Monitoreo de prensa, lunes, 30 de noviembre de 2009

Por Elaine Mulet y Natalia Rivera

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Trece asesinatos en el fin de semana  aumentaron a 833 el número de muertes violentas, lo que representa 93 más que los reportados en el 2008.

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Emplazan a Arango para que demuestre financiamiento de Venezuela al MINH

Inter News Service / Priera Hora

El senador Roberto Arango quedó emplazado públicamente el sábado para que presente la evidencia que tiene de que el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) está financiado por el gobierno de Venezuela.

El copresidente del MINH, Héctor L. Pesquera, retó al senador del oficialista del Partido Nuevo Progresista (PNP) para que presente la prueba que dice tener sobre el dinero que esa organización recibe del gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez.

“Esa es una vulgar charlatanería. El supervisor de las finanzas del MINH es éste que les habla, además de ser copresidente. Y la única fuente de financiamiento del MINH son las cuotas de sus simpatizantes y militantes y las actividades económicas que realizamos”, expresó Pesquera en un programa de radio (WIAC 740), donde comparte en un panel con Arango.

El dirigente izquierdista reivindicó el derecho de esa organización a recibir ayuda económica de cualquier parte, pues es un derecho de todos los países que luchan por su libertad, pero “desgraciadamente en este momento no recibimos ni un centavo ni de Venezuela ni de ningún país del mundo”.

Pesquera argumentó que es posible que el senador del PNP no entienda que el MINH se puede sostener por sí mismo, con el aporte de sus militantes y simpatizantes y las actividades económicas que realiza.

“Quizás Arango no entiende que nosotros nos podemos sostener por nosotros mismos y que no necesitamos ayuda de la Fundación Cubano-Americana ni del exilio cubano en Miami ni de la derecha venezolana, como es el caso de él. Lo que hay que insistir aquí es que presente la evidencia que dice tener o que se retracte del señalamiento de que el MINH es una organización terrorista, y que nos digas quién nos está velando”, reclamó en tono firme el político independentista.

Le recordó al senador Arango que sus expresiones están grabadas, por lo que ahora no puede venir a cambiar su versión de que no hizo tales imputaciones.

“Que presente la prueba que dice que tiene en contra del MINH y del financiamiento que hace la Revolución Bolivariana al movimiento independentista puertorriqueño o que se retracte de su afirmación de que el MINH es una organización terrorista”, reiteró Pesquera.

Demandó además del senador que revele quién “está velando” al MINH por sus actividades a favor de la independencia de Puerto Rico.

“¿Quién nos está velando? ¿Quién nos está carpeteando? ¿Usted está entre ellos?”, dijo directamente a Arango, quien hace una semana acusó al gobierno venezolano en un diario estadounidense de financiar grupos “terroristas” en Puerto Rico.

Pesquera se dirigió en términos duros hacia el senador del PNP, al que imputó decir “una sarta de mentiras” para justificar su persecución contra los independentistas y acusar al Consulado General de Venezuela en Puerto Rico

“Me reitero en que Puerto Rico no necesita políticos que no le hablen con la verdad al pueblo y que no necesita políticos cuya lealtad sea otra nación. Puerto Rico necesita políticos que hablen la verdad y que su única lealtad sea el pueblo de Puerto Rico, y ese no es el caso del señor Arango”, agregó.

Pesquera añadió que el planteamiento de que la relación política existente entre Estados Unidos y Puerto Rico es un asunto interno entre ambos países, “es un viejo argumento de los colonialista que quieren que las cosas se queden igual, (pues) aunque digan que la estadidad resuelve el colonialismo, la estadidad es la culminación del colonialismo”.

El también médico le recordó al senador del PNP que “el colonialismo es un delito internacional y es un deber de todas las naciones libres del mundo de señalar al criminal, al que viola la ley internacional”.

“Yo creía que el PNP estaba en contra del estatus actual y sus acciones lo que hacen es defender el estatus actual, que no haya intervención de la comunidad internacional para resolver un problema desigual entre dos naciones: una poderosa imperialista que invadió a esta país por la fuerza y que todavía lo ocupa militarmente, y otra nación pequeña caribeña que recaba el respaldo histórico, que no viene de Chávez, que viene de los tiempos de Simón Bolívar, de los tiempos de José Martí”, subrayó.

Pesquera añadió que los puertorriqueños no solamente recaban la solidaridad internacional, “sino que también la damos. En la lucha por la independencia de Cuba, más de dos mil puertorriqueños murieron en esa lucha, en la manigua”.

Hostosianos insisten en renuncia del Secretario de Justicia

(San Juan, 30 de noviembre 2009). “El Secretario de Justicia debe ser destituido de inmediato. Ha perdido toda credibilidad y confianza del pueblo, elementos indispensables para el desempeño de sus funciones” en opinión de Héctor L. Pesquera, copresidente del MINH.

“El pasado mes de octubre solicitamos públicamente la renuncia del secretario Sagardía por sus vínculos con narcotraficantes, específicamente con el supuesto autor intelectual de la matanza de Sabana Seca.”

“Hoy añadimos el patrón de encubrimiento de asesores del Gobernador en Fortaleza cuya investigación ha sido amapuchada y escondida por el licenciado Sagardía, en violación a la ley que lo obliga a someter el resultado de la investigación del Departamento de Justicia al Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI).”

“El encubrimiento y la defensa de narcotraficantes no pueden ser características del Secretario de Justicia de ningún país que se respete en el mundo. Son elementos de descomposición social que denotan la corrupción que debe perseguir dicho Secretario”, sentenciaron los portavoces del MINH.

(San Juan, 22 de octubre 2009). “El Secretario de Justicia debe renunciar de inmediato a su posición ya que presenta conflictos de intereses insalvables”, según portavoces del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH).

“No basta con la inhibición del licenciado Sagardía del caso de la matanza de Sabana Seca. El Secretario de Justicia, por haber sido abogado del sospechoso de ser autor intelectual de dicha masacre, conoce información privilegiada sobre dicho delincuente. Inhibirse del caso es el equivalente a no querer colaborar con la justicia en el esclarecimiento de este caso. Es un conflicto de interés insalvable el haber sido abogado de un asesino vinculado al narcotráfico para luego ser abogado del pueblo contra ese mismo delincuente”, dijo Héctor L. Pesquera, copresidente del MINH.

De su parte Julio Muriente, también copresidente de los hostosianos, expresó que “es muy delicado para la función del Secretario de Justicia que el ocupante de esa silla esté vinculado a la defensa de narcotraficantes. El sistema de Justicia está en entredicho. Ha perdido credibilidad ante el pueblo de Puerto Rico. El país necesita un Secretario de Justicia que proyecte integridad, imparcialidad y pureza. El licenciado Sagardía no es esa persona” sentenció Muriente.

Gobierno

Fiscalización al centavo

Por Melissa Correa Velázquez EL VOCERO

Tras la asignación de $6,600 millones por parte del Gobierno federal a la Isla, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), trabajarán en conjunto para monitorear y fiscalizar el uso de los fondos, anunció el director de esa agencia estadounidense en la Isla, Luis Fraticelli.

“Tenemos un grupo de trabajo en esa oficina, nos hemos aliado con la AFI, que es el ente gubernamental que tiene la responsabilidad de ver a dónde va ese dinero. Queremos tener la certeza que el dinero que es destinado para la mejoría de nuestra infraestructura y nuestra economía se utilice para eso y que no se roben esos fondos del American Recovery Investment Act (ARRA)”, adelantó Fraticelli. Las declaraciones del funcionario se produjeron durante una entrevista con EL VOCERO en relación a sus proyectos y expectativas para el 2010, entre otros temas.

Explicó que una gran cantidad de los fondos serán asignados a los municipios y a las agencias gubernamentales. Mencionó que parte del dinero está destinado para la construcción y reparación de carreteras, puentes y escuelas, entre otros.

“Como ocurrió con el paso del huracán Katrina en Nueva Orleáns y Mississipi, el Gobierno (federal) inyectó a esas economías dinero para ayudar a que las personas pudieran levantarse otra vez, pero el FBI encontró que después de asignarse tantos millones dólares, eso resultó en individuos tratando de llevarse ese dinero. El FBI tiene la postura de que con tanto dinero a raíz del American Recovery Investment Act –del que en los próximos años Puerto Rico va a recibir seis mil setecientos mil millones de dólares– tenemos que tomar los pasos ahora en el 2010 para asegurarnos que tengamos el personal suficiente con las destrezas necesarias para poder contabilizar el dinero”, apuntó. Señaló que lleva unos dos meses trabajando en coordinación con la AFI. Destacó que, al igual que en Puerto Rico, las otras 55 oficinas del FBI están delineando planes para asegurarse que el dinero sea utilizado para lo que fue destinado.

“Tengo reuniones semanales sobre ese asunto con mi equipo de trabajo y creemos que a base de nuestra historia y casos lamentables de corrupción tenemos el temor fundado, a base de nuestras investigaciones en el pasado, que es posible que ese dinero no sea utilizado para las cosas que tienen que utilizarse. Si el dinero no se utiliza de la manera más adecuada, pues incrementa el desempleo. Si con el dinero que viene para mejoras en las carreteras, por ejemplo, no se emplean personas porque el dinero se fue para otra cosa, es sumamente importante que el FBI tenga un plan bien articulado y el mensaje es vamos a estar al tanto y los vamos a fiscalizar”, advirtió Fraticelli. Mencionó que uno de los grupos del FBI que investiga casos de corrupción pública estará a cargo del monitoreo.

Asimismo, indicó que las pesquisas de fraude bancario e hipotecario continuarán siendo unas de las áreas prioritarias durante el 2010.

“Tenemos nuestras miras puestas en todos esos asuntos que afecten al pueblo en el área financiera, porque si nuestra economía está por el piso, eso trae otras repercusiones y si la gente trabaja se inyecta la economía y hay bienes para todos”, apuntó. Reiteró que investigan varios casos de fraude hipotecario, pero que estas pesquisan toman mucho tiempo debido al análisis de documentos financieros.

“Recientemente, tuvimos el caso de McCloskey y sus secuaces que timaron a instituciones financieras por $14 millones. No son los únicos que lo están haciendo, recientemente ustedes (EL VOCERO) reseñaron el allanamiento de Beneficial Mortage. Nuestra política no es ni confirmar ni denegar la existencia de una investigación, pero como ya ocurrió un allanamiento... pero no son los únicos casos que investigamos en el área de fraude hipotecario”, acotó.

Añadió que este tipo de caso no es como los de robos a bancos. “Un caso de robo de bancos son hechos simples, robaron el banco y se fueron (los criminales). Cuando tienes un caso como el de McCloskey donde hay mucho dinero y muchas personas envueltas, bancos que fueron víctimas, se necesita más tiempo para tener una versión acertada de lo que realmente ocurrió”, dijo Fraticelli.

Lupa al sector financiero:

Fraticelli aseguró que el FBI continúa con las miras puestas en todos esos asuntos que afecten al pueblo en el área financiera, porque “si nuestra economía está por el piso, eso trae otras repercusiones y si la gente trabaja se inyecta la economía y hay bienes para todos”, apuntó. Reiteró que investigan varios casos de fraude hipotecario, pero que estas pesquisan toman mucho tiempo debido al análisis de documentos financieros.

Gobernador evita comentar sobre expresiones de Fraticelli sobre Sagardía

Inter News Service / Primera Hora

El gobernador Luis Fortuño evitó hoy opinar sobre las expresiones del jefe del FBI en la Isla, Luis Fraticelli, quien se mostró decepcionado por el hecho de que el secretario del Departamento de Justicia (DJ), Antonio Sagardía, había sido abogado de un criminal vinculado al narcotráfico y a una matanza.

"La relación con el FBI ha sido extraordinaria. Con el 'strike force' estamos teniendo un récord de que un cien por ciento de los acusados acaban siendo encausados. La evidencia es sólida", señaló Fortuño.

Sobre el caso de Sagardía, el mandatario contó que "tan pronto me lo dijo el Secretario, él se inhibió. Yo le dije que tenía que hacer eso. Hemos trabajado muy bien".

Fortuño dijo a una emisora radial (WUNO) que "a menos que actué sobre un cambio, no entro en esta discusión. Si está trabajando en nuestro equipo (Sagardía), es porque es así, no entramos en discusiones sobre ello".

Fortuño se muestra abierto a que un FEI investigue el caso de sus ex asesores

Inter News Service / Primera Hora

El gobernador Luis Fortuño se mostró hoy abierto a que un Fiscal Especial Independiente (FEI) investigue el caso de dos asesores que supuestamente tuvieron intervenciones indebidas en el proceso de selección de una aseguradora para la reforma de salud.

Fortuño recordó que la investigación que realizó el Departamento de Justicia (DJ) "la solicité yo", aunque esa agencia determinó que el FEI no tiene jurisdicción para iniciar una investigación del caso.

Al respecto, el mandatario dijo que "a mí me toma cinco minutos enviar los antecedentes al FEI. No tengo nada que esconder".

El Gobernador también afirmó a una emisora radial (WUNO) que "esas personas (el ex secretario de Organización y Política Pública Alejandro Figueroa y el ex asesor de Asuntos de Salud, Diego Loinaz) ya dejaron de trabajar en Fortaleza y el DJ ya dio a conocer un informe".

El DJ determinó la semana pasada que no hubo actos ilegales de los asesores del Gobernador.

Gobernador adelanta firmará ley para salas especializadas en violencia doméstica

Inter News Service / Primera Hora

El gobernador Luis Fortuño adelantó hoy que esta vez sí firmará la ley que establece las salas especializadas en violencia doméstica, uno de los proyectos emblemáticos de la presidenta de la Cámara, Jenniffer González.

"Yo estoy a favor de salas especializadas, pero la Administración de los Tribunales me pidió que lo vetara. Las leyes son para que se implementen", dijo Fortuño.

El gobernador dijo a una emisora radial (WUNO) que "ahora se va a someter nuevamente, pero va a tener el apoyo de la Administración de los Tribunales y mi firma también".

Para Fortuño, en este nuevo proceso "ya estamos de acuerdo los tres poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Yo quiero que la implementen. Yo no quería que fuera letra muerta".

OJO: Ver petición del Presidente del Tribunal Supremo a Fortuño en sección Seguridad, Justicia, Tribunales de este monitoreo.

Subsidio para comprar casas de hasta $300,000

Por AP  / El Vocero

SAN JUAN- El gobierno aumentó el límite de precio que debe tener una vivienda para cualificar para un programa que ofrece hasta $ 10,000 de subsidio para los gastos de cierre.

Hasta ahora, el Programa de Bono de Vivienda para Gastos de Cierre permitía otorgar un subsidio de hasta un 5% del precio de venta a compradores de residencias de $ 200,000 o menos, pero el secretario de la Vivienda, Yesef Cordero, informó el domingo que ese límite se aumentó hasta $300,000.

"Conscientes de que son muchas las familias que necesitan una ayuda como ésta para hacerse de su vivienda, la Junta de Directores de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) ha estado de acuerdo en enmendar dicho parámetro para que aplique a viviendas con un valor de hasta 300,000 dólares", dijo en comunicado de prensa.

George Joyner, director ejecutivo de la AFV, aseguró que este cambio no debe afectar la disponibilidad de fondos del programa, ya que se mantiene el límite de 10,000 dólares por comprador.

Desde su implantación a mediados de 2009, unas 1,400 personas han recibido fondos del Programa de Bono de Vivienda para Gastos de Cierre para la compra de su vivienda, indicó Cordero.

Piden sindicatura para el Municipio de Vega Baja

El representante Rafael “Tatito” Hernández y Marcos Cruz Molina, portavoz de la Asamblea Municipal, denunciaron la quiebra del ayuntamiento.

Por Cynthia López Cabán / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael Hernández Montañez, y el asambleísta municipal popular, Marcos Cruz Molina, denunciaron ayer que el Municipio de Vega Baja se encuentra en quiebra.

Ante esta situación, recomendaron colocar en sindicatura al ayuntamiento, que acumula un déficit de sobre $5 millones, según dijeron.

“Vega Baja, por una falta de administración y una incapacidad crasa, ha llegado a una quiebra económica que no le va a permitir seguir ofreciendo un servicio de excelencia a la ciudadanía vegabajeña”, dijo Hernández Montañez en rueda de prensa en el Capitolio.

Cruz Molina, por su parte, emplazó al gobernador Luis Fortuño y a la Legislatura estatal a iniciar una investigación sobre las finanzas del municipio.

Señaló que el alcalde Edgar Santana entró con un superávit de $240,195 en su primer término. Pero que inmediatamente comenzó a amasar un déficit.

Los documentos que presentó indican que durante al año fiscal 2005-2006 el déficit alcanzó los $6 millones. Luego en el 2006-2007 esta deficiencia se redujo a $2.5, pero al año fiscal siguiente volvió subió a $4 millones.

Ambos políticos recomendaron que se establezca un comité especial de trabajo de varias agencias, encabezado por la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, la Legislatura y el Banco Gubernamental de Fomento.

Afirmaron que este déficit presupuestario se debe a que sobrestimaron las patentes municipales, que han mermado en los pasados años, y a la privatizaron el vertedero, una fuente importante de ingresos del municipio.

Actualmente un Fiscal Especial Independiente (FEI) investiga al alcalde Santana por imputaciones de soborno y violación a La Ley de Ética Gubernamental.

Se alega que Santana pidió al dueño de una compañía de manejo de desperdicios sólidos un soborno de $250,000 a cambio de concederle un contrato. El Primer Ejecutivo municipal ha negado esas imputaciones e insistido en que ha sido objeto de un patrón de extorsión.

Lorna Soto pedirá cuentas a Corporación Pública

Por CyberNews / El Vocero

Capitolio – La senadora Lorna Soto solicitará al cuerpo legislativo que le apruebe una resolución para investigar a la Corporación Pública del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe ante las alegadas irregularidades con contratos y compras autorizadas por el director ejecutivo Javier Malavé.

La presidenta de la Comisión de Corporaciones Públicas explicó en un comunicado de prensa que “los alegados hechos para la contratación innecesaria de la Dra. Vanessa Santini, el reemplazo de labores o su duplicidad de servicios, compra de automóviles y el déficit operacional entre otros señalamientos, son suficientes para que nuestra Asamblea legislativa investigue. Por tanto, estaré presentando una resolución investigativa para interrogar a su actual director Javier Malavé, entre otros funcionarios de la Corporación Pública”.

Soto añadió que esta corporación debió tomar medidas de austeridad ante el déficit que le ha imposibilitado costear los servicios de agua, luz y suplidores en la institución hospitalaria, pero que han pagado “jugosos contratos”.

“Es menester de la legislatura proveer toda la ayuda necesaria para que la operación de la Corporación Pública continúe, garantizarle al pueblo el servicio especializado en proveer tratamiento para enfermedades del corazón, y que no se ponga en riesgo el centro de educación médica que allí se ofrece”, indicó la senadora.

Asimismo, dijo que “el privilegio que le dio el Estado al Hospital Cardiovascular, mediante la ley habilitadora, para ser una Corporación Pública debe respetar y valorar con acciones correctas todo el tiempo. Tiene dispensa para estar exento del pago de contribuciones, derechos, impuestos, arbitrios o cargos incluyendo los de licencias impuestos o los que se impusieran por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o cualquier subdivisión política de éste, incluyendo todas sus operaciones, sus propiedades muebles o inmuebles, su capital, ingresos y sobrantes”.

“Yo fiscalicé a la pasada administración del Partido Popular Democrático, pero voy a fiscalizar el doble a la nuestra (del Partido Nuevo Progresista) y más aun cuando se trata de la salud de nuestro pueblo. Conozco la visión del Gobernador y sé que no permitirá que pasen situaciones como las alegadas en Hospital Cardiovascular”, comentó.

Soto citará a una reunión al secretario de Salud Lorenzo González para discutir el asunto y presentarle su preocupación.

Más guisos legislativos

El Capitolio emplea a activista estadista y esposas de representantes penepés

Por Frances Rosario / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

La Superintendencia del Capitolio creó dos nuevas oficinas en las que ha ubicado a más asesores y a las esposas de dos representantes, lo que implica un gasto adicional de $180,000, confirmó el superintendente Eliezer Velázquez.

Una de las oficinas creadas hace cerca de dos meses es Iniciativas y Oportunidades, que tiene la función de redactar propuestas para solicitar fondos a los gobiernos local y federal. El dinero obtenido se usaría para mejorar los edificios propiedad de la Legislatura, según el funcionario.

Además de seis empleados regulares designados por la Superintendencia, la nueva dependencia emplea ahora al activista estadista Miguel Miranda, mediante un contrato con su corporación The Capitol Consulting Group.

Según el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, la empresa puede recibir hasta $9,000 mensuales por hacer investigaciones, redactar propuestas y buscar fondos.

A lo “Cuca Gómez”

Velázquez explicó que la oficina se estableció por recomendación de Miranda, en lo que se aprueba una ley que crearía una junta dedicada a gestionar más fondos para mejorar los edificios capitolinos. Esa legislación, que crearía el propuesto Fideicomiso del Patronato del Capitolio Estatal y el Museo del Capitolio Estatal, es de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y espera por su consideración en la Cámara de Representantes, de acuerdo con la página cibernética de la Oficina de Trámite Legislativo de la Asamblea Legislativa.

“Miguel fue el de la idea de crear el patronato y la oficina. La idea fue de Miguel Miranda. Él hizo los estudios de todos los Capitolios con museos, presentó el proyecto y lo estamos trabajando”, explicó Velázquez.

El funcionario defendió la nueva oficina, con el argumento de que el antiguo edificio del Capitolio está en pésimas condiciones. “En el edificio principal nosotros tenemos que trabajar con la restauración del mármol del lado norte. La fachada del edificio está bien deteriorada. O sea, es un edificio de 80 años que requiere atención inmediata”, dijo el Superintendente.

Agregó que la nueva oficina ha radicado tres propuestas para obtener fondos de varias agencias gubernamentales, entre éstas del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Esposas en las oficinas

Otra oficina legislativa nueva es la de Protocolo, a cargo de la ex representante Sandra Pacheco.

La ex legisladora defendió la nueva dependencia, aún cuando la Cámara de Representantes y el Senado tienen sus propias oficinas de protocolo. “Somos una oficina para colaborar con ambos cuerpos”, dijo Pacheco.

Entre las empleadas de Pacheco en la nueva oficina están las esposas del representante Pedro “Banchi” Cintrón, Daudy Gómez Fajardo, así como la del representante José “Nuno” López, Martha Castro, confirmó el Superintendente.

Según el funcionario, las esposas de los representantes pueden laborar en el Capitolio porque la presidenta de la Cámara, Jenniffer González, firmó sus dispensas.

Velázquez detalló que Gómez Fajardo tiene un contrato de hasta $3,000 al mes y que su tarea consiste en “desarrollar comunicaciones internas y externas”.

Mientras, la esposa del representante López es empleada de la corporación C&R Consultant Partners Group, contratada por la Superintendencia del Capitolio. Velázquez dijo que Leslie Rodríguez Correa preside la compañía. Castro aparece en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado como agente residente de la empresa. El Superintendente señaló que el trabajo de esa corporación es asesorar en contabilidad y administración.

El asesor llamado Miguel Miranda se estrenó como asesor y consultor en 1990

Por Gerardo E. Alvarado León / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

Antes de entrar al campo de la asesoría y consultoría en 1999, Miguel Miranda Pagán, de 43 años, ocupó posiciones ejecutivas en el Gobierno y la empresa privada.

Según él relató, fue director auxiliar de la Oficina de Asuntos de la Juventud (OAJ), comisionado auxiliar de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) y secretario auxiliar de la Secretaría de Política Pública y Organización Gubernamental bajo la gestión de Pedro Rosselló.

Hace 10 años se convirtió en asesor y consultor administrativo en temas de gobierno. Ha ofrecido sus servicios en el Departamento de la Vivienda, la OCAM, el Senado, la Cámara de Representantes y la Superintendencia del Capitolio. Ha trabajado para el Consorcio Guaynabo-Toa Baja y para Yabucoa. Tiene clientes privados, precisó.

Ha asesorado a políticos novoprogresistas como el ex presidente senatorial Charlie Rodríguez, Enrique Meléndez y los representantes Iris Miriam Ruiz y José Aponte. Ahora no tiene contratos con ellos, dijo.

Miranda Pagán, quien estudió contabilidad y gerencia en el Recinto Universitario de Mayagüez y el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, estableció este año su propia empresa: The Capitol Consulting Group.

Da asesoría en organización gubernamental, política pública, fondos federales y recursos externos, tecnología, imagen pública y comunicaciones. “Empecé como consultor independiente, pero ésta es una oportunidad de crecer y llegar a otras áreas”, dijo. Señaló que con él trabajan tres personas.

Comunidad en lucha

Laberinto de terror:

Riñas entre once bandos convierten a Loíza en polvorín de muerte y dolor.

Por Ricardo Cortés Chico / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

Loíza - Una carretera estatal apenas separa los bandos. De un lado al otro se lanzas amenazas. Las más “pacíficas” se plasman como sentencias de muerte en carteles, y las más crudas y usuales, toman forma de disparos.

Y las balas no discriminan entre los sicarios de los bandos y los que están ajenos en la controversia. “Disparan y se llevan enredados a todos los que estén en el medio”, explicó el director de la División de Homicidios de la Región de Carolina, Gerardo Andújar Torres.

Hasta finales de noviembre, la violencia entre estos grupos había cobrado la vida de 27 personas, en su mayoría jóvenes que no sobrepasan los 30 años. La cantidad de asesinatos marca un recrudecimiento de la “guerra” entre las pandillas, que en todo el 2008 cobró nueve muertes menos.

En Loíza se han identificado unos 11 bandos activos de conducta delictiva. No obstante, actualmente la mayor parte de la actividad criminal responde a las riñas entre los grupos de los sectores Las Carreras y Villa Santos, precisó el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, Samuel Luciano Rivas.

Pero el problema de violencia no termina exclusivamente con estos grupos “temerarios” dentro de estos sectores.

El bando de Las Carreras es apoyado por miembros de gangas en Villa Cristiana y Parcelas Vieques. En cambio, a favor de Villa Santos hay pandilleros de los sectores Melilla, Toledo y Miñi Miñi. Reportes de inteligencia criminal sugieren otra posible nueva “guerra”, esta vez entre los sectores Villa Cañona y Parcelas Suárez, cuyos bandos en un pasado estuvieron unidos.

Mientras esto ocurre, los propios protagonistas de estas guerras ni pueden explicar muy bien las razones de la guerra. Aducen que se trata de un conflicto que comenzó sólo “por envidia” y que lo que intentan es imponer “respeto”.

Raíces históricas

No obstante, según el sociólogo Manuel Torres Márquez, la violencia allí tiene raíces históricas de pugnas entre clanes por los territorios de la zona. Esas mismas disputas, con el tiempo, se transformaron en luchas de los sectores por el control de los puntos de drogas.

De acuerdo con el director de Homicidios en Carolina, en las décadas de los años 1970 y 1980 toda la zona era controlada por el narcotraficante Eusebio de Jesús Escobar, también conocido como “Cholo”, quien, según investigaciones policíacas, tenía conexiones directas con el traficante colombiano Pablo Escobar Gaviria.

“Para ese tiempo los asesinatos estaban más controlados porque había una organización como tal y un líder que tenía un control. Había códigos dentro de los bandos que se respetaban y sólo se atentaba contra los que estaban dentro del negocio de las drogas. No se atentaban contra los niños, las mujeres, los ancianos, por ejemplo”, dijo Andújar Torres.

A finales de los 1980, De Jesús Escobar fue arrestado por las autoridades federales y sentenciado a cadena perpetua. Esto dejó un vacío en el poder que desató una guerra entre los lugartenientes que controlaban el narcotráfico en distintos sectores de Loíza. “Cada cual comienza a montar su organización y ahí comienza el problema, cada cual buscando el control (que dejó De Jesús Escobar)”, relató.

Pero en esa guerra no hubo un claro vencedor.

Los grupos permanecieron sin el poder suficiente de imponerse sobre el otro. Con el tiempo se fue dejando a un lado la lucha por el control de los puntos de droga y los motivos de los crímenes cambiaron a simples venganzas. Un bando atenta contra otro y viceversa, desatando una cadena que creció hasta llegar a la actualidad, en que no existen códigos.

Inocentes en la mirilla

Las riñas, en ocasiones, se extienden desde un grupo contra todos los que viven en el sector contrario. “Se consideran enemigos no sólo los bandos sino la gente inocente, sólo por dónde viven”, explicó Wanda O'Farril Ceballos, directora de Inteligencia Criminal de la Policía en Carolina.

La misma intensidad de la guerra impide que los grupos lleguen a organizarse a tal punto que una o pocas personas controlen todas las operaciones. Esto implica una dificultad para las autoridades ya que no pueden identificar patrones operacionales, explicó, por su parte, el director del CIC.

Pero no sólo la cantidad de crímenes va en escalada, sino que también se observa más crudeza entre los bandos. Según Andújar Torres, usualmente los más jóvenes, para caer en gracia con los líderes, aumentan el nivel de violencia vigente, matando a inocentes o a muchos en sólo un acto, creando las llamadas masacres.

Un cartel, que el 28 de octubre miembros del bando de Las Carreras pegaron en una calle del sector Melilla, es sólo una simple muestra del nivel de violencia que impera allí. El rótulo tenía una lista de los que estaban por ser asesinados del grupo de Villa Santos.

“Y ya el cartel tuvo sus primeras víctimas. El que lo puso (identificado como Neftalí Pizarro Fuentes, de 43 años) lo mataron el 11 noviembre”, explicó el director del CIC de Carolina.

El cartel surgió como una reacción a la masacre del 30 de septiembre, que acabó con la vida de tres adolescentes y un adulto en la comunidad La Ceiba.

“La guerra sigue querámosla o no”

Jóvenes del Barrio Las Carreras, en Loíza, involucrados en lo que ellos mismos denominan como una “guerra”.

Por Ricardo Cortés Chico / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

Loíza - “No queríamos la guerra, pero como nosotros no se la negamos a nadie...”, dijo “Joe” (nombre ficticio para ocultar su identidad).

Sonreía de un modo sarcástico. Trataba de explicar las matanzas que habían manchado de sangre una y otra vez los sectores Las Carreras y Villa Santos, en Loíza. Era una realidad a la que ya estaba acostumbrado como líder de uno de los bandos en controversia.

Aquí los asesinos no discriminan entre sicarios e inocentes, advirtió crudamente. “Ellos (el bando contrario) en los últimos meses nos han mata'o a seis inocentes, tres chamaquitos que no tenían que ver na' con la guerra y tres mujeres que tampoco tenían na' que ver”, precisó.

Esas muertes no se justifican, dijo. Otras, “tal vez”, admitió. “Nos hemos provocado de parte y parte... Pero todo empezó por envidia con la gente de allá haciendo cosas contra la gente de aquí”.

El inicio al que se refería era más bien el de las más recientes matanzas en Loíza. Joe sabía que la violencia allí era algo que viene ocurriendo desde hace décadas, pero el origen de la sangrienta lucha no lo podía precisar, más allá de la supuesta “envidia” contra su bando.

Las hipótesis históricas las desconocía y era muy poco lo que quedaba de la guerra por el control de puntos de drogas de la década de los 1980 e inicios de los 1990. Lo que sí tenía claro era que la “guerra” allí no es por el control de los puntos de drogas “sino por respeto”.

Junto a Joe había alrededor de una veintena de jóvenes, todos miembros del bando en guerra. Cada uno había visto la muerte de algún familiar o allegado. De muchos de ellos, según informes policiales, se sospechan asesinatos de miembros de los bandos de Melilla y Villa Santos.

“Taburito” (también un nombre ficticio), uno de los jóvenes presentes, señaló el problema como uno racial, por tratarse de una zona donde se asentaron grupos de esclavos. “Como somos negros siempre nos dejan en el olvido”, dijo.

El conflicto tocaba a Taburito de muchas formas. Además de estar activo en uno de los bandos, a su hermana la habían asesinado sólo porque vivía en Las Carreras.

“Aquí nosotros lo que hacemos es defendernos. No podemos quedarnos así”, justificó.

Otro, que se apodó Fantasma, dijo que su hermano, que estudiaba para convertirse en sicólogo forense, un día que fue de visita a la comunidad lo asesinaron sólo porque era su hermano.

“Esta guerra está personal. Aquí se ha 'matao' a mucha gente inocente. Y eso no se puede. Hasta los chamaquitos que están en la escuela no los dejan entrar a los salones porque son de aquí o de otro la'o y no están en mayoría. La guerra sigue allá (en la escuela)”, dijo Fantasma.

Añadió que no cooperan con la Policía porque la justicia en el País “no sirve” y los que han hablado “terminan muertos”.

Joe, por su parte, asegura que todo esto no implica que todo el pueblo sea peligroso. “Esto es igual que en todos lados. El peligro aquí es pa' los locales que están mal con la gente. La guerra es con la gente de los mismos barrios, no con la gente de afuera, ni los guardias”, contestó.

“Si yo pudiera, esto se acabaría hoy pero la guerra sigue querámosla o no. Ahora mismo nosotros tenemos con qué y por qué hacer daño pero lo estamos pensando todavía”, añadió tras aludir nuevamente al tema del respeto y la envidia como la razón de las matanzas.

Arremeten contra las leyes promovidas por Fortuño

Por AP / El Vocero

SAN JUAN- La organización Gerenciales Asociados del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (Gea-DRNA) arremetió contra tres de las principales leyes aprobadas por la administración de Luis Fortuño: la de Emergencia Fiscal, la de las Alianzas Público Privadas y la de Permisos.

Jorge Ocasio, presidente de la organización, dijo que la Ley 7 de emergencia fiscal no sólo deja sin empleo a miles de servidores públicos, sino que despoja a los empleados de carrera no cesanteados de toda garantía de seguridad de empleo, derechos adquiridos y beneficios marginales.

Según Ocasio, la mencionada ley permite que a los empleados se les asignen tareas adicionales de mayor complejidad, sin la retribución adicional correspondiente, lo que violenta el principio de igual paga por igual servicio. Además, permite reubicar empleados indiscriminadamente y sin otorgarles derecho a la apelación.

Sobre la Ley de Alianzas Público-Privadas, sostuvo que “fija en manos privadas responsabilidades que corresponden al Estado”.

También rechazó que ese estatuto favorezca que “el sector privado evada la obligación legal de cumplir con las normativas protectoras del medio ambiente natural”.

Asimismo, denunció que la Ley de Permisos permita que el gobierno establezca una estructura que otorgue los permisos de construcción que estará bajo el control de los propios desarrolladores.

“Esta nueva estructura pone todo en manos de un nuevo 'gerente de permisos' que, en la práctica, sustituirá a agencias como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Administración de Reglamentos y Permisos, el Departamento de Salud, y el Cuerpo de Bomberos, entre otros”, destacó.

A su juicio, ese cambio en la otorgación de permisos limita la participación ciudadana en cualquier proyecto que amenace el ambiente, los recursos naturales y las comunidades desventajadas afectadas por los desarrollos.

Más protestas por criadero de monos

Bárbara J. Figueroa Rosa / Primera Hora

El comité que se creó en contra de la empresa israelí Bioculture, encargada de un laboratorio de producción de monos salvajes en Guayama, utilizará como vía de protesta una serie de manifestaciones frente a las puertas de todas las sinagogas judías que hay en Puerto Rico.

Así lo adelantó el presidente de la organización, Roberto Brito, al explicar que la idea es denunciar un supuesto “atropello y discrimen étnico que la comunidad judía ha cometido contra los puertorriqueños”.

Brito descartó que el plan atente contra la libertad de culto que garantiza la constitución de la Isla y más bien “es una expresión de solicitud de acción de esos empresarios que hasta invocan a Dios para que sus negocios prosperen sabiendo que el negocio de monos en Puerto Rico es algo malo para nosotros”.

A modo de ejemplo, mencionó que parte de los atropellos incluyen el “desastre ambiental” del fuego de Capeco, cuyos dueños son judíos.

La prensa:

Climas de opinión

Mario E. Roche Morales / Diálogo

Parece que la climatología social puertorriqueña ha cambiado dramáticamente en los últimos días. De las ráfagas de vientos huracanados que advertían el arribo de una huelga general, cuya envergadura y consecuencias preocupaba al Gobierno, hemos pasado al aparente tiempo estable de las Navidades y la felicidad por decreto.

En la atmósfera mediática comienzan a sentirse climas de opinión que proyectan un agotamiento de la combatividad y un curioso sentido de tedio ante las manifestaciones en oposición a los despidos masivos de empleados públicos. Además, en los mapas de la prensa es perceptible el deseo de un paréntesis de todo lo relacionado con la crisis en aras del calentamiento consumista en los centros comerciales y el ensimismamiento típico de la depresión.

Mientras tanto, romper con el acceso rutinario que los políticos y los sectores hegemónicos tienen a los medios de comunicación está resultando cada día más difícil para las organizaciones sindicales y de la sociedad civil. Producir un acontecimiento mediático que recuerde y denuncie la masacre de los despidos y la población excedente parece que produce antipatía o indiferencia, si se tiene en cuenta la cobertura periodística de algunas de las últimas manifestaciones.

La toma de la Torre de la Universidad de Puerto Rico en el Recinto de Río Piedras la semana pasada por parte de varios estudiantes encapuchados, a manera de calentamiento para la manifestación que llevarían a cabo al día siguiente contra la Ley 7, y la marcha de los aguerridos jóvenes hacia la Milla de Oro –nombre que habría repensar dadas las circunstancias económicas de la banca- fueron atendidas por algunas empresas periodísticas con desdén y sentido de burla. Noticias, titulares y algunas opiniones del público comentaban la supuesta “flojera” de la actividad, la presencia de “cuatro gatos” o la intervención de universitarios revoltosos –“los mismos de siempre”- que “siempre protestan pero nunca rechazan las becas Pell”.

Por otro lado, la sorpresiva manifestación en las “entrañas del monstruo”, Plaza Las Américas, llevada a cabo el sábado pasado, fue reseñada casi con asombro, ya que la misma gozó, según cuentan las mismas notas periodísticas, del apoyo de gran parte de los ciudadanos que circulaban por el local y por los trabajadores de las tiendas. Además, porque la actividad se llevó a cabo con civismo y naturalidad. Los organizadores de la protesta no contaban con los permisos de la gerencia del “centro de todo” para manifestarse, sin embargo, reivindicaron el derecho a la libertad de expresión para mantener viva la oposición a los despidos de trabajadores públicos y la llama de una huelga general que, en estos momentos, parecería muy lejos de nuestras latitudes emocionales.

Quizás tiene que ver con la jerarquización de los asuntos públicos que nuestro ecosistema mediático ha hecho en los últimos días. En una época en la que los imaginarios de felicidad y conformismo marcan grandes diferencias a la hora de la pauta publicitaria o el consumo navideño, los medios de prensa asumen en muchas ocasiones un rol legitimador de las dinámicas del mercado. Sucede que el trabajo periodístico se ve influenciado, queriéndolo o no, por unos “carteles invisibles” que “avisan” a los comunicadores de la necesidad de privilegiar contenidos que no antagonicen con las tramas del capitalismo salvaje y el negocio de la información.

Por ejemplo, ya veremos en los medios de comunicación el rito de los amanecidos en las puertas de las grandes superficies el “viernes negro” (se llama así porque ese día los comerciantes aspiran a salir de “los números rojos”) en aras de la mejor oferta. Los reporteros preguntarán a los compradores trasnochados por qué lo hacen y luego despedirán la transmisión con una sonrisa condescendiente.

Décadas atrás los estudiosos de la opinión pública desarrollaron el concepto de “espiral del silencio” para explicar cómo las representaciones reiteradas de unas opiniones sobre otras llevan a “las minorías” a aceptar las posiciones de “la mayoría” para evitar el aislamiento y el rechazo. A medida que la tendencia dominante se extiende por los medios masivos las voces contestatarias o críticas tienden a guardar silencio.

En este caso, ¿cuáles son las voces de la mayoría? ¿Aquellas que entienden que lo peor ya pasó -borrón y cuenta nueva- y que debemos enfocarnos en celebrar en familia? ¿La de los que creen que el desempleo es un destino inevitable en las circunstancias actuales? ¿La de los que abrazan “New age” para repetirse día a día que todo irá mejor sin detenerse a confrontar la realidad? O, por el contrario, ¿es dominante la voz de la decepción y el escepticismo?

Los aires que soplan invitan a todo, menos a la protesta. La temporada huracanada de los pasados meses concluyó. Está por verse si el nuevo año traerá una climatología social rearticulada y creativa.

Nublado el panorama

Mientras que en Chile mejora la libertad de prensa, en Venezuela, Ecuador y Brasil se agudizan los problemas

Por El Nuevo Día

¿Cómo anda la prensa en América Latina? De acuerdo a la opinión de algunos de los principales diarios de la región -aquéllos que, al igual que El Nuevo Día, pertenecen al Grupo de Diarios de América (GDA)-, él clima está mejorando en Chile, pero se mantiene bastante nublado en Ecuador, Venezuela, Colombia, Argentina y Brasil. En Chile, El Mercurio informa que este ha sido el año de la 'transparencia': en abril comenzó a implementarse la Ley sobre Acceso a la Infomación Pública.

En Ecuador, sin embargo, El Comercio advierte que el gobierno del presidente Rafael Correa se apresta a imponer, entre diciembre y marzo, una ley de comunicación que, bien mirada, equivale a una especie de ley de mordaza.

En Venezuela, entretanto, El Nacional recuerda que el gobierno de Hugo Chávez continúa a la carga contra lo que él llama el “terrorismo informativo”.

En Colombia, El Tiempo afirma que allí la presión sobre la prensa no la ejerce precisamente el gobierno.

En Argentina, La Nación señala que es cada vez más acentuada la campaña del gobierno contra la libertad de prensa.

Por último, en Brasil, O Globo, indica que entre julio de 2008 y agosto de este año se registraron 31 casos de censura previa o amenazas de agresiones a diarios y periodistas.

Un desafío diferente: Puerto Rico

Por Gloria Ruiz Kuilan / El Nuevo Día/GDA

Cuando se sitúa la mirada en países como Venezuela, Ecuador o Cuba donde la libertad de prensa y de expresión es coaccionada constantemente de diversas formas, Puerto Rico parece engrandecerse porque ciertamente posee un ambiente distinto, propenso para el flujo de información y la plena libertad en la cobertura noticiosa, concurren directivos de organizaciones periodísticas del país.

Cobijada bajo la Sección 4, Artículo II de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado y la Carta de Derechos de los Estados Unidos, existe en la Isla la libertad de prensa y de expresión, y se prohíbe su restricción.

Sin embargo, la existencia de tales derechos no es sinónimo de plena libertad para informar, investigar e indagar. Más bien, implica un reto mayor para la prensa puertorriqueña, aseguran expertos del área consultados por El Nuevo Día.

“Sin ánimo de querer crear comparaciones exageradas, la desaparición física de un periodista y el esfuerzo por sacarlo de carrera, desprestigiarlo y callarlo, tienen al final el mismo efecto de privar al pueblo del acceso a la información y a aquéllo que el poder no quiere que se conozca”, dijo el presidente de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, Rafael Lenín López.

La ausencia en Puerto Rico de asesinatos, secuestros y desapariciones de periodistas no impide una forma más sofisticada, pero igualmente nociva, de coacción de la libertad de prensa y de expresión. “Que nos lleva a levantar una señal de precaución y de atención”, recalcó López.

“En Puerto Rico sí hemos tenido que enfrentar situaciones de intimidación y de agresiones a la prensa. En ocasiones por fuerzas policíacas, proselitistas, del gobierno de turno, y de agencias federales como el FBI y militares, como la Marina”, agregó la directora del Centro para la Libertad de Prensa, Helga Serrano.

Serrano explicó que se impide la cobertura de eventos noticiosos utilizando las fuerzas del orden público o utilizando diferentes tácticas dilatorias. Ejemplo de esto se vivió durante los actos de desobediencia civil en la isla municipio de Vieques (2000-2006), en un allanamiento realizado por el Negociado Federal de Investigaciones contra una mujer independentista (2005) y el arresto de un fotoperiodista mientras cubría un secuestro en un centro comercial (2004).

Para la década del 90 -mientras fue gobernador Pedro Rosselló- su director de la Oficina de Comunicaciones divulgó información falsa a la prensa sobre un operativo e igualmente envió una carta al periódico norteamericano Miami Herald en la que expresaba su total menosprecio a la prensa puertorriqueña.

Más recientemente, el gobierno de turno mantiene un hermetismo mortal para los eventos noticiosos, dijo López. Tanto López como Serrano indicaron que en la Isla la cobertura noticiosa recae en gran medida en la operación del gobierno.

“Uno de los reclamos recientes de las organizaciones periodísticas al gobierno es para que deje a un lado el obstáculo al que se enfrentan muchos compañeros(as) porque muchos funcionarios están operando el servicio público como si fuera la empresa privada de donde vienen”, dijo el presidente de la ASPPRO.

Precisó que las peticiones de los periodistas por información, entrevistas y acceso a documentos o agencias públicas son muchas veces desoídas, ignoradas o dilatadas perjudicando así a todo el pueblo. La administración del gobernador Luis Fortuño dificulta a los periodistas el acceso a documentos públicos e incluso a jefes de agencias, añade López. “Esos reclamos se hicieron a principios de año y todavía no hay una respuesta precisa, han habido reuniones”.

A esto se añade que en septiembre de este año, en manifestaciones sociales y sindicales con motivo del despido de miles de empleados públicos, los periodistas y fotoperiodistas recibieron macanazos y empujones por parte de la Uniformada frente a La Fortaleza, la residencia del Gobernador, dijo López.

“Además, está el atropello verbal al que continuamente han sido sometidos los periodistas por parte del presidente del Senado (Thomas Rivera Schatz), quien opera el Senado como una finca privada”, enfatizó López.

Precisamente, el Presidente senatorial es uno de cinco autores de un proyecto de ley que solapadamente atenta contra la libertad de prensa. El proyecto de ley del Senado 1290 titulado “Ley de Delitos Electrónicos en la Internet” tiene una cláusula que penaliza con seis meses de cárcel y/o multa de hasta $5,000 a quien mediante manera electrónica “obtenga información que ha sido determinada por el gobierno como confidencial y privilegiada, y cuya divulgación no está autorizada por razones de orden público, seguridad o cualquier otra motivación con la intención o razones para creer que tal información así obtenida será utilizada para hacerle daño al gobierno”.

Al momento, el proyecto no ha sido aprobado en ninguno de los dos cuerpos legislativos. Fue presentado en el Senado el pasado 29 de octubre y las organizaciones periodísticas se preparan para combatirlo.

Se muda al 740 AM

Por Leira Ortiz / Especial para EL VOCERO

El analista político José Arsenio Torres se muda de número en el cuadrante radial del 1320 al 740. El popular comentarista se traslada con el periodista Luis Penchi a su nueva morada, Noticias 740, dejando el programa "Utima palabra” que por años ha encabezado junto al también comentarista Julio Muriente, informaron fuentes de entero crédito.

A la nueva programación del 740, se unirán próximamente, según las fuentes, el licenciado David Noriega, quién durante años estuvo en WKAQ 580 en el horario matutino. Noriega hará el programa de comentario con la periodista Damaris Suárez durante las mañanas. De Radio Isla 1320, Penchi también reclutó a la meteoróloga Susan Soltero, a Carmen Nydia Velázquez y a Víctor Alicea, conductores de "Prende el fogón con 'Susa' y 'Epifanio' y el Panel de los Sábados, que tiene representantes de tres tendencias políticas del País.

Subrepticiamente, hace un mes, el director de noticias de Radio Isla 1320 salió de la estación que regenteó por varios años. Sin pena ni gloria y de inmediato Luis Penchi fue sustituido en sus mœltiples funciones. En "Pegaos en la mañana” por Rafael Lenin López, en las noticias de la tarde por la recién nombrada directora Leisaidaliz Morales.

Fuentes informaron a EL VOCERO que cuando el propietario principal de Radio Isla, Eduardo Rivero, se enteró de que Luis Penchi estaba "armando” otra estación de noticias lo llamó a su oficina. Pero Penchi renunció antes de reunirse con Rivero. Ya para ese momento, junto a otros socios le había alquilado con opción a compra la estación WIAC 740 AM a Alan Mejías para reiniciar un proyecto de noticias en radio.

No es la primera vez que Penchi se mueve para un nuevo proyecto: estuvo en Notiuno, en WPAB Radio, Radio Isla y ahora Radio Puerto Rico 740.

"Fuego cruzado, que junto a "Ultima palabra”, es uno de los programas ancla de Radio Isla no se moverá de Radio Isla. De hecho, aunque Penchi le hizo acercamientos a Ignacio Rivera, encargado del espacio radial, no pudo llevarse el programa que acapara las ondas radiales de lunes a viernes de 5:00 a 7:00 p.m. El juego de palabras entre Rivera, Carlos Gallisáy Néstor Duprey, tres conocidos abogados, tiene humor además de análisis profundo.

El profesor José Arsenio Torres, conocido también por su erudición y su seco humor de pueblo, le harála competencia a "Fuego Cruzado, según la fuente, pues en Noticias 740 su horario cambiaráde la mañana a la tarde, de 4:30 a 7:00 p.m.

Noticias 740, con Penchi a la cabeza, le retaráel tercer lugar en las encuestas de audiencia de noticias a Radio Isla 1320, pues todavía WKAQ y Notiuno ocupan el primer lugar en varias de las horas pico. Sin embargo, Radio Isla ha logrado acaparar algunos espacios como el de la tarde.

Economía

La tasa de morosidad supera el 12%

Por Luisa García Pelatti  / El Vocero

La tasa de morosidad de las carteras de los bancos comerciales aumentó a 12.28% en el tercer trimestre, según datos del Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Hace un año, la tasa de morosidad estaba en 7.23%.

La cifra es mucho más alta en el caso de las hipotecas y más crítico aún en el caso de los préstamos para construcción de desarrollo, con instituciones que tiene tasas de morosidad superiores al 50%.

Las tasas de morosidad de los bancos (el porcentaje de préstamos atrasados del total de préstamos que mantienen en cartera) se han disparado, pasando de 2.13% en septiembre de 2006, a 3.87% en el 2007, 7.23% en el 2008 y finalmente a 12.28% a finales de septiembre de este año.

La tasa de morosidad más alta la encontramos en la cartera de préstamos de construcción y desarrollo, que se ha multiplicado por 8 en los últimos dos años, alcanzando el 41%, aunque algunas instituciones llegan a tener más del 60% de su cartera con atrasos.

Los desarrolladores, con miles de viviendas sin vender, tienen muy serias dificultades para repagar sus créditos y algunos han optado por declararse en quiebra. Esta situación va a obligar a los bancos a convertirse en “realtors” y dedicarse a vender los proyectos. Según algunas fuentes, esta situación podría ayudar a bajar los precios –los bancos estaría más dispuestos a bajar de forma significativa los precios que los desarrolladores– lo que podría ayudar a mover el anquilosado mercado de vivienda.

En las hipotecas, la tasa de morosidad ha pasado de 9.20% a 15% en 12 meses. Se trata de una cifra récord, que ha obligado a las instituciones financieras a ser creativos en sus programas de mitigación para evitar que se disparen las ejecuciones de hipotecas. Los bancos están siendo flexibles y extendiendo el período de tiempo que le dan a los clientes antes de ejecutar una propiedad.

En algunas instituciones el atraso en los pagos por parte de los clientes alcanza niveles alarmantes. R-G Premier Bank es el banco con la tasa de delincuencia más alta (19.85%). Hace 12 meses tenía una tasa de 8.45%. Y hay otros cinco bancos con tasas de morosidad por encima del 10%. Santander tiene la tasa de morosidad más baja, 3.43%.

El problema de atraso en los pagos de deudas es más serio en los préstamos de construcción y desarrollo, con una tasa promedio de 40%. Los mayores problemas están en las carteras de Scotiabank, Doral y BBVA con tasas de 64.45%, 52.81% y 51.26%, respectivamente. Pero, la mayoría de los otros bancos también mantiene una morosidad muy elevada, por encima del 30% en la mayor parte de los casos.

En las carteras de hipotecas, las mayores tasas de delincuencia las encontramos en R-G Premier Bank (21.00%), Westernbank (17.56%), Doral (17.18%) y FirstBank (16.99%). La más baja la tiene Santander (5.06%).

Cesantías definitivas en Caribbean Project

El despido de 23 personas en agosto iba a ser temporero

Por Marie Custodio Collazo / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

La empresa Caribbean Project Management (CPM) despidió permanentemente la semana pasada a 23 empleados, que habían sido cesanteados temporalmente en agosto.

Fernando Arteaga, presidente de CPM, confirmó los despidos y explicó que la empresa hizo todos los esfuerzos posibles por conseguir proyectos en los cuales reubicar al personal afectado.

“Se habían cesanteado a unas 23 personas en agosto, con carácter temporal por 90 días, dependiendo de que se consiguieran más trabajos. Desde entonces para acá, hemos agotado todos los esfuerzos para colocar a esas personas, pero no lo logramos y las cesantías se volvieron permanentes”, dijo Arteaga. Añadió que los despidos se realizaron a través de toda la empresa.

Las cesantías son efectivas esta semana y los afectados recibirán las compensaciones que dispone la ley, indicó.

Añadió que entre agosto y noviembre la empresa mantuvo la cobertura de plan médico a los despedidos.

En octubre, CPM fue seleccionado como uno de los 20 mejores patronos de Puerto Rico. Entonces Arteaga explicó que la empresa atravesaba un proceso de reestructuración, pero que la comunicación y la transparencia del proceso hacía que los empleados se sintieran a gusto.

Dudan de efectividad de incentivos CNE:

No se crearon 15,000 empleos prometidos

Por Joanisabel González / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

El Centro para la Nueva Economía (CNE) puso en duda la efectividad de la Ley de Incentivos al Desarrollo Socio-económico (LIDS) al señalar que no se ha materializado la promesa de crear unos 15,000 empleos en el sector a diciembre de este año.

“¿Dónde están los nuevos empleos?”, cuestionó el CNE en su página cibernética al señalar que en vez de mejorar, los empleos en el sector de la manufactura continúan mermando.

El CNE basó su análisis en los números más recientes de la Encuesta de Vivienda del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) . En mayo de 2008, el total de puestos de trabajo en el sector de la manufactura era de 125,000. En octubre pasado, el sector empleaba a 104,000 personas, es decir a 21,000 personas o 16.8% menos.

Mientras, la encuesta de establecimientos del DTRH indica que el sector se habría reducido hasta emplear a 91,400 personas en septiembre de este año, para una pérdida de 10,600 empleos en relación con mayo de 2008.

La LIDS aprobada el año pasado con el número 73 sustituyó la Ley de Incentivos Industriales.

“Las expectativas con la nueva ley, según clamaban sus defensores era que se crearían 15,000 nuevos empleos en la manufactura como resultado de su implementación”, indicó la organización.

“Podrá argumentarse que el ambiente recesionario ha esterilizado efectivamente los efectos de creación de empleos con la nueva ley. Sin embargo, ya se conocía de la recesión en ese momento”, dijo el CNE en alusión a mayo de 2008, cuando se aprobó la Ley 73.

La organización, que recientemente analizó a fondo la brecha entre el producto nacional (PNB) y el producto interno bruto (PIB), sostuvo que la contracción en el sector de la manufactura, en el contexto del nuevo estatuto, levanta interrogantes en torno a cómo medir la efectividad de los incentivos contributivos que el Estado concede. Se indicó que al presente, el Gobierno no habría emitido los informes que la ley requiere sobre inversiones en maquinaria y equipo, empleos y nómina.

En su trabajo investigativo, “Restoring Growth”, el CNE estimó que la producción de la manufactura y la economía de la Isla se sobre-estimó en al menos 45% y 17%, respectivamente.

“Mucho de lo que se registra como producción en Puerto Rico es simplemente una transacción en papel, donde el ingreso se transfiere a Puerto Rico y luego se sustrae de vuelta a través del pago de dividendos”, reiteró el CNE.

La organización recomendó que los reportes del Gobierno vinculados a la manufactura contengan un análisis entre el PNB y PIB, lo que ayudaría a constatar el éxito del estatuto. Urgió que el otorgamiento de incentivos contributivos considere un análisis de costo-beneficio antes de implementarse.

Política

Piden que partidos políticos no tengan más control sobre la CEE

Por AP / El Vocero

PONCE - Los partidos políticos no deben tener más el control del sistema electoral del país, pidió el sábado el especialista en asuntos y derecho electoral, doctor Fernando Bayrón Toro.

En vez, Bayrón Toro, autor de varios libros sobre todos los procesos electorales celebrados en Puerto Rico desde los tiempos de la dominación española, favoreció el que se cree un "Tribunal Electoral" o un organismo independiente como los existentes en España y Costa Rica en sustitución de la actual Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

"El Tribunal Electoral es la tendencia en las democracias más adelantadas del mundo. Favorecemos un organismo independiente que no provenga del liderato de los partidos políticos, sino que lo constituyan ex jueces, ex decanos de escuelas de derecho, profesores eminentes de derecho constitucional", sentenció.

El licenciado Bayrón Toro dijo en entrevista radial que aunque la Legislatura trabaja en enmiendas a la Ley Electoral las mismas en nada cambian el concepto "politizado, control de los partidos políticos" de la CEE.

Calificó como ``ridículo'' el que en los presentes tiempos los partidos políticos controlen todo el proceso electoral. ``Es como si en las galleras los dueños de los gallos fuesen los jueces de vallas'', comparó.

"La Comisión Estatal de Elecciones es un organismo politizado donde el gobierno nombra al presidente y los partidos envían unos comisionados'', sostuvo.

Apuntó que en el 2009 se conmemoran 200 años de la ``existencia de elecciones'' en el país, siendo la primera en 1809 cuando fue seleccionado Ramón Power y Giralt como diputado a las Cortes de España.

Destacó que bajo la soberanía española a Puerto Rico se le concedió, no solamente representación en las Cortes sino que Power y Giralt fue vicepresidente de las mismas con todos los derechos, contrastando que bajo la dominación de Estados Unidos apenas el país tiene un comisionado residente con sólo el derecho de hablar pero sin poder de voto.

Bayrón Toro explicó que bajo la dominación estadounidense comenzaron a celebrarse localmente elecciones desde 1900, bajo la Ley Foraker, y han sido celebradas unas 32 de ellas.

Seguridad, justicia, tribunales

Senadores populares apelan decisión en caso entre Bathia y Schatz

Por CyberNews . El Vocero

San Juan – Los senadores José Luis Dalmau y Eduardo Bhatia anunciaron el domingo que el pasado 19 de noviembre se radicó ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de apelación en el caso entre el senador Eduardo Bhatia y presidente senatorial Thomas Rivera Schatz.

En el escrito, los demandantes alegan que el Tribunal de Primera Instancia erró al emitir una decisión en el caso restando todavía controversias de hecho y de derecho que debían dilucidarse y sin tomar en cuenta el daño que se le propina a la democracia puertorriqueña al restringir los derechos de participación, constitucionalmente garantizados, de los legisladores de minoría en los procedimientos parlamentarios.

Como remedio solicitan la devolución del caso al foro de instancia para que se continúe con los procedimientos conducentes a una justa y completa evaluación de las controversias planteadas.

“La democracia en nuestro País está bajo acecho. El acceso a la información es cada día más difícil para el ciudadano y los periodistas. Desde las esferas más altas del poder público, se ataca y mancilla la reputación de muchos, para así acallar las voces de la disensión. Y en el Senado, Thomas Rivera Schatz restringe los derechos de las minorías y de los puertorriqueños que representamos, en detrimento de los procesos parlamentarios y de la debida consideración de medidas que afectarán la calidad de vida de todos. La decisión del Tribunal de Primera Instancia adolece de problemas procesales que se detallan en nuestro recurso de apelación y así deja al descubierto nuestros reclamos legítimos para que se reivindiquen derechos constitucionalmente garantizados. Insatisfechos con este desenlace estamos respetuosamente apelando,” indicaron ambos senadores populares,en declaraciones escritas conjuntas.

La apelación se radicó dentro del término de 60 días que establece el ordenamiento legal, desde que se notificó la Sentencia, cuando una de las partes es una entidad pública, como es el caso del Senado de Puerto Rico.

Demandan a Hacienda por nuevo juego

Por AP / El Vocero

SAN JUAN- La entidad PBL de Puerto Rico, que maneja la actividad de recaudación de fondos “Raspa y Gana”, radicaría el lunes una demanda contra el gobierno por el lanzamiento de un juego instantáneo que igualmente conlleva raspar un boleto para ganar premios.

Aniel Del Valle, gerente general de PBL, dijo que el Departamento de Hacienda no puede lanzar este tipo de juego al amparo de la Ley 10 de Lotería Adicional (mejor conocida como Lotería Electrónica) porque el estatuto es claro en que lo esencial es que el cliente pueda escoger los números o dígitos que va a jugar, lo que no es posible en el nuevo juego.

“La Ley 10 claramente define como Lotería Adicional aquel juego cuya característica esencial es que el jugador escoge los números o dígitos. Con Raspa y Gana, el jugador no selecciona los números, ya (que) los mismos están tapados, y es por ello que argumentamos que esta ley tampoco nos aplica”, dijo Del Valle.

Destacó que en una opinión con fecha del 21 de septiembre de 2009, el secretario de Justicia, Antonio Sagardía, le advierte a su homólogo de Hacienda que “bajo la Ley 10 no puede lanzar ningún juego en el cual el cliente no escoja los números a jugar”.

El recurso legal, a radicarse en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, expone que los demandados han actuado de manera ultra vires al crear un nuevo juego estableciendo un reglamento que, según PBL, no puede ir por encima de lo que especifica la Ley 10.

Del Valle también criticó que Hacienda no hiciera un llamado a subasta ni invitara a participar a ninguna otra firma antes de otorgarle el nuevo juego a Scientific Games. A su juicio, esa no es una práctica de sana administración pública.

Reveló que el abogado de Scientific Games es Arturo García, del poderoso bufete McConnell Valdés y quien supuestamente es el fideicomisario o “trustee” del gobernador Luis Fortuño.

Prensa Asociada llamó por teléfono a la casa de gobierno, pero no pudo confirmar el dato.

También se comunicó con el bufete McConnell Valdés, donde informaron que García no estaba disponible por encontrarse fuera de Puerto Rico.

Inconforme con 'no' de Fortuño

Por Jackeline Del Toro Cordero / EL VOCERO

“Las salas especializadas en violencia doméstica son necesarias”, sostuvo el juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Denton, al diferir del gobernador Luis Fortuño, quien en octubre vetó un proyecto aprobado unánimemente por ambas Cámaras de la Legislatura para separar espacio y recursos para esos fines.

Fortuño se negó a firmar la medida cuando le llegó a su despacho, lo que provocó críticas, aunque el presidente del Senado lo apoyó y lo llamó “valiente”. Este alegó falta de fondos para dedicar salas en cada región judicial a atender el problema de la violencia familiar, que mayormente ocurre en contra de la mujer y que por ende, también afecta a sus hijos.

Desde la creación de la Ley 54 de Violencia Doméstica, el 15 de agosto de 1989, y hasta el pasado 30 de junio de 2009, se habían presentado en los tribunales 83,649 casos de este tipo y se habían resuelto 83,278.

El promedio anual de casos de violencia doméstica es de cuatro mil, según datos ofrecidos por la Administración de Tribunales. Estos delitos conforman el 11 por ciento del total de los delitos criminales graves que se registran en el País a través de querellas. En los últimos cinco años, ese promedio ha fluctuado en 12.8 por ciento.

Según datos preliminares, de los 29,230 casos por delitos graves registrados en el año fiscal 2008-2009, 3,973 ó el 13.6 por ciento correspondían a violencia doméstica.

Está catalogado como delito: el maltrato, el maltrato agravado, la amenaza, la restricción a la libertad, la agresión sexual conyugal y la violación a la orden de protección (como menos grave).

Segundo intento

En entrevista exclusiva con EL VOCERO, Hernández Denton dijo confiar en que la segunda medida presentada a esos efectos por la presidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González, y otros, corra mejor suerte. “Hace falta esa sala. El segundo proyecto recoge la iniciativa nuestra”, declaró.

El Proyecto de la Cámara 2226 presenta opciones a la necesidad económica que arguyó Fortuño, mencionó el juez, por lo que espera que ésta pueda recibir su firma para convertirse en ley. La pieza busca enmendar la Ley 201 de 2003, para añadir un párrafo “donde se establezca por disposición de ley la iniciativa ya tomada por la Rama Judicial de que los tribunales designen salas especiales en las 13 regiones judiciales para atender con acceso controlado al público los casos de violencia doméstica”.

Desde el 2007, existe una sala especializada en San Juan. Este proyecto piloto respondió a los resultados de un trabajo de investigación del problema de la violencia doméstica en Puerto Rico. Tiene el propósito de mantener un enfoque humanista de la manera en que se ejerce la función judicial.

La sala de San Juan busca ofrecer un ambiente seguro para mujeres y hombres afectados por la violencia doméstica. Cuenta con salas de espera separadas para víctimas y victimarios, salón para mantener a los menores en un lugar apropiado, oficina de servicios y orientación para la parte solicitante o querellante, y otra donde pueden recibir información de agencias y entidades, como el Departamento de la Familia, Policía de Puerto Rico y la Oficina Legal de la Comunidad. (editada)

Más casos de pensiones y embargos

Por Jackeline Del Toro / EL VOCERO

Los casos civiles cuyo fin es la reducción de las pensiones alimentarias y el embargo de residencias debido a atrasos en el pago de las hipotecas, han registrado un aumentado marcado en los últimos meses debido a la situación económica que impera en el País, informó el juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Denton.

En entrevista exclusiva con EL VOCERO, Hernández Denton sostuvo que “en cuanto a la ejecución de hipotecas ha habido un alza de casos que tiene que ver con la situación económica” en la Isla.

Sobre la ejecución de hipotecas, los años fiscales 2007-2008 y 2008-2009 presentaron un aumento considerable en comparación con los anteriores. La cantidad de casos radicados sobrepasó los 11,000, así como los resueltos.

En cuanto a los casos por desahucio, la Administración de Tribunales informó de 9,925 demandas en el año fiscal 2008-2009, y 9,568 resueltos.

Según datos preliminares sobre casos de cobro de dinero, en el año fiscal 2004-2005 hubo 41,082 demandas y se resolvieron 42,314 –incluyendo casos radicados con anterioridad–, en el año siguiente hubo 44,936 y se resolvieron 43,628, mientras que en el 2006-2007 se radicaron 35,740 y los tribunales emitieron sentencias para 36,927.
Para el 2007-2008, surgieron 38,317 demandas de casos civiles y se resolvieron 37,119. El siguiente año fiscal hubo 40,918, con 38,186 resueltas, según datos ofrecidos por la Oficina de Estadísticas de la Administración de Tribunales.

Esos casos son ventilados en los Tribunales de Primera Instancia.

Opinión

Editorial El Nuevo Día

Otra posposición de la seguridad

Aunque en principio, la Autoridad de los Puertos informó que el cargo adicional de $70 por la inspección de cada furgón que llega al País está dirigido a controlar el contrabando de armas y drogas, la ausencia de medidas auxiliares a la tarea de controlar la actividad ilegal levanta la sospecha de que puramente se trate de un novel mecanismo para recaudar fondos.

El mecanismo apunta a un encarecimiento de los productos que llegan de los Estados Unidos y a un aumento en los costos de hacer negocios en Puerto Rico sin hacer mella en las condiciones de seguridad pública que mantienen a nuestros puertos bajo el riesgo de convertirse en zona franca para el contrabando de todo tipo.

No estamos, con ello, descartando de su faz una iniciativa que trata de corregir la anómala situación de que alrededor del 98% de los furgones provenientes de los Estados Unidos pasan por nuestros puertos sin ser inspeccionados. La paupérrima cantidad de furgones que en efecto son inspeccionados les ha hecho por mucho tiempo el trabajo fácil a los grupos dedicados al tráfico ilegal de armas, municiones y sustancias controladas, quienes no tienen que esforzarse mucho para burlar la vigilancia del Estado.

En el caso de las armas procedentes de los Estados Unidos, el mayor fabricante de armamentos del mundo, la ausencia de controles adecuados en los puertos aéreos y marítimos es el principal factor que facilita la entrada de hasta el 60% de las armas ilegales al País, según estadísticas oficiales. Otro tanto ocurre con los narcóticos que son introducidos en los contenedores en los puertos y que presentan modalidades recientes como el uso de compañías de mudanzas para su trasiego.

Entre las medidas identificadas por las autoridades para reducir el inmenso potencial de contrabando que representan los 383,000 furgones que en promedio tocan puerto aquí cada año figuran: reforzar las inspecciones con más agentes del Departamento de Hacienda, máquinas de rayos X y unidades caninas, acceso a información de inteligencia sobre los movimientos ilegales, un adecuado entrenamiento del personal a cargo de las inspecciones y la reparación con rapidez de las máquinas averiadas.

Sin embargo, además del nuevo impuesto por furgón anunciado por la Autoridad de los Puertos, no se detectan renovadas iniciativas para adquirir equipos y tecnología ni un reenfoque en las estrategias que permita aumentar la revisión de los furgones con fines de reforzar la seguridad en los puertos. Sí sobresalen los estimados de que los recaudos por concepto del impuesto adicional ascenderán a $34 millones que irán a parar, en su mayoría, a la empresa contrata para estos fines.

Así las cosas, a las dudas de los importadores y organizaciones empresariales sobre el efecto del impuesto sobre sus negocios hay que sumarle el impacto más grande, el que sufrirá quien ya no resiste una carga más. Y es que se perfila que el nuevo impuesto tenderá a introducir más carestía en la cadena de distribución de los productos importados, desembocando ello principalmente en el ya desangrado bolsillo del consumidor.

En lo que sí debiera embarcarse el Gobierno es en un proceso de inspección rigurosa de la carga marítima en el marco de una estrategia de seguridad portuaria. De no hacerlo, echará a perder la extraordinaria oportunidad de emprender una estrategia enfocada en cerrarle vías de alimentación a la criminalidad, sin incurrir en acciones que redunden en más carestía para los puertorriqueños.

Editorial El Vocero

Justicia en tiempos de crisis

La semana pasada el periódico The New York Times publicó un editorial titulado "Cortes estatales en un punto de inflexión" del cual nos hacemos eco hoy desde nuestro espacio editorial.

El periódico neoyorquino, que es leído a través del mundo entero, plantea su preocupación sobre el impacto de la crisis económica en diversos estados y cómo ésta se comienza a sentir en el sistema de justicia estadounidense. Como es conocido, Puerto Rico no ha estado exento de esta crisis que ha llevado al gobierno de turno a recortar la nómina gubernamental y a la implantación de otras medidas de austeridad.

La rama judicial en Puerto Rico depende de un presupuesto que se asigna automáticamente a base de una fórmula con relación a los ingresos del fondo general. Este mecanismo se diseñó así para darle independencia a esta rama de gobierno de forma que no estuviese sujeta a presiones de quienes dominen las ramas ejecutiva y legislativa. Sin embargo, al igual que se ha discutido en el caso de la Universidad de Puerto Rico, la rama judicial deberá enfrentar el impacto presupuestario de una reducción consecutiva por los pasados aos en los recaudos que nutren al fondo general.

Plantea The New Tork Times que las cortes estatales no pueden ser vistas como una agencia gubernamental más, pues se trata de una institución vital para la democracia. Se resean expresiones de la presidenta del Tribunal Supremo de Estados Unidos Margaret Marshall que alertan sobre el hecho de que la situación económica de los estados ha llevado al sistema judicial a un punto de inflexión hacia su disfuncionalidad. Se menciona que en muchos estados se han limitado las horas y días de servicio de los tribunales; que se han cerrado salas especializadas o de procedimientos civiles; que más de dos docenas de estados han congelado la contratación de personal para los tribunales; que se han eliminado plazas clericales, de traductores y de personal de seguridad, entro otras medidas. El resultado ha sido un retraso en la celebración de vistas judiciales y una congestión de casos pendientes que redunda en que las personas no puedan vindicar sus derechos o en que se haga justicia de forma tardía. También hay un efecto directo en el clima de negocios dentro del marco de la ley y el orden que es vital para que finalmente llegue el desarrollo económico deseado.

En el caso de Puerto Rico, al igual que en todos los estados, se trata de una situación sumamente sensitiva, pues nadie puede negar la existencia de una crisis fiscal de grandes proporciones. Sin embargo, urge identificar estrategias que garanticen la estabilidad de nuestro sistema judicial, que es uno de los pilares en los que se fundamenta la democracia puertorriqueña.

Humor: Los imeils de Jacinta

¿Crisis, qué crisis?

30 de noviembre de 2009

Querido don Papo:

Mi hijo se puso pálido y me ha regalado un viaje a España en las Crismas, con la onli condichon que no se lo diga a su esposita gringa porque es capaz de ponerlo de patitas en la calle.

Usted sabe que los gringos sí que están metidos en el asuntaje del ahorro y de la crisis pero no así los que tenemos sangre boricua. Porque nosotros venimos vacunados de nación contra todo lo que sea preocupancia por los chavitos.

Diosito siempre nos viene a ver y el toallazo cae de donde menos lo esperamos.

Mire usted la pobre gente de la Legislatura como de pronto encontraron unas cuantas alcancías que romper para dar más contratitos en medio de la pelambrera que alegadamente nos ocupa.

Y mire a don Fortu como mientras decía que aquí estábamos más peláos que un chucho andaba traqueteando allá en el meinland con alguien que chuarli le hizo la campaña para que lo mentaran como el roning meit de doña Sarita Palin.

Porque a mí no me van a decir que esas cosas pasan así como así sin que no haya habido un torniquetito apretado por un ladito y una promesa de cach flou por el otro.

Pero a quien Diosito se lo da que se lo bendiga San Pedro que yo le deseo que los ripoblicans en el meinland le digan que tiene que irse inmidiatli y nos deje el campo abierto para ver si jayamos a otro que nos entienda y nos componga mejor. Cosa que me parece que es sucio difícil.

Jacinta

PD: Por eso yo arranco en fa al exilio Navideño de turno después de la Misa de Gallo del 25, que ya sabrá de mi por los imeils que le escriba de una boricua en la Madre Patria. Porque aquí no pasa nada hasta el 15 de enero. Hasta los radioanalists cogen vacaciones y queda este pueblo a la deriva, metido de lleno en la fría, el lechón y las morcillas esperando a ver si Diosito y Obama nos vienen a ver el año que viene. Y tenemos dos años más de jauja antes de que se acabe el mundo en el 2012. Or sou dei sei. ¡Esto es mucho con demasiado!