“La igualdad, valga la redundancia, no es igual para todo el mundo” (Ricardo Rosselló Nevares).

“El Congreso tendrá facultad para disponer y formular todos los reglamentos y reglas necesarios con respecto al territorio y otros bienes que pertenezcan a los Estados Unidos” (Constitución de Estados Unidos, Artículo IV, Sección 3, Párrafo 2, Cláusula territorial).

El gobernador Ricardo Rosselló ha acusado al representante Raúl Grijalva, presidente del Comité de Recursos Naturales del Congreso de Estados Unidos, de ser inconsistente porque apoya la conversión de Washington D.C. en estado de Estados Unidos, pero se opone a la estadidad/anexión de Puerto Rico. Grijalva encabeza una delegación del Congreso estadounidense que—como elocuente muestra de dominación colonial-- vino a celebrar unas vistas públicas sobre la situación económica del país.

Para Rosselló esa ciudad y este país son la misma cosa. Precisamente ahí comienza la inconsistencia en el análisis, no del congresista Grijalva, sino de Rosselló.

Como sabemos, Washington D.C. es una ciudad de Estados Unidos; tanto así, que es su capital. Es decir, forma parte de ese país; no es una posesión, un territorio o una colonia. Las personas que residen allí son ciudadanos y nacionales estadounidenses.

Puerto Rico es un país. Es una nación. No forma parte de Estados Unidos. Es una posesión colonial desde que fuimos tomados como botín de guerra en 1898, hace más de 120 años. En su lógica constitucional-imperial somos un territorio del que pueden disponer a su antojo. Somos nacionales puertorriqueños y puertorriqueñas. La ciudadanía estadounidense nos fue impuesta en 1917.

Aunque suene redundante, es preciso insistir en que no es lo mismo formar parte de que pertenecer a. Washington D.C. forma parte de Estados Unidos. Puerto Rico pertenece a Estados Unidos. La capital de Estados Unidos es una pequeña fracción de aquella nación soberana. Nosotros somos una nación sometida al colonialismo. Son dos realidades totalmente diferentes, por más que Rosselló y quienes piensan como él pretendan lo contrario.

Washington D.C. no enfrenta un problema colonial. Puerto Rico sí. No deberá sorprendernos la futura conversión de la capital estadounidense en un estado—de la misma manera que la capital de México fue transformada hace varios años, de Distrito Federal (D.F.) en estado (Ciudad de México o CDMX, es su nuevo nombre). En todo caso, ese es un asunto interno de Estados Unidos.

Pero Puerto Rico no es un asunto interno de Estados Unidos. Aquí estamos ante un problema de subordinación política entre dos naciones, que solo se resolverá el día que le sea devuelta a nuestro pueblo su soberanía, con la cual pueda decidir definitivamente su destino nacional.

Que otro mande en tu casa es reprobable. No es bueno en ningún sentido. Tanto individual como colectivamente, la aspiración de todos y todas es decidir nuestras vidas libremente.

A eso se le conoce como derecho a la autodeterminación e independencia. Independencia, porque solo desde la libertad plena es posible la autodeterminación, es decir, la verdadera descolonización.

El pueblo puertorriqueño tiene el derecho inalienable—es decir, irrenunciable—a la independencia. Es la alternativa descolonizadora que han seleccionado decenas de pueblos que en el pasado estuvieron sometidos al colonialismo, por cierto, empezando por los propios Estados Unidos. No era precisamente la anexión al imperio británico a lo que aspiraban los fundadores de ese país, forjado a sangre y fuego.

Desde la independencia tenemos la opción—no el derecho— de asociarnos con uno o más países independientes. Es lo que se conoce como libre asociación. La Asociación de Estados del Caribe, o la Unión Europea, con sus virtudes y limitaciones, son ejemplos de libre asociación soberana.

Puerto Rico no tiene derecho a la estadidad/anexión, ni a Estados Unidos ni a ningún otro país. Esa es una prerrogativa soberana de quien anexa, llámese Estados Unidos o como se llame. Es una determinación unilateral, tomada siempre por el interés y conveniencia de quien anexa, y nunca como un ejercicio de filantropía o magnanimidad.

Por eso la estadidad/anexión no es una opción descolonizadora, mucho menos es fruto del ejercicio de la libre determinación. Sería una imposición. Adjudicarle carácter descolonizador a la estadidad/anexión es no solo equivocado, sino profundamente peligroso y dañino a nuestros intereses nacionales. Es como querer adjudicarle algún valor a la vida proponiendo el suicidio.

A lo más que tienen derecho Ricardo Rosselló y sus seguidores es a preferir la estadidad/anexión. Pero el gobierno de Estados Unidos de manera alguna está obligado a corresponder a sus deseos. Después de todo, ciento veinte años después obtienen de Puerto Rico lo que se les antoja, sin verse obligados al matrimonio sin derecho a divorcio que es la estadidad/anexión. (De ahí la inutilidad de la consulta –una más —que Rosselló y el PNP planean realizar próximamente.)

En efecto, en el colonialismo, la igualdad no es igual para todo el mundo. Por consiguiente, si se rechaza la desigualdad colonial, la única ruta posible, como verdadero ejercicio de autodeterminación, es la igualdad nacional en la única nación de la que somos hijos e hijas, la única que nos pertenece a nosotros y nosotras y a nadie más: Puerto Rico. Porque la libertad es afirmación, no negación.

La anexión, en todo caso y como una vez sentenciara don Pedro Albizu Campos, es la consumación del colonialismo, la desaparición de nuestro ser nacional, la destrucción de nuestra patria. Así de sencillo. Así de profundo. Así de cierto.

(Publicado en El Nuevo Día)