En momentos en que en Puerto apenas comenzamos a reponernos, lenta pero muy lentamente de los efectos del Huracán María, en el Estado Español importantes sectores de una nacionalidad continúan la puja por ejercer su derecho a la libre determinación. En efecto, en medio de una ola represiva por el Gobierno español, el que opera desde Madrid y es el gobierno central del Estado, según datos llegados a Puerto Rico se señala que alrededor de 893 ciudadanos sufrieron heridas al pretender impedir, sin aparente éxito, que la mayoría de los catalanes concurrieran a las urnas a votar por la independencia de Catalunya.

De acuerdo con los datos dados a conocer, de 5.343 millones de electores inscritos, en el referéndum efectuado participaron 2.262 millones de electores, lo que representa el 42.34%. De ese universo de votantes, 2,196 millones de electores votaron en favor de que Catalunya sea un estado independiente en forma de república. Esto representa el 97.10% de los votos de los votos emitidos. En contra de la propuesta independentista votaron 45,686 electores, lo que representa el 2.02% de los votos. Los votos nulos ascendieron a 20,129 votos, lo que representa el 0.89% de los votos emitidos. Se trata pues de un contundente mensaje de los catalanes frente al gobierno central del Estado español.

Conforme a la Constitución española de 1978, España es un Estado unitario e indivisible, por lo que una consulta para la secesión de una de sus partes, no estaría dentro del marco constitucional a no ser que la misma fuera refrendada por la Cortes, órgano principal de gobierno en España, y sometida como enmienda a la Constitución por parte de los ciudadanos españoles. Por supuesto, lo anterior significa que cualquier determinación en torno a la secesión en el país, tendría que ser adoptada por el órgano político del cual participan representantes de todas las regiones que actualmente conforman el Estado español. En ese sentido, bajo la Constitución vigente, incluso la ampliación de las competencias asignadas bajo los estatutos de cada una de las comunidades en el Estado español, incluyendo el reclamo de derechos soberanos de cualquiera de éstas, es un asunto que compete a todos los ciudadanos españoles y no necesariamente a los nacionales de la comunidad que reclama tal derecho a la libre determinación e independencia. Así las cosas, quiénes son los sujetos de autodeterminación bajo la Constitución española, es muy distinto de quiénes son los sujetos de autodeterminación bajo la normativa internacional.

La respuesta a la represión desplegada por el Estado español en Catalunya trajo como resultado la convocatoria por parte de los sindicatos y otras entidades sociales que propugnan por el ejercicio del derecho a la libre determinación, a una huelga general y concentraciones el pasado 3 de octubre bajo la consigna de ¨Taula per la Democracia¨. La postura represiva del Estado español contra los promotores de la consulta no hizo sino arrimar la brasa al fuego, provocando que decenas de miles de catalanes se lanzaran a las urnas votar por la independencia en abierto desafío al gobierno de Rajoy y del Partido Popular.

Catalunya es un territorio localizado dentro del Estado español que ocupa una superficie de 32 mil kilómetros cuadrados. Limita en la porción Norte con Francia y el Principado de Andorra; al Sur con la Comunidad de Valencia; al Este con el Mar Mediterráneo; y al Oeste, con Aragón. Catalunya cuenta con una población que excede los siete millones de habitantes, lo que equivale al 16% de la población del Estado español. También Catalunya es considerada por muchos la más importante de las comunidades autónomas en España. Contribuye a su economía con el 25% de sus exportaciones y genera el 19% del Producto Interno Bruto del país.

En sus primeros proyectos dirigidos a alcanzar el autogobierno en el Siglo 20, se encuentran el de la Mancomunidad de Catalunya entre 1913 y 1923 y la restructuración de la Generalitat de Catalunya y la aprobación de su Estatuto de Autonomía durante la Segunda República. Este fue abolido dentro de marco de la derrota republicana al final de la Guerra Civil en abril de 1939 y la instauración de la Dictadura Franquista. Con la muerte de Francisco Franco en 1976 y la llegada de la llamada democracia representativa a España, con la Constitución de1978 se abre paso a la restauración de la autonomía en 1979; y más adelante, aquellas modificaciones que al mismo han sido hechas en años siguientes.

Para la mayoría de los catalanes no existe una diferencia conceptual fundamental en reconocer que Catalunya es una nación diferenciada del resto del Estado español y sus comunidades autónomas. De hecho, así lo ha reconocido el parlamento catalán en su relación actual con el gobierno central al proponerlo expresamente como parte de las disposiciones del Estatuto de Autonomía vigente. Si bien el Estatuto aprobado fue modificado por el gobierno central en el Congreso de Diputados, su Preámbulo que quedó sin cambios, de donde surge tal reconocimiento. Su artículo segundo, por su parte, reconoce la condición nacional de Catalunya.

El 23 de enero de 2013 el parlamento catalán aprobó con 85 votos a favor frente a 41 en contra, 2 abstenciones y 5 parlamentarios que se negaron a votar, una ¨Declaración de Soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Catalunya¨. En ella afirmaron que ¨el Pueblo de Catalunya tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano¨. En consecuencia, proclamaron ¨el derecho de los ciudadanos de Catalunya a decidir su futuro político colectivo¨. Esta Declaración, sin embargo, fue dejada en suspenso por el Tribunal Constitucional de España al considerarla ¨un acto de poder constituyente¨ y ¨un desafío contra la Constitución¨.

A pesar de lo resuelto por este Tribunal, los catalanes no han desistido en su propósito. Encuestas posteriores a dicha Declaración favorecieron en más de 71% de los encuestados la opción independentista.

Para los opositores a la secesión de Catalunya, el argumento es que una decisión de ruptura de un Estado unitario, como el que establece la Constitución de 1978, es un asunto que no es exclusivo de los catalanes, sino de todos los españoles; es decir, tendría que ser una consulta acordada por la Cortes y refrendada por la mayoría de todos los españoles en referéndum, que es donde reside el poder político del Estado español. La consecuencia lógica de esta premisa es que correspondería a todos los españoles decidir la independencia de Catalunya; lo que equivale a decir que la independencia no es un asunto a decidir exclusivamente por parte de los catalanes, que en primera y última instancia son los sujetos de autodeterminación.

Detrás del debate sobre la independencia se encuentra también otro igualmente importante: el debate sobre los intereses de clase a los cuales responde la convocatoria de algunos sectores catalanes en torno a la independencia. Según se indica en un artículo publicado por ¨Miradas para la Paz¨, una plataforma política dentro del Estado español contra la guerra, la OTAN y las intervenciones imperialistas a escala mundial, bajo el título ¨Las 300 familias que dominan Catalunya y protege Artur Más¨, se argumenta desde la izquierda política, por ejemplo, que el ¨estallido independentista es hijo fundamentalmente de la crisis económica, de unas clases medias empobrecidas, temerosas, que pretenden soluciones cuasi mágicas en una vuelta a un irracionalismo romántico de buenos, patriotas catalanes contra malos españoles, de blanco y negro.¨ Este mismo escrito señala que algunos de quienes desde la izquierda anti capitalista hablan de ¨autodeterminación¨, olvidan que ¨el mismo Marx, o Rosa Luxemburgo, no apoyaban todas las formas de autodeterminación ´per se´, sino aquellas que representan avances para las clases populares.¨

Este argumento, sin embargo, no considera que la actual estructura del gobierno de la Generalitat es tan burgués y tan capitalista como el gobierno central de Madrid; y que precisamente, esa lucha por la independencia de Catalunya podría ser hoy o mañana el pivote desde el cual avance un Estado catalán soberano e independiente con mayores transformaciones sociales precisamente para la clase trabajadora catalana. Bajo este escenario, hoy la clase trabajadora en Catalunya no tendría que aguardar más tiempo a que se desarrollen condiciones en el resto del Estado español que tengan el potencial de transformar la estructura económica de un Estado central, con profundos cambios sociales para todo el país, con el potencial adicional de que así replique en la totalidad del país.

De otra parte, si como resultado del actual proceso político prevaleciera en una Catalunya independiente el modelo neoliberal, ciertamente el avance hacia la libre determinación del pueblo no conllevaría cambios estructurales mayores en las relaciones de producción que actualmente vive el país. Qué peso pueda tener, sin embargo el polo obrero o una visión de clase desde la perspectiva obrera en el proceso de autodeterminación de Catalunya, puede significar una importante diferencia.

Si bien es cierto que las luchas nacionales han sido históricamente hablando un proyecto de clase de la burguesía nacional en su lucha por el control de los mercados frente a un poder central, considerado por ésta como un poder exógeno a la nación; en ciertas circunstancias la bandera de la lucha nacional también puede ser arrebatada a la burguesía, ya sea la exógena o la nacional, por parte del pueblo convirtiendo así la lucha nacional por la independencia en una lucha de liberación nacional.

Podría estipularse que en estos momentos, el reclamo independentista en Catalunya es mayoritariamente una bandera de lucha de la burguesía nacional catalana. Sin embargo, también es estipulable que la oposición del gobierno central al proceso de secesión de Catalunya, también es parte del proyecto burgués e imperialista que sostiene hoy al Estado español. Así las cosas, no puede aspirarse a cambios promoviendo que las cosas sigan siendo iguales; de la misma manera que cruzarse de manos en aras de que las cosas sigan siendo iguales en España, hace ya mucho tiempo demostró su ineficacia. De lo que se trata es de cómo las fuerzas de la izquierda política logran arrebatarle el control o incidir de manera significativa en la dirección del proceso político de la burguesía nacional catalana; o cómo, dentro de una perspectiva más a largo plazo, esa misma izquierda catalana se posiciona de manera tal que logre, dentro de un nuevo Estado nacional, transformaciones de contenido en lo concerniente al poder político, que supere las actuales relaciones entre Catalunya y el Estado español.

El presidente del gobierno español Mariano Rajoy indicó en los días previos al pasado 1 de octubre, quizás como un disuasivo a la decisión de llevar a cabo la consulta por parte del pueblo catalán, que recurriría al Artículo 155 de la Constitución vigente. Mediante el mismo, si logra el apoyo de una mayoría absoluta del Senado, llevaría a cabo un proceso represivo sobre Catalunya que incluiría su ocupación militar por parte del poder central. Igualmente estuvo presente en sus indicaciones la disposición del Gobierno del Partido Popular de dejar sin efecto el actual estatuto de autonomía de Catalunya. Ambas alternativas constituyen, sin embargo, jugar con fuego. Lo que Rajoy posiblemente no esperaba antes fue la decisión resuelta del pueblo catalán de expresarse en las urnas, en este caso favoreciendo la propuesta independentista. Los mismo podría suceder en qué espera Rajoy con sus medidas anticipadas, las cuales no necesariamente serían las que hoy anticipa.

Los próximos días serán importantes en el desarrollo de los acontecimientos en Catalunya. Ninguna de las partes ha dicho aún la última palabra.