Indigna la reacción del gobernador Alejandro García Padilla al atreverse a decirles a los padres y madres de niños con discapacidades que tienen que hacer más con menos. Señor gobernador, si hay un sector de este país que son expertos en hacer más con menos son los padres y madres de niños con discapacidades. Llevan varias generaciones y administraciones de gobierno haciendo más con menos.

Ninguna administración se ha distinguido por dar cabal y fiel cumplimiento a los acuerdos y mandatos del pleito de clase de Rosa Lydia Vélez incoado originalmente por Servicios Legales de Puerto Rico y continuado por un excelente grupo de abogados y abogadas comprometidos con la defensa de los derechos humanos de los sectores más vulnerables de este país.

El continuo incumplimiento con los Programas de Educación Individualizada (PEI), la falta de servicios que requiere esta población, el incumplimiento con las especificaciones de acceso que requieren los edificios públicos como las rampas necesarias y la falta de una política de planificación urbana y permisología sensible a las necesidades de la población de discapacitados en general, ha sido y es un impedimento para el desarrollo pleno de estos ciudadanos y la capacidad de disfrutar la vida sin mas impedimentos que los que ya tienen de por sí.

Mientras se continúa la asignación de fondos para gastos superfluos, contrataciones de personal de confianza que no rinde servicios esenciales e impostergables, a los padres y madres de niños discapacitados se les pide hacer la cola como mendigos y seguir haciendo más con menos. Se les pide a los padres y madres de niños discapacitados que hagan más con menos, mientras el gobernador admite no conocer el informe del comisionado especial del pleito de clase. Esto es claramente una admisión de que tiene algún empleado de confianza que no ha hecho el trabajo mínimo de preparar un resumen ejecutivo para que su jefe se entere de lo que sucede con esta población.

Peor aún, esto es una admisión de que para esta administración estos ciudadanos no han figurado en su lista de prioridades luego de once meses de haber asumido las riendas del País.

Los niños y personas discapacitados en general tienen un derecho humano fundamental a la vida, la libertad y la felicidad. La educación especial no es un privilegio, es un derecho así como su acceso a los servicios, facilidades y recursos a que tienen derecho para garantizar el desarrollo de sus capacidades al máximo de su potencial y convertirse en ciudadanos productivos y no dependientes.