El 1^ro de mayo de 2017, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció la convocatoria en su país de una nueva Asamblea Constituyente, ello al amparo de las disposiciones de la Constitución vigente de 1999 en sus artículos 347, 348 y 349. El propósito de la convocatoria fue que el pueblo venezolano, en el ejercicio de su poder constituyente, discutiera la reformulación del Estado venezolano a la luz de las nuevas transformaciones y necesidades para el adelanto del proceso de construcción socialista en Venezuela.

La República Bolivariana de Venezuela no es un Estado socialista. De hecho, la mayoría de los medios de producción en el país siguen en manos privadas y las estructuras políticas y económicas construidas para su desarrollo, responden aún en gran medida a aquellas heredadas de regímenes anteriores bajo el capitalismo. Sin embargo, lo anterior no desmerece la realidad de que, a partir del triunfo del comandante Hugo Rafael Chávez Frías hace ya dos décadas, Venezuela comenzó un proceso de transformación del Estado, la economía y las relaciones políticas y jurídicas que permiten hoy encaminar al país hacia un nuevo modelo de sociedad en la cual, cada vez más, avanzan las reivindicaciones necesarias para la construcción de un modelo de sociedad socialista.

Desde el ascenso al poder del comandante Chávez en 1998, la derecha venezolana se ha empeñado en procurar por vía de la violencia y la desestabilización económica del país, lo que por la vía electoral no ha podido. Como sabemos, los procesos revolucionarios, si es que aspiran a mantener su condición transformadora de lo viejo y caduco, no pueden cosificarse, manteniendo su institucionalidad sin cambio, sin atemperar sus instituciones a las conquistas alcanzadas y aquellas otras a las cuales se aspire a corto y mediano plazo.

Esta primera etapa representó para Chávez, el esfuerzo por unificar la voluntad del pueblo venezolano tras un programa de acción política en el cual éste comenzara a ser dueño de su propio destino. Recuperando sus capacidades, hasta entonces conculcadas por la clase capitalista adueñada del poder político y del control de Estado para adelantar sus intereses, era necesario arrebatarle al binomio ADECO-COPEI no sólo la alternancia en el poder, sino devolverle al pueblo, como soberano, su poder político constituyente. Así surge la promesa de campaña y más adelante la realidad de un proceso que culmina en la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana en Venezuela de 1999. En ella se recogieron los derechos del pueblo venezolano en su primera etapa de transformación revolucionaria.

En el año 2007 se intentó nuevamente ejercer ese poder constituyente del pueblo como soberano llevando el proceso revolucionario a la siguiente etapa para la cual se interesaban nuevos cambios en la Constitución. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo para modificarla y atemperar la misma a nuevas realidades y nuevos objetivos, el pueblo no avaló en ese momento los cambios. El gran avance, sin embargo, fue que la derecha venezolana, para oponerse a los nuevos cambios, debió recurrir a defender la Constitución de 1999, la cual ciertamente era superior en derechos a cualquier otra constitución aprobada en Venezuela desde su independencia.

Diez años después del aquel intento, el presidente Nicolás Maduro Moros, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales como Jefe de Estado, convocó al pueblo venezolano en su ¨poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso nacional convoque a una Asamblea Nacional Constituyente¨.

Mediante este paso, el presidente Maduro interesaba elevar a rango constitucional las misiones creadas por la Revolución Bolivariana como son la Misión Vivienda, que abre paso al acceso ciudadano a la vivienda; Misión Barrio Nuevo y Misión Tricolor, las cuales han sido cruciales en la prestación de servicios y cuidados de salud para los sectores más frágiles de la sociedad venezolana; la Misión Alimentación, que ha garantizado a la población de menos recursos económicos el acceso a la alimentación en momentos en que los sectores de la oligarquía esconden alimentos para provocar una escasez que lleve al caos; ello ante insinuaciones por parte de la Asamblea Nacional de que se proponía eliminar de cara al futuro tales programas.

Otro de los objetivos que perseguía el presidente venezolano con la convocatoria a la Asamblea Constituyente era proteger varios derechos, elevándolos a rango constitucional para brindar una protección absoluta a la juventud contra las políticas neoliberales y privatizadoras, garantizando de paso el derecho al trabajo, a la educación, a la vivienda, a la cultura y a la tecnología.

Maduro indicó entonces su aspiración a la creación en Venezuela de un ¨Estado Comunal¨, concepto este se inscribe en la búsqueda de cómo darle mayor participación y poder al pueblo. De acuerdo con la Ley Orgánica de las Comunas, en su artículo primero, la Comuna es una entidad local, de base, ¨donde los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio del Poder Popular, ejercen el pleno derecho de la soberanía y desarrollan la participación protagónica, mediante formas de autogobierno para la edificación del estado comunal, en el marco del Estado democrático y social de derecho y de justicia¨.

La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, con el rechazo de la oposición, desarrolló y continúa desarrollando sus trabajos aún en medio de acciones dirigidas a desestabilizar el proceso revolucionario venezolano. A la oposición interna se suman las acciones y las medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos, la OEA y otros gobiernos europeos y de la región contra Venezuela.

Indica el Frente Antiimperialista Internacional en su artículo de fecha 6 de agosto de 2018 titulado La guerra imperialista contra Venezuela incorpora atentados terroristas (Análisis del atentado al presidente venezolano Nicolás Maduro), en torno al atentado contra la vida del presidente venezolano el pasado 4 de agosto, lo siguiente:

“Tras el verano del 2017, el fracaso de la violencia terrorista de las ‘guarimbas’ y la pérdida de la capacidad de la oposición para derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro, han dado lugar a una nueva fase en el objetivo de acabar con la revolución bolivariana. Este fracaso del frente de guerra interno ha puesto en marcha un programa de ataques directos promovidos y dirigidos desde el exterior de Venezuela. El atentado contra el presidente Nicolás Maduro es el primer hecho significativo de esta nueva estrategia. Aunque ciertamente ha habido intentos anteriores de asesinar y derrocar al presidente venezolano como el llamado ‘Golpe Azul’ o la ‘Operación Constitución”.

El atentado se produjo en el marco de la conmemoración y desfile militar en ocasión del 81 Aniversario de la fundación de la Guardia Nacional de Venezuela. Apenas transcurridas unas horas desde el suceso, en alocución televisiva que hiciera al pueblo venezolano, el presidente Maduro fijó la responsabilidad por el atentado en sectores de la derecha venezolana con el apoyo directo del gobierno de Colombia, particularizando en el presidente saliente Juan Manuel Santos y sus comentarios previos. De acuerdo con los señalamientos de Maduro, Santos había hecho expresiones en días previos a finalizar su mandato presidencial a los efectos de que “Maduro está al borde del final de su vida” o “Ojalá mañana mismo terminara la presidencia de Maduro” . En sus declaraciones, el presidente Maduro anunció, también, la captura de varios de los implicados en el atentado donde si bien él no sufrió heridas, otros siete militares de la Guardia Nacional de Venezuela sí resultaron heridos.

En el atentado se utilizaron dos “drones” con capacidad para transportar explosivos. Uno de ellos, gracias a los sistemas de detección y protección de los organismos de seguridad venezolanos, fue desviado en el aire chocando contra un edificio aledaño a donde se encontraba el presidente, su esposa y altos funcionarios de su gobierno y de la Fuerza Armada; mientras el otro, explotó a corta distancia de donde se encontraba el presidente. De acuerdo a declaraciones del presidente Maduro, las personas que operaron los ¨drones” utilizados en el atentado fueron entrenados entre los meses de abril y junio en una finca en Chinácota, Colombia, en el departamento de Santander.

Los participantes en la operación pertenecen, según indican las autoridades venezolanas, a una organización vinculada con el coronel Juan Caguaripano. Este exmilitar venezolano tuvo participación en la dirección del asalto y robo de armamento efectuado en una guarnición militar en Paramacay, localizada en el centro de Venezuela, en el mes de agosto de 2017. Fue capturado unos días después del asalto. Uno de sus asociados, José Monasterio Venegas, sargento retirado del Ejército sobre quien pesaba una orden de captura, también se le vincula con este nuevo atentado.

Se indica por las autoridades venezolanas que el explosivo que transportaba uno de los “drones” era pentrita con pólvora junto con balines de plomo; el segundo, con explosivos C-4 y pólvora. Entre los siete detenidos al presente, se encuentra una mujer

Información recopilada tras los arrestos y varios allanamientos practicados, ofrecieron al gobierno importantes datos para ubicar otros implicados, entre ellos, según indica el propio presidente Maduro, el ex presidente del Congreso, Julio Borges, y el diputado Juan Requesens. Este último fue detenido, así como también su hermana Rafaela Requesens, la cual posteriormente fue dejada en libertad. En los casos de Borges y Requesens, la Asamblea Nacional Constituyente los despojó de la inmunidad parlamentaria, por lo que deberán responder de acusaciones que incluyen el delito de homicidio intencional calificado en grado de tentativa, o como le dicen en Venezuela, “en grado de frustración”.

El Tribunal Supremo de Venezuela ha determinado que los implicados sean sometidos al proceso ordinario penal. En el caso de Borges no se encuentra en Venezuela ya que permanece en Colombia. Lo mismo ocurre con otros miembros de la oposición. Borges señala que la Asamblea Nacional Constituyente no puede dejar sin efecto la inmunidad parlamentaria, mientras que la integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, Gladys Requena, señaló que la “inmunidad parlamentaria no es una patente de corso para delinquir”. Hay otros diputados implicados que también podrían ser objeto de que se les elimine la inmunidad parlamentaria.

Maduro ha identificado a Osman Delgado Tabosky y Rayder Russo Márquez, de ser los principales responsables del atentado y de haber financiado el mismo. Se alega que Delgado Tabosky reside en el estado de Florida, mientras se desconoce el paradero del segundo. Ha señalado con dedo acusatorio también las declaraciones del periodista en Miami Jaime Bayly, quien desde su programa televisivo admitió que se había reunido con los implicados y que estos habían manifestado su intención de llevar a cabo un atentado utilizando “drones” en la capital venezolana. Por su parte, el exdirigente de Voluntad Popular Salvatore Lucchese, quien compartió celda en prisión con Leopoldo López en 2014, se atribuyó inicialmente haber formado parte del ataque contra Maduro, aunque luego retiró sus comentarios.

A pesar de las dudas que la prensa comercial ha tratado de sembrar en torno a este atentado, pretendiendo que se entienda el mismo como parte de una campaña del propio presidente Maduro para beneficio de su imagen, tiene razón el Frente Antiimperialista Internacional cuando desmintiendo tal premisa, indica lo siguiente:

“En estos momentos el intento de asesinar al presidente venezolano utilizando la tecnología de los drones, que no está al alcance de pequeños grupos autónomos locales, supone un paso más de esta guerra imperialista que está adoptando una forma de tecnología avanzada para camuflar la intervención foránea. Sin embargo, estos métodos ampliamente utilizados por Estados Unidos en Oriente próximo no hacen sino mostrar que no son actos aislados ni de factura interna”.

Ciertamente, el intento de asesinato del presidente Maduro no podemos tomarlo a la ligera. Se trata de un escalón más en el propósito de derrocar su gobierno y revertir las conquistas sociales que el pueblo venezolano ha alcanzado tras 20 años de revolución bolivariana. Le corresponde al bravo pueblo venezolano, una vez más, derrotar la intervención extranjera y la oposición interna en el hermano país latinoamericano.