16 de julio de 2021

En el Diccionario de la Lengua Española figuran dos términos que ameritan su discusión en el marco de los sucesos acaecidos el pasado domingo en Cuba y sobre los cuales, la prensa a escala global no cesa de comentar. El primero de ellos es la palabra “protestar”, la cual en al menos dos de sus acepciones, significa: “Expresar generalmente con vehemencia, su queja o disconformidad” / “Expresar la oposición a alguien o algo”. El segundo término es “subvertir”, donde la definición que se nos brinda es: “Transformar o alterar algo, especialmente el orden establecido.”

La protesta es parte de las manifestaciones que asume el ser humano para expresar su inconformidad ante una situación que puede ser objetiva, o que en su percepción, le afecta. La manera de comunicar tal protesta suele ser de forma individual o colectiva.  Con la protesta, la persona persigue enviar un mensaje de inconformidad, así como el reclamo de cambio o transformación ante una situación dada. Como derecho natural en los seres humanos, la protesta no tendría que ser legislada, sencillamente se ejerce. Sin embargo, el Estado suele regular el ejercicio de la protesta distinguiendo en ella la expresión individual o colectiva de los ciudadanos reclamando la reparación de un agravio o la atención de un requerimiento; de lo que es la protesta orientada a subvertir el orden, el estado normativo o la legalidad vigente.

Existe una clara y marcada diferencia entre la protesta dirigida a comunicar un mensaje al Estado sin que ello necesariamente conlleve derrocar el orden constitucional o legal establecido y la subversión. Esta última, si bien puede tener un paralelo con el ejercicio natural de una protesta, va dirigida a derogar el orden legal vigente, lo que también implica, echar abajo los cimientos del Estado contra el cual va dirigida la acción individual o colectiva.

En ambos casos, los límites de la protesta tienen consecuencias diferentes. Como regla general, los límites del ejercicio del derecho a la protesta se regula en el marco civil por ley; en el caso de la protesta dirigida a la subversión se sanciona por ley penal. Cuando la protesta se organiza desde el exterior del país o del Estado, el derecho internacional cataloga la misma como un acto injerencista, violatorio de la soberanía nacional del Estado contra el cual la misma va dirigida. En este último caso, el Estado puede tomar medidas de excepción dirigidas a neutralizar, ya sea protestas o iniciativas de subversión, ello en aras de la defensa de la soberanía nacional frente al Estado injerencista. Este y no otro es el marco desde el cual debemos examinar los recientes sucesos acaecidos en Cuba.

Nadie puede negar los esfuerzos hechos por la Revolución Cubana en proveerle a su pueblo acceso a la educación, a la cultura,  a la salud, al deporte y al trabajo, aún bajo las difíciles condiciones impuestas por el imperialismo estadounidense tras casi seis décadas de Bloqueo económico. Nadie tampoco puede negar los intentos por parte de los Estados Unidos para derrocar la Revolución Cubana, lo que ha incluido, la agresión armada contra su pueblo como ocurrió en Playa Girón. En el caso de las medidas económicas impuestas por el Bloqueo, se trata de una política elaborada, orientada y ejecutada por el Gobierno de los Estados Unidos para que, a través de los efectos que las privaciones materiales producto del bloqueo económico provoquen en la población, se fuerce un cambio radical en el cual la ciudadanía, hastiada de privaciones económicas, opte por el derrocamiento del gobierno revolucionario.

Apenas dos semanas antes de las recientes protestas desarrolladas en Cuba, en las Naciones Unidas, el bloqueo impuesto por los Estados Unidos a Cuba, recibió un sonoro rechazo por parte de 184 países, frente a dos votos en contra y tres abstenciones. La votación, efectuada el 23 de junio, constituyó la vigésimo novena ocasión en que la Asamblea General de la ONU aprueba una resolución en rechazo a la política del gobierno de los Estados Unidos en el bloqueo económico impuesto a dicho país. En esa fecha, el canciller cubano denunció el Bloqueo como una “violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano”, y  como “un acto de genocidio.”

Los efectos económicos del Bloqueo a Cuba comenzaron a sentirse  desde la Administración Eisenhower cuando el 19 de octubre de 1960 se prohibieron la exportaciones de bienes desde Estados Unidos a Cuba. Luego, desde las 12:01 de la mañana del día 7 de febrero de 1962, la Administración Kennedy decretó la imposición oficial de Bloqueo a Cuba. Las medidas económicas contra este hermano país han conllevado pérdidas económicas ascendentes a $147,853 millones. Como indicó el canciller cubano al referirse al momento actual, se trata de “una guerra económica de alcance extraterritorial contra un país ya afectado en el período reciente por la recesión y la crisis económica global provocada por la pandemia.”

Si bien a finales del mandato presidencial del presidente estadounidense Barack Obama se dieron acercamientos entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba que llevaron al restablecimiento de relaciones diplomáticas y la flexibilización de algunas de las medidas del Bloqueo a Cuba, aquel avance limitado fue frenado bajo la administración de Donald Trump. En su cuatrienio, Trump no sólo revirtió algunos de los cambios promovidos por Obama, sino que impuso otras 243 medidas dirigidas a acentuar el Bloqueo a Cuba, 55 de ellas en el año 2020. Entre la nuevas medidas cabe mencionar:

(a)  limitaciones a los viajes de estadounidenses a Cuba;

(b)  limitar y obstaculizar el envío de remesas económicas desde los Estados Unidos a residentes en Cuba, incluyendo el cierre de más de 400 oficinas de “Western Union”;

(c)  la adopción de medidas dirigidas a afectar la inversión extranjera en Cuba por parte de empresas acogidas a la “Ley de Inversión Extranjera en Cuba”, prohibiéndoles transacciones con el Banco Financiero Internacional de Cuba e incluyendo a dicha entidad en la lista de empresas cubanas con las cuales los estadounidenses no pueden hacer negocios;

(d)  estableciendo una prohibición a los ciudadanos estadounidenses que viajaran a Cuba de alojarse en hoteles cubanos propiedad del Estado;

(e)  prohibiendo la llegada de cruceros, propiedad de o que partieran de, los Estados Unidos hacia Cuba; y la peor, que en el pasado se tuvo y se había derogado;

(f)    incluyendo a Cuba en una lista que compartiría con la República Popular Democrática de Corea, la República Árabe de Siria y la República Islámica de Irán, como “Estados que promueven el terrorismo.”

La reducción sustancial de turistas provenientes de los Estados Unidos y de la Unión Europea a Cuba producto de las medidas adoptadas por Trump y los efectos de la pandemia de la COVID-19; la inversión económica del país en la prevención y tratamiento de contagios por la COVID-19 entre su propia población; la falta de divisas producto de la afectación en el turismo y la cancelación del envío de remesas de familiares desde los Estados Unidos para adquirir bienes, mercancías y alimentos en el exterior; entre otras, ha causado limitaciones a la población cubana que no se tenían desde la inicios de la década de 1990 y el llamado Período Especial. A lo anterior se suma el diseño para el contexto cubano de métodos de subversión ya ensayados durante la llamada Primavera Árabe a comienzos del siglo 21 en el norte de África y el Medio Oriente. Estos métodos, utilizados también en lugares como Ucrania, Venezuela y Siria, se han valido de las redes sociales para promover la protesta subversiva en estos países y la desestabilización de sus gobiernos. Por esto, lo que pudimos observar en las manifestaciones del pasado domingo en Cuba nos recuerda lo ocurrido en algunas de las manifestaciones observadas en estos otros países.

Ciertamente en las protestas  desarrolladas en Cuba hay una base material vinculada con las limitaciones económicas por las cuales la población atraviesa. Pero la culpa principal de la situación, aún teniendo presente señalamientos hechos hacia funcionarios corruptos o negligentes en el descargo de sus funciones, no puede atribuirse a su gobierno. Aún dentro de las limitaciones, por ejemplo, en una de las áreas más impactadas por la situación actual en Cuba que es la salud como resultado de la pandemia de la COVID-19, su gobierno ha hecho esfuerzos extraordinarios que hoy le colocan como el primer país latinoamericano en haber desarrollado al menos tres de cinco vacunas ensayadas en sus laboratorios que pueden competir con aquellas logradas por países primermundistas para enfrentar la pandemia.

La falta de divisas por vía del turismo y las remesas ha precarizado la capacidad del gobierno cubano para la compra y adquisición de bienes y productos en el extranjero, lo que provoca carestías en la adquisición de bienes de consumo que sencillamente no están llegando a manos de la población. Igualmente, la reintegración por parte de los Estados Unidos a Cuba en su lista de países promotores del terrorismo, le ha cerrado o limitado el acceso a las puertas en el mercado internacional para la obtención de préstamos o financiamiento en los organismos monetarios internacionales. También es un factor a considerar, a la hora de evaluar las causas de estos sucesos, el financiamiento de las protestas a través de la inyección de decenas de millones de dólares en Cuba, que van a parar a personas y organizaciones civiles controladas por los Estados Unidos y la Unión Europea, desde las cuales se fomenta la protesta dirigida a subvertir el orden prevaleciente.

Para quienes en Puerto Rico se hacen eco de la campaña mediática llevada a cabo contra Cuba, calificando su gobierno como un “régimen dictatorial”, sería bueno que echaran una mirada a aquellos gobiernos que se llaman a sí mismos democracias, comenzando con el propio Estados Unidos, que nos impone una Junta de Control Fiscal acentuando así el control político, económico de un país sobre otro. Con una mirada a los Estados Unidos, nos preguntamos ¿de cuánta democracia puede hablar en un país donde un presidente no votado por el pueblo, promueve casi una insurrección entre sus seguidores para la toma del Capitolio en su afán por impedir que su contrincante en las elecciones fuera certificado como ganador de las elecciones, como ocurrió el pasado 6 de enero en los últimos días de la Administración Trump? ¿De cuánta democracia podemos hablar en países como Colombia y Chile cuando observamos las protestas sociales continuas llevadas a cabo, las cuales han arrojado el saldo de decenas de manifestantes muertos, heridos con bala viva o balas de goma, con la pérdida de ojos, arrestos masivos, torturas, violaciones de mujeres y desapariciones? ¿Qué haría el gobierno de los Estados Unidos si mañana la Unión Europea, la Federación Rusa o la República Popular China decidieran unilateralmente imponerles un bloqueo como el que sufre Cuba? ¿Cuánta responsabilidad y con qué derecho se arroga Estados Unidos el derecho a forzar un cambio político en Cuba financiando desde el exterior a las agrupaciones contrarrevolucionarias o elementos antisociales que promueven la subversión en este país?

La Constitución de la República de Cuba establece el marco normativo de los derechos de los ciudadanos cubanos. También establece el marco normativo de sus deberes. En su artículo 45 dispone que en el ejercicio de los derechos ciudadanos, tales derechos sólo se limitarán “por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes.” Es dentro del marco de este tipo de disposición que debe analizarse si lo ocurrido por parte de la población cubana que participó de los sucesos observados por todos nosotros a través de las redes sociales, se produjo dentro del marco de una protesta social; o si realmente fueron protestas dentro del marco de la subversión del estado normativo prevaleciente.

Es importante reiterar, que como parte de la reflexión, debemos tomar en consideración si el desarrollo de su convocatoria surge de sectores interiores  en Cuba inconformes con la situación que les afecta; o si detrás de tal inconformidad, se cuajó o no una planificación orquestada desde el exterior por el exilio cubano en Miami o los organismos de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos.

Rosa Miriam Elizalde en el período digital La Jornada, edición de 14 de julio de 2021, en un artículo titulado Lo que no dicen de Cuba, indica que desde el año 2017 viene desarrollándose en torno a este país una “guerra de información al viejo estilo de los halcones que susurran en el oído de los presidentes de Estados Unidos”, los cuales proponen la “intervención humanitaria”. Menciona también como desde febrero de 2020, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro y congresistas en el estado de la Florida, “lanzaron la campaña en redes titulada Crisis en Cuba: represión, hambre y coronavirus”. Indica que en aquel momento, a pesar de las nuevas medidas impuestas por la Administración Trump, todavía no había en Cuba casos de COVID-19, ni falta de alimentos  o medicinas. Destaca que como parte de la guerra mediática, las manifestaciones surgidas en apoyo a la Revolución y en rechazo a las protestas, se proyectaron en las grandes cadenas como protestas sociales contra el gobierno cubano. Señala cómo instancias en la redes sociales como Twitter “amplificaron millones de mensajes y dieron instrucciones para el acoso coordinado a influencers con el objetivo de dar volumen a la etiqueta #SOSCuba.

Nos recuerda la periodista que ya desde 2003, el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos había declarado “al ciberespacio como nuevo territorio a conquistar”, ello en el marco de la ciberguerra. Nos dice sobre el particular: “La desinformación, el fraude y la manipulación no sólo intentan convertir en estallido social disturbios creados en laboratorios estadounidenses, sino convertir a los espectadores en cómplices de un crimen contra millones de cubanos.”

En las escenas que hemos podido observar, sin embargo, a diferencia de aquellas que como indicamos vimos su desarrollo en Chile, Colombia y otras “democracias” en Europa, no hemos visto tanquetas lanzando agua a los manifestantes; ni policías o agentes disparando contra civiles en las calles o desde azoteas; no hemos presenciado el despliegue de tropas militares armadas con fusiles de asalto en las calles y vecindarios; no hemos presenciado asesinatos o desapariciones de periodistas; ni siquiera hemos visto escenas como las que hemos vivido en Puerto Rico de parte de la policía en la represión de manifestaciones de estudiantes y obreros.

Como el derecho a respirar, que repito no hay que legislarlo para ejercerlo, es natural que sectores de la población afectados por las limitaciones que actualmente sufre el pueblo cubano, pierdan el norte dirigiendo su protesta contra el gobierno y no contra quien es responsable de las carencias que sufre, que no es otro que el gobierno de los Estados Unidos y la política criminal de un Bloqueo impuesto hace ya casi seis décadas y acentuado en los pasados años. Sin embargo, aún así, cuando el pueblo desea hacer sentir su presencia en la calle, así lo hace. Y esto es lo que ha hecho el pueblo cubano en esta coyuntura, cuando frente a manifestaciones de inconformidad contra su gobierno, se ha lanzado a la calles de manera multitudinaria, en claro apoyo a su Revolución, a su gobierno y en rechazo a la política injerencista de los Estados Unidos sobre Cuba.

Es ahí y no en otro contexto, donde debemos fijar posiciones.  Cuba es un país con 11.2 millones de habitantes. Los participantes de las protestas el pasado domingo numéricamente hablando, siguen siendo sectores marginales de la población y no representan la mayoría de la población cubana, que sigue estando comprometida con la defensa de su soberanía nacional y su Revolución. En el proceso, recurriendo a la frase del Apóstol de la Independencia de Cuba, afirmamos: “Quien se levanta hoy por Cuba, se levanta para todos los tiempos”.

Como convocara Fidel al pueblo cubano hace casi seis décadas a la defensa de su Revolución, la consigna sigue siendo ¡Patria o Muerte, Venceremos!