El 11 de septiembre de 2011 marca, en nuestra historia hemisférica, el recuerdo de dos grandes sucesos. El primero de ellos ocurrió en el año 1973.

Bajo el manto encubierto de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y en confabulación con las fuerzas armadas de Chile y los sectores empresariales empeñados en implantar el modelo neoliberal impulsado por la llamada “Escuela de Chicago bajo la inspiración de Milton Friedman”, un Golpe de Estado derrocó al gobierno constitucional de Salvador Allende. La secuela del Golpe dejó miles de chilenos asesinados, torturados, desaparecidos y exiliados, mientras el gobierno militar se encargó de desmontar el conjunto de reformas económicas y políticas impulsadas por el Gobierno de la Unidad Popular.

El segundo de ellos ocurrió hace exactamente una década cuando, conforme a la información oficial divulgada por las autoridades estadounidenses, aviones comerciales repletos de combustible y convertidos  por sus secuestradores en misiles letales, impactaron las llamadas Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York y el edificio del Pentágono en Washington; mientras en un tercer incidente, ocurrido sobre el espacio aéreo de Pensilvania, otro avión se precipitaba a tierra muriendo todos sus ocupantes.

Bajo el primer suceso, se instaura en Chile un régimen de terror, encabezado por una dictadura militar, que se prolongaría por más de una década con efectos desastrosos al interior del país. Los sucesos acaecidos en Estados Unidos, por su parte, llevaron a desatar lo que ha venido a llamarse por sus gobernantes como la “Guerra contra el Terrorismo”, guerra que vendría a librarse, según indicara el Presidente George W. Bush, en todos los frentes de batalla: militar, inteligencia, acciones de cumplimiento de ley y el frente diplomático.

Cuando aún no se conocía la identidad de las personas responsables por los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, al día siguiente, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1368. En ella exhortó a la comunidad internacional a colaborar con urgencia para someter a la justicia a los autores, patrocinadores y organizadores de dichos atentados. La Resolución convocaba a la comunidad internacional a prevenir y rechazar los actos de terrorismo y tomar aquellas medidas necesarias para responder y combatir el mismo.

Con el aval de la Resolución 1368 de la ONU, el día 14 de septiembre de 2001, el Presidente George W. Bush inició la promulgación de varias Ordenes Ejecutivas dirigidas a preparar las condiciones para Estados Unidos responder a la llamada amenaza a su seguridad. Así las cosas, se creó una “Oficina de Seguridad” y un “Concilio de Seguridad”, ambas adscritas a la Oficina del Presidente. La tarea asignada a estas instancias fue el desarrollo y coordinación de la estrategia nacional de seguridad de Estados Unidos contra el terrorismo. Otra Resolución de las Naciones Unidas, la número 1373 de 28 de septiembre de ese año, legitimó el uso de la fuerza por parte de los Estados miembros a través de todos los medios necesarios, según la Carta de la ONU, para enfrentar las amenazas a la paz y seguridad internacionales. La Resolución instó a los Estados a actuar con urgencia y tomar aquellas medidas necesarias para combatir el terrorismo.

En el plano doméstico, el conjunto de Órdenes Ejecutivas fue a su vez acompañado por acción congresional. El 26 de octubre de 2001, el Congreso de Estados Unidos aprobó lo que se conoce como “Ley USA PATRIOT”. Tal  nombre es un acrónimo que en inglés significa “Uniting and Stregthening America Providing Appropiate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism”, (Unir y Fortalecer América al Proporcionar las Herramientas necesarias para Interceptar y Obstruir el Terrorismo). A juicio del gobierno estadounidense, esta Ley crearía el marco necesario para atender las nuevas amenazas a la seguridad estadounidense. Su contraparte, también aprobada por el Congreso, fue la “Foreign Intelligence Surveillance Act”. Mediante esta última, se autorizó el espionaje en Estados Unidos de sus propios residentes y ciudadanos por parte de las agencias de inteligencia utilizadas por este país para la vigilancia extranjera.

En su origen la Ley PATRIOT planteó cientos de cambios o modificaciones en múltiples y diferentes leyes entonces vigentes en Estados Unidos. Así también, la Ley formula nuevos elementos limitativos del ejercicio de los derechos constitucionales no contemplados hasta entonces para ciudadanos estadounidenses. Algunas de las enmiendas formuladas fueron adoptadas sujetas a un término de vigencia limitada (“sunset clauses”), es decir, ya en la redacción de la enmienda estaba consignada la fecha en que los cambios introducidos perderían vigencia, restituyendo así el anterior estado de derecho expirado el plazo prescrito. A pesar de lo anterior, sin embargo, estando muchas de estas enmiendas ya próximas a la fecha de expiración, el Congreso de Estados Unidos extendió las mismas por periodos de tiempo adicionales, definidos o indefinidos. Como resultado, cambios que en un principio respondieron temporalmente a ciertas circunstancias, eventualmente pasaron a ser permanentes en la vida del pueblo estadounidense.

Así ocurrió cuando se aprobó en 2003 la llamada “Domestic Enhancement Act”, también conocida como la Ley PATRIOT II; con la Ley de Seguridad Interna de 2001, al ser creado el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (“Homeland Security Department”); con la “Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act”, de 2004; con la “Patriot Improvement and Authorization Act” de 2005; o con la más reciente extensión, ocurrida el pasado 26 de mayo de 2011, cuando se amplió por cuatro años adicionales el término permitido para que las autoridades escuchen, sin sujeción a las restricciones existentes previo al 11 de septiembre de 2001, llamadas telefónicas; la realización de investigaciones en negocios mediante órdenes judiciales; y la vigilancia de ciudadanos extranjeros que podrían estar participando en la planificación de ataques terroristas dentro de Estados Unidos.

Durante los pasados años también se han presentado en el Congreso de Estados Unidos múltiples proyectos de ley bajo la premisa de atacar el terrorismo internacional o doméstico. Entre ellas se encuentran medidas que han pretendido la reactivación de algunas modalidades de Servicio Militar Obligatorio; o medidas como la contemplada en el H. R. 1955 (“Violent Radicalization and Homegrown Terrorism Prevention Act”) de 2007, donde ya no se plantea atacar el terrorismo en sus etapas de planificación y ejecución, sino ampliar las facultades de espionaje de los organismos de seguridad de Estados Unidos contra agrupaciones legales donde se pudiera entender que elementos radicales o potencialmente susceptibles a vincularse con actividades terroristas, pudieran esconderse o cobijarse. Así las cosas, organizaciones tales como grupos comunitarios, ambientalistas, políticos, educativos, defensores de los derechos civiles o sociales de los inmigrantes,  por sólo mencionar algunos, que pudieran servir de guarida para activistas propensos a actividades catalogadas por las agencias de seguridad como terroristas , podrían ser objeto de penetración y control por tales agencias de seguridad, independientemente no se estableciera vínculo alguno con una actividad ilegal. Se trata de una variante legalizada de los operativos de COINTELPRO (“Counter Intelligence Program”) de la década de los sesenta y setenta del siglo pasado, utilizados en Puerto Rico contra el independentismo y en Estados Unidos contra organizaciones progresistas y revolucionarias.

Los efectos en los pasados años de este conjunto de medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos, ha colocado a sus propios ciudadanos en la mirilla de lo que antes su propio gobierno denunciaba en otras regiones del planeta como prácticas típicas de regímenes totalitarios o represivos. Cada día la sociedad estadounidense vive más insegura, mientras hipoteca al gobierno sus derechos en aras de una supuesta seguridad que no existe.

Otra de las consecuencias habidas para la sociedad estadounidense en la pasada década ha sido la que ha involucrado a Estados Unidos posiblemente en la guerra más larga que ha tenido que librar dicho país en su historia, la llamada guerra contra el terrorismo. Esta guerra no deja de cobrar vidas de ciudadanos estadounidenses en operaciones militares en decenas de países del Medio Oriente, África y Asia. Denominadas como “Operation Iraqi Freedom”, “Operation New Dawn” y “Operation Enduring Freedom”, tales intervenciones militares le han costado a Estados Unidos más de cincuenta y un mil bajas, incluyendo muertos y heridos.

A pesar de que en la pasada década se han incrementado las medidas de seguridad en el país, rayando en la supresión de derechos y conquistas democráticas de las cuales como indicamos, se ufanaba el ciudadano estadounidense promedio frente a sus vecinos del Sur, la realidad es que hoy Estados Unidos es más inseguro que nunca antes.

Los miles de millones de dólares invertidos en tecnologías, medidas de represión, diseño de leyes más restrictivas al ejercicio de los derechos ciudadanos establecidos en las primera diez enmiendas de su Constitución, el uso de nuevos y más sofisticados recursos de vigilancia, la construcción de muros en sus fronteras para el control del acceso de extranjeros en su territorio y el desarrollo de acuerdos de colaboración con organismos de seguridad de otros países, por solo mencionar algunas medidas, en nada han servido para el que ciudadano promedio confíe más en su gobierno o se sienta protegido por él. Mientras tanto, la polarización en el país continúa en aumento entre los sectores liberales y aquellos que demandan un Estado más fuerte, aún a costa de la supresión de las libertades individuales uniformes para todos los ciudadanos.

Esa derecha conservadora es la que va ganando espacio en el debate político cotidiano en Estados Unidos. Los avances ideológicos del llamado conservadurismo estadounidense, hoy galopante bajo el nombre del movimiento del “Tea Party”, va absorbiendo en su seno a los viejos profetas del “Ku Klux Klan”, de los movimientos de supremacía blanca en Estados Unidos y los detractores del federalismo en su afán de articular un claro programa de corte reaccionario y derechista en Estados Unidos. Estos, en conjunto con una visión dirigida al desmantelamiento del Estado Benefactor que privilegia en la intervención del Estado en los procesos económicos, es la misma que lanzaría a la desesperanza a amplias capas de la población en Estados Unidos y afianzaría cada vez más, el apoderamiento a todas luces evidente del complejo industrial-militar en la conducción de la política estadounidense.  A lo anterior puede sumarse un ultra conservadurismo religioso anti musulmán, que promueve el odio hacia aquellos que profesan su fe teniendo como base el Corán.

Estados Unidos vive hoy una realidad distinta a aquella que existía a la altura de septiembre de 2001 cuando los atentados contra las Torres Gemelas. Hoy día en Estados Unidos prevalece una situación de crisis económica severa donde el potencial de desarrollo de las luchas y protestas sociales, tienen la capacidad de sumarle un ingrediente adicional a cualquier amenaza externa en respuesta a sus políticas intervencionistas  e imperiales a escala mundial.

La coincidencia de estos factores propende al fortalecimiento del aparato represivo del Estado y la limitación de las libertades a su propia población. Bajo tales circunstancias, el avance en un discurso que promueva el miedo, la inseguridad, el odio religioso y el racismo, no son sino la incubadora de un llamado hacia una mayor restricción de derechos ciudadanos en Estados Unidos que posibilitarían llegar a límites que quizás hoy todavía nos resulten difíciles de asimilar. Por eso se ha dicho que a la larga el fascismo, en alguna de sus modalidades, puede imponerse por la extrema derecha en este país como solución a la crisis económica, política y social en Estados Unidos. Ante un escenario así, el único antídoto es la lucha organizada del pueblo en la defensa de sus libertades.

La experiencia de la pasada década, vista en retrospectiva luego de los sucesos del 11 de septiembre en Estados Unidos, nos permite pasar un balance sobre la vigencia de tales libertades civiles en este país y como parte del mismo, entender no solo cuánto se ha perdido en la vigencia de lo que se consideran son derechos y garantías individuales de los ciudadanos bajo la Constitución de Estados Unidos, sino configurar una idea de cuántos derechos o libertades adicionales podrían perderse si permanecemos apacibles, como meros observadores de la historia y no como constructores de la misma.

La relación de subordinación política de Puerto Rico a Estados Unidos guarda estrecha relación con la vigencia de lo que consideramos son los derechos y libertades de los puertorriqueños(as). Cuanto hoy hagamos y continuemos haciendo en defensa de los mismos, será la garantía del país al que aspiramos en el futuro.