Pocas noticias han tenido en vilo al mundo en las pasadas semanas como el accidente el 5 de agosto de 2010 en Chile donde quedaron atrapados a casi 700 metros de profundidad 33 trabajadores mineros.

Chile, que hace apenas unos meses había acercado la mirada del mundo a su territorio por dos sucesos previos: las elecciones presidenciales, en las cuales un candidato de derecha recuperó la dirección presidencial del país para los intereses de clase neoliberales que representa; y el terremoto que sacudió importantes zonas de la república, causando grandes daños a su infraestructura, sistema sanitario y educativo, hoy se suma el accidente ocurrido en la mina San José, localizada en una zona desértica, conocida como el Desierto de Atacama, en la región de Copiapó.

Chile es una nación ubicada en la región occidental de América del Sur. Colinda en su porción terrestre, al Este con Argentina, mientras al Norte colinda con Bolivia y Perú. Al Oeste, Chile limita con el Océano Pacífico mientras al Sur, queda el Cabo de Magallanes que divide los Océanos Atlántico y Pacífico. La superficie total del país abarca 756,096.3 kilómetros cuadrados. En el convive una población calculada en aproximadamente 17 millones de habitantes. En la zona desértica donde ocurrió el accidente viven apenas 270 mil chilenos.

La región en la cual está localizada la Mina San José corresponde, geográficamente hablando, a una zona conflictiva en el proceso histórico de configuración de los actuales límites geográficos de la República de Chile. Se trata de una región impactada en alguna medida como resultado de la Guerra del Pacífico, que involucraría a Chile con Bolivia y Perú y que terminaría mediante la firma de los Tratados negociados a finales de la década del 1880 entre las partes beligerantes, donde importantes territorios ricos en minerales serían anexados por Chile y donde, además, Bolivia perdería su única salida al mar.

El drama que nos presenta el accidente en la mina San José, sin embargo, no es un drama donde hayan salido a relucir estas diferencias históricas aún sin resolver definitivamente entre estos países. Todo lo contrario, la experiencia habida en los pasados meses, sobre todo a partir de la corroboración de que los mineros sepultados incluyendo un boliviano estaban con vida, ha posibilitado unir en una sola expresión no solo un país profundamente dividido en lo económico, social y político, en gran medida como resultado del trauma dejado por la Dictadura de Pinochet y el regreso de las fuerzas de la derecha a la dirección del Estado, sino también, en múltiples expresiones de solidaridad por parte de sus vecinos.

La situación surgida, sin embargo, no debe opacar nuestras miradas dejándonos envolver en una marea de alegría, que ciertamente sí está presente ante el desenlace habido. Por el contrario, nos debe mover a una mayor reflexión sobre las causas del accidente. Desde ya se hacen importantes señalamientos sobre las precarias condiciones de trabajo impuestas a los trabajadores mineros a las cuales se añade el relajamiento en las medidas de salud y seguridad en el trabajo. De hecho, pasó casi imperceptible en la discusión pública de los pasados días los señalamientos hechos por dirigentes mineros sobre otros accidentes y muertes que a la altura del accidente del 5 de agosto ya habían causado tales condiciones inseguras de trabajo. Más aún, incluso desde las profundidades de la tierra que sepultó a estos 33 mineros, se escuchaban los reclamos de mayor seguridad para los trabajadores de las minas.

Ciertamente, corresponderá a la clase obrera chilena y a sus sectores organizados aprovechar la coyuntura favorable que representa este drama en la conciencia de la población chilena, para impulsar aquellos cambios y ajustes necesarios que permitan que situaciones análogas en el futuro no vuelvan a repetirse.

Sin embargo, seríamos injustos si a la vez que formulamos estos señalamientos, dejáramos también de destacar las gestiones afirmativas asumidas por el Estado chileno es esta coyuntura. Por eso vemos con  esperanza el compromiso asumido por el presidente chileno a los efectos de que próximamente llevará a cabo gestiones dirigidas a una reforma laboral en Chile que propenda a atender, entre otros, este tipo de reclamos. De hecho, lo ocurrido en Chile no se trata de  la primera experiencia en este tipo de accidentes ya sea en este país o en otras regiones del mundo. Todavía se encuentra fresca en nuestra memoria el drama ocurrido en México ante un accidente similar en una mina donde la respuesta del Estado,  transcurrido varios días sin lograr acceder el área donde deberían encontrarse ubicados los mineros, sencillamente dieron por concluidas las labores de rescate, sin más, procediendo a sellar el acceso hacia el posible lugar donde estaban los trabajadores al momento del accidente declarando muertos a los obreros afectados.

En Chile afortunadamente observamos una actitud distinta. Se trató de una actitud perseverante en el proceso de auscultar si había algún resquicio de vida entre los mineros, donde una vez corroborada que estaban con vida, se realizaron esfuerzos más allá de los imaginables para diseñar, con la colaboración internacional, pero a partir de esfuerzos propios, los mecanismos de rescate.

En adelante no deberán existir excusas para que en un accidente se llegue hasta los accidentados, ya sea para la recuperación de los sobrevivientes  o para el rescate de sus cuerpos trayéndoles a la superficie sin abandonarles u olvidarles.

Uno de los organismos que regulan a nivel internacional las relaciones laborales es la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este organismo, que emana de la Organización de las Naciones Unidas, es el responsable por la fijación de las normas internacionales del trabajo a las cuales se comprometen en su cumplimiento aquellos Estados soberanos que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas y que a su vez suscriban sus Acuerdos, Normas y Reglamentaciones. La reciente experiencia chilena es un buen laboratorio para que organismos como la OIT asuman la responsabilidad por la revisión de sus normas y reglamentaciones, si algunas, que contribuyan a mejorar la seguridad de los trabajadores de la minería a escala mundial así como las respuestas a dar por los Estados afiliados ante sucesos como el planteado en el caso de los mineros chilenos.

El principio enunciado en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico desde 1952 en su Artículo II, Sección 16, a los fines de demandar y exigir que todo patrono garantice a sus empleados un ambiente de trabajo libre de riesgos a su salud y su seguridad, debe ser el principio rector en todo tipo de reglamentación laboral, sea esta en una colonia como Puerto Rico, sea en una potencia imperial como Estados Unidos o sea en la normativa internacional a escala planetaria. Después de todo, el principio de que las personas siempre deben ser más importantes que las cosas, es un excelente comienzo en la elaboración de normas más justas y equitativas en el mundo del trabajo.

15 de octubre de 2010