Los puertorriqueños parecemos abocados otra vez al viejo debate sobre si la atención de los problemas económicos impide o debe prevalecer sobre los problemas político-jurídicos que nos impiden ejercer derechos naturales, incluyendo el desarrollo de una economía propia, que son consustanciales con nuestra condición de País, de nación latinoamericana y caribeña.

Parte del liderato del Partido Popular entiende que la actual coyuntura económica es tan grave que tenemos que posponer toda consideración de estatus hasta lograr normalizar la situación económica del País. El problema con ese planteamiento reside en que en nuestra historia, desde decenas y decenas de años a esta parte, la pobreza de los puertorriqueños se profundiza mientras las relaciones coloniales también se profundizan para imposibilitar soluciones.

Se nos llama la atención sobre la creciente emigración como factor que hay que detener a tiempo como si la emigración fuera un fenómeno de este tiempo. En la década del cincuenta del siglo pasado el PPD, que ahora parece sorprenderse de la emigración por razones económicas, expulsó prácticamente del País a más de 500,000 personas para facilitar un desarrollo económico que nunca logró disminuir sensiblemente la pobreza; y lo hizo este partido siendo gobierno a la vez que propiciaba la creación de un paraíso para inversionistas que poco contribuyeron a un desarrollo sostenible del País.

El modelo prevaleciente en la actual coyuntura intenta aplicar medidas que el País no puede aceptar. El pueblo está agobiado y no está dispuesto, ni en condiciones, de aceptar nuevas cargas. En su último mensaje al País el gobernador Alejandro García Padilla dedicó los primeros párrafos de su mensaje para recordarle al pueblo las cargas que le impuso la administración Fortuño, pero omitió convenientemente mencionar asuntos como los cuatro centavos al litro de la gasolina (La Crudita) o el aumento del IVU de 7% al 11.5% con intenciones no muy veladas de regresar a un IVA de 16% como parte del Plan de Crecimiento Económico y Fiscal para Puerto Rico. Se proponen igualmente mejorar la recaudación de los impuestos, los de la clase media porque los impuestos a la clase alta siempre han estado teñidos de intereses político partidistas. Interesan reducir el gasto gubernamental que afectará más a la clase media y pobre porque producirá una reducción en la cantidad y calidad de los servicios que se viene obligado a prestar; controlarán el costo de los servicios de salud pero se niegan a impulsar un sistema de salud universal.

Sabemos que esfuerzos de gran importancia se realizan por parte de los congresistas puertorriqueños en la diáspora dirigidos a que la metrópoli cumpla sus deberes con la colonia, pero volvemos al círculo vicioso de un régimen de relaciones políticas que no depende ni lo puede afectar el pueblo de Puerto Rico pues el gobierno de Estados Unidos no se constituye y organiza en función de la colonia. No somos parte de Estados Unidos, la estructura nos considera una propiedad, un territorio a su arbitrio.

Parecería innecesario consignar que Puerto Rico necesita crear organismos de fuerza política para intervenir con la desigualdad política y la económica. Política y economía son inseparables. La política es economía concentrada; detrás del control político norteamericano en Puerto Rico está su esencial interés de controlar nuestra economía. El asunto es eminentemente político, ahora más profundamente implicado por la situación económica.

La legislatura municipal de San Juan acaba de aprobar una resolución que atiende el problema en su verdadera dimensión al expresar: “Reconocemos como legislatura municipal de la capital que es necesario, para atender correctamente los problemas existentes y futuros, la reconsideración de las relaciones económicas y político jurídicas de Puerto Rico para que Puerto Rico pueda tener los poderes necesarios para desarrollarse exitosamente en el mundo contemporáneo y futuro”.

Cuando Luis Muñoz Marín quiso revisar las relaciones coloniales en 1950 lo hizo conformándose con su continuación. Ése es un germen del actual caos económico.

En este momento el País, y sobre todo un segmento importante y valioso del PPD, parece no estar dispuesto a seguir bendiciendo esta relación desigual e indigna. La Asamblea Constitucional de Estatus propone una solución democrática y consensuada para enfrentar este histórico diferendo. El Frente Amplio en defensa de esa asamblea constitucional habrá, a mi juicio, de ofrecer las estrategias de educación y movilización necesarias para ofrecerle una alternativa al País.