Los sucesos en Ecuador, además de desgraciados, no pueden ser interpretados al margen de lo que viene ocurriendo en América Latina en los pasados años, donde de promueve en algunos países el regreso al pasado neoliberal y oligárquico.

El 19 de febrero de 2017 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en la República de Ecuador. En ella ninguno de lo candidatos a la presidencia obtuvo más del 40% de los votos, cantidad requerida para certificar un ganador. En ellas el binomio oficialista logró el 39.36%, mientras la fórmula Lasso-Páez de oposición se ubicó en el 28.09%. En consecuencia, el domingo 2 de abril, un total de 12,816,698 ecuatorianos fueron nuevamente convocados para votar en una  segunda vuelta participando en dichas elecciones los dos candidatos que mayor número de votos habían obtenido en la primera vuelta. En esta ocasión, el porcentaje de participación fue de 74.82% del electorado apto para votar.

De acuerdo con María Florencia Pagiarone y Gisela Brito, en escrito publicado en ALAI-amlatina, ¨al igual que desde el inicio de la campaña, la segunda vuelta se caracterizó por las denuncias permanentes de fraude y la incitación a la violencia por parte de la oposición, como adelanto de que no reconocerían los resultados en caso de que beneficiaran al oficialismo.¨ Para estas elecciones el Consejo Nacional Electoral (CNE) había tomado medidas dirigidas a garantizar la transparencia del proceso. Para ello ¨el 97% de las Juntas Receptoras del Voto contaron con delegados de las dos organizaciones políticas quienes fueron capacitados previamente, el 89% en forma presencial y un 11% en forma virtual a través de las plataformas informáticas¨.

En las elecciones participaron observadores internacionales de los países agrupados en UNASUR. El Informe rendido señaló la imposibilidad de un fraude. Otra entidad que participó como observadora del proceso fue la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-Web), la cual también destacó el trabajo realizado por la CNE para garantizar la transparencia del proceso, descartando de paso la posibilidad de un fraude.


Los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral señalaron el mismo día de las votaciones que con el 99.61% de los votos escrutados, el candidato oficialista Lenín Moreno alcanzaba el 51.16% de los votos mientras que Lasso sumaba 48.84%¨

Como puede notarse, entre la primera vuelta y la segunda, Lasso obtuvo una ganancia de votos mayor a la obtenida por Moreno. Lasso tuvo un avance desde el 28.09% al 48.84% para un incremento de más de un 20% del electorado  que votó; mientras que Lenín Moreno tuvo un aumento en votos de poco menos de un 11%. Es natural que así fuera toda vez que la derecha en Ecuador se encontraba más dividida para la primera vuelta, consolidándose el voto de derechas en Lasso en la segunda vuelta.

En un escrito previo analizando los resultados electorales observábamos que si bien el triunfo correspondió al llamado ¨oficialismo¨, existían dos datos objetivos que era necesario señalar: primero, la base social de ¨Alianza País¨ se erosionó de cara a estas elecciones; segundo, el resultado reflejó un país profundamente dividido en dos polos. De lo anterior concluíamos que podía anticiparse un período de gobierno de muchas contradicciones y luchas por espacios de poder entre la oposición y el próximo gobierno de Lenín Moreno. Si bien el peor de los escenarios hubiera sido el triunfo de Guillermo Lasso, lo que anticipaba un fuerte retroceso en las conquistas sociales de la revolución ciudadana que encabezó el presidente saliente Rafael Correa y el regreso a las recetas neoliberales, el oficialismo representado por Alianza País logró imponerse, aunque por un margen estrecho de votos.

Nos aventurábamos a señalar en aquel  momento que para Lenín Moreno y la organización política Alianza País, se imponía un serio proceso de reflexión sobre las causas de esa pérdida de apoyo o desgaste en el electorado, así como recuperar el compromiso y participación de algunos sectores de la izquierda política en el país que se han sumado a la oposición en este proceso. El triunfo de la derecha neoliberal hubiera sido un fuerte golpe a los procesos de integración de América Latina y al bloque opositor a las políticas intervencionistas en América del Sur.

Sin embargo, aún sin que haya transcurrido un año del evento electoral, más que desde afuera del partido de gobierno, la amenaza contra la Revolución Ciudadana impulsada por Alianza País proviene desde adentro, de las propias filas de la organización.

Parte de la responsabilidad en la merma de votos de Alianza País de cara a las anteriores elecciones fueron fuertes denuncias de corrupción hacia algunos funcionarios del gobierno del anterior presidente Rafael Correa. Sin embargo, aún así, el proceso discurrió bajo un manto de unidad política al interior de la agrupación Alianza País, ello en función de continuar adelante los avances logrados mediante la Revolución Ciudadana inspirada por Correa y que le llevara a la presidencia 10 años antes. En el proyecto, sin embargo, comenzó a demostrarse un desgaste que pretendió revertirse a partir de negociaciones entre candidatos que culminaron en el apoyo al primer vicepresidente que tuvo Correa entre 2007 al 2013, el actual presidente Lenín Moreno.

El otro vicepresidente que tuvo Correa en el segundo período de su mandato de 2013 a 2017, fue Jorge Glas, quien en estas elecciones corrió como candidato a la vicepresidencia con Moreno como candidato a la presidencia. Se ha indicado una mayor afinidad de Correa con Glas. A pesar de la alegría por el triunfo electoral por estrecho margen, nadie o casi nadie para no hablar en términos absolutos, podía anticipar que en tan corto tiempo de produjera al interior del gobierno una profunda división entre los dos principales funcionarios del Poder Ejecutivo que llevara al presidente Moreno a despojar mediante Decreto, a su vicepresidente de todas las facultades delegadas al amparo de la Constitución.

Se indica que, luego de señalamientos por parte de la Fiscalía del Estado relacionada con el arresto de cinco ciudadanos vinculados con actos de corrupción de la empresa brasileña Odebretch, acusada por el pago de sobornos en diferentes países latinoamericanos a cambio de la obtención de contratos, el vicepresidente fue salpicado por estas acusaciones. Como resultado, ha comparecido voluntariamente ante la Fiscalía a someter su versión en torno a las acusaciones.

Así, sin que se hubiera llevado aún un proceso judicial en su contra, donde la presunción de inocencia del vicepresidente Glas fuera rebatida, el presidente Moreno procedió el 3 de agosto de 2017  a emitir el Decreto Presidencial Número 100, el cual deroga otro previo suscrito el 24 de mayo luego de las elecciones, el Decreto Número 9, en el cual retira de ¨todas las funciones asignadas al Vicepresidente de la República¨.

El Decreto derogado nombraba al Vicepresidente como ¨presidente del Consejo Sectorial de la Producción y le asignaba la dirección y coordinación transversal del proceso de reconstrucción y reactivación productiva de las zonas afectadas por el terremoto de abril¨. También tenía a su cargo dirigir el Consejo Sectorial de Producción, responsable de coordinar las políticas de los ministerios del ramo y las secretarías de Planificación y Educación Superior.

Dentro del programa electoral con el cual tanto Moreno como Glas aspiraron a las posiciones electivas que ocupan se encuentran el reconocimiento del trabajo de la mujer en el hogar y el fortalecimiento de la economía popular y solidaria. Para ello se propuso un Plan de viviendas sociales con una inversión de $900 millones; el acompañamiento y cuidos especiales a la mujer durante su proceso de gestación; la creación de 200 mil nuevas plazas de empleo, priorizando en líneas de crédito a los jóvenes; la erradicación de la pobreza extrema en un período de dos años; seguro médico gratuito a los sectores más vulnerables de la población, así como amplias ayudas a los afectados por el terremoto que sufrió el país el 16 de abril de 2016.

El alcalde de Guayaquil, la capital ecuatoriana, al igual que los sectores conservadores, están eufóricos por la decisión tomada por Moreno. Ven en Glas un cercano colaborador del presidente saliente Rafael Correa. Han aplaudido la decisión de Moreno de vender uno de los dos aviones de la presidencia, así como del inicio de la venta de otros bienes inmuebles del pueblo ecuatoriano, ello dentro de señalamientos al gobierno de Correa de haber endeudado al país. En el diario El Telégrafo, Correa le ha indicado a Moreno que este ha ¨claudicado en lo avanzado todos estos años en cuanto a institucionalidad y soberanía¨. Por su parte, Moreno también ha asumido un discurso indirecto aunque recio y claramente dirigido a Correa, sugiriendo que el ex mandatario tiene una relación de ¨dependencia¨ con el ¨poder¨.

Por su parte el vicepresidente Glas ha indicado que Moreno no tiene autoridad constitucional para privarle de sus funciones o forzarlo a abandonar dicha posición. Si bien advierte que su posición es una electiva y que como tal la ocupa por mandato del pueblo que le eligió; de otra parte, la Constitución de Ecuador preceptúa que el vicepresidente tiene que cumplir las funciones que le asigne el Jefe de Estado. Bajo este escenario, de no resolverse el diferendo, habría un vicepresidente sin funciones por lo que resta de término presidencial. Por su parte Gabriela Rivadeneira, Secretaria Ejecutiva de Alianza País, se ha expresado haciendo un llamado a la militancia de la organización a permanecer movilizada en defensa de los intereses de la Revolución Ciudadana, señalando su adhesión al ex presidente Rafael Correa.

Los sucesos en Ecuador, además de desgraciados, no pueden ser interpretados al margen de lo que viene ocurriendo en América Latina en los pasados años, donde de promueve en algunos países el regreso al pasado neoliberal y oligárquico. Sería algo en extremo negativo que en Ecuador se regrese a los viejos tiempos, donde las multinacionales y la oligarquía sometida a los intereses imperiales, dominen nuevamente el espacio político. La situación en Ecuador tampoco debe verse como un hecho aislado a la campaña que al presente se sigue contra la República Bolivariana de Venezuela, o a los sucesos acaecidos en el desarrollo político en países como Paraguay, Argentina y Brasil donde ciertamente está en riesgo, no solo el avance social, político y económico de estos pueblos, sino una agenda mucho más perniciosa, que es la de destruir los avances en la integración latinoamericana y caribeña, lo que significa echar por la  borda la UNASUR, el ALBA-TCP y la CELAC.