22 de febrero de 2024

Durante los días 20 y 21 de febrero del año en curso se llevó a cabo en el Reino Unido de la Gran Bretaña una vista en torno a la extradición del Julián Assange a los Estados Unidos. Sobre su persona pesan 18 cargos formulados por el gobierno estadounidense por espionaje e intrusión informativa al amparo de la Ley de Espionaje de 1917, según enmendada.

Assange, nacido el 3 de julio de 1971 en Townsville, Australia y de ocupación “informático”, desde muy joven era considerado un “hacker” de computadoras. Como programador, fue el creador del programa cifrado Rubberhost, utilizado para el desarrollo posterior del programa TrueCry y otros. A nivel universitario estudió  matemáticas y física en la Universidad de Melbourne, Australia aunque no completó su carrera. Se indica que también ha estudiado neurociencias y filosofía.

Para 1999, Assange registró un sitio en la web que denominó Leaks.org, aunque a nivel mundial desde el 2006 se conoce más bajo el nombre de Wikileaks. Assange fue galardonado con varias distinciones internacionales, entre las que destaca el reconocimiento de Amnistía Internacional de los medios británicos de 2009 por su exposición de los crímenes cometidos en Kenia. También ha sido reconocido por la importante revista The Economist.

A través de Wikileaks, Assange hizo público en diversas ocasiones millones de cables secretos, entre ellos, comunicados del Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos con sus sedes diplomáticas; comunicaciones entre el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos y otras instancias de su gobierno; cables y comunicaciones secretas o privadas de diversos gobiernos y funcionarios con otros países y personalidades, incluyendo operaciones encubiertas que a juicio de los Estados Unidos; que al menos en lo que a su gobierno respecta, pone en riesgo la identidad de personas y funcionarios encubiertos, así como operaciones secretas de este gobierno en el exterior.

Así las cosas, Assange fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber expuesto entre 2010 y 2011 información clasificada. El hecho es que parte de la información y de los datos recopilados electrónicamente hechos públicos, lo que revelan, entre otros aspectos, son las violaciones de derechos humanos cometidas por los Estados Unidos contra prisioneros de guerra en sus intervenciones militares en Afganistán y en Iraq.

Los documentos publicados por Assange, a su modo de ver las cosas, partieron de la premisa del derecho de los ciudadanos a conocer las actuaciones de sus gobernantes. Una segunda premisa fue que tal conocimiento o información permitiría sacar de la ignorancia a los ciudadanos sobre qué realmente hacen y ocultan sus gobernantes. Evidentemente se produce un punto de encontronazo en cuanto al manejo de la información y los datos donde no siempre las anteriores premisas caminan de la mano con la seguridad del Estado.

El 21 de julio de 2010 la policía sueca emitió una Orden de Arresto contra Assange acusándole de violación a la ciudadana de origen cubano Ana Ardin, activista de la extrema derecha cubana de este país. Si bien la acusación fue retirada por la propia fiscalía sueca sobre la base de inexistencia de pruebas; más adelante, otra fiscal de rango superior consideró que sí había base suficiente para enjuiciar al imputado. Assange también fue imputado de acoso sexual a otra mujer relacionada con Ana Ardin la que señala que fue inducida a sostener relaciones sexuales mientras dormía sin utilizar un condón.

A raíz de las acusaciones, Assange optó por esconderse y luego huir al Reino Unido, por lo que Suecia solicitó la intervención de la Interpol. Siendo detenido en Londres, fue llevado ante la justicia y puesto en libertad provisional mediante la prestación de fianza. Aprovechando la situación,  fue a la embajada de Ecuador donde solicitó asilo político alegando la fabricación de las imputaciones en su contra.

El derecho al asilo político o diplomático existe desde tiempo inmemorial. Actualmente se encuentra reglamentado a nivel internacional mediante la Convención de Viena de 1961. Las razones para conceder o denegar una petición de asilo político están directamente vinculados con el ejercicio de las prerrogativas soberanas de cada Estado. De la misma manera, los fundamentos para la petición de asilo político se encuentran definidos o demarcados por las convenciones internacionales que han atendido este tipo de petición.

El Reino Unido de la Gran Bretaña, Estados Unidos, Suecia y Ecuador en el pasado han considerado, aprobado o denegado peticiones de asilo hechas por ciudadanos de otras nacionalidades. Siendo la prerrogativa soberana de cada Estado su concesión o su denegación, ningún Estado extranjero puede, a base de sus propias leyes, interferir con el ejercicio soberano de otro Estado en el proceso de aprobar o denegar una petición de asilo político o diplomático.

Desde el mes de junio de 2012, el gobierno ecuatoriano bajo el presidente Rafael Correa estuvo examinando los méritos de la petición de Assange. Durante ese tiempo fue enorme la presión de países como Estados Unidos y el Reino Unido de la Gran Bretaña sobre la República de Ecuador para que esta última no le concediera asilo político.

Llama la atención en el manejo del caso de Julián Assange un movimiento no solo inusual, sino claramente violatorio del derecho internacional vigente. Ya en el momento de solicitar asilo político, las autoridades británicas le habían comunicado al gobierno ecuatoriano que no descartaban una incursión en la sede de su embajada para evitar el asilo político de Julián Assange y su eventual salida del país.

En un ejercicio de prepotencia, no basada en el derecho internacional, sino en una ley aprobada por el Reino Unido de la Gran Bretaña, dicho gobierno se arroga el derecho a actuar ocupando la sede de una embajada. De acuerdo con la ley, lo único que el gobierno inglés necesita, es cancelar las visas del personal diplomático y solicitar de éstos el abandono del país para así indicar que la sede de la embajada está sin uso y, en consecuencia, proceder a ocupar la misma.

La decisión final tomada por la República de Ecuador bajo el gobierno de Rafael Correa en cuanto a conceder asilo político a Julián Assange fue una afirmación clara de dicho gobierno de sus derechos soberanos. La respuesta de Londres expresando su repudio la decisión de asilo fue señalar que no concedería salvoconducto a Assange para abandonar la embajada ecuatoriana y trasladarse a Ecuador o a un tercer país. Esto supuso para Assange permanecer dentro de la embajada, básicamente como si fuera un arresto domiciliario por muchos años.

Tanto el Reino Unido de la Gran Bretaña, como Suecia, Estados Unidos y Ecuador, reconocen en sus leyes el derecho a solicitar asilo político o diplomático. Las razones para concederlo o denegarlo están directamente vinculados con el ejercicio de las prerrogativas soberanas de cada Estado; de la misma manera que los fundamentos para la petición de asilo se encuentran definidos o demarcados por las convenciones internacionales que han atendido este tipo de petición. De hecho, tanto el Reino Unido de la Gran Bretaña, como Estados Unidos, Suecia y Ecuador en el pasado han considerado, aprobado o denegado peticiones de asilo hechas por ciudadanos de otras nacionalidades. Siendo la prerrogativa soberana de cada Estado su concesión o su denegación, ningún Estado extranjero puede, a base de sus propias leyes, interferir con el ejercicio soberano de un Estado en el proceso de aprobar o denegar una petición de asilo político o diplomático.

Luego de asumir la presidencia de Ecuador Lenin Morero, Assange publicó a través de Wikileaks actos de corrupción  en Ecuador que vinculaban a la familia de Moreno, lo que le valió el retiro de la condición de asilado político y de la ciudadanía ecuatoriana conferida por el anterior presidente Rafael Correa.  Moreno expresó que Assange había violado “demasiadas veces” el acuerdo de convivencia para garantizar su permanencia en la embajada del país sudamericano. Moreno consintió que las autoridades británicas le arrestaran en el interior de la embajada el 11 de abril de 2019, ello a petición del gobierno de los Estados Unidos.

Entrevistado por BBC en Bruselas, Bélgica, Rafael Correa manifestó que la eventual detención de Assange por parte del gobierno de Moreno no le sorprendía, aunque si le resultaba increíble “la brutalidad con la que se llevó a cabo”.  Señaló que desde el principio de su gobierno Moreno había negociado con los Estados Unidos su entrega al gobierno británico.

El 6 de junio de 2023 el Juez Jonathan Swift denegó el permiso solicitado por la representación legal de Assange para recurrir contra la orden de extradición emitida en favor de los Estados Unidos y dio por buena la misma. Es con relación a dicha denegatoria que en los días 20 y 21 de febrero de 2024 se llevó a cabo la nueva vista en la cual otros dos jueces, Victoria Sharp y Adam Johnson, escucharon los argumentos de la defensa en su petición de reconsideración.

De acuerdo con su abogado Edward Fitzgerald, la acusación contra Assange “tiene motivaciones políticas”. Esta consideración es importante ya que, de ser aceptada por los dos jueces, derrotaría y revocaría la Orden de Extradición del Juez Swift. Indicó a tales efectos Fitzgerald lo siguiente:

“…Assange expuso una criminalidad grave. Está siendo procesado por realizar una práctica ordinaria, obtener información  y publicar información clasificada, información que es a la vez verdadera, y de evidente e importante interés público.”

De no prevalecer la defensa, Assange sería extraditado a los Estados Unidos enfrentando juicio con una exposición, de hasta 175 años de prisión, aunque tratándose de la Ley de Espionaje de los Estados Unidos, no puede de antemano descartarse la pena de muerte. Sin embargo, en tal caso, su representación legal podría aún recurrir en revisión ante el Tribunal de Apelaciones de Londres; y más adelante, de sostenerse nuevamente el fallo negativo para Assange, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este tribunal fue creado mediante Tratado en 1950 del cual el Reino Unido es  uno de sus signatarios. Si se acogiera la petición de Assange, el Tribunal de Apelaciones de Londres podría disponer la paralización de la extradición y ordenar la celebración de un nuevo juicio. El mismo resultado se obtendría en una decisión favorable por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En múltiples ciudades se desarrollaron actividades de solidaridad en apoyo a Assange durante los pasados días. El mundo espera el resultado final de este caso. Las denuncias hechas por Assange de los crímenes de los Estados Unidos en Afganistán e Iraq con los prisioneros de guerra capturados en su intervención militar en estos dos países, sin embargo, cada día que pasa se quedan cortas cuando miramos las atrocidades y escenas contra la población civil en el genocidio llevado a cabo por el Estado de Israel contra la población civil en Gaza y Cisjordania. Al momento de publicar este escrito, ya sumaban 29,313 muertos y 68,552 heridos, entre los cuales, una gran cantidad de víctimas son niños, mujeres y ancianos.

La posibilidad de una incremento sustancial en el número de bajas se aproxima ante el ultimátum emitido por Israel de lanzar una ofensiva total sobre la ciudad de Rafah en la Franja de Gaza. Hacia este lugar se ha desplazado un millón y medio de palestinos huyendo de las atrocidades de las operaciones de guerra de Israel en la porción norte y central de Gaza. La situación se ve agravada ante la decisión del Egipto de construir un muro de hormigón que contendría el éxodo de palestinos al interior de este país.

Mientras esto ocurre, por tercera ocasión el gobierno de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, mediante el ejercicio de su poder de veto, ha descarrilado otra Resolución para imponer un alto al fuego inmediato. Para ello su representante propuso otra que contempla “un alto al fuego temporal tan pronto como sea factible.” Sería una tragedia que ese fuego temporal se alcance cuando ya no haya nada que remediar. Después de todo, la intención del gobierno de Netanyahu es clara cuando indicó que Israel debería ejercer total control y dominio de todo el territorio al oeste del Río Jordán hasta el Mar Mediterráneo; es decir, sin la ocupación palestina de los territorios de la Franja de Gaza y Cisjordania.nsi-font-family:Arial; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-font-kerning:1.0pt; mso-ligatures:standardcontextual; mso-ansi-language:ES-TRAD;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}