La sociedad cubana se encuentra inmersa en un intenso proceso de análisis y debate que conducirá a la aprobación de una nueva constitución para el país. Millones de cubanos y cubanas participan en miles de reuniones y asambleas, proponen enmiendas, sugieren cambios y evalúan el anteproyecto puesto ante su consideración por la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es el máximo cuerpo legislativo de Cuba.

Finalmente, se celebrará un referéndum a principios de 2019 en el que el pueblo cubano expresará, a través del voto, si aprueba o rechaza el proyecto de constitución enmendado y enriquecido por el propio pueblo.

El estado de derecho cubano emana de la Revolución Cubana, triunfante el primero de enero de 1959, hace casi sesenta años. Como lo fue en su día con el triunfo de los independentistas de las trece colonias estadounidenses en las postrimerías del siglo XVIII, el triunfo de los independentistas latinoamericanos y caribeños en las primeras décadas del siglo XIX e incluso la independencia alcanzada por numerosas excolonias en el siglo veinte.

Las revoluciones generan estados de derecho y obviamente, toda ley que surja a partir de entonces se concebirá para fortalecer y dar permanencia a los profundos cambios alcanzados con enorme esfuerzo y sacrificio. No para renegar de los mismos. Sobre todo y de manera particular, las constituciones que constituyen formalmente la nueva sociedad.

¿A alguien se le ocurre pensar que en la constitución de Estados Unidos aprobada en 1787 se planteara la intención—o siquiera la posibilidad--de volver a ser colonias británicas? ¿O que en las constituciones latinoamericanas y caribeñas se considerara, aunque fuera por asomo, el retorno al colonialismo español, francés o británico? Eso sería, al menos, un acto de traición.

Si alguien considera “más de lo mismo” el hecho de que la nueva constitución cubana establezca el carácter irrevocable de la Revolución, pues en efecto se trata esencialmente de más de los mismo, que ha prevalecido desde que triunfó la Revolución en 1959 y desde que el comandante Fidel Castro proclamó el carácter socialista de la misma en abril de 1961, en víspera de una agresión promovida por Estados Unidos.

La nueva constitución se concibe para reafirmar, fortalecer, mejorar y elevar la eficiencia del carácter socialista de Cuba. Eso no está en entredicho ni microscópicamente.  En lo que a la gran mayoría de la población cubana respecta, la Revolución Socialista es un hecho consumado. De nuevo, como lo es la independencia para los estadounidenses, latinoamericanos y caribeños que la obtuvieron en su día.

Es disparatado y demuestra una inexcusable ignorancia sobre la realidad cubana, que alguien se atreva a sugerir que tras casi seis décadas de revolución triunfante—con múltiples problemas de todo tipo que resolver, que no se trata del paraíso terrenal, pero triunfante y con balance positivo—Cuba decida “transitar por la ruta” de los fracasados estados del este de Europa, buena parte de los cuales han desembocado en el fascismo, la intolerancia y el entreguismo a Estados Unidos y las grandes potencias europeas.

Hay quienes se resisten a reconocer que, en efecto, estamos en un cambio de época. Están dispuestos a reconocerlo para otros tiempos, pero no en nuestros días. Son los que siguen creyendo en la falacia del “fin de la historia”, esgrimida por algún ignorante o interesado.

Tampoco reconocen el valor histórico de los procesos que se han dado en Nuestra América a partir de 1998—hace veinte años—luego de la primera de muchas victorias electorales del presidente venezolano Hugo Chávez Frías.

Intentan equiparar cambio y transformación con retroceso. Esos sí que insisten en más de lo mismo. Más capitalismo, más colonialismo, más desigualdad, más  explotación…

Esos, más allá de la fachada, se han quedado atrás.

Cuba, mientras tanto, avanza.