Al igual que muchas de la propuestas impuestas o impulsadas en Puerto Rico, las reformas laborales adoptadas por el gobierno de Temer en Brasil han implicado la ampliación de la jornada de trabajo de ocho horas a doce horas diarias; la reducción del tiempo de descanso; la reducción del período de alimento; el empleo a voluntad y en consecuencia la ampliación de las facultades de los patronos para despedir sus empleados; la fragmentación del período de licencias por vacaciones; y la eliminación de la paga extraordinaria y bonificaciones. Es como si en Brasil, quien gobernara fuera la Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso de Estados Unidos a los puertorriqueños y al gobierno de Ricardo Rosselló Nevares. Claro, en ambos casos, de lo que hablamos es de la adopción del recetario de Fondo Monetario Internacional y las políticas neoliberales, hoy en auge a escala mundial.

La continuación del golpe de Estado parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff: el encarcelamiento de Lula

En noticia publicada por Telesur el pasado 8 de abril se informa que el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da SiIva compareció ante la Policía Federal en Curitiva, estado de Paraná en Brasil, acatando una orden dictada por el juez Sérgio Moro. Su comparecencia surge luego de que el magistrado decretara ¨no ha lugar¨ la petición hecha por los abogados del expresidente mediante escrito de habeas corpus. En la petición hecha por los abogados de Lula, se solicitó se le permitiera permanecer en libertad mientras se dilucida el caso en su contra donde se le imputan actos de corrupción.

Hace apenas dos años, la anterior presidenta de Brasil, Dilma Roussef, fue objeto de un proceso político, conocido más bien como un ¨golpe de Estado blando¨. En virtud de éste fue separada de su cargo. El golpe de Estado parlamentario contra la presidenta Rousseff tomó como punto de partida el llamado escándalo de Petrobras, donde también se involucra al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. A Lula se le acusa de haberse lucrado con fondos ascendentes a $750 mil durante su campaña electoral provenientes de esta empresa. Petrobras es famosa por múltiples actos de corrupción donde ha comprado las conciencias de diferentes legisladores y funcionarios de gobierno en diferentes países de América Latina con el propósito de obtener contratos multimillonarios.

A la fecha del golpe contra Dilma Rousseff no se había radicado ninguna acusación contra el expresidente Lula. No bien se anunciaran las aspiraciones de Lula a la presidencia de Brasil, los mismos sectores que antes promovieron el golpe contra Rousseff, retomaron con más fuerza la campaña contra Lula. Para algunos observadores, se trata del inicio de una maniobra dirigida a impedir que Lula se postulara nuevamente por el PT a la presidencia de Brasil

La Cámara de Diputados del Congreso de Brasil votó a favor del inicio del proceso de ¨residenciamiento¨ (¨impeachment¨) contra la presidenta constitucional, Dilma Rousseff. En un país con más de 190 millones de habitantes y un país donde participaron múltiples partidos políticos disputando la presidencia del país, la mandataria brasileña había obtenido en las últimas elecciones el voto de más de 54 millones de brasileños.

El ¨impeachment¨ o ¨residenciamiento¨ no es un procedimiento criminal donde al acusado o acusada se le acusa y juzga en los tribunales por la comisión de un delito. Se trata más bien de un juicio político. Bajo el ordenamiento vigente en Brasil, una vez la Cámara de Diputados vota a favor del inicio del procedimiento, en este caso con 237 votos a favor y 137 en contra, el asunto pasó a la consideración del Senado.

En la Cámara alta, al producirse un voto a favor el proceso de residenciamiento, la presidenta quedó separada de las funciones de su cargo por espacio de 180 días, pasando a dirigir los destinos del país quien hasta entonces figuraba como su vicepresidente, Michel Temer, líder del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), el cual ocupa 68 de los 513 diputados en la Cámara baja del parlamento brasileño.

Mientras la presidenta de Brasil negaba los cargos de corrupción en su contra, el Vicepresidente Temer conspiraba para sustituirla en funciones razón por la cual eventualmente Roussseff le acusó de ser unos de los jefes de la conspiración en su contra.

Al darle paso en el Senado al proceso de residenciamiento, se nombró una comisión especial compuesta por 21 senadores, responsable de revisar las imputaciones a Rousseff y hacer un Informe. Se supone que esta Comisión estuviera presidida por un senador del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) el cual se había declarado ¨independiente¨, ya que el PMDB por constituía la primera minoría en el Senado con 18 de los 81 escaños. La instrucción de los cargos en el caso contra la presidenta debía haber estado a cargo de la segunda minoría en el Senado, que la constituía el Partido de los Trabajadores (PT), que es precisamente el partido al cual pertenece Rousseff. Ante el conflicto, la próxima fuerza en número de escaños en el Senado era el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que es una fuerza política enemiga del Partido de los Trabajadores. Esta organización proclamó que el PT estaba impedido de participar en la instrucción de cargos por ser parte interesada en el proceso, lo que dejaba abierta la posibilidad que ni uno ni otro asumiera tal posición, quedando así en manos de una tercera minoría, el Partido Socialista Brasileño, tal papel.

Para obtener la destitución de la presidenta Rousseff era necesario contar con dos terceras partes de los votos en el Senado, es decir, 54 votos, los cuales se alcanzaron.

Rousseff indicó en todo momento que no tenía responsabilidad en las imputaciones en su contra; que su gobierno no era responsable por la situación económica del país y que lo que se desarrollaba contra su gobierno no era otra cosa que un Golpe de Estado parlamentario. Mientras esto ocurría, Temer se aprestaba a conformar lo que sería su gabinete una vez asumiera temporalmente el gobierno de Brasil durante los 180 de separación de sus funciones de Rousseff.

Voces como las de Marina Silva, otra ex funcionaria del gobierno del Partido de los Trabajadores y que fuera candidata opositora de la presidenta en las pasadas elecciones por la Red de Sustentabilidad, llamaba a nuevas elecciones. Silva señalaba que tanto Temer como el presidente del Senado Renan Calheiros y su socio Collor de Mello, también estaban implicados en el llamado ¨escándalo de Petrobras¨. Sin embargo, Silva reclamó el apego y respeto a la Constitución en el proceso, lo que dejaba abierto el proceso contra Rousseff.

El 54% de las personas que se manifestaron a favor del residenciamiento de Rousseff querían también la destitución de Temer; el 79% quería también que se le sometiera a un proceso de residenciamiento y el 88% consideraba que su gobierno, en sustitución de Rousseff, será pésimo. Sin embargo, el resultado fue que destituyeran a la presidenta de Brasil de su cargo, sin tocar en forma alguna a Temer. Al no ser destituido, Temer estará al frente del gobierno hasta el 31 de diciembre de 2018. Mientras el residenciamiento de Dilma Rousseff le incapacita para regresar al gobierno como funcionaria electa por espacio de ocho años; el reclamo de los electores y militantes del PT fue demandar, con mayores exigencias, el regreso de Lula como candidato a la presidencia de Brasil.

El breve tiempo de la presidencia de Temer ha traído como consecuencia el incremento en las privatizaciones en Brasil; la reducción en los derechos de los trabajadores, la ampliación de la agenda neoliberal en Brasil; la pérdida de derechos económicos y sociales y la represión de la disidencia y resistencia contra las políticas del Estado.

Al igual que muchas de la propuestas impuestas o impulsadas en Puerto Rico, las reformas laborales adoptadas por el gobierno de Temer en Brasil han implicado la ampliación de la jornada de trabajo de ocho horas a doce horas diarias; la reducción del tiempo de descanso; la reducción del período de alimento; el empleo a voluntad y en consecuencia la ampliación de las facultades de los patronos para despedir sus empleados; la fragmentación del período de licencias por vacaciones; y la eliminación de la paga extraordinaria y bonificaciones. Es como si en Brasil, quien gobernara fuera la Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso de Estados Unidos a los puertorriqueños y al gobierno de Ricardo Rosselló Nevares. Claro, en ambos casos, de lo que hablamos es de la adopción del recetario de Fondo Monetario Internacional y las políticas neoliberales, hoy en auge a escala mundial.

A escasos meses de las próximas elecciones presidenciales en Brasil, pautadas para el mes de octubre de 2018, Lula se perfilaba al frente de las principales encuestas. Es por ello que el Partido de los Trabajadores (PT) y sus organizaciones aliadas han reafirmado la decisión de que Lula será su próximo candidato a la presidencia de Brasil. A tales efectos han indicado que ¨el pueblo defenderá su candidatura en las calles y en todas las instancias¨.

A nivel de América Latina ya comienzan a manifestarse diferentes expresiones de solidaridad con el Partido de los Trabajadores, con el pueblo brasileño y con su candidato a la presidencia, Lula. Por ejemplo, el Partido del Trabajo de México se manifestó esta semana expresando su solidaridad y apoyo moral al candidato del PT. A tales efectos indicaron:

¨Es deleznable la sistemática criminalización llevada a cabo contra la izquierda brasileña; específicamente al Partido de los Trabajadores, primero lo hicieron contra Dilma y ahora con ¨Lula¨, cuyo crimen es haber sacado de la pobreza a millones de brasileños, permitir que millones de jóvenes tuvieran acceso a la educación y otros tantos a la salud y a la alimentación, lograr que Brasil tuviera un desarrollo social y económico que le permitirá ubicarse como parte del BRICS. Esos han sido los crímenes de Lula, un hombre que ha demostrado valor, conciencia y amor por su pueblo, un estadista, un líder¨.

Por su parte las organizaciones que integran la sección de Mesoamérica y el Caribe del Foro de Sao Paulo, instancia coordinadora de organizaciones populares y de la izquierda amplia de América Latina y el Caribe, en una declaración afirman, con relación al fallo del Tribunal que le negó a Lula su libertad previo al juicio lo siguiente:

¨El objetivo ha sido retomar el control político y económico de las decisiones en dicho país, para instalar, como se ha venido haciendo desde la destitución de Dilma, una política antipopular y subordinada a los intereses de Estados Unidos y de las grandes corporaciones transnacionales; desandando los avances sociales y la política exterior independiente y soberana impulsada por los gobiernos de Lula y Dilma¨.

Este fallo del Tribunal Federal de Justicia, no dando lugar al habeas corpus solicitado, persigue el objetivo de evitar, no solo que el ex-Presidente Lula sea candidato en las elecciones presidenciales del presente año. También persigue evitar que pueda hacer campaña política. O sea persigue sacar a Lula, el político con más respaldo del país, del escenario electoral¨.

Como puede apreciarse a la derecha política en Brasil poco le importa la validación de los procesos constitucionales, ni mucho menos la legalidad vigente, cuando de suprimir los derechos del pueblo se trata. Aún en un escenario donde la izquierda acepta someterse a las reglas del juego, la derecha no está en disposición de asumir el juego limpio. Esta decisión de imponer por la fuerza la exclusión de Lula del proceso político electoral en Brasil tendrá consecuencias futuras. De eso no debe haber dudas.