Ponencia presentada por Julio A. Muriente Pérez, Ph. D., en la Vista Pública celebrada por la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico, sobre el Proyecto del Senado 1357, para establecer la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en torno al cambio climático.

Estimados miembros de la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico:

Mi nombre es Julio A. Muriente Pérez. Soy Catedrático de la Universidad de Puerto Rico. Mi formación académica es en los campos de Geografía e Historia. Obtuve mi Licenciatura y Maestría en Geografía, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y mi Doctorado en Historia, en la Universidad de Puerto Rico. Asimismo, soy copresidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH).

Agradezco la oportunidad que me brindan de participar en esta vista pública, ofreciendo algunas reflexiones sobre el Proyecto del Senado 1357, dirigido a establecer la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre el cambio climático.
He de referirme de manera sucinta al conjunto del Proyecto 1357, comenzando desde la Exposición de Motivos, hasta desembocar en el Proyecto propiamente dicho.

Llama poderosamente la atención que el referente mencionado en el primer párrafo de la Exposición de Motivos para justificar la radicación y aprobación de este proyecto de ley, es decir, lo establecido por el Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico sobre el clima de nuestro País, data de hace apenas dos años. Es de todos sabido que el tema del cambio climático ha sido objeto de profundos, extensos y controversiales análisis e interpretaciones desde hace muchos años, a nivel planetario. Como cuestión de hecho, Puerto Rico ha sido impactado y  a su vez está directamente involucrado en la problemática del cambio climático como importante emisor de gases contaminantes a la atmosfera, desde bastante antes de 2013.

Uno se pregunta, por ejemplo, qué ha hecho sobre el particular la Junta de Planificación de Puerto Rico, fundada mucho antes que el Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico; que, por cierto, se ha opuesto públicamente a la aprobación de este proyecto de ley y cuya División de Geología e Hidrología, creada en 2004, se mantiene inoperante desde entonces. Mientras tanto, resulta escalofriante la descripción de la infinidad de edificaciones localizadas a apenas un kilómetro de la costa, sin un aparente sentido de orden y planificación, todo ello expuesto al mayor de los desastres (página 3, tercer párrafo).

Considero equivocado e inadmisible no “entrar en los méritos y deméritos de las hipótesis del motivo del cambio climático”, como se afirma en el segundo párrafo de la Exposición de Motivos. Si algo debemos conocer en detalle y divulgar al máximo posible, es lo relacionado con las causas históricas, económicas, sociales y políticas—todas ellas causas antropogénicas-- que han conducido al planeta Tierra a esta situación tan riesgosa. La asignación de responsabilidades es insoslayable, sobre todo si reconocemos que la inmensa mayoría de la población mundial, que enfrenta y sufre esta situación, no es responsable por la misma. Pero además, porque de lo que se trata no puede ser solamente de enfrentar de la mejor manera posible el perjuicio provocado al planeta, sino de buscar salidas a la situación efectivamente, de disminuir la amenaza ambiental y existencial y de aspirar a superar la misma.

En el segundo párrafo de la página 4 se afirma que, “El enfoque principal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante el cambio climático debe ser la adaptación de nuestra sociedad ante los cambios”. Según lo dicho allí, parecería que no nos queda otra opción que resignarnos al deterioro planetario que ya es un hecho del presente y ajustarnos a sus consecuencias. Creo que esa es una visión desatinada y peligrosa. Considero que lo primero que debemos hacer es precisar en qué medida el modelo económico, social, de transporte, de desarrollo urbano, de uso de suelos, etc.  contribuye o no al cambio climático y en qué medida podemos desde aquí y desde ahora contribuir a aminorar el daño que podríamos estar haciendo a nuestra geografía, atmósfera, cuerpos de agua y entorno oceánico. En lugar de pensar que los efectos del cambio climático comienzan con el derretimiento de los casquetes polares, allá a la distancia, debemos reconocer que comienzan en nuestras costas, en nuestros cuerpos de agua, en nuestra atmósfera inmediata.

Por ejemplo,  procede determinar el impacto de más de tres millones de vehículos de motor que transitan por los veinte mil kilómetros de carreteras ubicados en los nueve mil kilómetros de nuestra geografía nacional, en la emisión cotidiana de dióxido de carbono a la atmósfera. O el impacto de la contaminación lumínica, o el impacto del proceso erosivo generalizado en nuestras cuencas hidrográficas. Prepararnos y adaptarnos, de acuerdo, pero a la vez que damos la batalla para superar esta situación, junto a millones y millones de seres humanos en todo el planeta que no están dispuestos a resignarse a la destrucción de nuestra gran patria común.

Otra gran tarea ha de ser la educación a nuestro Pueblo, el desarrollo de nuevos y diferentes paradigmas en lo referente a la relación del ser humano con el resto de la Naturaleza, una relación de respeto y armonía indispensable a la vida.

En el primer párrafo de la página 5 de este proyecto de ley, se hace una admisión muy reveladora, al afirmarse que “…es necesario que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y la sociedad puertorriqueña en su conjunto, comience(n) a desarrollar las estrategias necesarias para minimizar el impacto del cambio climático…”. En el siguiente párrafo se reconoce que, “Esta ley…es nuestra primera respuesta ante el proceso de cambio climático en nuestro planeta”. (subrayado mío)

Intenciones imperdonablemente tardías, que demuestran un desdén y abandono histórico enorme, de las autoridades correspondientes, sobre un asunto de tanta urgencia. Admisión que, en todo caso obliga, no solo a aprobar esta ley con los cambios que la misma requiera para que sea una herramienta de utilidad y pertinencia, sino a tomar todo tipo de medida correspondiente desde el mayor sentido de responsabilidad hacia nuestro Pueblo, nuestra geografía nacional y nuestro planeta.

Coincido con la necesidad de reivindicar la Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del ELA, tan abandonada en el tiempo y en la voluntad, relativa a la protección de los recursos naturales y el ambiente en relación a la calidad de vida ciudadana. Asimismo, resulta pertinente la reivindicación y aplicación efectiva de la Ley de Política Pública Ambiental, aprobada en 2004. Todo ello, puesto al día en la medida que lo requiera la actual situación del País en materia ambiental y del cambio climático.

Resulta indispensable garantizar la participación más entusiasta de las instituciones educativas del País en este esfuerzo de todos y todas (página 6, párrafo 4). Más allá, las universidades puertorriqueñas deben ser el eje central de esta iniciativa. En las decenas de universidades del País se encuentran centenares de educadores y educadoras altamente preparados y especializados en diversos campos del conocimiento relacionados con el cambio climático, esperando que se les reclute para servir a nuestro Pueblo. Allí se localizan facultades y departamentos especializados en este campo, donde en la actualidad se llevan a cabo investigaciones y estudios, donde se ha acumulado una gran experiencia y capacidad investigativa, interpretativa y proponente. Urge hacer un inventario de ese valioso patrimonio intelectual y científico, para activarlo como espina dorsal de cualquier esfuerzo en esta dirección. Las universidades, grandes centros del conocimiento nacional en los que invertimos grandes recursos de todo tipo, y subutilizadas con demasiada frecuencia, tienen que ser el punto de partida y el eje central del desarrollo de esta Comisión.   

Además de incorporar los conceptos de adaptación y mitigación a la política pública, hay que incorporar e implementar los conceptos relativos a la lucha contra el cambio climático y en favor de la armonía entre el ser humano y el resto de la Naturaleza, por medio de cambios paradigmáticos en diversos aspectos económicos, sociales y culturales de nuestra sociedad.

Resulta altamente inquietante que, según lo propuesto aquí, la Comisión de Asuntos Climáticos,  cuya creación es el gran objetivo de este proyecto de ley, termine siendo un apéndice de la Oficina del Gobernador. Por su enorme trascendencia nacional, esta Comisión no debe estar a merced de los vaivenes político-partidistas ni gubernamentales. Debe gozar de una amplia autonomía de funcionamiento, de la cual derivara su credibilidad, respeto y eficiencia (Artículo 5, página 11). Concretamente, creo que esta iniciativa debe ponerse en manos y ser dirigida por las universidades del País.

Estando directamente subordinada a la Oficina del Gobernador, surge la duda sobre si la Comisión de Asuntos Climáticos podría ejercer las funciones y facultades, mucho menos cumplir los objetivos  que se enumeran en las páginas 11 y 12. Va a terminar siendo un asunto más del gobernador de turno, manejado a su antojo y con toda probabilidad frustrando el gran objetivo que se propone aquí.

No veo como, por ejemplo, de esa forma se podrá “descentralizar la toma de decisiones…” (Inciso 6, página 12).

El listado de funciones y facultades que se propone para esta Comisión supone una confrontación directa con muchos de los que se supone sean deberes y responsabilidades de la Junta de Planificación y otras agencias del Gobierno. Su implementación efectiva supondría una trasformación dramática de Puerto Rico, sin duda intolerable para poderosos sectores conservadores, que a su vez tienen un significativo grado de responsabilidad en la situación referente al cambio climático en Puerto Rico. Honestamente, no puedo estar confiado de que este proyecto de ley, como está concebido aquí, sea aprobado por la Legislatura y luego firmado por el Gobernador. Su gran defecto es que, en su intención ambiental y social, es un buen proyecto de ley.

Considero que esta Comisión debe estar compuesta por un determinado número de:

-miembros del Consejo de Cambio Climático,

-docentes, científicos e investigadores de las universidades del País,

-representantes de las comunidades y la sociedad civil,

-representantes de las agencias de gobierno concernidas.

El presidente y el vicepresidente de dicha Comisión deben ser elegidos internamente por los miembros de la misma, a la cual deben responder directamente. De nuevo, poner dichas designaciones en manos del gobernador de turno, es correrse el riesgo probable de que se convierta en sello de goma o se le inutilice o burocratice, o ambas. En realidad debe tratarse de un cuerpo altamente colegiado, en el que se compartan las responsabilidades y tareas democráticamente y no jerárquicamente. La elección de cargos debe ser por un periodo razonable, sin extensiones indebidas. No debe ser una agencia gubernamental. Si creemos de veras en la descentralización, esta es una buena oportunidad de generar una iniciativa descentralizada y descentralizadora, que no esté subordinada al gobierno, que no sea una institución gubernamental sino una de carácter social y nacional.

Como está contemplado en el Proyecto, el Presidente de la Comisión terminaría siendo un jefe de agencia más, una especie de súper secretario, a merced de las determinaciones de cada administración gubernamental.

En ese contexto inclusivo y participativo que propongo, adquiere trascendencia la posibilidad de desarrollar el Marco Estratégico de políticas Ante el Cambio Climático, que se propone en el Artículo 14 (página 22). La propia naturaleza del Marco Estratégico que se propone reafirma nuestra contención de que esta iniciativa, por su complejidad y sobre todo por el extraordinario nivel de compromiso social que implica, no puede estar bajo el control del gobernador de turno como si se tratara de una agencia más. Máxime cuando, no sin evidente atrevimiento y con gran optimismo, se establece una proyección de treinta años, en un país donde no están dadas las condiciones ni para diseñar un plan de cuatro años; donde simplemente no existe un proyecto de país.

Igualmente ambicioso resulta el Artículo 15 (página 23). Para poder implementar el listado de componentes del Marco Estratégico señalados allí resulta indispensable poder político y económico del que carecemos en las actuales circunstancias. Es por eso que digo que este Proyecto tiene pretensiones de instrumento de cambio social--de repente parece la propuesta de un gobierno paralelo--con las cuales puedo coincidir, a la vez que reconozco las dificultades para su materialización en el actual estado de cosas.

Algo que no está claro es de donde saldrá el ejército de técnicos y otras personas que realizara la enorme labor propuesta en este Proyecto de Ley.

Si se coordinan efectivamente los recursos humanos, técnicos, científicos y físicos con que cuentan nuestras universidades, si a estos se suman los recursos con que contamos en las diversas agencias gubernamentales relacionadas, si se añade la aportación de recursos provenientes de las comunidades y de la sociedad civil en general, de los medios de comunicación de masas y otras instituciones, no hay porque asignar “…un millón (1,000,000.00) de dólares para el funcionamiento de la Comisión de Asuntos Climáticos en el ejercicio fiscal 2015-2016” (Artículo 27, página 31). Como están las finanzas del País, esta propuesta bastaría como  justificación suficiente para engavetar el Proyecto 1357. Mejor proponer un presupuesto módico, si fuera el caso, como base para realizar las tareas que permitan consolidar la Comisión a la manera como lo sugerimos aquí. Si dedicamos el 10 por ciento del presupuesto del País para sostener la Universidad pública, ¿acaso no es este el momento en que la Universidad debe desempeñar un rol protagónico para enfrentar esta seria situación?

En resumidas cuentas lo que sugiero es:

1. que estemos absolutamente claros sobre la real naturaleza e historia del problema de cambio climático, que trasciende nuestras fronteras nacionales, que hay que enfrentar con la intención de aminorarlo a la vez que inevitablemente tengamos que adaptarnos a sus consecuencias ya presentes;

2. que debemos juntar a todas las personas e instituciones capaces, competentes y comprometidas, encabezando la lista nuestras universidades y nuestros investigadores, técnicos y científicos, para enfrentar esta situación;

3. que esta Comisión no debe ser una iniciativa controlada, delimitada o condicionada por el Gobierno. Que, en todo caso el Gobierno actúe como facilitador de una iniciativa nacional, de toda la sociedad y que se sume institucionalmente como un interesado más para garantizar el funcionamiento efectivo de la misma;

4. que este proyecto de ley, con los cambios y enmiendas que requiera hacérsele, goce para su aprobación del respaldo de todos los partidos políticos representados en la Legislatura, lo que asegure fuerza y compromiso desde la arrancada.

5. que la única manera de alcanzar continuidad, eficiencia y compromiso para enfrentar el grave problema del cambio climático, es generando una iniciativa extraordinariamente inclusiva, en la que cada ciudadano y cada institución tenga algo que hacer y que decir, en la que se alcance un desarrollo universal de la conciencia de que estamos ante una grave situación que requiere de nuestro concurso activo y entusiasta; que el Pueblo entero se constituya de hecho como Comisión de Asuntos Climáticos.

Ustedes deben ser conscientes de que somos muchos los ciudadanos y ciudadanas de este País que, preocupados ante la situación resultante por el cambio climático, estamos en la disposición de colaborar en este esfuerzo que es de todos y todas y en el que francamente, nos va la vida.

Muchas gracias.     

26 de agosto de 2015