Si revisamos el Plan de Desarrollo Económico de la Administración Aníbal Acevedo Vila con el que ha venido filtrando el actual Gobernador Luis Fortuño como la panacea que logrará repuntar la maltrecha economía colonial, nos percatamos de que es un mero refrito de las propuestas que se presentaron al país en el 2005. Eso sí, hay aspectos de las propuestas fortuñistas que van dirigidas a aumentar nuestra dependencia de la economía estadounidense y a asestar un rudo golpe a las posibilidades de proyectos de autogestión o desarrollo endógeno, como es el caso de la pretendida venta de tierras agrícolas a los empresarios especuladores de tierras.

Los puntos medulares del Plan de Desarrollo Económico presentado por Fortuño son: inversión para mejoras capital a las corporaciones públicas, las llamadas  Alianzas Público Privadas, el Triangulo Dorado del Puerto de San Juan, la Riviera del Caribe en Ceiba, Mayagüez 2010 en el oeste y el Puerto de las Américas en el sur.

Aquí no hay ni una sola idea innovadora. El Plan de Inversión para Mejoras Capital en las corporaciones públicas (AAA, AEE, Autoridad de Puertos, la Autoridad de Carreteras) que a todas luces es un proyecto para complacer a los bonistas que han invertido en esas corporaciones, fue anunciado por Aníbal Acevedo Vila hace cuatro años, con una propuesta de invertir 13,000 millones de dólares entre el 2005 y el 2012. Las Alianzas Publico Privadas (APP) eran para Aníbal Acevedo las Sociedades Publico Privadas (SPP) y el Triangulo Dorado ahora se llama “San Juan Waterfront”. La Riviera del Caribe, que antes se llamaba Portal del Caribe, sufrió cambios que eliminan de un plumazo la participación comunitaria y ciudadana en dicho proyecto: “Such is life”. Mayagüez 2010 -que no es otra cosa que la celebración en Puerto Rico de los Juegos Centroamericanos y del Caribe- tiene años de planificación y desarrollo y finalmente, el Puerto de Las Américas data de los años de Churumba, que en paz descanse.

Es realmente asombroso. A esta gente no se le ocurre nada que no sea empeorar las cosas. Sí, porque todo este refrito lo  acompañan con la conmovedora idea de ayudar a la banca y a las instituciones financieras a salir de los préstamos “tóxicos”, una versión criolla del programa federal de rescate a los bancos. Y como si esto fuera poco, el Secretario de Agricultura propone la venta de tierras agrícolas como medida para cuadrar el déficit presupuestario.

Pero si perverso es utilizar fondos públicos, del pueblo de Puerto Rico, para sacar de problemas económicos a los usureros de la banca, peor aún es comprometer las posibilidades de producción alimentaria para las futuras generaciones de puertorriqueños. La venta de terrenos agrícolas daría al traste con las aspiraciones de autosuficiencia alimentaria de nuestro pueblo, una meta estratégica que forma parte de los planes de desarrollo de todos los países civilizados del mundo. Más aun, en una economía como la nuestra, que en la actualidad solo produce el 15% de los alimentos que consumimos y nos vemos en la obligación de importar el 85% de nuestra dieta, la propuesta de diezmar los terrenos agrícolas resulta en una crasa irresponsabilidad ministerial del Secretario de Agricultura.

En el 1941, cuando se creó la Autoridad de Tierras, existían 120,000 cuerdas para uso agrícola. Hoy quedan 85,000 cuerdas, de las cuales se están utilizando el 40%, es decir, unas 34,000 cuerdas, esto debido a la falta de incentivos que recibe la industria agrícola existente y a la ausencia histórica de un plan estratégico que potencie la agricultura del País. No es por casualidad que nos hemos convertido en el tercer mercado mundial de Estados Unidos en el renglón de alimentos. Además de haber sido un bastión militar para el imperio, Puerto Rico ha sido un negocio redondo para colocar los excedentes del mercado estadounidense.

Para nosotros, por ser una isla, la aspiración al mayor grado posible de autosuficiencia alimenticia representa un asunto de seguridad nacional. Ante una situación que impida la llegada de furgones de alimentos a la isla, como un desastre natural, una huelga naviera o cualquier otra eventualidad, en menos de diez días estaríamos ante una grave escasez de alimentos que nos llevaría al caos y a una violencia social sin precedentes.

La propuesta del Secretario de Agricultura Javier Rivera Aquino, quien se supone promueva y defienda el desarrollo agrícola de Puerto Rico  como su deber ministerial, es  descabellada, desafortunada y una traición al deber que implica el puesto que ocupa. Nos toca a todas y a todos nosotros, al pueblo de Puerto Rico, defender las tierras cultivables de los depredadores sociales, de estos insensatos que poco les importa la viabilidad de nuestras futuras generaciones. Tal parece que en su locura anexionista, mientras más dependamos de Estados Unidos y menos produzca nuestra economía, más cerca estaremos del Estado 51.