmenso y poderoso aparato financiado por Estados Unidos a través de su intervención en el país mediante el ¨Plan Colombia¨ y los métodos utilizados por el Estado para combatir dicha organización y contra la población en las zonas donde las FARC-EP opera, podríamos sostener una larga discusión. En ella podemos coincidir o discrepar en todos o algunos de sus componentes operativos. En lo que no deberíamos discrepar, sin embargo, es en que esta organización, al igual que otros agrupamientos guerrilleros en Colombia, como es el Ejercito de Liberación Nacional (ELN), fundado por el sacerdote católico Camilo Torres Restrepo, tienen su origen y desarrollo en la desigualdad social y económica; en los abusos sobre las poblaciones campesinas por parte del Estado colombiano y la clases sociales que lo sostiene; en la ausencia de libertades políticas reales a través de las cuales los sectores sociales sin voz, particularmente obreros y campesinos, puedan impulsar sus demandas reivindicativas en un verdadero espacio democrático; y donde se atiendan adecuadamente, entre otras, las necesidades de trabajo, salud y educación de las amplias masas colombianas para las cuales esas conquistas son inexistentes.

Existe gran expectativa en el éxito de este importante esfuerzo, logrado con la ayuda de varios países, donde se distingue sobre todos ellos la participación de la República de Cuba, que en los pasados cuatro años ha albergado la delegación de las FARC-EP y donde se han sostenido la mayoría de las reuniones. La labor desarrollada por los representantes de las partes en la mesa de negociación a nombre de sus respectivos dirigentes, y el papel asumido en el  proceso por el presidente cubano Raúl Castro Ruz, le merecen a éstos la distinción de ser nominados como Premios Nobel de la Paz para el año en curso. Esperamos estos acuerdos sean ratificados por el pueblo colombiano, a partir de la cual, comienza una nueva etapa en su historia.