Firmados los Acuerdos de Paz en Colombia entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), los colombianos se enfrentaron a  un plebiscito en torno a la aceptación o rechazo de los mismos mediante consulta convocado a tales fines.

Si bien la Constitución exige la participación  de un 25% del ¨censo electoral¨ en elecciones y de 50% en casos de plebiscitos, habiendo sido la experiencia de las últimas 8 elecciones presidenciales y senatoriales previas a la firma de los acuerdos de 40.9% de los votos, el Congreso estableció para dicha consulta particular, mediante la Ley Núm. 1806 de 2016 que los votos a favor de los acuerdos deberían ser un mínimo de 13%, debían superar los votos en rechazo a los acuerdos y no se exigiría un umbral de participación.

Si bien los Acuerdos de Paz negociados entre las partes no requerían para su aprobación una consulta popular, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos entendió la conveniencia de someter los mismos a la ratificación mediante consulta popular. A la ciudadanía no se le sometería a consulta el contenido de los acuerdos, ni el resultado de las negociaciones, sino que se expresaran en torno a si apoyaban o no la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El plebiscito como mecanismo de consulta no pretendía enmendar la Constitución del país., no obstante, la Ley aprobada para realizar la consulta pasó el filtro de la Corte Constitucional de Colombia, la que ratificó la misma. Si el resultado era que la ciudadanía apoyaba lo propuesto en la consulta, se interpretaría como un mandato al presidente para la implantación del mismo. El resultado, sin embargo, fue una derrota por un mínimo de votos de la propuesta sometida a aprobación popular.

A partir de la derrota en la consulta, la posición del gobierno del presidente Santos era que la misma no detenía el proceso ya iniciado de paz. Para los opositores, la derrota de la propuesta impulsada por Santos significaba un rechazo al acuerdo, por lo que sencillamente unos sectores descartaban volver a la mesa de negociación mientras otros sectores de esa derecha reclamaban la renegociación de algunos de sus aspectos medulares. Al final del camino, las partes regresaron a la mesa de negociación donde las FARC-EP hicieron algunas concesiones adicionales en aras de salvar un proceso tan importante para todos los colombianos.

A los Acuerdos iniciales de paz se llegó a partir de 15 ejes: 1. Ponerle fin al conflicto; 2. El reconocimiento de que una solución militar sería una prolongación larga y dolorosa para las partes; 3. Las víctimas del conflicto son la justificación ética para llegar a los acuerdos, reconociendo que están en el centro del conflicto y que las partes deben esforzarse por evitar víctimas futuras; 4. Cada uno de los actores deberían asumir responsabilidad en el logro de la paz a partir del reconocimiento de que la justicia no se limita al castigo; 5. Debería, además, promoverse la reparación material y espiritual como elemento esencial; 6. La reconstrucción del tejido social debe tener como punto de partida la verdad; 7. Si bien el perdón es una decisión personal, la sociedad no puede estancarse en el rencor, promoviendo la reconciliación; 8. Atender las fuentes de la inequidad en el campo y los centros urbanos: 9. El fortalecimiento de la democracia a través de la participación política; 10. Atender el problema de las drogas buscando opciones para su superación es una de las bases necesarias para el fin del conflicto; 11. La reinserción de los combatientes a la sociedad debe estar enmarcado en la dignidad de éstos; 12. Dejar atrás argumentos históricos que en nada contribuyen a la búsqueda de la  paz como quién comenzó el conflicto o quién carga con la responsabilidad del mismo; 13. El conflicto debe verse como una  oportunidad para realizar cambios profundos; 14. La importancia de la cooperación internacional; 15. El propósito de alcanzar una paz verdadera y firme es tarea de todos los colombianos.

Desde el primer momento hubo sectores de la derecha oligárquica en Colombia que se propusieron torpedear el proceso y su resultado, así como los acuerdos de paz. La realidad es que existen sectores en Colombia opuestos a los mismos. Estos sectores los encabeza el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, quien durante su mandato aplicó la mano dura contra las FARC-EP.

Como parte de los Acuerdos se acordó establecer un Tribunal de Justicia Transicional (Jurisdicción Especial para la Paz) que será responsable de procesar a todos aquellos y aquellas, de ambas partes en el conflicto, que cometieron crímenes. No obstante, se estima que la mayoría de los combatientes guerrilleros encarcelados serían beneficiados con una amnistía. Aquellos responsables por cada una de las partes de secuestro, masacres, violación y crímenes de guerra y lesa humanidad, deberán responder por sus actos ante este Tribunal. Las penalidades dependerán de si asumen responsabilidad o no por los crímenes imputados.

Se ha establecido también un plazo de 180 días para el desarme paulatino de las FARC-EP. En esto pesa, claro está, experiencias anteriores de reinserción de las FARC-EP en el proceso político como sucedió durante la década de 1980 con la Unión Patriótica, donde la represión por parte del Estado y los paramilitares causó la muerte de varios candidatos a la presidencia y de casi 3 mil cuadros políticos. Afortunadamente también existen referentes diferentes como sucedió con el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua y con el Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador. Para ello será de gran importancia el papel que las partes le han adjudicado a la Cruz Roja Internacional en la supervisión de los acuerdos.

Históricamente hablando, este conflicto que ha perdurado por más de 52 años, ha causado la muerte a 220 mil personas. Para los combatientes de las FARC-EP sus preocupaciones mayores se centran en qué harán las fuerzas paramilitares una vez éstas depongan las armas. Los estimados de combatientes de la FARC-EP variaban en un momento dado entre 6 a 10 mil efectivos. Para el año 2000, no obstante, llegaron a estimarse entre 18 a 20 mil efectivos. Muchos de ellos aspiran a regresar a sus vidas ordinarias como campesinos agrupados en cooperativas, donde reciban de manos del gobierno no sólo garantías de seguridad personal, sino también las tierras necesarias para reiniciar junto con sus familias sus vidas ciudadanas.

Este largo conflicto puede trazar sus orígenes al asesinato en 1948 del dirigente político liberal Jorge Eliecer Gaitán. Los choques generados como resultado de dicho asesinato llevaron a enfrentamientos mayores que se extendieron hasta comienzos de la década de 1950, un período conocido como ¨La Violencia¨, con un horroroso saldo en vidas humanas. Del ejercicio de los campesinos como fuerzas de autodefensa surgieron lo que hoy son las FARC-EP. Fundada en 1964, a pesar de que desde mucho antes en Colombia ya existían agrupaciones guerrilleras en armas, surge el día 30 de mayo de 1964 como ¨Bloque Sur¨, brazo armado del Partido Comunista de Colombia (PCC). Más adelante, el 5 de mayo de 1966, adopta su nombre actual.

En su Séptima Conferencia, efectuada en mayo de 1982, se denominarán Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC–EP). Actualmente, su máximo responsable es Rodrigo Lodoño Echeverri, conocido como ¨Timochenko¨ o ¨Timoleón¨, quien sustituye su anterior responsable principal Guillermo León Cano, conocido también como ¨Alfonso Cano¨, caído en combate el 4 de noviembre de 2011.

A través de los años, lo que durante los años de la Guerra Fría era denominada por sus detractores como ¨guerrilla comunista¨ o como, ¨agrupación guerrillera marxista–leninista¨; pasó a ser calificada por esos mismos detractores, primero como ¨grupo terrorista¨, y más adelante, como ¨narcoguerrilla¨. La realidad es que, dentro de las fuerzas militares irregulares en Colombia, la denominación de ¨narcoguerrilla¨ a quien mejor cuadra es a las llamadas ¨fuerzas de autodefensa¨, grupos paramilitares creados y financiados por narcotraficantes, elementos vinculados a la oligarquía colombiana y a sectores derechistas y anticomunistas dentro de las fuerzas armadas.

Las acusaciones contra las FARC-EP de terrorismo están vinculadas con las formas de ejercicio de la lucha armada que esta organización ha utilizado para enfrentar sus enemigos: sus operaciones militares guerrilleras; los ataques contra objetivos militares en los cuales se capturan fuerzas de la policía y del ejército y se retienen en calidad de prisioneros, por lo que el Estado las denomina ¨operaciones para la toma de rehenes¨. A lo anterior se suma el discurso en torno a secuestros de figuras vinculadas con el gobierno o los latifundistas; el uso de minas terrestres; la colocación de coches bombas contra objetivos en los centros urbanos; y la imposición de impuestos a los terratenientes y latifundistas, algunos de los cuales incluso el propio gobierno vincula con el narcotráfico. Por su parte, las FARC-EP acusaban al gobierno de retener en prisión, como si fueran delincuentes comunes y no prisioneros de guerra, a miles de sus combatientes; de continuas violaciones de derechos humanos y la represión contra los campesinos e indígenas; a la vez que acusan a sectores vinculados con el gobierno y las fuerzas armadas por sus vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero.

Sobre los métodos de lucha utilizados por las FARC-EP frente al inmenso y poderoso aparato financiado por Estados Unidos a través de su intervención en el país mediante el ¨Plan Colombia¨ y los métodos utilizados por el Estado para combatir dicha organización y contra la población en las zonas donde las FARC-EP operan, podríamos sostener una larga discusión. En ella podemos coincidir o discrepar en todos o algunos de sus componentes operativos. En lo que no deberíamos discrepar, sin embargo, es en que esta organización, al igual que otros agrupamientos guerrilleros en Colombia, como es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), fundado por el sacerdote católico Camilo Torres Restrepo, tienen su origen y desarrollo en la desigualdad social y económica; en los abusos sobre las poblaciones campesinas por parte del Estado colombiano y la clases sociales que lo sostienen; en la ausencia de libertades políticas reales a través de las cuales los sectores sociales sin voz, particularmente obreros y campesinos, puedan impulsar sus demandas reivindicativas en un verdadero espacio democrático; y donde se atiendan adecuadamente, entre otras, las necesidades de trabajo, salud y educación de las amplias masas colombianas para las cuales esas conquistas son inexistentes.

El pasado miércoles dio inicio el proceso entrega del armamento de las FARC, el cual aplicará a cerca de 7 mil combatientes, los cuales se están agrupando en 26 puntos de la rularía. Conforme al plan acordado, se completará el proceso en tres etapas a partir del 1ro. de marzo en un plazo de 10 días entregarán sus armas el 30% de los combatientes; el 1 de mayo otro 30% y finalmente, el 1 de junio el restante 40%. Junto con este proceso, el gobierno liberará de las cárceles en las cuales se encuentran prisioneros cerca de 4,500 efectivos de las FARC, los cuales gradualmente serán trasladados a las zonas en la cuales se encuentran los demás combatientes como paso previo al desarme y desmovilización. Estos prisioneros deberán suscribir previo a su excarcelación un documento en el cual establecen su compromiso de someterse libremente a la Jurisdicción Especial para la Paz surgida como resultado de los acuerdos negociados.

Los pasos a cumplir en el proceso de desarme son los siguientes: (a) Inventario para determinar los materiales que quedarán bajo el control de la Misión de Verificación de la ONU, que incluye el registro de cada arma en poder de los guerrilleros; (b) Un formulario donde constará el tipo de armamento, calibre, modelo u seudónimo del guerrillero que la porta: (c) La asignación de un código asignado a cada arma; (d) El armamento de acompañamiento de cada uno de los bloques de las FARC, incluyendo cohetes y armamento pesado; (e) Entrega y destrucción de explosivos.

Dentro de los acuerdos de paz se estipuló que una vez concluida la desmovilización y entrega del armamento de las FARC-EP, con los componentes metálicos de las armas entregadas, se fundiría tal metal y con su forja se construirían tres monumentos dedicados a la paz a ser colocados, el primero en Nueva York en la sede de las Naciones Unidas, el segundo en Cuba, donde discurrieron la mayoría de las reuniones que culminaron en los Acuerdos y el tercero en Colombia.

Existe gran expectativa en el éxito de la etapa final de este importante esfuerzo, que sabemos ha sido logrado con la ayuda de varios países, donde se distingue sobre todos ellos la participación de la República de Cuba, que por espacio de cuatro años albergó la delegación de las FARC-EP y donde se desarrollaron la mayoría de las reuniones. Del éxito de este esfuerzo depende el futuro de la paz en Colombia, así como también el éxito de las negociaciones actualmente en curso entre el gobierno colombiano y la segunda agrupación guerrillera de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).