En todo este manoseo, ejecutado tanto por muchos políticos de Puerto Rico y de Estados Unidos, sobre la profundidad de la deuda pública de nuestro país y sobre las maneras de atenderla, Puerto Rico sólo ha recibido un mensaje constante de dureza, indiferencia y prepotencia de parte del gobierno de aquél país.

Parecen decirnos constantemente que todo el problema se reduce a incompetencia y corrupción de nuestra clase política. Parecen decir, ellos han cumplido con proporcionarnos los medios para que Puerto Rico pudiera lograr buenos niveles y calidad de vida pero la incompetencia de los puertorriqueños lo ha malogrado todo. Es tan grave la conducta de los puertorriqueños, parecen decir, que no merecen ninguna consideración en este momento de ajuste de cuentas. Ellos solamente tienen, en su acomodaticio análisis, recuerdo para señalarnos los dólares que les debemos pero sin ninguna capacidad para darle pensamiento a la enorme deuda que ellos tienen constituida con nuestro país, pero no país en abstracto sino país de carne y hueso que cada día se sumerge más profundamente en una muy compleja situación individual y colectiva de pobreza y desesperanza generalizada.

El gobierno de Estados Unidos parece reproducir a los antiguos bárbaros, sin sensibilidad y con gran inclinación al maltrato y la agresión. Cuando ellos se enfrentan a la magnitud de nuestra deuda pública no se detienen a considerar que esa deuda no ha sido auditada y su origen no ha sido examinado con rigor sabiendo como saben que tanto en Argentina como en Ecuador, cuando los buitres tuvieron que someterse a procesos de auditoría todo culminó con una disminución considerable de los montos reclamados y toda la transacción terminó de modo muy diferente a como se inició.

Al examinar la deuda y la crisis que la misma ha ocasionado, los bárbaros no están dispuestos examinar el sistema colonial impuesto sobre los puertorriqueños y la enormidad del delito que representa habernos confiscado la vida y la hacienda por más de un siglo disponiendo de nuestras decisiones fundamentales por la mera razón de que un documento viejo, del siglo 18, establece que su gobierno tiene plena potestad para disponer de nuestra vida colectiva. No son torpes, pero son desalmados, al interpretar que su constitución puede violar impunemente toda la normativa internacional del siglo 21 por la mera razón de su poderío económico, político y militar. Ellos saben leer y escribir y deben tener muy claro que una cláusula territorial en una constitución moderna es sencillamente un contrasentido, una aberración y un reto al desarrollo de las libertades reconocidas en todos los documentos que consagran derechos humanos fundamentales.

Cuando hablamos de derechos humanos fundamentales en el presente manoseo con nuestra pobreza hablamos de la elemental injusticia de negarles a los puertorriqueños más necesitados recursos sanitarios para los cuales se ha aportado en cantidades iguales que los ciudadanos de allá, o de adecuadas protecciones a veteranos que han peleado sus guerras, o a pequeños y grandes inversionistas puertorriqueños que no pueden acudir a un tribunal a lograr una liquidación ordenada de sus reclamaciones como pueden hacerlo los inversionistas de allá, o a negarse a traer a la mesa la enormidad de las ganancias de sus inversiones y negocios en Puerto Rico, o considerar cuánto ha significado para ellos haber expropiado nuestras tierras para sus bases militares tantas veces como ha sido posible. El poblado San Antonio en Aguadilla ha sido movido de sitio en más de una ocasión por necesidades militares de los bárbaros del norte.

Ahora los bárbaros, utilizando su privado sistema judicial, tratan de intimidar a todo el País, de nuevo atacando a independentistas con el novísimo procedimiento de ordenarle a más de una docena someterse a exámenes de ADN, indudablemente con el propósito de señalarlos como peligrosos ante todo el País. Todo ello a pedido de la inteligencia de la Marina de Estados Unidos. La historia de la Marina y el interés de su gobierno en ocupar a Puerto Rico se remonta a décadas anteriores a la invasión de 1898. Es la misma Marina de Culebra, de Vieques y de Roosevelt Roads y la misma marina que durante todo el siglo 20 detuvo toda legislación congresional que pudiera liberalizar el control colonial sobre Puerto Rico. Esa actitud defensiva de la marina nos recuerda a todos las expresiones del expresidente George Bush en Suecia cuando contestando a periodistas y refiriéndose a las demostraciones en apoyo a Vieques expresó que éramos vecinos pero que no los queríamos aquí.

Quién le debe a quién es la pregunta que todos los puertorriqueños debiéramos estar haciéndonos en este momento, no para impugnar la totalidad de la deuda monetaria existente sino para aplicarle nociones elementales de compensación económica. Si yo debo 100 pero el otro me debe 500 yo no debo nada sino que el otro me debe 400. Confieso que me avergüenzo de plantearlo de ese modo, pero es que parece que la mayoría de los políticos puertorriqueños odian la historia de la relaciones políticas, odian las auditorías, las clarificaciones, odian ser racionales, parecen odiar parecer inteligentes. Prefieren parecer confusos, lerdos, disfuncionales y cobardes. Parecen avergonzarse de parecer valientes y agresivos en la defensa del patrimonio nacional. Prefieren la oblicuidad y el tajureo. De ahí que muchas personas bien cualificadas entiendan que el problema es de liderato, de desprendimiento patriótico y de capacidad para tomar decisiones y acompañar la acción a la palabra. Quieren tener moratorias aquí y moratorias allá. Quiebra criolla aquí y quiebra federal allá. Reestructuración de deudas aquí y allá. No quieren auditorías ni allá ni aquí. Con las moratorias se conducen igual.

Los políticos de aquí no van con cuentas claras: el asunto tiene que ver con la soberanía política que nos han conculcado; tiene que ver con el colonialismo, con el imperialismo, con el sistema territorial que ilegalmente ejerce y promueve Estados Unidos, tiene que ver con la voracidad y la corrupción de los buitres y sus adláteres; tiene que ver también con un país que se nos vacía, con una crónica falta de democracia y de responsabilidad en la administración pública puertorriqueña.

Hay un extenso manoseo con los problemas del País. No se quiere ir a la raíz de los problemas porque le llamarían radicales. Si el proceso político y electoral de noviembre nos lleva a repetir recetas viejas, entonces será, a mi juicio, inevitable ir a las raíces y ser inevitablemente radicales en la demanda de los derechos humanos de todos los puertorriqueños que es de lo que realmente tratan los problemas de nuestro país y de nuestra gente. Esa demanda habrá que hacerla a los bárbaros y al ineficiente liderato de nuestro país.

El manoseo para que cambie el trato que los republicanos han iniciado en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos jamás podrá equipararse al poder de los inversionistas políticos que constituyen un núcleo que controla al Congreso, sobre todo en los años electorales como el presente. Sólo su interés económico medirá los resultados y agravará o atenuara nuestros problemas. Lo demás seguirá siendo puro manoseo. Si legislativamente nos orientáramos hacia una Asamblea Constitucional de Estatus enviaríamos el mensaje correcto