Como si se hubiera vivido en un largo letargo, al grito de ¡Chile despertó!, cientos de miles de chilenos han tomado las calles, como lo soñara el presidente mártir Salvador Allende en su último mensaje radial al pueblo chileno aquél fatídico 11 de septiembre de 1973, desbordando finalmente las grandes alamedas. En efecto, se cumplió poco más de un mes de continuas manifestaciones en que, a partir del 18 de octubre, el pueblo chileno ha transitado de un proceso de lucha reivindicativa esencialmente económico a uno definitivamente político. Las protestas por el aumento al precio del metro, que es lo que dispara hace un mes las movilizaciones sociales en las cuales el estudiantado jugó un rol protagónico, hoy se transforman en el reclamo de un proceso político constituyente en el cual la demanda por reformular el Estado chileno es la consigna del pueblo.

Atrás han quedado expresiones como las inicialmente señaladas por el presidente Piñera, calificando la protesta social como obra de “delincuentes”. Bajo la presión del pueblo el presidente chileno ha tenido que entender que de lo que se tratan las movilizaciones, es del reclamo de un pueblo que, tras la vivencia de una cruel dictadura militar y del ensayo del montaje del proyecto neoliberal, ya no duerme más con la resignación de permanecer cruzado de brazos víctima de una mayor opresión, en un nuevo despertar que le lanza a ser protagonista de su propio futuro.

Las imágenes que vemos en los medios de comunicación y las redes sociales, muestran una gran participación en las manifestaciones en todo el país de personas con menos de sesenta años de edad. Esto refleja que quienes han tomado las calles son aquellos que siendo niños y jóvenes, sus padres, madres y abuelos fueron víctimas directas e inmediatas del Golpe de Estado de 1973.

Atrás ha quedado el “shock” producido por un régimen de terror, tortura y asesinatos. En efecto, Chile despertó. Hoy decenas y cientos de miles de chilenos, como fueron antes en 1970 quienes se sumaron a la lucha por el socialismo al calor de la Unidad Popular, se lanzan a las calles de todo Chile reclamando profundas transformaciones al Estado chileno; reclamando el fin de las políticas de choque neoliberales; demandando nuevos espacios de democracia participativa; y sobre todo, convocándose a echar abajo esa rémora de la dictadura que aún representa la Constitución del Estado chileno, la Constitución impuesta en 1980 por los militares en el poder como precondición para un regreso a la seudo institucionalidad civil en el país.

La presencia de la fuerza militar en las calles de las principales ciudades de Chile; la manera en que ésta se ha comportado frente al pueblo, exhibiendo como antes grandes dosis de deshumanización en su función represiva y evidente menosprecio por la vida de los manifestantes, son un mensaje claro de que el poder del Estado chileno sigue estando en manos de los estamentos militares que le sostienen.

Se indica por la prensa chilena que, según datos de la Cruz Roja, al presente suman más de 2,500 los heridos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos estima los mismos en 2,381. Como parte de ellos se cuentan 285 personas que han recibido trauma en sus ojos como resultado del uso contra ellos de las llamadas “balas de goma”, disparadas intencionalmente a sus caras por los carabineros, de los cuales 33 han perdido total y permanentemente su visión en los ojos impactados. Estas “balas de goma” realmente se componen en un 20% de caucho y 80% de plomo, silicio y sulfato de bario. El plomo las hace más pesadas, mientras el sulfato de bario las hace más penetrantes. En materia de personas fallecidas durante las protestas, ya suman 23, sin contar los miles de detenidos, torturados, e incluso, según se ha denunciado, una cantidad indeterminada de mujeres detenidas y violadas por integrantes de los organismos de seguridad chilenos.

La denuncia nacional e internacional sobre el uso de las “balas de goma”, junto a la manera en que la policía chilena está utilizando las mismas contra los manifestantes, ha llevado hace unos días al Director General de Carabineros a suspender temporalmente el uso de este tipo de proyectil contra manifestaciones públicas. Tal suspensión, sin embargo, no es absoluta dado que su utilización sigue siendo considerada como un “proyectil no letal” que, en determinadas circunstancias, podría justificarse su uso.

El aumento en el precio del transporte público, principalmente del metro, que para algunas familias representó casi el 30% de lo que es su ingreso mensual, fue el detonante o la causa próxima de las protestas sociales, pero no la razón única. Detrás de este aumento también se encuentra la disparidad y desigualdad en el ingreso de los trabajadores en un país en el cual, para el año 2017, se estimaba que el 1% de la población más adinerada se quedaba con el 26% de la riqueza; y donde el 50% de los hogares apenas accedía al 2.1% de la riqueza; un país donde para estos sectores menos privilegiados, los incrementos en la educación, el agua y electricidad, así como el deterioro de los servicios de salud, ya hacía tiempo venían golpeando el bolsillo de los trabajadores.

Hoy las movilizaciones reclaman se camine hacia un proceso nacional constituyente; uno en el cual el pueblo chileno, como soberano y a través de delegados, opte por la reestructuración del Estado político chileno, lo que incluye una nueva constitución para el país. La fuerza de las movilizaciones sociales ha ido llevando al gobierno encabezado por el presidente Piñera a modificar su discurso hacia los manifestantes, a proponer opciones transaccionales como fue dejar sin efecto el incremento en el transporte y comprometerse a evaluar otro tipo de medidas. Sin embargo, una de las propuestas recientes sobre el tema de una nueva constitución presenta a su vez dificultades.

A finales de la pasada semana, específicamente el viernes 15 de noviembre, se dio a conocer un acuerdo, del cual no participó el Partido Comunista de Chile aunque sí la mayoría de los partidos políticos (catorce en total), agrupados en el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”. Bajo el mismo se someterán a la consideración del pueblo chileno en referéndum a llevarse a cabo durante el mes de abril de 2020 dos preguntas: Primero, si el electorado está o no de acuerdo con una nueva Constitución; Segundo, qué tipo de órgano debe redactar la nueva Constitución: (a) una Convención Constitucional o (b) una Convención Mixta. La propuesta conlleva, además, la exigencia de dos terceras partes del voto de los delegados como quorum necesario para aprobar los cambios propuestos a la Constitución.

En el caso de la organización “Convergencia Social”, uno de sus diputados que participó de la firma a título personal, provocó la renuncia de algunos de sus militantes. Lo mismo ha pasado con otras agrupaciones políticas. Si bien el Partido Comunista no participó del Acuerdo, aún no es claro si participará o no de la consulta. Otras instancias organizativas como “Unidad Social”, también han rechazado el Acuerdo.

La diferencia entre un mecanismo y el otro es que bajo el segundo, la mitad del cuerpo de delegados sería compuesto por actuales diputados en la Asamblea Legislativa chilena. En la segunda modalidad, el 100% de los delegados serían elegidos directamente por el pueblo

De acuerdo con lo informado, si a la primera pregunta la respuesta fuera mayoritaria en favor de un SI a una nueva Constitución, entonces, durante el 25 de octubre de 2020, se procedería a la selección de los delegados, ya sea en la totalidad bajo una Convención Constitucional o en la mitad bajo una Convención Mixta.

El mandato en uno y otro caso sería reformular la Constitución vigente de 1980, reformada en 1989, que como indicamos, es un documento aprobado bajo la bota de la dictadura militar de Pinochet. Sin embargo, esa no es la demanda que han asumido los chilenos de a pie, aquellos y aquellas que han venido desbordando las calles del país durante el pasado mes y que al presente reclaman, no una “convención constitucional”, sino una “convención constituyente”.

La diferencia salta a la vista. Bajo la primera, se delega una facultad limitada a los delegados seleccionados en el marco de llevar a cabo modificaciones a la constitución vigente; bajo la segunda, se plantea la reformulación por parte del soberano desde cero. Lo anterior supone que el pueblo, sin una limitación más allá de lo que es el ejercicio de su poder constituyente, se reserva el derecho de establecer un nuevo orden constitucional donde se configure un nuevo Estado político. Bajo esta última, se trasciende en marco limitado de reformas políticas por otro, donde también se incluyen, y hasta donde decidan sus integrantes, reformas económicas, sociales y de otra naturaleza.

Ya desde el 7 de noviembre, la Asociación Chilena de Municipalidades, integrada por 330 de las 345 municipalidades en el país, había convocado a una consulta a realizarse el próximo 7 de diciembre sobre si el pueblo estaba o no de acuerdo con una nueva constitución. Esta convocatoria, sin embargo, fue dejada sin efecto luego del anuncio hecho por el gobierno de Piñera en torno al denominado “Acuerdo”.

Es evidente que la propuesta impulsada por Piñera no procura trascender el modelo económico neoliberal en Chile; ni busca atender los problemas mas acuciantes del pueblo trabajador; ni ampliar el modelo de democracia representativa a una verdadera y real democracia participativa y consultiva, como la que impulsan algunos sectores en lucha. Sin embargo, encuestas de opinión realizadas a raíz del anuncio señalan que con relación a la primera pregunta, más del 80% de los encuestados se expresan en favor de aprobar la primera pregunta con un SÍ, y en el caso de la segunda pregunta, más del 60% se expresan en favor de la Convención Constitucional, mientras que entre el 24.4% y el 35% se expresan en favor de la Convención Mixta.

Habrá que esperar a ver el desarrollo de los acontecimientos en Chile y si desde la militancia y lucha popular, se radicaliza aún más el contenido del “Acuerdo” anunciado, transformando así el concepto de Convención Constitucional a uno de Convención Constituyente.