El 20 de octubre de 2019 los electores bolivianos recurrieron a las urnas para la elección de su presidente y vicepresidente, 130 diputados y 36 senadores. La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, dispone que para ser electo en una primera vuelta electoral, el candidato a la presidencia y su compañero(a) de boleta como vicepresidente debe obtener la mayoría absoluta de los votos de aquellos que participaron en el proceso; o guardar una distancia de más del diez por ciento de los votos (10%) respecto al candidato que llega en la segunda votación. De lo contrario, sería necesaria una segunda elección entre los dos candidatos más votados y el que gane en esa segunda vuelta electoral, sería la persona que asumiría la presidencia.

En el caso de aquellas elecciones, de no haberse alcanzado la mayoría absoluta por alguno de los candidatos a la presidencia; o sin alcanzarla, que la distancia con relación al segundo no fuera mayor al mencionado 10% de los votos, se tendría que efectuar una segunda vuelta el 15 de diciembre de 2019; es decir, dentro de los noventa días siguientes a la primera elección, tal cual mandata la Constitución. Las candidaturas a la presidencia y vicepresidencia del país, a diferencia de otras candidaturas, compiten a nivel nacional para dichos puestos.

En el Estado Plurinacional de Bolivia, conforme al artículo 166 de la Constitución, se vota mediante sufragio universal, obligatorio, directo, libre y secreto. De acuerdo con el artículo 171, los electores también tienen a su alcance el mecanismo de consulta revocatoria para los casos de la presidencia y vicepresidencia. Esta petición debe efectuarse dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que se formalice y se cumpla con los requisitos de ley.

El proceso de aquella campaña electoral en Bolivia se desarrolló en el marco de la derechización de algunos de los gobiernos sudamericanos, como fueron los casos de Chile (con la que Bolivia mantiene un diferendo heredado de conflictos bélicos del siglo XIX cuando Bolivia perdió su acceso al mar a través de la región sur de su territorio); y los casos de países vecinos como Argentina, Paraguay, Brasil, Colombia y Perú.

Aquellas elecciones en Bolivia se produjeron, además, en momentos no sólo inciertos, sino también difíciles para la izquierda latinoamericana. Los comicios se llevaron a cabo en un contexto precedido por la campaña lanzada por varios países de América Latina, Estados Unidos, algunas voces trasnochadas con sus propios problemas y limitaciones desde la Unión Europea y de la OEA, en una cruzada contra la República Bolivariana de Venezuela. Entre otras acciones destaca la promoción, no sólo intentos desestabilizadores, golpistas y de clara amenaza de intervención militar; sino también, en un contexto donde tales amenazas y maquinaciones se extendían, además, hacia Cuba y Nicaragua. Parte del esquema de la oposición en Bolivia fue intentar deslegitimar el resultado de la elección, incluso antes de que la misma se hubiera efectuado.

De acuerdo con datos oficiales, luego de completado el examen del 100% del voto emitido, Evo Morales se posicionó con el 47.07% de los votos, mientras el candidato Carlos Mesa se situó con apenas poco más del 36.51%. Bajo esta distribución de los votos, Evo Morales fue proclamado presidente por el Tribunal Supremo Electoral por haber obtenido una diferencia de 10.56% de los votos respecto a Carlos Mesa, es decir, 648,180 votos sobre el número alcanzado por Mesa. Sin embargo, la pequeña diferencia porcentual en votos, que evitaría la segunda vuelta, y el hecho de que se hubiera interrumpido en algún momento al conteo de los votos, estimuló la denuncia de Mesa de fraude en las elecciones, de lo que también se hicieron eco algunos países de la región y la OEA y ciertamente, otros sectores de la derecha boliviana, particularmente en los departamentos de la llamada “Media Luna”, Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija. Se trata de los mismos departamentos que 11 años antes habían promovido un proceso secesionista en este país, pretendiendo fracturar el Estado boliviano creando en la región oriental y limítrofe con la amazonía, un Estado separado del resto de Bolivia.

A pesar de ello, sin embargo, los sectores de la derecha oligárquica boliviana iniciaron un proceso de movilizaciones, quema de locales del Movimiento al Socialismo dirigido por Evo Morales, de agresiones a familiares de éste y militantes de la organización o funcionarios de su gobierno; así como de actos de violencia callejera dirigidos a forzar su renuncia a la presidencia y la dimisión de su gobierno. Luego de aceptar un proceso de recuento de los votos por instancias adscritas a la Organización de Estados Americanos, a la altura del mes de noviembre, Evo Morales anunció su renuncia a la presidencia, instalándose un gobierno de facto bajo la presidencia de Jainine Áñez a partir del día 14 de noviembre.

La decisión del presidente Morales fue tomada dentro de su confianza de que con ello, impediría una guerra civil en su país, o la alternativa tantas veces habida en la historia de Bolivia de una quiebra en la institucionalidad democrática, imponiéndose un gobierno militar. Sin embargo, a pesar de que no había una base material de la cual partir para asumir que ese ejercicio de confianza del presidente Evo Morales tendría una caja de resonancia en el futuro desarrollo de los sucesos en su país, el vacío de su renuncia y de importantes miembros de su gobierno, dejó a Bolivia a la expectativa de, si en efecto, habría una nueva elección; de si en efecto, la paz y la tranquilidad en el país serían restablecidas de inmediato; y sobre todo, cuál sería la respuesta de los movimientos sociales, campesinos e indígenas a este nuevo escenario ante los sectores golpistas.

De acuerdo con María Galindo, en su artículo publicado en la página electrónica OtraMirada, previo al golpe contra Evo Morales, se dio una reunión en una universidad católica de Bolivia donde participaron, entre otros, el embajador de Brasil, un representante de la Agencia Central de Inteligencia y el representante de los sectores empresariales de Santa Cruz y portavoz de la derecha fascista en Bolivia, Fernando Camacho. Es en dicha reunión que surge el nombre de Jeanine Áñez. Indica Galindo:

“Necesitaban alguien funcional a todos, dispuesto a matar gente por si hubiera alguna revuelta, dispuesto a asumir el cargo con los militares en las calles, alguien que se dejara imponer gabinete de asesinos y asaltantes, necesitaban una persona manejable que funcione como un trapo de piso con cuyo nombre limpiar el golpe de estado. Es ahí que suena el nombre de Jainine Áñez; una senadora periférica de la derecha, que jamás había jugado papel alguno que no sea defender a sus jefes, hacer declaraciones racistas y obedecer.”

Indica la autora que el precio pagado por sus servicios, fueron entre 200 mil y 300 mi dólares. Instalado un gobierno de “transición”, en medio de la más cruda represión contra las poblaciones originarias y la militancia del Movimiento al Socialismo, el gobierno provisional, que se suponía durara hasta el 22 de enero, se ha extendido por parte de los golpistas. Ahora, bajo la consigna de “Año Constitucional-Judicial 2020”, el gobierno de Áñez ha convocado nuevas elecciones en Bolivia para el próximo 3 de mayo. En ellas, la propia usurpadora de la presidencia del país, ha anunciado su decisión de ser candidata en las elecciones bajo la premisa de que “fracasaron los intentos de consolidar una candidatura de unidad que haga frente al MAS.”

Ante esta intención, José Luis Ríos Vera, en artículo publicado el pasado 30 de enero en ALAI-amlatina titulado Las elecciones ‘libres, justas, inclusivas y transparentes’ no existen, señala que “distintos candidatos presidenciales del bloque golpista, junto con distintas fuerzas políticas, tal como el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), le solicitaron a Áñez que desista de su candidatura, ya que ello ‘debilita el proyecto de un frente común anti masista.”

Este autor, al describir la situación en Bolivia, señala que hoy día, “la contrarrevolución usurpa la soberanía popular, conculca los derechos democráticos, controla las condiciones sociales e institucionales del proceso electoral mediante: a) políticas de claro predominio de contra- seguridad (combate a la ‘sedición’, al ‘terrorismo’, a la ‘corrupción’ , a la ‘impunidad’, etc.); b) una monumental campaña de mentiras que acusan de ‘Fraude’ en la elección del 30 de octubre; c) las violentas acciones neofascistas lideradas por la ‘Resistencia’ ; d) un Estado policial que arbitrariamente ejecuta ‘detenciones preventivas’ y asedio judicial contra dirigentes y representantes de masas entre las fuerzas del MAS.”

Aunque todavía es temprano para conclusiones, esta situación de división en el seno de la derecha golpista puede ser positiva para el MAS en el contexto de la contienda electoral. En esta ocasión, habiendo oficializado sus candidaturas, concurren en el proceso electoral seis organizaciones: por el centro-derecha, “Comunidad Ciudadana” con Carlos Mesa como candidato presidencial; por la derecha, las organizaciones “Creemos”, con su candidato Luis Fernando Camacho, “Libre”, con su candidato Jorge Quiroga; “Frente para la Victoria Bolivia”, con su candidato Chi Hyun Chung; “Juntos” con su candidata Jeanine Áñez; y por la izquierda, el “Movimiento al Socialismo” con su candidato Luis Arce Catacora. Por un lado, si el MAS logra asegurar su base social, tiene la posibilidad de prevalecer en una primera vuelta alcanzando más del 40% de los votos necesarios. Si por el contrario ninguno de los partidos alcanza ese porciento y es necesario ir a una segunda vuelta, podría repetirse el escenario que se dio en las pasadas elecciones con el contrincante que tuvo Morales, Carlos Mesa, cuando logró el apoyo tras su candidatura a las principales organizaciones de derecha en Bolivia.

Otro escenario, que en el caso de Bolivia no debería sorprendernos si tomamos en consideración los distintos períodos presidenciales previo al triunfo de Evo Morales, es que la propia derecha promueva contra un sector distinto, dentro de esa misma derecha, otro golpe de Estado, en esta ocasión para sacar del medio a la actual presidenta usurpadora y sustituirla por otra opción presidenciable que asegure los intereses de la oligarquía boliviana y de los Estados Unidos en este país.

Al presente, no obstante, las encuestas hechas en el mes de enero dan al MAS como la organización que más votos obtendría en una primera vuelta fijando su apoyo, al menos en tres encuestas, entre ellas una atribuida a la propia embajada estadounidense, de entre un 20.7% y un 37%, seguidos por Áñez, Mesa y Camacho. De ser necesaria una segunda vuelta, la misma se celebraría el 14 de junio de 2020.

Al candidato a la presidencia por el MAS se le están presentando obstáculos por parte del gobierno golpista con el propósito de intentar frustrar su candidatura. Lo mismo ocurre en el caso de Evo Morales, quien desde Argentina, donde permanece refugiado, ha anunciado la intención de presentarse como candidato a senador por la circunscripción de Cochabamba de donde es oriundo, a quien el gobierno usurpador le niega la devolución de su libreta de servicio militar para cuya gestión ha otorgado un poder notarial a su abogado Luis Casas para así registrar su candidatura. El poder otorgado autoriza a que en su nombre, Casas hiciera las correspondientes gestiones para obtener la documentación y procurar su registro. Sin embargo, los foros ante los cuales Morales puede recurrir para garantizar su inscripción, la Fiscalía y el Tribunal Supremo Electoral, son hoy instancias también controladas por el gobierno usurpador. De hecho, el Ministro de Gobierno, Antonio Murillo, ya ha adelantado que se propone denunciar al expresidente, alegando que tiene procesos penales pendientes y cuestionando el poder notarial conferido.

En estos momentos, como claramente indica José Luis Ríos Vera en el artículo antes citado, tras “la apariencia de ‘gobierno de transición democrática’, se oculta una forma política de excepción armada y apoyada por el imperialismo estadounidense. Es en esta forma de Estado, situada en la fase del eslabón golpista de ‘elecciones libres’, que debemos poner nuestra atención.” Mientras tanto, las movilizaciones continúan y la lucha del pueblo por el rescate de su normalidad constitucional y democrática continúa su rumbo propugnando por el regreso del Movimiento al Socialismo al poder político en el Estado Plurinacional de Bolivia.