“Casa Blanca Pide Renegociación y Supervisión”, “Junta de Control Fiscal con Control Total sobre el ELA”, “Junta Fiscal Tendría el Poder Sobre el Presupuesto del ELA”, “Batalla Contra el Calendario de Washington”, “Legitimidad de Junta Fiscal la determinará el Supremo Federal”, “Implicaciones de Tener una Junta de Control Fiscal”, “Bajo Amenaza la Constitución de Puerto Rico”, “En Jaque la Constitución”.

Las anteriores son una pequeña muestra de los múltiples titulares que antecedieron y coincidieron con el famoso último borrador del proyecto Republicano para afrontar la urgente crisis política, económica y social que enfrenta nuestro País. Nuestro País, que ellos se niegan reconocer porque para ellos nuestro País no existe, es mera propiedad, mero territorio sobre el cual ellos poseen poder omnímodo y sobre el cual pueden disponer de la manera que les sea unilateralmente conveniente.

Ese borrador de los Republicanos, que servirá de base a legislación ulterior, tiene su mejor fundamento en la política territorial que enunció como gran constitucionalista un presidente Demócrata ante el Tribunal Supremo de ese país con motivo de un caso reciente relacionado con Puerto Rico, hace apenas unas semanas. De modo que no se trata de Demócratas o Republicanos, siendo los primeros los buenos y los segundos los malos: se trata de la gran corporación funcionando en defensa de los intereses de su clase dominante, de los que poseen la gran riqueza de su nación, de los buitres y desalmados que controlan la política y la economía.

El Gobernador ha dicho que el borrador que circula es “deshonroso y degradante” y ha iniciado un llamado a un frente unido en defensa de los intereses de Puerto Rico. El mismo día y en el mismo periódico Jorge Colberg Toro ha emplazado al Congreso. Jorge cree que de aprobarse una legislación siguiendo los parámetros del borrador que está circulando, en el Tribunal Supremo de Estados Unidos se producirá un acto de restauración de una supuesta autoridad del Estado Libre Asociado (ELA) sobre sus asuntos internos que quedó, según él, consagrada luego de la Convención Constituyente que culminó en 1952. Es decir, como el Presidente y el Congreso acaban de liquidar los fundamentos políticos del ELA, el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo restituirá con renovada fortaleza.

A Jorge no le han aclarado que el liderato del PPD nunca ha reclamado, como conquista esencial, que las relaciones políticas sean de carácter no territorial. Al contrario, él ha sido de los que han promovido el ataque a todos los que en ese partido han defendido un desarrollo hacia una relación no colonial y no territorial. De haberse defendido ese estratégico desarrollo, otro sería el cantar en este momento. Desde el punto de vista constitucional es muy poco lo que puede lograrse en los tribunales federales atacando el poder del Congreso en su relación con los territorios. Otra cosa muy diferente es atacar ese poder sobre las bases que ha establecido el Colegio de Abogados en su defensa de la Asamblea Constitucional de Estatus. Ahí se encuentran sustratos importantes en la moralidad, en el derecho natural, en los derechos humanos, en el derecho internacional y aún en importantes reservas de poder que retuvimos en el proceso que culminó en 1952.

Por otro lado, la reacción del Gobernador se atempera mejor con la reacción de los verdaderos líderes de ese partido: se trata de un acto deshonroso y degradante. Hace un llamado al Frente Unido pero limita, esencialmente, su convocatoria a los que aspiran a la gobernación en estas elecciones. Ése no es el frente unido que el País necesita frente a actos degradantes y deshonrosos cometiéndose contra su País. La legislación que surgiría del borrador circulante tiene muy poco que ver con el Gobernador de Puerto Rico y los que le sucedan en el poder. El acto deshonroso y degradante lo cometen contra nuestro País y es a éste a quien hay que movilizar para que actúe en defensa propia, en defensa de su dignidad, de su integridad y del derecho que se reconoce a la libre determinación de todos los pueblos sometidos a un régimen colonial. Es momento de salir del marco colonial, no para beneficio de los que hemos y seguiremos luchando solamente, sino para propiciar desde ahora una generación nueva que aprenda a conocer la justicia y la equidad, y como consecuencia, a practicarla. De esta crisis debemos salir moviéndonos en un curso ascendente que nos lleve a sacudirnos de los estragos que causa en el espíritu la degradación de la intervención y control foráneo.

Estoy de acuerdo con el Gobernador en la deshonra y el deshonor del famoso borrador. Dos problemas preocupan: temo que si lo mejoran un poco al PPD le parecerá muy bueno aunque las raíces del mal colonial sólo se hayan de nuevo fortalecido. Históricamente el PPD se ha conformado con imágenes en sacrificio de las sustancias, aceptaron el ELA a sabiendas de que se trataba de pintura y capota y que las prerrogativas eran meros favores congresionales reversibles en cualquier momento, como en efecto fue ocurriendo poco a poco; segundo, me preocupa la indecente y avara conducta de la clase política norteamericana de mirar sólo sus intereses aun cuando se trata del más poderoso de los países del mundo en trato con una colonia desvalida atravesando su peor momento. Atender problemas de quiebras como los atendimos hasta 1984 en la corte federal, no es posible; reconocer un grado de soberanía con letra minúscula en casos de doble exposición, no es posible, equidad en el trato de Medicare y Medicaid, no es posible; dar una mirada nueva a las leyes de cabotaje para atender una carga injustificada sobre Puerto Rico, no puede ser porque se afectan intereses sindicales de aquel país; devolver unas protecciones a la economía de Puerto Rico con medidas como las que fortalecieron nuestra economía mientras subsistieron las corporaciones del tipo 936 de Rentas Internas Federal, no es posible porque tienen un efecto negativo en la economía de allá.

Lo que es degradante y deshonroso es que lo único que realmente busca todo este manejo es evitar que Puerto Rico tenga recursos propios para evitar que le cobren lo que no debe. No les interesa hablar de auditorías para comprobar lo que realmente se les debe a los buitres. Las auditorías, si alguna, la harán ellos, y nos cobrarán lo que resulte de sus cuentas. Una moratoria, a quien le corresponde decidirla es al País que sufre el problema de falta de liquidez, pero como en todo, si se produce algún tipo de moratoria la misma será decidida por el Congreso de Estados Unidos. Será decidida por ellos pero Puerto Rico tendrá que asumir los costos de este enorme proyecto de renegociación y control fiscal.

Pienso que el País, la nación entera, dirigida por una conjunción de la totalidad de sus fuerzas políticas y sociales, es la manera de detener este abuso. ¡Pueblo Unido Jamás será Vencido!