La muerte del joven atleta José Alberto Vega Jorge a manos de la policía y del anciano William Malaret durante un allanamiento en Ponce la semana pasada no son más que la última expresión de un patrón cada vez más dramático de violación a derechos humanos y brutalidad de parte de la Policía de Puerto Rico.

Desde el 2005 hasta hoy, según cifras oficiales, 24 personas han sido asesinadas por policías. De todos ellos, solo un caso ha sido llevado a las cortes: el de Miguel Cáceres. Esa viciosa ejecución, como sabemos, fue grabada y difundida ampliamente, por lo que no había modo de amapucharla. De las restantes 23, en seis se determinó que el uso de la fuerza letal estuvo justificado y 17 están aun bajo investigación. Estas cifras son escandalosas, sobre todo que hayan tantos casos en la oficina del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) aun sin esclarecer.

Pero a nadie debe extrañar este comportamiento de la Policía de Puerto Rico cuando las instrucciones específicas del Superintendente son “fuego se apaga con fuego”, según expresara recientemente.

Desde sus inicios como Superintendente de la Policía, el modelaje de Figueroa Sancha ha sido elocuente. Su ultima acción como subdirector del FBI fue su participación en el operativo para darle muerte a Filiberto Ojeda Ríos, en la que fue cómplice en la violación mas fragrante de cualquier derecho humano: el de recibir atención medica cuando se es herido y se esta desangrando. Luego lo vimos a cargo del operativo en la calle De Diego 444, donde bajo sus órdenes se roció con gas pimienta, de forma abusiva e innecesaria, a los miembros de la prensa que intentaban informar al país de los acontecimientos.

Una vez nombrado Superintendente, se lució durante la huelga universitaria, lanzando improperios contra estudiantes y trabajadores. Llegó al extremo de justificar el que su mano derecha, Rosa Carrasquillo, pateara los genitales de un joven que yacía en el suelo, rodeado de guardias y sometido a la obediencia. Se responsabilizó públicamente por la golpiza propinada a estudiantes y otras personas que fueron al Capitolio el último día de la pasada sesión legislativa a entregar una proclama a los legisladores y expresó sentirse muy orgulloso por la forma de actuar de la fuerza policíaca.

En términos de transparencia y honestidad, tampoco ha sido un modelo a seguir. El país pudo conocer su disposición al encubrimiento y a la corrupción, cuando en el caso Betsi, en el que el Alcalde Jorge Santini se vio involucrado en un claro caso de obstrucción a la justicia durante un operativo contra puntos de droga, descartó las conclusiones de un informe policíaco y trasladó a los policías involucrados en el caso Santini a otra jurisdicción.

Pero si pobre ha sido su modelaje como jefe de la policía, peor ha sido su desempeño para el puesto que se le nombró. Desde su incumbencia ha incrementado la tasa de asesinatos en Puerto Rico, una de las más altas del mundo. Ya van 50 asesinatos más que para la misma fecha del año pasado. La moral en la fuerza policíaca esta por el piso y su prestigio ante el país esta peor que nunca. El ciudadano común tiene que protegerse del delincuente y velar al guardia que no vaya a venir “pompiao” con esteroides anabólicos y presto a disparar o a patear en el piso a un ciudadano inocente.

Ya es hora que el Gobernador Luis Fortuño tome cartas en el asunto y destituya inmediatamente al Figueroa Sancha. Este ha sido uno de los peores jefes de la policía que podamos recordar. Su ejecutoria ha sido detrimental para el pueblo y para el propio cuerpo policiaco. Y está tan enajenado de la realidad que al preguntarle sobre como el percibe la situación de la policía frente al pueblo, tiene el descaro de decir que la gente se siente mas tranquila cada vez que ve de noche un biombo azul.

Desgraciadamente los miles de policías que son honestos y servidores públicos sacrificados están pagando los platos rotos, ya que el ciudadano no puede distinguir quien viene detrás de ese biombo azul: sin un asesino vestido de azul o un protector de la vida, la seguridad y la propiedad de la ciudadanía.