31 de octubre de 2024

El pasado 26 de octubre de 2024 se efectuaron elecciones generales en la República Oriental de Uruguay. Las mismas fueron ganadas por el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi quien obtuvo el 43.7% de los votos frente a Álvaro Delgado, candidato oficialista del Partido Nacional quien obtuvo el 26.9% de los votos. Sin embargo, para ser certificado como ganador de una elección a la presidencia del país, el candidato debe obtener el 50% más uno de los votos, por lo que de no alcanzar esa mayoría absoluta, deberá llevarse a cabo una segunda vuelta electoral la cual está ya pautada para tener efectos el día 24 de noviembre de 2024.

El tercer candidato más votado fue  Andrés Ojeda del Partido Colorado con 16.1% de los votos. Tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, durante mucho tiempo, fueron los partidos de la alternancia. Ambos son agrupaciones conservadoras de derecha, lo que en la segunda vuelta podría suponer una alianza entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, los cuales juntos representan el 43% de los votos emitidos en la primera vuelta, lo que deja casi en un virtual empate los votos del Frente Amplio en la primera vuelta frente a la suma de los votos de estas dos agrupaciones. Existen otras dos agrupaciones que bien podrían juntarse con el Partido Nacional en la segunda vuelta y son el Partido Independiente, que obtuvo el 1.7% de los votos y Cabildo Abierto que obtuvo el 2.4% de los votos. En el proceso de votación también participó Identidad Soberana el cual obtuvo el 2.69% de los votos.

La composición del Senado quedó configurada con 16 escaños para el Frente Amplio, 9 para el Partido Nacional y 5 para el Partido Colorado.  En el caso de la Cámara de Representantes, la composición fue de 48 escaños para el Frente Amplio, 29 para el Partido Nacional, 17 para el Partido Colorado, 2 para Identidad Soberana, 2 para Cabildo Abierto y 1 para Partido Independiente.

Uruguay es un país situado en la porción sureste de América del Sur. Siendo un país considerado pequeño a la luz de la extensión territorial de sus vecinos Brasil y Argentina,  de hecho el segundo más pequeño de América del Sur, cuenta sin embargo con una extensión territorial de más de 176 mil kilómetros cuadrados; es decir, más de quince veces la extensión territorial de Puerto Rico. Su población es de alrededor de 3,444,263 personas, contando con una densidad poblacional de apenas 19 habitantes por kilómetro cuadrado. En las elecciones pasadas el número de votantes registrados fue de 2, 727,120 de los cuales 2,443,378 votaron.

Afectado por una profunda crisis económica a mediados de la década de 1950, las condiciones materiales existentes llevaron al desarrollo de un amplio movimiento revolucionario, particularmente a partir de la década de 1960. En el año 1973 el entonces presidente de la república, Juan María Bordaberry, disolvió el parlamento uruguayo y con el apoyo de las Fuerzas Armadas creó un Consejo de Estado al cual se le asignaron funciones legislativas. Mediante este cambio de timón golpista, Bordaberry procedió a limitar el ejercicio de los derechos ciudadanos desatando políticas represivas contra el pueblo, las cuales se extendieron incluso más allá de la conclusión de su mandato presidencial. En 1976 Bordaberry fue removido de su cargo por las Fuerzas Armadas por lo que a partir de esa fecha, los presidente uruguayos pasaron a ser meros alter egos de las Fuerzas Armadas.

Durante los años en que los militares estuvieron de facto al frente de las instituciones uruguayas, cientos de militantes de izquierda fueron apresados, torturados, desaparecidos o asesinados. Uno de estos encarcelados y torturados, quien pasó más de 13 años en una cárcel de máxima custodia a pesar de haberse escapado más de una vez, fue  José Mújica, quien para entonces era un combatiente del Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros).

Durante las décadas de 1970 y 1980 Uruguay formó parte de los gobiernos militares involucrados en la famosa “Operación Cóndor”, dirigida por Estados Unidos y ejecutada por las dictaduras militares instauradas en los países del Cono Sur, saber: Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

El Frente Amplio gobernó Uruguay durante los años 2005 a 2020. Constituido el 5 de febrero de 1971, se considera una “fuerza política de cambio y justicia social”. Se define a sí mismo como una fuerza “progresista, democrática, popular, anti oligárquica y antiimperialista.” No se trata de una fusión de esfuerzos organizativos, sino de una alianza o coalición de esfuerzos. Las organizaciones fundadoras fueron  el Movimiento por el Gobierno del Pueblo (Lista 99); Partido Demócrata Cristiano; Movimiento Blanco Popular y Progresista; Frente de Izquierda de Liberación; Partido Comunista; Partido Socialista (Izquierda Nacional); Movimiento Herrerista (Lista 58); Grupos de Acción Unificadora; Partido Obrero Revolucionario (Trotskista); Movimiento Revolucionario Oriental; Comité Ejecutivo Provisorio de los Ciudadanos; y 10 invitados que estuvieron presentes en el acto fundacional.

Las Bases Programáticas adoptadas el 17 de febrero de 1971 fueron actualizadas el 9 de agosto de 1984. Sus pilares fueron: Democracia y Estructura Política; Estructura Económica; Sector Agropecuario; Sector Industrial; Sistema Financiero; Salud; Vivienda; Educación y Cultura;  Población; Seguridad Social; Política Internacional; Integración económica internacional; y un conjunto de 22 medidas especiales de emergencia. Para cumplir sus propósitos, el Frente Amplio se propuso entonces: restablecer el estado de derecho en el país; la defensa de la soberanía nacional y la obtención de la independencia económica; el inicio del proceso de transformaciones estructurales para alcanzar mayor capacidad productiva y hacer irreversible el cambio social; la redistribución del ingreso en favor de los grupos sociales más afectados; establecer la efectividad del derecho al trabajo; elevar el interés social resolviendo problemas de vivienda, salud y educación; pacificar al país; y sanear la administración pública.

El Frente Amplio en Uruguay surge antes de la Dictadura Militar, organizado bajo el liderato de Liber Seregni. En su documento constitutivo se señala  lo siguiente: “Convencidos de que ninguna fuerza política por sí sola es “capaz de abrir una alternativa cierta de poder al pueblo organizado, hemos entendido que constituye un imperativo de la hora, concertar nuestros esfuerzos, mediante un acuerdo político para establecer un programa… de contenido democrático y antiimperialista…para sacar al país de su estancamiento, redistribuir de modo equitativo el ingreso, aniquilar el predominio de la oligarquía de intermediarios, banqueros y latifundistas; y realizar una política de efectiva libertad y bienestar, basada en el esfuerzo productivo de todos los habitantes de la República.”

El documento propuso: (a) Constituir un frente político unitario—Frente Amplio—mediante la conjunción de las fuerzas políticas y ciudadanas, abierto a la incorporación de otras fuerzas políticas; (b) contraer un compromiso formal de establecer un programa común, ceñirse a él en lucha fraternal y solidaria colaboración, y actuar en forma coordinada en todos los campos de la acción política sobre la base de atribuirle al pueblo organizado democráticamente el papel protagónico del proceso político; (c) establecer que el Frente Amplio no es la fusión de las organizaciones sino una coalición de fuerzas donde cada uno de los participantes retiene su identidad; y finalmente, (d) declarar que el objetivo fundamental del Frente Amplio no era la contienda electoral, sino la acción  política permanente.

Durante los años de la Dictadura el Frente Amplio se fortaleció como resultado de la convergencia de las distintas fuerzas políticas de izquierda en Uruguay dentro de una propuesta de regreso a la democracia y de enfrentamiento a las terribles condiciones económicas en las cuales las políticas neoliberales habían sumido al país.

En un lento y gradual proceso político de reforma constitucional iniciado a partir del 1980, el país fue moviéndose de cara al retorno a la institucionalidad. Una ley aprobada por los partidos políticos tradicionales determinó la amnistía para los delitos cometidos en operaciones anti subversivas a partir de 1 de enero de 1962. Otra ley, aprobada por el parlamento en 1986, denominada “Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, mejor conocida como “Ley de la Impunidad”, decretó la inimputabilidad de todos los miembros de la policía y las Fuerzas Armadas por violaciones de derechos humanos cometidas entre 1973 y 1985.

En las elecciones de 1989, luego de un difícil proceso de recogido de firmas, donde el 25% de los electores suscribió la petición para un referéndum revocatorio de la referida Ley, la mayoría de los electores uruguayos, en un 57% de los votos emitidos, rechazó el pedido. A pesar de este resultado donde se permite la impunidad por los crímenes cometidos por la Dictadura, el Frente Amplio  persistió en su programa reivindicativo, abriendo las esperanzas de cambio en Uruguay.

Inicialmente, el Frente Amplio logró copar las elecciones municipales en diferentes regiones del país, incluyendo la de Montevideo, la capital de la nación. En las elecciones de 2004, siendo el Doctor Tavaré Vázquez, quien provenía del Partido Socialista el candidato a la presidencia del país, el Frente Amplio logró una contundente victoria en la primera vuelta de los comicios obteniendo el 50.6% de los votos emitidos. En su gabinete participaron personas provenientes de su organización política, así como representantes de los partidos Independiente, Vertiente Artiguista, Movimiento de Participación Popular, Alianza Progresista y del Partido Comunista. En la coalición de fuerzas que representaba el Frente Amplio se encontraban, además, el Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros) del cual resultó electo senador José Mújica, e incluso sectores de la democracia cristiana.

Durante los siguientes cinco años la República Oriental de Uruguay experimentó transformaciones importantes: su economía obtuvo un crecimiento estimado en promedio de 5.5%; se redujo la pobreza de un 34% estimada en el año 2006, a 11.5% a la altura de 2013; el desempleo se redujo al mínimo histórico de un 6%, con un impresionante aumento en las inversiones y la gradación de sus bonos. Se indica que la clave del éxito estaba en cómo el Frente Amplio había venido desarrollando políticas económicas “ortodoxas”, aumentando los impuestos y ampliando la redistribución de la riqueza, junto con políticas más severas en contra de la evasión contributiva.

Durante la posterior presidencia de José Mújica, la imagen del país dio la vuelta al mundo. Con el presidente “más pobre del planeta”, Mújica sentó una nueva e inspiradora pauta de lo que era servir al pueblo. Cada uno de sus señalamientos, incluso aquellos relacionados con la política internacional, no pasaban desapercibidos por los pueblos y gobernantes de los demás países.

El impacto del mandato de Mújica como presidente llevó en la siguientes elecciones a que el candidato opositor por el Partido Nacional, el principal de oposición, adoptara un nuevo discurso donde destacaba un conjunto de elementos positivos del mandato del Frente Amplio y en particular de Mújica como Presidente, vendiéndose a sí mismo como el único candidato con posibilidades de profundizar las transformaciones efectuadas en la década anterior.

Uruguay es un  país donde el voto no se concibe como derecho sino como obligación o deber ciudadano y donde su incumplimiento está sujeto a sanción. En aquellas elecciones se incorporaban 250 mil nuevos electores, la gran mayoría jóvenes que no vivieron los años de la Dictadura. De ahí que todos los partidos hicieron sus mayores esfuerzos por incorporar esta enorme fuerza política a sus filas. Si consideramos que la población del país era de apenas 3.34 millones de habitantes de los cuales 2.56 millones eran electores hábiles, la nueva fuerza electoral representaba aproximadamente el 10% del electorado.

La socióloga puertorriqueña Marcia Rivera, quien reside en Uruguay  y quien ha seguido de cerca el proceso electoral uruguayo, en un artículo publicado entonces en el periódico Claridad de cara a las anteriores elecciones de 2009, señalaba lo que a su juicio podía explicar el por qué en aquellos comicios el Frente Amplio no validó el resultado obtenido en las elecciones de 2004 en las que no fue necesario ir a la segunda vuelta. Así las cosas, la Dra. Rivera enumeraba las siguientes causas: a) las dificultades impuestas por el sistema electoral, donde se requiere para el triunfo de un partido en una primera vuelta el 50% más uno de los votos emitidos, incluyendo en el conteo porcentual aquellos votos en blanco o anulados, que en aquellas elecciones resultaron ser el 2.85% de los votos; b) la poca renovación del Frente Amplio en sus candidatos a escaños legislativos; c) la pobre participación en las candidaturas de mujeres; d) las situaciones que bordearon el proceso de selección del candidato a la vice presidencia; e) los aspectos mediáticos de la campaña en la proyección del candidato a la presidencia y en la proyección de la obra desarrollada por el Frente Amplio durante su gobierno; f) las discrepancias y problemas habidos en el seno de la izquierda uruguaya; y finalmente, g) el estilo confrontacional por el cual optó el Frente Amplio en su campaña contra los otros partidos opositores.

Estaría por verse si en esta nueva coyuntura las limitantes que fueron entonces identificadas por la Dra. Rivera han sido superadas dentro del marco del proceso político uruguayo o si todavía prevalecen. Está por ver si en la segunda vuelta el próximo 24 de noviembre se repite el triunfo del Frente Amplio, o si por el contrario, la derecha logrará consolidar una fuerza crítica lo suficientemente relevante como para disputar la futura presidencia de la República Oriental del Uruguay al Frente Amplio.