El próximo 20 de octubre, los electores bolivianos recurrirán a las urnas para la elección del presidente y del vicepresidente de Bolivia, como también de 130 diputados y 36 senadores. De no resultar electos con el número de votos requeridos para ambas posiciones ejecutivas, conforme lo estipula la Constitución, se efectuaría una segunda vuelta el 15 de diciembre de 2019. Las candidaturas a la presidencia y vicepresidencia del país, a diferencia de otras candidaturas, compiten a nivel nacional para dichos puestos.

Bajo la Constitución vigente, en el Estado Plurinacional de Bolivia existen varios criterios para validar la elección de un candidato a las posiciones de presidente y vicepresidente: (a) que obtenga el 50% más uno de los votos válidos emitidos en las elecciones; o (b) que el candidato a ser electo obtenga el 40% de los votos, separando una diferencia de un 10% frente al candidato que llegue en segunda posición. Si no se dieran ninguna de estas dos circunstancias, entonces se tendría que ir a una segunda vuelta entre los dos candidaturas con mayor número de votos. Esta segunda elección deberá realizarse dentro de los siguientes noventa (90) días a la fecha de la primera elección.

En el Estado Plurinacional de Bolivia, conforme al artículo 166 de la Constitución, se vota mediante sufragio universal, obligatorio, directo, libre y secreto. De acuerdo con el artículo 171, los electores también tienen a su alcance el mecanismo de consulta revocatoria para los casos de la presidencia y vicepresidencia, la cual debe efectuarse dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que se formalice y se cumpla con los requisitos de ley, su petición.

El 27 de enero de 2019 se efectuaron en Bolivia las elecciones, denominadas “primaristas”. En éstas, los distintos partidos eligen quiénes competirán por cada uno de ellos en las elecciones generales para las posiciones de presidente y vicepresidente.

El día 21 de febrero de 2016 se efectuó un referéndum en Bolivia donde se planteaba una reforma constitucional dirigida a eliminar la disposición del artículo 168 de la Constitución, que limita la reelección a un solo término, es decir, el presidente y vicepresidente no pueden ocupar el cargo por más de dos mandatos consecutivos. En la consulta, el pueblo boliviano no favoreció el cambio propuesto por un margen de 52% de los votos en contra de la modificación a la Constitución, frente a un 48% de los votos en favor de la enmienda. A pesar de ello, el Tribunal Supremo Electoral resolvió el 4 de diciembre de 2016 que, tanto el presidente como el vicepresidente, estarían habilitados para participar en las próximas elecciones de 2019 en busca de un tercer mandato.

Como indicamos, la Constitución boliviana dispone un término de cinco años para la presidencia y vicepresidencia del país. Señala en el artículo 168, en el caso de la presidencia, que el presidente sólo puede ser reelecto por un período similar de tiempo y de manera continua, una vez. Contradictoriamente, sin embargo, en estas elecciones el candidato a la presidencia, Evo Morales, se presenta como aspirante a un tercer término consecutivo (aunque en realidad sería el cuarto término si se toma en consideración que hubo un primer término de su presidencia bajo la anterior Constitución que no cuenta para los procesos bajo el presente ordenamiento jurídico).

La decisión del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia habilitó al presidente Morales y al vicepresidente, tomando como base jurídica la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, también conocida como el “Pacto de San José”. En este Tratado o Convenio, Bolivia como Estado signatario que adopta su contenido, no suscribe tal limitación de términos en el ejercicio de la presidencia o vicepresidencia de la nación. Para justificar la nueva postulación de Evo Morales a un tercer término se argumentó que privarle de tal derecho, constituía una privación de un derecho humano reconocido por la Convención antes mencionada.

Esta resolución del Tribunal Supremo Electoral, a juicio de algunos juristas, presenta serios problemas en torno al alcance del concepto “poder soberano de un Estado”; es decir, si sobre la voluntad soberana de un pueblo expresada en este caso en su Constitución y votada en referendo, se puede colocar el cumplimiento preferente de un pacto internacional.

Encuestas preliminares efectuadas en Bolivia indican que la candidatura de Evo Morales apenas está al frente por un 2% de los votos, frente a la de su principal opositor, el expresidente Carlos Mesa. Otras encuestas, sin embargo, favorecen a Evo Morales, indicando que cuenta al presente con el 52% del apoyo electoral, frente al apoyo de 23% de los electores a las aspiraciones de Mesa. Cuando Evo Morales ganó por primera vez las elecciones en el año 2006, obtuvo el 54% de los votos

Sectores de la oposición destacan como parte de su campaña contra Evo Morales el que se postule a un tercer término bajo la actual Constitución, no solo a partir de la limitación que el propio artículo 168 conlleva, sino también a partir de que el asunto fue llevado directamente a consulta mediante referéndum al pueblo y este rechazó la propuesta de cambio.

La página electrónica CubaDebate, en artículo titulado ¿EE.UU intervendrá en las elecciones bolivianas?, escrito por Hugo Moldiz Mercado y publicado el pasado 2 de abril, señala que el gobierno de Estados Unidos, dentro del marco del desarrollo de sus políticas injerencistas, ha enviado “señales” al presidente boliviano a los fines de que no se postule para un nuevo término. Entre ellas menciona un comunicado de prensa, en el cual el Departamento de Estado de Estados Unidos insta a Evo Morales a respetar la consulta del 21 de febrero de 2016. Cita también las expresiones de la congresista de origen cubano Ileana Ros-Lehtinen, reclamando al presidente Trump que “el pueblo boliviano necesita nuestra ayuda, señor presidente y debemos comenzar a prestar atención a lo que está sucediendo aquí en nuestro hemisferio.” Finalmente, hace referencia a la resolución legislativa, “trasladada al Comité de Asuntos Exteriores” por tres congresistas de ambos partidos donde señalan la peligrosidad de la dirección que ha tomado Bolivia, “alineándose con regímenes ilegítimos e ilegales”, ello en referencia al gobierno del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

Indica el autor que la actitud estadounidense también se da a partir del hecho de la “estabilidad lograda por el gobierno boliviano y la permanente posición de condena de Evo Morales contra las acciones estadounidenses”, las cuales “representan un mal ejemplo para el imperialismo que no puede tolerar.” Destaca, además, que no debemos menospreciar las acciones de Estados Unidos, particularmente si tomamos en consideración cómo dicho país ha actuado en el pasado hacia Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Señala la encomienda de Carlos Mesa y Jorge Quiroga para que se active por parte de la OEA la “Carta Democrática Interamericana”, como instancia de intervención, así como que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falle en contra ante la consulta pendiente de decisión “de si la reelección es o no un derecho humano.”

Las elecciones en Bolivia se producen en momentos difíciles para la izquierda latinoamericana. Se llevarán a cabo en un contexto donde le precede la campaña lanzada contra la República Bolivariana de Venezuela, que incluye intentos desestabilizadores, golpistas y de clara amenaza de intervención militar; sino también, en un contexto donde tales amenazas se extienden hacia Cuba y Nicaragua. Se presenta el desarrollo de esta campaña electoral también dentro del marco de la derechización de los gobiernos sudamericanos como son los casos de Chile (con la que Bolivia tiene un diferendo heredado de conflictos bélicos del siglo XIX cuando Bolivia perdió su acceso al mar a través de la región sur de su territorio); y como son, además, los casos de Argentina, Paraguay, Brasil, Colombia y Perú.

Al interior del país, a pesar de los grandes avances hechos durante la presidencia de Evo Morales en la recuperación económica y las transformaciones sociales y políticas efectuadas, aún está latente el conflicto desarrollado en el año 2008 con algunos departamentos. Entonces, se manifestaron grandes diferencias entre la región andina del país, poblada mayormente por comunidades originarias; y su región oriental, con varios departamentos, conocidos como los “Departamentos de la Media Luna”, (Beni, Pando y Santa Cruz, fronterizas con la amazonia boliviana, limítrofes con Brasil y Paraguay; y Tarija, fronterizo con Argentina), los cuales, tras reclamos “autonómicos”, realmente pretendieron forzar intentos secesionistas que pusieron en el tablero la posibilidad de fracturar el Estado boliviano. Además de las diferencias étnicas existentes entre estas dos regiones, la andina y la de los departamentos orientales; están también las diferencias clasistas, económicas y sociales e ideológicas de amplios sectores de la población.

Si bien en sus manifestaciones, el presidente de Estados Unidos y funcionarios de su gobierno se han dirigido abiertamente contra Venezuela, Nicaragua y Cuba; en el caso de Bolivia, el que su discurso no sea tan agresivo en estos momentos, no significa que el gobierno de Evo Morales y las transformaciones introducidas en la manera en que se desarrolla la política en su país, no esté también bajo escrutinio por parte de Estados Unidos. Bolivia también es un país rico en recursos naturales, entre otros, la minería, el petróleo, el gas natural, la madera y la ganadería. Bolivia cuenta, además, por su ubicación geográfica, con una topografía especial en el contexto de sus puntos de cercanía fronteriza con el resto de América del Sur. No en balde este país fue seleccionado en la brillante mente y estrategia militar del Ché Guevara, como lugar desde donde podría desarrollarse de asentarse definitivamente un movimiento guerrillero con apoyo popular, en un poderoso movimiento libertador y revolucionario en el contexto de las luchas de liberación nacional para América Latina.

En el plano político, Bolivia, además, es hoy un referente de importancia para otros pueblos en la manera en que ha asumido, mediante su actual Constitución, cambios radicales que han permitido, luego de cinco siglos de intervención imperialista, el reconocimiento de los derechos de las poblaciones originarias elevando a rango constitucional los mismos. Así, por ejemplo, la Constitución de Bolivia marcha hoy al frente en el reconocimiento del derecho del pueblo al agua; a la alimentación y seguridad alimentaria; a la salud; al hábitat y la vivienda adecuada; a los servicios de agua potable y alcantarillado; a la prohibición de la privatización de tales derechos, considerados derechos humanos esenciales; a la seguridad social; a los derechos de los niños, adolescentes y la juventud; a la protección de las personas adultas y discapacitados; por mencionar algunos de los derechos elevados a la categoría de “Derechos Humanos” bajo la Constitución; así como la reivindicación de los derechos de la poblaciones originarias a existir libremente, a la protección de sus identidades culturales, a la libre determinación y territorialidad; a la protección de sus lugares sagrados; al respeto a la medicina tradicional, idioma, rituales y símbolos y vestimentas; a un medio ambiente sano; y el respeto a los pueblos que viven en aislamiento y opten por no ser contactados y continuar viviendo en tal condición.

Nada de ello hubiera sido posible si no hubiera sido como consecuencia del triunfo que encabezó el Movimiento al Socialismo (MAS) bajo el liderato de Evo Morales y la obra titánica de su gobierno.

Ciertamente, en el proceso se confrontan dificultades de la misma manera que se producen tropiezos y errores. Desde el punto de vista del estricto derecho, tenemos la noción de que las constituciones votadas por el pueblo en el ejercicio de sus prerrogativas soberanas, deben ser objeto de acatamiento absoluto. De ahí la sorpresa que nos causa que un Tribunal Electoral resuelva una controversia electoral a partir de normas contenidas en un Tratado o Pacto Internacional y no en la Constitución. De la misma manera nos cuestionamos cómo, si la controversia sobre la renominación de términos fue sometida al escrutinio popular en referéndum, no se acate el resultado de la consulta. Este error, sin embargo, a la vez que se señale y discuta, no debe confundirnos, yendo a caer en las garras del discurso imperialista, que como bien sabemos, lo que le interesa es acabar con los avances alcanzados por Bolivia en su lucha por el adelanto de la justicia social para su pueblo.