Las Alianzas Público Privada y la lucha por la universidad pública , con el Copresidente del MINH, José Rivera Santana. Mañana, viernes 25 de junio a las 7:00 pm en casa de Wilfredo Vélez: Urb. Villa Los Santos, calle 19, W-2.

Los esperamos.

 

Por ELNUEVODIA.COM

Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras reabrieron hoy el portón principal de ese campus que estuvo cerrado por 62 días en un acto simbólico marcado por la celebración.

Justo cuando el reloj marcaba las 3:00 p.m., universitarios que participaron del conflicto huelgario rompieron las cadenas que mantenían clausurado el portón y lo reabrieron. A su salida, les esperaban simpatizantes de la lucha estudiantil, entre los que destacaban miembros del Comité Padres y Madres No Están Solos, de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes y de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Unievrsitarios.

Xiomara Caro, portavoz del Comité Negociador Nacional que tuvo a su cargo las negociaciones con la Junta de Síndicos, destacó que con el acto entregaban  oficialmente los portones a la administración tras trabajar en la limpieza del campus en el que pernoctaron durante el proceso.

“Abrimos hoy simbólicamente los portones como una manera también de abrir la Universidad y todo lo que se ha construido dentro de ella; toda la creatividad, los proyectos, los medios alternos de una nueva manera de construir país. También es una manera de poner al servicio de todo el pueblo lo que hemos empezado a construir desde la Universidad”, comentó la estudiante de la Escuela de Derecho en entrevista teleónica.

Aunque la reapertura dio a los estudiantes una sensación de alivio, también les recuerda que ahora inician una nueva etapa para sus reclamos, comentó Caro.

“Abrir los portones nos recuerda que este proceso nos deja cambiados de por vida y, por otro lado, deja cambiado al País… Regresamos a clases, pero regresamos también a discutir en los salones todas las enseñanzas que nos dejó este proceso”, agregó.

Tras la celebración, que continuó bajo un fuerte aguacero, el portón del Museo de la UPR permaneció abierto.

Nydia Bauzá / Primera Hora

Con la misma prisa que fue aprobada el lunes la ley que amplía el número de miembros de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, el Senado confirmó ayer a los nuevos incumbentes.

La minoría popular se opuso a la confirmación expedita de los cuatros nuevos síndicos y de un quinto, que sustituirá al renunciante Germán Malaret.

Los confirmados recibieron informes positivos, pero los nombramientos no fueron evaluados en vistas públicas.

Los síndicos son: Luis Berríos Amadeo, quien fue abogado del ex gobernador Pedro Rosselló; la también abogada Aura González Ríos; Aníbal Jover Pagés; Felipe Carro y Aida Ávalo, quien será la sustituta de Malaret.

El senador popular Cirilo Tirado, quien consumió un largo turno, dijo que Berríos Amadeo tiene contratos con el Senado por $115,000.

“Los estudiantes derrotaron al Gobierno y el Gobierno se desquita aumentando la Junta de Síndicos y trayendo cinco personas que van a actuar como sicarios de los estudiantes”, sostuvo Tirado.

El Senado confirmó también otros nueve nombramientos, entre ellos, el de la ex legisladora Carmen Luz Berríos como presidenta del Consjeo General de Educación.

Fueron aprobadas un total de 38 medidas, todas rechazadas por la minoría popular con un voto explicativo.

El presidente del Senado Thomás Rivera Schatz sacó al senador Eder Ortiz del hemiciclo luego que éste le llevó al estrado el micrófono inalámbrico porque no dejaba a la minoría debatir las medidas.

También se aprobó el proyecto 571, que elimina las deducciones automáticas a los empleados públicos para AEELA

Por Alba Y. Muñiz Gracia Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

A horas de que el Senado confirmara a los nuevos cinco miembros de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la mayor institución educativa del País volvió a ser eje del debate legislativo, esta vez en la Cámara de Representantes.

Allí, esta madrugada los representantes aprobaron un proyecto para que el proceso de votación para tomar decisiones en las asambleas del sistema universitario se realice con el voto directo y secreto de los miembros, ya sea por correo o por alguna vía electrónica.

Al presentar la medida, el representante Ángel “Gary” Rodríguez Miranda dejó claro que con el proyecto busca evitar un proceso huelgario como el que culminó la semana pasada y que evitó un aumento en la matrícula y la imposición en agosto de una cuota adicional.

“Huelga tras huelga los métodos son los mismos. En un salón se meten 800, 1,500, 2,000 estudiantes. Nunca ha llegado una asamblea a 3,000 estudiantes cuando en la UPR hay 60,000 estudiantes”, expresó el legislador.

“El presidente del Consejo General (de Estudiantes, Gabriel Laborde,) dijo en vista pública que una asamblea de 1,500 a 1,800 es una muestra representativa de lo que quiere la totalidad de la matrícula. Si es una tendencia, si es una muestra representativa, no debe tener problema en conseguir los votos mediante voto electrónico”, agregó en voz alta.

La medida establecía que cualquier asunto que necesite la aprobación de los consejos y comités del sistema universitario durante una asamblea “conllevará la anuencia absoluta del total de los estudiantes”. A juicio del representante popular Luis Vega Ramos esta disposición evitaba tomar decisiones ya que se requería la unanimidad de todas las personas que participaran en la votación. “Todo esto es un castigo y quieren castigar a un grupo de jóvenes y a un pueblo que demostraron una mayor inteligencia, una mayor sabiduría, un mayor compromiso con el país, una mayor astucia, un mayor entendimiento con lo que está pasadno en Puerto Rico”, expresó Vega Ramos.

Tras más de una hora de debate y poco después de las 11:00 de la noche, Rodríguez Miranda presentó una enmienda para que las votaciones en asamblea sean aprobadas por “mayoría total de los estudiantes que participen en la consulta”, y no por unanimidad. El proyecto fue aprobado con 34 votos a favor y 11 en contra.

Pero para el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, el proyecto, que lleva el número 2726, es una represalia contra los estudiantes de la UPR.

En su turno para expresarse sobre esta medida y otra que busca hacer voluntaria la afiliación a la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA), comparó al gobierno de turno con los nazis. “En el Partido Nacional Socialista Alemán son unos nenes comparados con ustedes. Y los que no saben que es ese partido, esos son los nazis. Este gobierno, el gobierno de ustedes, tiene todas las características de un gobierno fascista. Contra todo el que esté en contra del Gobierno se utilizan los poderes del propio Gobierno para atropellarlo y dejarlo sin voz”, dijo antes de enumerar una serie de instituciones que, a su juicio, han sido víctimas de eso. Mencionó el Colegio de Abogados, el Fideicomiso de Cantera, la Junta de Síndicos de la UPR, la Oficina de Comunidades Especiales, la Procuraduría de las Personas de la Edad Avanzada y AEELA.

Al hablar sobre el proyecto 571, que elimina las deducciones automáticas a los empleados públicos para AEELA, Ferrer explicó que afectará a los servidores que no cualifican para préstamos en instituciones bancarias privadas. “Esa es la organización que día a día les renueva los préstamos pequeños a nuestros empleados públicos al momento que comienzan las clases. ¿Por qué se le hace tan fácil? Por esa aportación compulsoria, porque sus ingresos son continuos”, expresó Ferrer.

También criticó los argumentos que, para justificar el proyecto, ofreció la representante Lourdes Ramos al presentar la medida, de la autoría del representante Héctor Torres Calderón. “Vamos a referirlo a Justicia y al Contralor, y al que lo hizo mal que lo metan preso, pero no afecten a miles de empleados públicos que no cualifican en cuanto a prestamos personales o hipotecarios”, dijo Ferrer.

Y es que Ramos hizo alusión al costo de la nueva sede de AEELA, a la celebración de asambleas en hoteles de lujo en San Juan, a la compra de escritorios italianos para el nuevo edificio y el alto salario de su directivo principal, que, según la legisladora, asciende a $150,000 anuales. Esta medida fue aprobada con 32 votos a favor y 13 en contra.

Asimismo, recibió recibió el aval cameral una medida para modernizar el Registro de la Propiedad con la adquisición de equipo nuevo y programas de computadora para facilitar el proceso de inscripción de documentos, la revisión del Reglamento Hipotecario y la Ley Hipotecaria.

La medida también ordena la creación de grupos de trabajo compuestos por registradores que tendrán la encomienda de calificar e inscribir los documentos relacionados a proyectos de vivienda pendientes de completar ese proceso.

Para agilizar el proceso, la medida establece que todos los documentos presentados en el Registro de la Propiedad al 30 de abril de 2010 quedarán inscritos, salvo algunas excepciones como los documentos sobre agrupaciones y agregaciones de fincas y expropiaciones, entre otros. También se aprobaron dos resoluciones para transferirles El Último Trolley y Tercer Milenio al municipio de San Juan.

Senado aprobó los nombramientos esta tarde tras bajarlos por descargue

Por Yanira Hernández Cabiya/ Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

Los nombramientos del doctor Felipe Carro, la señora Aida Ávalo, los licenciados Luis Berríos y Áurea González y del contador público autorizado Aníbal Jover como nuevos miembros de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico fueron aprobados esta tarde en el Senado de la misma forma expédita en que sus puestos fueron creados.

Los nombramientos bajaron con un informe positivo de la Comisión de Gobierno que preside el senador Carmelo Ríos. Los designados vienen a llenar los cuatro puestos adicionales creados mediante legislación el martes y convertidos en ley por el gobernador Luis Fortuño el mismo día, y la vacante creada tras la renuncia Germán Malaret. Éste último renunció ayer en la tarde de forma fulminante.

Todos los nombramientos recibieron el rechazo de la delegación popular.

Sin embargo, el senador Alejandro García Padilla, portavoz popular dentro de esa comisión, denunció que la aprobación de dichos informes se hizo contrario al Reglamento del Senado ya que no se distribuyó entre todos los miembros de dicha comisión.

García Padilla presentó una moción para que los informes fueran devueltos a la Comisión para seguir el proceso correspondiente, pero la misma fue derrotada a viva voz.

Asimismo, García Padilla cuestionó como alguien "sobre la faz del planeta le puede parecer responsable en este momento histórico el Senado pase juicio sobre cuatro nombramientos a la Junta de Síndicos sin que se haya realizado una vista pública".

Mientras, el senador Roberto Arango, autor de la medida que aumentó el número de miembros de la Junta de Síndicos sostuvo que las designaciones hechas por el Gobernador "vienen a enriquecer el quehacer de la Universidad para formar un equipo que pueda transformar la UPR".

Ante el cuestionamiento de este diario sobre cómo era posible que estos nombramientos fueran evaluados cuando el Gobernador hizo las designaciones tan reciente como ayer, Eric Toro, portavoz del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, explicó que la mayoría de esos nominados ya formaban parte de otras juntas del gobierno por lo que sus documentos ya constaban en posesión del Senado y los documentos que habían vencido se les solicitó que los actualizaran.

El portavoz popular José Luis Dalmau, destacó que con esta aprobación, el mensaje del Gobierno de Luis Fortuño es claro: "es tener los votos que hacen falta para aumentar la cuota, eliminar los recintos más pequeños y privatizar la universidad del Estado".

Por su parte, el senador Cirilo Tirado dijo que los nombramientos "son para ir por encima de los acuerdos llegados ante el Tribunal, viene a imponer la mano dura en la Universidad".

"A ustedes le quedan 850 para que el país ajuste cuentas con ustedes, todos son complices de lo que suceda en la Universidad", sostuvo el legislador popular.

Denuncian que con los nuevos nombramientos la política partidista se instala en el corazón del cuerpo

Por Cynthia López Cabán/ Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

La nueva composición de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) reduce la participación de los estudiantes en este cuerpo denunciaron hoy los líderes estudiantiles Gabriel Laborde y Carlos Pagán.

Señalaron además que el nombramiento de forma expedita de los nuevos integrantes de la Junta atenta contra la autonomía universitaria e introduce el “germen” de la política partidista de forma explícita en los procesos universitarios.

“Hoy se gradúan de indignos e incapaces de administrar la Universidad”, afirmó Pagán en rueda de prensa en el Jardín Botánico, minutos antes de la confirmación de los cinco nuevos miembros de la Junta.

Esta semana, se aprobó una ley que aumenta de 13 a 17 los miembros de la Junta de Síndicos. En dos días, se realizaron los nombramientos y hoy se aprobaron en el Senado.

Hace unas horas el Senado confirmó a Luis Berríos Amadeo, quien fue abogado del ex gobernador Pedro Rosselló; la también abogada Aura González; Aníbal Jover; el dentista ponceño Felipe Carro y la profesora jubilada Aida Ávalo.

Ávalo ocupará la vacante dejada por Germán Malaret, quien ayer renunció a su cargo de forma inmediata. Malaret adujo “motivos personales” al presentar su carta de dimisión.

“Con esta acción queda demostrado el germen de la política partidista ahora está más en el seno de la Universidad”, afirmó Pagán, quien ocupa el cargo de síndico estudiantil.

Los designados, recordaron Pagán y Laborde, tienen lazos directos con el Partido Nuevo Progresista.

“A nosotros nos cuestionan la alegada falta de democracia en nuestras asambleas, pero aquí los legisladores redactan una ley y se aprueba sin vistas públicas y sin debate”, apuntó Laborde, quien ocupa el cargo de presidente del Consejo General de Estudiantes de Río Piedras.

“Esto es parte de un libreto para restar autonomía a la Universidad”, agregó. La Junta de Síndicos tenía 13 miembros, que incluía un estudiante, dos profesores y diez personas distinguidos del país. Ahora se añaden cuatro ex alumnos de la UPR.

González toma la decisión luego de disputa por el retiro de seis proyectos asignados a esa comisión

Por Alba Y. Muñiz Gracia/ Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

La presidenta de la Cámara, Jenniffer González, destituyó esta noche a la representante Julissa Nolasco de la presidencia de la Comisión de Salud luego de que esta última tildara como una falta de respeto el retiro de varios proyectos que estaban asignados al ente que dirigió hasta hace unos minutos.

El recién juramentado José “Pichy” Torres Zamora asumirá la presidencia de la comisión, mientras que el representante José Luis Rivera Guerra ocupará la vicepresidencia. Según González, ambos tomarán posesión inmediatamente.

En horas de la tarde, González había solicitado el retiro de seis medidas asignadas a la Comisión de Salud. Tres de esos proyectos eran de su autoría y los otros tres de la representante Paula Rodríguez Homs.

Fuentes de este diario indicaron que esa acción respondió a la lentitud con la que Nolasco ha dirigido los trabajos en la comisión.

“Allí la producción es pésima. Esos son proyectos importantes que hay que bajarlos (a votación)”, expresó la persona que pidió no ser identificada.

“No podemos permitir que tengan proyectos de rehén para sacarles algún provecho”, agregó.

Según la fuente, la representante detiene el trámite sobre los proyectos de sus colegas en espera de que éstos den paso a medidas suyas asignadas a otras comisiones.

Tras el retiro de las medidas, Nolasco pidió explicaciones y calificó la acción como “una falta de respeto”.

"Yo me merezco una explicación de por qué ella (González) tomó esa decisión tan radical que fue una falta de respeto a mí y a mis compañeros en la comisión, que han trabajado arduamente estos proyectos”, expresó Nolasco en un aparte con la prensa en su oficina durante un receso de la sesión cameral.

Nolasco intentó reunirse con la líder cameral, pero González no estuvo disponible ya que se encontraba reunida en su oficina discutiendo las medidas que los representantes procuraban considerar en la sesión de hoy.

"¿Qué tú sacas castigándome, quitándome unos proyectos, si aquí vinimos a trabajar por el pueblo? ¿Qué tú sacas?”, preguntó Nolasco para acto seguido cuestionar por qué la presidenta optó por quitarle las medidas.

Aunque fuentes de este diario indicaron que el retiro de los proyectos se debía a la lentitud de los trabajos en la Comisión de Salud, Nolasco entiende que fue en represalia por una carta que le envió a González a principios de junio.

En la misiva, Nolasco solicitó la intervención de la presidenta para que Rodríguez Homs, presidenta de la Comisión de Asuntos Internos, diera paso a 14 medidas suyas “de importancia” para el distrito 23.

Nolasco dijo que no recibió contestación de González a esa carta y que lo próximo fue el retiro de los seis proyectos que estaban ante la consideración de su comisión.

Eso informó la Junta de Licenciamiento y Disciplina de Puerto Rico

Por Inter News Service/El Nuevo Día

San Juan- Miles de médicos podrían quedar sin licencia en los próximos días para ejercer esa profesión, advirtió hoy la directora ejecutiva de la Junta de Licenciamiento y Disciplina de Puerto Rico, Norma Torres Delgado.

Afirmó que miles de médicos no han renovado sus licencias, a pesar de que la Junta ha realizado diversos intentos mediante avisos públicos y la ayuda de varias organizaciones del sector privado para llegar a la clase médica.

Esos esfuerzos para que los galenos renueven sus licencias para que puedan continuar ejerciendo su profesión, han sido infructuosos, indicó Torres Delgado.

La Presidenta del antiguo TEM estimó que de 14,000 médicos que poseen licencia en Puerto Rico, unos 6.800 aún no han cumplimentado el requisito de renovar sus licencias, y el periodo vence el próximo miércoles 30 de junio.

Torres Delgado advirtió que aquellos médicos que no renueven su licencia antes de la fecha límite, no podrán ejercer la profesión.

"Es sumamente preocupante que a 7 días de que venza el término para renovación, son miles que ejercen la profesión de medicina que, de no cumplir con el proceso, quedarán excluidos de prestar servicios a nuestra población. Imagínense el caos que tendríamos en la Isla si casi la mitad de nuestros médicos no pueden ejercer la profesión", sostuvo.

Torres Delgado explicó que el proceso es tan sencillo como acceder la página https://tem.salud.gov.pr para completar el registro al recuperar la contraseña.

Asimismo, reiteró que no habrá prórroga para aquellos galenos que no cumplan con el proceso antes del 30 de junio.

"Exhortamos a nuestra clase médica a completar el proceso por Internet, ya que es más rápido, toma menos de 3 minutos contrario a quienes desean hacer el trámite personalmente en  nuestras oficinas, que podría tomar poco más de media hora. Otra opción que ha funcionado en varias instituciones hospitalarias es que una persona recoge la información de todos los médicos que laboran en dicho hospital y nos la hacen llegar personalmente. De esta manera, el médico no tiene que desatender a sus pacientes", explicó Torres Delgado.

Profesionales explican que hay una sustancia que produce en el cerebro la serotonina, generadora de sensación de saciedad y tranquilidad

Por La Nación / Argentina / GDA /El Nuevo Día

¿Por qué muchos necesitamos esa dosis de chocolate diaria? ¿Por qué probar una medialuna es abrir una puerta para comer dos, tres, cuatro? Especialistas consultados por lanacion.com explican que los dulces y las harinas son alimentos adictivos y que la compulsión por comerlos está dada por una alteración bioquímica del sistema nervioso y de todo el aparato hormonal.

La endocrinóloga Alejandra Rodríguez Zía señala que el neurotransmisor más importante involucrado en esta adicción es la serotonina. "La serotonina se forma de un aminoácido que se llama triptófano; éste se encuentra muy concentrado en el chocolate. Si me falta serotonina, me muero por comer un chocolate", ejemplifica.

Así, en los dulces en general y en chocolates en particular se encuentra la materia prima para que el cerebro produzca serotonina. De allí que la ingesta de estos productos genere una sensación de saciedad y tranquilidad buscada para paliar el estado nerviosismo y de ansiedad previo a comerlos.

Carlos Murúa, médico especialista en obesidad y trastornos alimentarios habla de pandemia en referencia a la obesidad y se detiene en la presencia de pacientes cada vez más adictos a comidas con exceso de azúcares y harinas refinadas. "Con la dieta no basta; también hay que empezar a modificar otros hábitos de vida y reducir los niveles de estrés y ansiedad que acumulamos a lo largo del día y que procuramos calmar con la comida de mala calidad", recomienda.

Así, entra en el terreno de los tratamientos. La endocrinóloga consultada sostiene que hay un método artificial para empezar a equilibrar las faltas de serotonina por medio de fármacos. Sin embargo, coincide con el especialista en nutrición al afirmar que esto sólo se sostiene en el largo plazo si se trabaja en mejorar la calidad de vida.

Tras hombres fueron ultimados anoche en Naguabo, Luquillo y Trujillo Alto, lo que elevó la cifra de muertes a 446 en lo que va del año.

Maritza Díaz Alcaide / Primera Hora

La Ley 54 de Violencia Doméstica será enmendada a los fines de que aquellos agresores sobre los que pesa una orden de protección se vean obligados tomar unos talleres sobre las implicaciones de dicha imposición.

La víctima que solicita la orden también tendrá que tomar un curso sobre los alcances del recurso de protección que emiten los tribunales.

El gobernador Luis Fortuño dijo hoy que el contenido del taller quedará en manos de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

Esta última, precisó en conferencia de prensa, que los artículos de la Ley 54 que serán enmendados son el 2.10, el 2.11 y el 2.12.

La funcionaria explicó que con esta medida, que se toma en la fase civil del proceso contra los agresores, se busca evitar que el conflicto llegue a la etapa punitiva, o criminal.

El anuncio sobre las enmiendas a la Ley 54 se dio a conocer en una actividad sobre los logros del proyecto “Promesa de Hombre”, una iniciativa de la administración Luis Fortuño para evitar la violencia doméstica mediante la estrategia de resocialización de los hombres boricuas.

“Hoy estoy orgulloso de informar que durante el año pasado, más de 80,000 personas participaron de las charlas que provee el programa. Más de 4,500 padres también participaron de talleres en los centros de cuidado de niños del Departamento de la Familia”, dijo el mandatario.

Los talleres de Promesa de Hombre, se ofrecen en centros de trabajo, centros Head Start y otros. Próximamente estarán participando de la orientación los empleados de la Policía, Corrección y Justicia.

La promesa de los hombres incluye “un juramento” dirigido a no cometer o ser indiferente ante el abuso o la violencia doméstica.

“Yo prometo motivar a otros hombres a reconocer la igualdad de todo ser humano. Yo prometo ser un hombre de bien, que trata a toda mujer con respeto, por su dignidad; que valora su existencia y exalta su grandeza”, reza la promesa que deben hacer los varones, según el proyecto.

Pedro Serrano, presidente del Concejo Municipal y quien también es puertorriqueño quedará a cargo de la capital de Connecticut

Por José A. Delgado/ Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

NUEVA YORK - El convicto alcalde de Hartford (Connecticut), el puertorriqueño Eddie Pérez, anunció que someterá oficialmente el viernes su renuncia al puesto.

Pérez, quien fue convicto la semana pasada de cinco cargos de corrupción -incluidos extorsión y aceptar soborno-, piensa, sin embargo, quedarse un tiempo adicional en el puesto para asegurar una “suave transición”.

El puesto pasará ahora a manos del presidente del Concejo Municipal de la ciudad, el también boricua Pedro Serrano. “Es momento de ir hacia delante. Lamento verdaderamente los errores que cometí que le han hecho daño a la ciudad que tanto quiero”, dijo Pérez, natural de Corozal y quien fue el primer puertorriqueño elegido alcalde de una ciudad capital de un estado de Estados Unidos.

Pérez, quien apelará su convicción, fue hallado culpable de aceptar que un desarrollador, Carlos Costa, que era además su amigo, le hiciera mejoras a su hogar a cambio de mantener un contrato de construcción de $2.4 millones.

Concejales municipales prevén que aunque Pérez entregará el viernes su renuncia la misma no será efectiva hasta el 1 de julio.

La sentencia en contra de Pérez, quien se puede exponer hasta a 60 años de cárcel, está prevista para el 10 de septiembre próximo.

Por Melissa Correa Velázquez y Milly Méndez EL VOCERO

José Luis Velázquez, quien era asesor legal de la Comisión de Seguridad Pública del Senado que presidía Héctor Martínez, le advirtió al legislador que no acudiera al viaje de Las Vegas que finalmente dio pie su acusación federal por corrupción pública.

Precisamente, Velázquez es quien aparece identificado como la ‘persona B’ en la acusación de las autoridades federales contra Martínez.

Específicamente, se le menciona en el cargo de obstrucción a la justicia porque supuestamente el Senador le pidió que dijera a las autoridades federales –cuando ya se conocía que había una investigación en curso- que había sido la persona que redactó el proyecto de ley del Senado 471 cuando ambos sabían que eso no era cierto.

Fuentes de este diario aseguran que en el 2005, Velázquez le aconsejó al Legislador que no fuera al viaje junto al empresario Juan Bravo para ver una pelea de boxeo. Según las fuentes, Velázquez le advirtió a Martínez que declinara la invitación porque no se veía bien.

EL VOCERO informó ayer en primicia que el ex asesor legal de Martínez es la persona B del pliego acusatorio. Presuntamente, Velázquez es uno de los testigos principales del caso. De hecho, varias fuentes de EL VOCERO afirman que las autoridades federales cuentan con grabaciones en vídeo y audio como parte de la prueba en este proceso judicial.

Velazquez, quien fue desaforado, ha estado vinculado a la política desde hace varios años. Éste trabajó con el ex representante y actual alcalde de Vega Alta, Aníbal Vega Borges. Actualmente, mantiene un contrato con el legislador, Johnny Méndez, que vence el próximo, 30 de junio. Este es hermano del superintendente del Capitolio, Eliézer Velázquez, quien ocupa esa posición desde el pasado cuatrienio cuando la designaba la Cámara, presidida en ese entonces por José Aponte. Este cuatrienio, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, lo mantuvo en su cargo.

De hecho, fuentes aseguran que los hermanos Velázquez colaboran con la organización de actividades de recaudación de fondos de Rivera Schatz.

Según el pliego acusatorio, en febrero del 2010 Martínez contactó a la ‘persona B’, Velázquez, y se reunió en el Capitolio con éste donde le comunicó que el FBI lo investigaba. Asimismo, le indicó a Velázquez que si el FBI lo contactaba, le dijera que fue la persona que preparó el proyecto de ley del Senado 471.

“La persona B y Martínez sabían que no era cierto”, reza la acusación. Añade que posteriormente Martínez le preguntó a la ‘persona B’ por su hijo y ésta lo interpretó como una posible amenaza. Se alega que en marzo del 2010, la ‘persona B’ recibió una llamada de la ‘persona C’ para recordarle que la versión que debía dar a los federales. Fuentes de EL VOCERO identifican a la ‘persona C’ como Jeniska Rodríguez, quien es directora de la Oficina del Senador y que según fuentes, es su ‘mano derecha’. “La persona C le dijo a la B que su testimonio sería el más importante para la defensa de Martínez”, reza la acusación.

También se alega que Rodríguez llamó a Velázquez para pedirle que preparara una declaración jurada falsa de que había preparado los proyectos de ley. De hecho, este diario había publicado que los federales entrevistaron a un empleado de la oficina de Martínez sobre la redacción de las piezas legislativas que se mencionan en el pliego acusatorio.

Sobre la ‘persona A’ en la acusación, EL VOCERO supo que se trata de Víctor Rivera. En el pliego se le describe como un amigo cercano de Martínez y asesor legal de la Comisión de Seguridad Pública

La teoría de los federales apunta a que Bravo conspiró para asegurar la aprobación de dos piezas legislativas que favorecían a su empresa Ranger American, por lo que sobornó al convicto ex senador Jorge de Castro Font y a Martínez, quienes tenían un gran control sobre las medidas. Una de los proyectos legislativos fue el del Código de Protección y Seguridad de Visitantes, Empleados e Inquilinos de Centros Comerciales. Esta medida, de la autoría de Martínez, fue aprobada en la Cámara Alta el 23 de mayo del 2005.

Otro de los proyectos por los que presuntamente Martínez se lucró a cambio de impulsar  un proyecto de ley que derogaba varias disposiciones de la Ley número 108 de 29 de junio de 1965, conocida como ‘Ley de Detectives Privados en Puerto Rico’ para crear la ‘Ley de Agencias y Guardias de Seguridad Privada de Puerto Rico’. Esta medida se aprobó en el Senado el 17 de mayo del 2005, pero nunca fue aprobada en la Cámara de Representantes. Según la acusación, esta medida requería que el presidente de las compañías de seguridad privadas en Puerto Rico obtuvieran y mantuvieran una licencia de detectives privados. Esta legislación fue propuesta por Bravo.

Por Jackeline Del Toro Cordero EL VOCERO

Incólumes, objetivos y distanciados. Así se expresaron el Jefe del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en la Isla y el Superintendente de la Policía, dos amigos del empresario José Bravo, ante el arresto y acusaciones en su contra por soborno a dos legisladores.

Luis Fraticelli, quien permitió que un subalterno, Carlos Cace, subdirector de la agencia, recibiera a Bravo en el edificio federal para entregarse, sostuvo entrevista radial (NotiUno) que “la acusación demuestra que las personas acusadas utilizaron su posición para beneficiarse personalmente y así  se presentará la evidencia que  se demostrará al tribunal. Lo hicieron fallando a ese  honor de servir al pueblo”.

“Estamos confiados en nuestra prueba, tenemos prueba de todo tipo. Estamos listos para presentarla cuando se nos pida”, añadió. Fraticelli mencionó que la corrupción pública está en niveles altos y preocupantes.

“EL FBI está muy activo”, contestó ante la pregunta sobre si habrá más arrestos contra funcionarios públicos.

A la interrogante sobre su disposición a testificar en el juicio contra el senador Héctor Martínez, también arrestado ayer por recibir beneficios a cambio de favorecer legislación, respondió que “antes de ser director del FBI fui agente de la calle. Si a mí se me citan ante el tribunal ahí estaré presente como agente de ley y orden”.

Por su parte, el superintendente y ex director del FBI, José Figueroa Sancha, dijo a preguntas de EL VOCERO que conoce a Bravo, dueño de la empresa de seguridad American Ranger, hace más de 20 años.

Además, defendió su verticalidad y expresó que “siempre he sido el mismo agente de los 23 años en el FBI, que como Superintendente. Cuando era agente investigué vecinos, conocidos, familiares, y familiares de conocidos. Incluso, gente que había asistido a sus bodas.

Insistió en no opinar sobre el caso y recordó que aunque “las acusaciones son serias, tiene presunción de inocencia”.

Martínez y Bravo fueron acusados de conspiración, soborno, viajar a través del comercio interestatal en asistencia para llevar a cabo actividades de delincuencia organizada. Bravo fue uno de los autores de la plataforma de seguridad del gobernador Luis Fortuño.

Subalternos de Martínez colaboraron con el FBI

Por Frances Rosario / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

Los testimonios de un convicto y de un abogado con contratos legislativos y grabaciones hechas al senador Héctor Martínez en momentos en que supuestamente hablaba sobre favores hechos al empresario Juan Bravo constituyen el grueso de la prueba con la que cuentan los federales en este caso de corrupción contra el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Es sabido que el delator principal del esquema de soborno, conspiración y viajes a través del comercio interestatal para ayudar a cometer un crimen es el convicto ex senador Jorge de Castro Font, quien se declaró culpable de corrupción y espera sentencia.

A éste se le ubica como parte del esquema del soborno, pues viajó junto a Martínez y Bravo a Las Vegas, Nevada para asistir al combate del boxeador boricua Félix “Tito” Trinidad que se efectuó en mayo de 2005, de acuerdo con el pliego acusatorio.

Según la acusación, todos los gastos del viaje fueron pagados por Bravo a cambio de trato favorable a los proyectos de su interés. Mientras, la otra ficha importante para corroborar el esquema lo es un ex asesor de Martínez, quien es nombrado en el pliego acusatorio como la persona B.

Informantes de El Nuevo Día identificaron a la persona B como el abogado José Velázquez, un ex empleado de Martínez que en la actualidad trabaja en la oficina del vicepresidente de la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, y es hermano del superintendente del Capitolio, Eliezer Velázquez.

La obstrucción a la justicia

Ayer, Velázquez no estuvo en la Casa de las Leyes. Su hermano, el Superintendente del Capitolio, tampoco asistió y no devolvió las múltiples llamadas hechas por este diario.

La oficial de prensa de la Superintendencia, Wanda Nazario, indicó que no hablarían a la prensa y pidió espacio para la familia en este momento.

Según el pliego acusatorio, Martínez y la persona C, quien fue identificada en el pliego acusatorio como el director de la oficina del Senador, intentaron convencer a Velázquez se adjudicara la redacción del proyecto del Senado 471 que impulsaba Bravo para conferir licencias a los detectives privados.

Por esta insistencia es que se le radicó a Martínez, senador por el distrito de Carolina, un caso federal de obstrucción a la justicia.

Esa persona C que supuestamente colaboró con Martínez para intentar cambiar los hechos fue Jeniska Rodríguez, quien desde el 2005 dirige la oficina del Senador.

Rodríguez no fue acusada y se presume que coopera con la fiscalía porque normalmente cuando un co-conspirador no es acusado es porque su testimonio se usa contra su cómplice.

Rodríguez no contestó un pedido de entrevista hecho ayer por este diario.

Informantes enterados de la investigación y que son compañeros de funciones de Velázquez en el Capitolio informaron que éste fue contactado hace meses por agentes federales que lo invitaron a almorzar.

Hasta el conclave llegó un fiscal que le inquirió si el proyecto en controversia había sido redactado por él.

Le refrescan la memoria

Una de las fuentes de este diario, que dijo saber de lo ocurrido por boca del asesor, sostuvo que Velázquez le indicó al fiscal que no se acordaba porque había pasado algún tiempo.

No obstante, el día después se comunicó con los agentes para dejarle saber que no redactó las medidas en cuestión. De inmediato, le pusieron una grabación en la que se escucha Martínez solicitándole que se adjudicara la redacción del proyecto, el cual supuestamente había sido escrito por empleados de Bravo.

Según los informantes, la oficina de Martínez está alambrada con micrófonos y equipo especial y ésta no es la única grabación con la que cuentan los federales para sustentar su caso.

El pliego acusatorio relata tres instancias en las cuales Martínez y Rodríguez presuntamente intentaron convencer a Velázquez de que “recordara” que las medidas las había preparado él.

En enero o febrero de 2010, cuando Martínez citó a Velázquez a una oficina en el Capitol Building, le indicó que era investigado por el FBI en relación a las medidas y el viaje a Las Vegas y le pidió que “recordara” que él las había redactado y que le dijera eso a los federales.

En las otras dos ocasiones, según el pliego acusatorio, los acercamientos los hizo Rodríguez. En uno de los encuentros, en el estacionamiento de un centro comercial, Rodríguez le entregó a Velázquez unos documentos para que fingiera que él había preparado las medidas. En otra ocasión, Rodríguez le solicitó a Velázquez que firmara una declaración jurada en la que indicara que las medidas las había preparado él.

Johnny Méndez afirmó que no le renovará contrato a José Velázquez, quien \coopera en caso contra el senador Héctor Martínez

Por Frances Rosario / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

El presidente de la Comisión cameral de Gobierno y representante de Fajardo, Johnny Méndez, informó hoy que no le renovará el contrato al testigo federal en el caso del senador Héctor Martínez, el abogado José Velázquez.

La información salió a relucir, luego de que Méndez afirmara en entrevista radial (WKAQ) que no confía en Velázquez pero sí en su compañero de distrito, el acusado senador estadista.

“Es una determinación que ya yo había tomado sobre varios asesores de la Comisión y es una pura coincidencia”, alegó Méndez, cuando habló sobre la no renovación de contrato a Velázquez.

Dijo que la decisión supuestamente la tomó para mejorar el desempeño de la Comisión.

Velázquez también tiene contratos de asesoría con el vicepresidente cameral, Gabriel Rodríguez Aguiló, y otros representantes de la mayoría estadista.

“Va a seguir siendo mi asesor. Yo confío en su trabajo legislativo”, afirmó Rodríguez Aguiló, cuando se le preguntó por el contrato de Velázquez.

Ayer, El Nuevo Día informó que el asesor legislativo es el testigo estrella de la fiscalía federal. En el pliego acusatorio se le identifica como la persona B, a la que Martínez y la directora de su oficina, Jeniska Rodríguez, intentaron persuadir para que se adjudicara la redacción de los proyectos de ley que presuntamente beneficiarían al empresario Juan Bravo.

Tanto Bravo como Martínez fueron arrestados ayer y dejados libre sin fianza por soborno, conspiración y viajar para cometer crímenes.

La jefa de los fiscales federales en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, afirmó que su oficina no participa en la investigación

Por Javier Colón Dávila / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

La jefa de los fiscales federales en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez no pudo contestar esta tarde claramente por qué no fue su oficina y sí la división de Integridad Pública en el Departamento de Justicia Federal la encargada de investigar las andanzas del senador Héctor Martínez y el empresario Juan Bravo.

“Nuestra oficina no participa ni en la investigación ni en el caso”, dijo Rodríguez, quien sin embargo aclaró que el caso contra Jorge De Castro Font, quien ya se declaró culpable y espera por sentencia, sigue bajo la jurisdicción de su oficina.

“No sabríamos ni qué decir”, indicó a la pregunta de si había recibido alguna instrucción del Departamento de Justicia Federal para no hacer comentarios en torno al caso de Martínez.

“Tendremos que referirlos a esa unidad para contestarles las preguntas”, dijo la fiscal.
¿Qué particularidad tiene el caso de Martínez y Bravo para que lo manejen en Washington?, se le preguntó.

“La División de Integridad pública de Washington viaja a 94 distritos en los Estados Unidos constantemente viendo casos como el del senador Héctor Martínez. Ese es su trabajo. Ellos en cada distrito donde tienen un caso lo ven. Eso no es nada extraño, es rutina y es como ellos operan. La razón por la cual tienen el caso es que tienen el caso y lo investigaron y lo llevaron”, insistió.

Cuando se le solicitó una reacción a Rodríguez sobre la expresión del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien dijo que le gustaría ver al jefe del FBI, Luis Fraticelli, en la silla de los testigos hablando del carácter de Jorge De Castro Font, la fiscal alegó no haber escuchado los comentarios.

“Y esa pregunta se la tendrían que hacer a la División de Integridad Pública y al señor Fraticelli. No voy a contestar por ellos”, dijo.

Fraticelli, luego de dar una entrevista en la mañana, no emitiría más comentarios durante el día, dijo su portavoz, Harry Rodríguez.

Su ex asesor, José Velázquez, es el testigo estrella de los federales

Por Frances Rosario / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

Entre la cárcel y la libertad, el desaforado abogado José Velázquez prefirió quedar con la conciencia limpia y convertirse en el testigo estrella del caso federal contra el senador Héctor Martínez, supo El Nuevo Día.

Velázquez, quien es hermano del superintendente del Capitolio, Eliezer Velázquez, no pudo ser contactado ayer en la oficina del vicepresidente cameral, Gabriel Rodríguez Aguiló. Tampoco estuvo en el Capitolio su hermano.

Según informantes de este diario, el asesor legislativo es la persona B que cita el pliego acusatorio. El documento establece que tanto Martínez como la persona C, identificada como el director de la oficina del senador, querían que Velázquez se adjudicara la redacción de los proyectos del Senado 410 y 471 que impulsaba el empresario Juan Bravo.

La persona C es Jeniska Rodríguez, quien desde el 2005 dirige la oficina del Senador. Ella no asistió hoy al Capitolio, informó la recepcionista de la oficina de Martínez. Tampoco ha contestado el pedido de entrevista.

Informantes enterados de la investigación y que son compañeros de funciones de Velázquez en el Capitolio informaron que el hombre fue contactado hace meses por agentes federales que lo invitaron a almorzar. Hasta el cónclave llegó un fiscal que le inquirió si los proyectos en controversia habían sido redactados por él.

Uno de las fuentes de este diario comentó que Velázquez le indicó que no se acordaba porque había pasado algún tiempo. No obstante, el día después se comunicó con los agentes para dejarle saber que no redactó las medidas en cuestión y que esos proyectos llegaron preparados a la oficina. De inmediato, le pusieron una grabación en la que se escucha Martínez solicitándole que se adjudicara la redacción de los proyectos.

Y es que según los informantes, la oficina de Martínez está alambrada con micrófonos y equipo especial. Según fuentes, ésta no es la única grabación con la que cuentan los federales para sustentar su caso por soborno, conspiración, obstrucción a la justicia y viajar a través del comercio interestatal para cometer crimen organizado.

Hoy, en la búsqueda para encontrar a Velázquez, el vicepresidente cameral, Gabriel Rodríguez Aguiló, sostuvo que su asesor es trabajador y responsable. Pero alegó que nunca le comentó sobre la pesquisa federal en curso.

“Ha sido responsable conmigo, ha cumplido con el trabajo. El pueblo puede ver su trabajo en la Cámara de Representantes”, precisó, al indicar que ayer mismo Velázquez trabajó con unas enmiendas que se debían hacer a varios proyectos de ley que se aprobaron en la sesión.

Mientras, empleados de seguridad del Capitolio se encontraban esta tarde en la oficina del senador Martínez inspeccionándola para tratar de detectar los micrófonos que, según ha trascendido, las autoridades federales instalaron para grabar las incidencias en la oficina del legislador.

A la llegada de El Nuevo Día a la oficina de Martínez, uno de los empleados de seguridad indicó que no se permite la entrada ni salida de ninguna persona a ese lugar.

Mientras, se desconoce si el senador abandonó el Capitolio, luego de haber llegado desde el Tribunal Federal junto a sus compañeros legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La directora de la oficina de Rivera Schatz, Katy Erazo, notificó que el senador Martínez ya no se encuentra en el área.

Entre tanto, informantes indicaron que Martínez tampoco está en su oficina.

Al senador acusado no se le ha visto en el hemiciclo senatorial, que está en sesión presidida por Rivera Schatz.

Maritza Díaz Alcaide / Primera Hora

El secretario de Justicia, Guillermo Somoza, dijo hoy que de los interrogatorios hechos por esa agencia al ex senador Jorge de Castro Font no se desprende nada que vincule al senador Héctor Martínez ni al empresario Juan Bravo con los delitos por los cuales ambos fueron acusados en la esfera federal.

Tras participar de una conferencia de prensa con el gobernador Luis Fortuño, el titular de Justicia dijo que esta mañana revisó las declaraciones hechas por De Castro Font y “de ellas no se desprende ninguna información en contra de Bravo; tampoco en contra del senador Martínez.

Somoza señaló que las autoridades federales son las que poseen evidencia contra los dos imputados, por lo tanto será ese el que en su momento determinará cuando puede compartir la misma el gobierno de Puerto Rico.

El gobernador Luis Fortuño, mientras tanto, se reiteró en que Héctor Martínez no debe ocupar posiciones de liderato ni en la Legislatura ni en el Partido Nuevo Progresista, pero sí puede permanecer en su escaño de la Cámara Alta.

Cuando se le preguntó si con respecto a Martínez y al ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, no se imponía una doble vara al pedírsele a uno que renunciara y el otro no, el Gobernador dijo que en el caso de los gobernadores éstos tienen una jornada de trabajo de 24 horas, que requiere de una concentración completa.

“La responsabilidad de los legisladores es distinta. Ahora, incluso tendrán un receso de verano”, indicó.
En cuanto a Bravo, el Primer Ejecutivo señalo que éste participó de la confección del programa de gobierno del Partido Nuevo Progresista en su sección de seguridad, pero aún así, consignó, “todo el mundo tiene que cumplir con la ley. La ley es la ley, no importa a quien conozca (el imputado) o a qué persona haya ayudado”.

Las expresiones del Secretario de Justicia y del Gobernador surgieron luego de ambos participar de una actividad en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, en que se dieron a conocer los logros del programa “Promesa de Hombre”, una iniciativa de la administración Fortuño para poner coto a la violencia doméstica.

Presidente del organismo dice que aún no han recibido querella alguna

Por Inter News Service/El Nuevo Día

San Juan - El senador Carlos Javier Torres señaló hoy que la Comisión de Ética del Senado, que dirige, no ha actuado en el caso del senador Héctor Martínez, "porque no se ha presentado una querella".

En unas escuetas declaraciones escritas, el legislador indicó que “en estos momentos la Comisión de Ética del Senado de Puerto Rico no tiene ninguna querella radicada, tampoco hay una convicción en el caso del senador Héctor Martínez, por lo tanto la Comisión no tiene ningún asunto ante su consideración".

Un gran jurado federal emitió un pliego acusatorio de seis cargos contra Martínez, senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), y el empresario Juan Bravo, por supuesta conspiración, soborno y otras violaciones a leyes de Estados Unidos.

Las seis acusaciones incluyen cargos por viajes en comercio interestatal, asistencia al crimen organizado, soborno relacionado a programas federales y conspiración. Martínez también está acusado por obstrucción a la justicia.

Rosita Marrero / Primera Hora

El abogado del senador Héctor Martínez, Abbe D. Lowell, proclamó la inocencia de su defendido y señaló al convicto ex senador Jorge De Castro Font como un mentiroso.

Lowell rechazó las imputaciones que se le hacen a Martínez y sostuvo, mediante comunicado de prensa, que el viaje que Martínez realizó a Las Vegas para una pelea de boxeo no tuvo que ver con trabajo ni con política. Afirmó que el mismo fue recreativo.

Sin embargo, en el pliego acusatorio se señala que mientras Martínez y De Castro Font estaban en Las Vegas con el empresario Juan Bravo –quien pagó los gastos- para ver la pelea entre Félix "Tito" Trinidad y Ronald Wright, los legisladores discutieron la manera de lograr que se aprobaran los proyectos 410 y 471 que beneficiarían a la empresa American Ranger.

Martínez y Bravo se entregaron esta mañana en el tribunal federal, luego de que un Gran Jurado los acusara ayer por cargos de conspiración, soborno y viajar en el comercio interestatal para presuntamente cometer crímenes organizados.

A continuación, lee las expresiones de Lowell (en inglés):

"Five years ago, three men went to see Puerto Rico’s then favorite fighter Tito Trinidad in a trip to Las Vegas, Nevada. It was not for politics, it was not for favors and it was not for business – it was for fun.

After investigating for what they said was corruption, the Washington D.C. Justice Department found nothing more than this one trip to accuse one of the most promising young Puerto Rican legislators, Hector Martinez, and one of the most successful and respected businessmen, Juan Bravo with bribery. The charges are nonsense. There were no bags of cash, no secret meetings, no special favors—just a trip for a few hundred dollars—hardly something that would cause corruption.

Neither man went on this trip, paid for any expenses or took any official or business action to corrupt the other. The legislation, the prosecutors say, was the heart of their so-called scheme – important shopping center security and private detective regulations – were widely supported and had nothing to do with the trip. And what emphasizes the thin corruption case, the prosecutors have had to add a last minute flimsy obstruction charge to the stale corruption charges revived from five years ago.

What is worse, to justify the time and resources they spent in the investigation, the Washington Justice Department has stooped to base their case on the word of convicted felon and disgraced former legislator Jorge De Castro Font. Reports indicate that Mr. De Castro Font, has admitted being a liar and an extorter, is still under Puerto Rico charges, his wife has accused him of different misconduct, he is under a court order to stay away from her, and recently checked himself in for psychiatric treatment. He is hardly someone on whom the Justice Department should rely.

This is a sad day for Hector Martinez and his family, that after so much work and service he now has to answer these unsubstantiated charges. But it is a sadder day for the justice system when Washington prosecutors can spend so much time and so much money to investigate and come up with so little to justify their efforts.

But clear his name he will. We ask everyone to remember that Senator Martinez deserves the presumption of innocence and that his lifetime of good work undercuts these allegations. He looks forward to having all the evidence heard in court instead of the secret proceedings the Justice Department uses to charge individuals. There, these charges will be proved false, and Senator Martinez will be shown to be the honest public servant you know him to be".

Maritza Díaz Alcaide / Primera Hora

El convicto ex legislador Jorge de Castro Font no le dijo nada malo al Departamento de Justicia sobre el senador Héctor Martínez ni sobre el empresario Juan Bravo, imputados los dos por las autoridades federales en la comisión de varios delitos, incluidos los de conspiración y soborno.

El secretario de Justicia Guillermo Somoza reveló que “muchos” de los supuestos delitos que De Castro Font delató ante Justicia ya están prescritos y el resto se siguen investigando en el foro estatal.

Somoza adelantó ayer que próximamente le pedirá a la Fiscalía Federal la prueba que maneja contra Martínez y el ex presidente de Ranger American para, “en su momento”, determinar si se les radicarán cargos estatales o no.

El funcionario advirtió que los federales manejan prueba confidencial, por lo que sólo ellos pueden decidir cuándo y en qué circunstancias entregan la documentación. Eso podría suceder, incluso, cuando concluya el caso en corte.

Justicia de Puerto Rico interrogó a De Castro Font en septiembre de 2008.

El gobernador Luis Fortuño, mientras tanto, se reiteró ayer en que Martínez no tiene que renunciar a su escaño.

Para el mandatario es suficiente con que no ocupe posiciones de liderato ni en la Legislatura ni en el Partido Nuevo Progresista.

Cuando se le preguntó si eso no supone dos varas, una para medir al ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá y otra para medir a Martínez, porque al primero se le pidió la renuncia y al otro no, dijo que se trata de un “asunto de responsabilidades”.

Los gobernadores, señaló, tienen una jornada de trabajo de 24 horas al día que requiere de ellos una concentración completa.

“La responsabilidad de los legisladores es distinta. Ahora, incluso, tendrán un receso de verano”, dijo.

En cuanto a Bravo, el Primer Ejecutivo expresó que en efecto éste participó de la confección de la sección de seguridad del programa de gobierno del Partido Nuevo Progresista.

“Eso no quita que todo el mundo tiene que cumplir con la ley, no importa a quién conozca, ni si ayudó o no en la plataforma. A su familia va nuestra solidaridad, pero la ley es la ley y todos tienen que cumplir, no importa en qué campaña haya ayudado”, subrayó.

Cuando las autoridades federales acusaron al ex gobernador Acevedo Vilá por cargos de corrupción relacionados con fondos de campaña —de los que finalmente fue absuelto—, Fortuño le recomendó que “por el bien suyo y el de su familia” se retirara y ocupara su tiempo en defenderse.

En cuanto a la participación de Bravo en el programa del PNP, el superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, dijo que él no fue el único que trabajó en la redacción de las propuestas de seguridad.

Figueroa Sancha hizo la salvedad de que él, antes de ocupar el cargo de superintendente, no figuró entre los autores del programa de gobierno, porque para aquel entonces era funcionario del FBI y no podía vincularse a ningún proceso político.

“Que Bravo haya participado del programa en nada afecta nuestros planes. Él no fue el único que estuvo en ese proceso”, insistió el jefe de la Policía.

Nydia Bauzá / Primera Hora

El senador popular Eder Ortiz censuró la movilización, tipo “Party Bus”, de los senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) al tribunal federal para recoger a su correligionario Héctor Martínez, acusado de corrupción.

Ortiz exigió al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que informe quién pagó por el alquiler de la guagua en la que viajaron los senadores penepés.

Afirmó que con esta acción la mayoría senatorial ha cruzado la línea de la solidaridad, casi satirizando un proceso triste y serio.

“Esta acción denota la poca importancia que este Senado le da a la preocupación que vive el país, cada vez que un funcionario electo es señalado de esta forma. El Presidente del Senado tiene que dar cuenta sobre el costo y la procedencia del pago de ese vehículo. Es un evento triste, desafortunado y que lacera aún más la imagen de la Asamblea Legislativa", manifestó Ortiz.

Rivera Schatz lo manda a sacar

Otro altercado entre el presidente del Senado Thomas Rivera Shatz y un miembro de la delegación popular ocurrió esta tarde cuando el primero mandó a sacar del hemiciclo al senador popular por el distrito de Guayama Eder Ortiz Ortiz.

Según se supo, Ortiz Ortiz estaba molesto porque, supuestamente, Rivera Shatz no dejaba expresar a la delegación popular.

“Coño, van a seguir”, expresó Ortiz Ortiz a viva voz, a lo que el líder senatorial respondió con un “se calla la boca. Saquen al senador del hemiciclo”.

“A mi usted no me manda a callar, le repicó Ortiz.

Ujieres del hemiciclo procedieron a escoltar a Ortiz Ortiz.

El balneario incumple con el criterio de manejo ambiental

Por Gerardo E. Alvarado León / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

El balneario La Monserrate, en Luquillo, perdió ayer hasta nuevo aviso su galardón Bandera Azul debido al incumplimiento del criterio de manejo ambiental.

Maylene Pérez, coordinadora nacional de Programa Bandera Azul, indicó que el balneario enfrenta problemas con el mantenimiento de los servicios sanitarios, áreas comunes de estancia, áreas verdes y contenedres de desperdicios sólidos reciclables.

Estos señalamientos, entre otros, hacen que el balneario incumpla con los criterios que requiere el Programa Bandera Azul Internacional.

"Nos encontramos en temporada alta local y el balneario La Monserrate no se encuentra en óptimas condiciones de cumplimiento con el Programa Bandera Azul", dijo Pérez.

"Esperamos que próximamente se pueda volver a izar la bandera, ya que esta es una de las playas más visitadas por turistas externos e internos", puntualizó.

De acuerdo con Pérez, el resto de los balnearios que obtuvieron la Bandera Azul en la actual temporada 2009-2010 aún lo ostentan. Estos son: Seven Seas, en Fajardo; Boquerón, en Cabo Rojo; El Escambrón, en San Juan; Punta Salinas, en Toa Baja; y Carolina.

Bandera Azul es un programa que se otorga a balnearios y marinas cuando cumplen con criterios específicos de seguridad y servicios, manejo ambiental, calidad de aguas e información y educación ambiental.

La Junta Interagencial para el Manejo de Playas inició campaña por mantener playas limpias

Por Luis Alberto González / Inter News Service/El Nuevo Día

San Juan- Con un tratamiento de “estrella” a los casi olvidados zafacones en las playas, la Junta Interagencial para el Manejo de Playas inició hoy una campaña veraniega que busca que los ciudadanos utilicen esos recipientes cada vez que disfruten de las costas de Puerto Rico.

La campaña de limpieza con el lema “¿Qué tenemos que hacer para que llegues al zafacón?” fue presentada por el secretario de Recursos Naturales y Ambientales, Daniel Galán Kercadó, quien se mostró esperanzado en que se elimine la basura que los bañistas dejan en la arena luego de utilizar las playas y que luego llega al mar y ocasiona daños al ecosistema.

“Ésta será una campaña amplia y dinámica para que la gente tome la tarea de limpiar las playas como suya. Hay más de 2,000 zafacones que hemos colocado alrededor de la Isla en los balnearios y otras playas con la ayuda de la Compañía de Turismo y Parques Nacionales, pero si no hay un zafacón lo importante es que lleven un bolsa plástica y se lleven la basura”, indicó Galán Kercadó.

Añadió que para la celebración de la Noche de San Juan hoy, cuentan con 8,000 bolsas para basura y con personal destinado a vaciar los zafacones cada 30 minutos “para evitar, por ejemplo, lo que pasó en (la playa de) Ocean Park el año pasado” que quedó inundada por la basura que dejaron los bañistas.

Turismo, por su parte, colaborará en la campaña y “no se limitará porque continuamos estableciendo estrategias amigables hacia la protección de nuestro ambiente, con el fin de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las opciones de las futuras”, según comentó José Juan Terraza, representante de la agencia.

Explicó que Turismo está encargada de las playas en la zona desde el municipio de Carolina hasta el Condado en San Juan y tiene acuerdos colaborativos con hoteles del área para el mantenimiento de las costas.

La cuñas radiales contarán con la voz de Ronny “the Hyper” y Jay Fonseca y habrá anuncios televisivos y en prensa escrita que deben ser publicados como servicios públicos.

Además habilitarán aplicaciones para teléfonos celulares y redes sociales como Facebook y Twitter.

Acueductos inspecciona el llenado del embalse Río Blanco, en Naguabo

Por Gerardo Alvarado Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

Naguabo – La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) realizó hoy una inspección ocular del llenado del embalse Río Blanco, proceso que debe estar completado en los próximos seis meses.

El presidente ejecutivo de la AAA, José Ortiz, indicó que actualmente el nivel del embalse es de 23.2 metros y que debe llegar a 29.7 metros. Ortiz explicó que como parte del proceso de llenado el nivel del embalse aumenta a razón de un metro por mes. No obstante, el embalse ya sirve a unas 200,000 personas en los municipios de Naguabo, Humacao, Yabucoa, Las Piedras, Vieques y Culebra.

“Atrás quedaron aquellas temporadas de angustiosas sequías que tanto afectaron la región Este”, dijo Ortiz en conferencia de prensa al precisar que el embalse aumenta la capacidad de producción de agua potable de la planta de filtración Río Blanco a 18 millones de galones diarios.

El embalse se construyó a un costo de $152 millones y tiene una vida útil de más de mil años.

Percance con robot obliga a remover tapa contenedora

Por MICHAEL KUNZELMAN / The Associated Press/El Nuevo Día

NUEVA ORLEANS - Decenas de miles de litros de crudo salían expulsados a borbotones ayer miércoles del fondo del Golfo de México, luego que un robot submarino chocara con un sistema de ventilación, forzando a BP a remover una tapa que había estado conteniendo parte del petróleo.

Se trata del obstáculo más reciente que se ha presentado en las últimas nueve semanas, cuando se intenta detener la fuga de petróleo y ocurre mientras manchas gruesas de crudo bañaban a Pensacola Beach en la Florida.

Cuando el robot chocó con el sistema ayer por la mañana, subió gas a través del conducto de ventilación que lleva agua caliente hacia el pozo para evitar la formación de una especie de cristales de hielo, dijo el almirante de la Guardia Costera Thad Allen.

Antes de que se presentara el problema con la tapa, ésta había ayudado a recolectar cerca de 2,649,710 litros (700,000 galones) de petróleo en las 24 horas previas. Ese ritmo de crudo ahora se está esparciendo por el Golfo. Otros 1,657,961 litros (438,000 galones) fueron quemados en la superficie usando un método distinto.

La tapa de menor tamaño, que hasta ahora había funcionado, fue colocada a principios de junio. Para ponerla allí, los equipos debieron retirar una sección del tubo que está filtrando, lo que implica que el flujo de petróleo podría ser aún mayor de lo que era.

Entretanto, el gobierno intentaba resucitar una moratoria de seis meses sobre las perforaciones en aguas profundas, luego de que el juez distrital Martin Feldman retirara el retraso de nuevas perforaciones.

El juez dijo simplemente que el gobierno asumió que porque una plataforma explotó, las otras representan un peligro inminente también.

Feldman, un juez federal de Luisiana que levantó la prohibición a las perforaciones petroleras impuesta por el gobierno tiene amplias inversiones en la industria del petróleo y el gas natural, informó en sus declaraciones financieras. El juez, nombrado en 1983 por el ex presidente Ronald Reagan, informó que en 2008 poseía menos de $15,000 en acciones de Transocean Limited, la dueña de la plataforma Deepwater Horizon.

Feldman revirtió la suspensión de seis meses de perforaciones en aguas profundas del Golfo de México ordenada por el gobierno porque dijo que la medida fue excesiva.

Antonio R. Gómez / Primera Hora

El gobernador Luis Fortuño aseguró ayer que “ya hay luz al final del túnel” para la economía de Puerto Rico como resultado de las acciones tomadas por su administración.

Éste compartió con el presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Carlos García, la presidenta del Banco de Desarrollo Económico, Lissy Rosso, y el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, José Pérez Riera, una videoconferencia sobre la economía dirigida a empresarios del país.

García resaltó que el Índice de Actividad Económica de mayo, el más reciente, “comienza a mostrar señales de mejoría en la economía”.

Tras destacar que éste guarda un 98 por ciento de interrelación con el comportamiento real de la economía, indicó que el mismo lleva cinco meses consecutivos con alzas.

Fortuño destacó, por su parte, las iniciativas de su administración para reformar los permisos, la Ley de las Alianzas Público-Privadas, la reforma energética y la reforma contributiva.

Entre las promesas que hizo a los empresarios incluyó la reducción en el costo de la electricidad durante este cuatrienio y el inicio de nuevas obras de construcción de infraestructura.

Reiteró además su promesa de una reforma contributiva “que nos baje los impuestos a todos”. Proclamó que el Gobierno tiene que dejar de ser el motor que mueve la economía y que el sector privado será el eje de la recuperación.

La resolución, que propone enmendar la Constitución para reducir en un 30% la composición de la Legislatura, no cuenta con los votos para ser aprobada en la Cámara.

Por Alba Y. Muñiz Gracia / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

Con la cercanía del último día para aprobar medidas, el cabildeo a favor del proyecto de Reforma Legislativa se ha intensificado en la Cámara de Representantes.

Este diario supo que, ayer, durante la kilómetrica sesión cameral, un equipo de políticos entre los que se encontraban los alcaldes Jorge Santini, de San Juan, y Aníbal Meléndez, de Fajardo, y el ex alcalde de la Capital, Hernán Padilla, cabildeaban a favor de la medida en el salón café, contiguo al hemiciclo.

En el equipo también habían abogados de La Fortaleza.

Ha trascendido que, la resolución, que propone enmendar la Constitución para reducir en un 30% la composición de la Legislatura, no cuenta con los votos para ser aprobada en la Cámara.

Los representantes Eric Correa, Waldemar Quiles, Angel “Gary” Rodríguez y Rafael “June” Rivera se han expresado abiertamente contra la medida, que ya fue aprobada en el Senado.

En la noche, el portavoz de la minoría cameral, Héctor Ferrer, les lanzó una advertencia a los representantes de mayoría.

“Ojo avizor, a los indomables, mucho cuidado en estos próximos dos días porque lo que les viene pa’ encima es ese mollero del poder. Y Gary, el voto no es por Internet, es frente a todo el mundo. Si estás en contra de lo que dice el sistema, si hablas en contra del sistema, hasta ahí llegaste, pregúntenle a Julissa Noalsco”, expresó Ferrer durante su turno para expresarse contra dos medidas que bajaron a discusión a las 9:00 de la noche.

La representante Nolasco fue destituida ayer de la presidencia de la Comisión de Salud tras haber calificado como “una falta de respeto” el retiro de seis proyectos de la comisión que dirigió hasta anoche.

En lo que va de semana, ha habido distintas versiones sobre lo que podría pasar con el proyecto de Reforma Legislativa. Algunas personas, como el presidente de la Comisión de Gobierno, Carlos “Johnny” Méndez, han dicho que bajará en los días que restan, mientras que otros han expresado que la medida se quedará para la próxima sesión.

Pero aseguran que el programa se pone en marcha si el deambulante es recibido por familiares

Por José A. Delgado Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

NUEVA YORK-  La ciudad de Nueva York “devuelve” deambulantes a San Juan y otras ciudades, como parte del proyecto “Reconéctate”, que persigue encontrarles un hogar junto a familiares.

Pero, fuentes del municipio sostienen que sólo se hace en los casos en que el deambulante ha podido corroborar que tiene una casa o un trabajo en su lugar de origen.

Esta semana, el alcalde de San Juan, Jorge Santini, indicó que si corroboraba que ocho deambulantes que dicen haber viajado a Puerto Rico con un boleto aéreo pagado por la alcaldía de Nueva York, se los enviará de vuelta al alcalde neoyorquino, Michael Bloomberg.

"Teníamos cero deambulantes en el Viejo San Juan y ahora tenemos ocho", dijo el alcalde en un aparte durante la conferencia de prensa celebrada para anunciar la inauguración de la Plaza de la Convalecencia, en Río Piedras. Dijo que han brindado servicio a los deambulantes, que sólo se comunican en el idioma inglés.

"Si llego a corroborar que Bloomberg los envió a Puerto Rico, les pago el pasaje y se los devuelvo", dijo Santini, al indicar que las personas llevan unos dos meses durmiendo en el Viejo San Juan.

Oficialmente, una portavoz del municipio advirtió que no hacen comentario sobre esos casos, para proteger la intimidad de los que participan del programa.

Pero, el plan del alcalde Bloomberg obliga a los funcionarios del Departamento de Servicios a Deambulantes a verificar que la persona que se beneficia del “Proyecto Reconéctate” – que a su vez ha recibido servicios en los centros de deambulantes del municipio neoyorquino -  se va a encontrar con familiares en su nación o estado y que le proveerán un techo.

Según un funcionario cercano al programa, la alcaldía de Nueva York se asegura de que “cada persona ha retornado sin inconvenientes y se ha establecido con sus familiares”.

Santini, sin embargo, tiene fuertes dudas de que ese haya sido el caso con por lo menos ocho de los deambulantes.

Legisladores llegaron para apoyar al legislador acusado Héctor Martínez

Por ELNUEVODIA.COM

El presidente del Senado, Thomas Rivera Shatz, y un grupo de senadores llegaron al Tribunal federal para mostrar su apoyo y respaldo al legislador Héctor Martínez, quien fue acusado anoche por un Gran Jurado.

Sin emitir palabra y en medio de empujones entraron al edificio. El presidente del Senado dijo que emitirian declaraciones al salir.

El Nuevo Día pudo observar a 21 de los 22 senadores novoprogresistaS, entre los que se encontraban Norma Burgos, Roberto Arango y Lorna Soto.

“Hay que darle el espacio. Estamos todos aquí en solidaridad con él (Martínez). Para mí es un amigo”, manifestó Arango.

Por su parte, el alcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez, acudió al Tribunal Federal para expresar su solidaridad con Martínez.

“Vengo en calidad de amigo. Los seres humanos necesitan apoyo cuando estamos en situaciones difíciles. Estoy aquí como amigo, no como alcalde. Creo que él debe enfrentar con valentía esta situación”, expresó Meléndez.

Asimismo, el representante del distrito de Carolina, Eric Correa, también llegó al tribunal para apoyar a su amigo Martínez.

De otro lado, a eso de las 11:00 a.m., Rivera Schatz convocó a todos los senadores a un caucus de emergencia, por lo que se suspendieron todas las vistas y reuniones pautadas para la mañana.

Según un informante de este diario, en la reunión se hablará sobre la acusación y el arresto de su compañero Héctor Martínez. Se alegó que Rivera Schatz desea mantener el control de la controversia y de las expresiones públicas.

A su llegada al cónclave, los senadores Luis Daniel Muñiz y Ramón Díaz confirmaron la reunión, pero ambos dijeron desconocer el tema a discutirse.

Martínez fue acusado ayer por un gran jurado federal de cargos de soborno, conspiración y obstrucción a la justicia. En el pliego acusatorio, también figura el empresario Juan Bravo.

La campaña del Departamento de la Familia busca fortalecer los valores y concienciar a los varones sobre la necesidad de autoevaluarse

Por Aurora Rivera Arguinzoni / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

El gobernador Luis Fortuño anunció hoy que impulsará una enmienda a la Ley 54 de Violencia Doméstica para ordenar a personas procesadas por esos crímenes a asisitir a talleres de orientación sobre el tema.

Además, se ofrecerán talleres a víctimas de esos casos para que conozcan los derechos que los cobijan.

Los talleres establecidos en la medida, que se espera sea aprobada de forma expedita, serán diseñados por la Procuraduría de la Mujer.

Fortuño hizo sus expresiones durante el Primer Encuentro Promesa de Hombre, en el Centro de Convenciones de Miramar.

Más temprano, en la mesa central frente a la tarima, el gobernador Fortuño y la primera dama Lucé Vela disfrutaron de un 'stand up' sobre roles masculinos.

Según se informó, a nueve meses de haberse implementado la iniciativa Promesa de Hombre para concienciar a los varones sobre la necesidad de autoevaluarse y fortalecer valores, 4,500 padres han participado de actividades en centros de cuido de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Ninez (ACUDEN).

Planificación concede hasta el viernes 6 de julio

Por Gerardo E. Alvarado León / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

La Junta de Planificación (JP) concedió hasta el martes 6 de julio para que los interesados en someter comentarios sobre el Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Uso de Terrenos puedan hacer sus aportaciones.

El presidente de la JP, Héctor Morales, se expresó ayer satisfecho con las vistas públicas de la semana pasada celebradas alrededor de la Isla, en las que se discutió el Reglamento y a las que acudieron 200 personas.

La vista pública más concurrida fue la celebrada en San Juan, a la que asistieron 91 personas. Le siguieron las celebradas en Ponce (46 personas), Fajardo (24 personas), Aguadilla (24 personas) y Morovis (15 personas).

Pese a que la asistencia fue de 200 personas, sólo se registraron 14 ponencias, precisó Morales. Añadió que los oficiales examinadores que participaron en las vistas públicas fueron los licenciados Edgardo Veguilla y Everlydis Rodríguez.

"Otorgamos hasta el 6 de julio para recibir comentarios. Luego del 6 de julio recopilaremos los comentarios y veremos las recomendaciones. Treinta días después haremos una recomendación final", dijo Morales a El Nuevo Día.

El Reglamento se creó a raíz del nuevo Sistema Integrado de Permisos (SIP). El extenso documento de 1,300 páginas está dividido en 13 tomos y resume más de 60 reglamentos de las 26 agencias que actualmente intervienen en el proceso de obtención de permisos.

Diez sectores minoristas reportaron alzas en ventas, que suman $2,772 millones en un mes

Por Inter News Service/El Nuevo Día

Los establecimientos comerciales continuaron con un patrón de recuperación en el mes de abril al reportarse un 1.8 por ciento de aumento, con ventas ascendentes a $2,772 millones, según un informe de la Compañía de Comercio y Exportación (CCE).

Agregó que en términos absolutos el aumento fue de $48.9 millones en comparación con el mes de abril de 2009, cuando se reportaron $2,723 millones en ventas.

"Los resultados del informe de ventas desde octubre de 2009 demuestran que comienza a haber una mayor actividad económica en los comercios. Esta tendencia apunta a que luego de varios meses de bajas en las ventas los establecimientos comerciales retomarán su trayectoria de crecimiento y aportación a la economía de Puerto Rico", indicó el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, José Pérez Riera.

Los pequeños comerciantes continúan reflejando un crecimiento en las ventas, ya que reportaron un alza de 10.36% durante abril de 2010 al compararlo con el mismo mes en el 2009, señaló Pérez Riera.

El total de ventas en el renglón de pequeños negocios ascendió a 766 millones por lo que el incremento fue de $71.9 millones, según la CCE.

La clasificación de pequeños comerciantes incluye aquellos que tienen nómina trimestral de $20,000 o menos.

Asimismo, siete de las nueve regiones que compone el informe de la Compañía de Comercio y Exportación (CEE) reportaron un crecimiento de hasta 5.08%.

Bayamón, Ponce y Aguadilla compran más

Las regiones que lograron un mayor crecimiento en sus ventas fueron Bayamón, Ponce y Aguadilla con 5.08%, 3.66 % y 2.89% respectivamente.

Por otra parte, diez de los sectores detallistas reportaron aumento en sus ventas en el mes de abril de 2010. Los que reflejaron un mayor crecimiento en sus ventas fueron las estaciones de gasolina con 23.09%, de motor nuevos y usados con 21.03% y las tiendas de variedades con 12.27%.

Las ventas acumuladas de enero a abril de 2010 tuvieron un crecimiento de 2.66% al comparar con el mismo periodo del 2009. El total de ventas acumuladas para este periodo ascendió a $11,218 millones.

Bárbara J. Figueroa Rosa / Primera Hora

Es azul claro, tiene un diseño más sencillo en el borde y si usted quiere ver otras diferencias en el controvertible y nuevo certificado de nacimiento de los boricuas debe prestarle atención a los detalles del documento.

A simple vista los cambios no parecen ser muchos, pero lo cierto es que son bastantes –no todos visibles– los elementos de seguridad que tiene el renovado certificado de nacimiento que se creó para combatir el fraude y prevenir el robo de identidad de los puertorriqueños.

Así lo informó la directora del Registro Demográfico en Puerto Rico, Wanda Llovet, quien le enseñó en exclusiva a Primera Hora el proceso de preparación que lleva la agencia ante la inminente llegada del documento que comenzará a expedirse el próximo jueves 1 de julio, tal como lo dispone la Ley 191, para prohibir la retención, archivo y custodia de certificados de nacimiento a entidades públicas y privadas.

“Busca las diferencias, ¿las ves?”, lanzó Llovet mientras mostraba una copia del pasado certificado y la comparaba con el actual.

De inmediato saltó a la vista la diferencia en color entre ambos. Los detalles en el borde del pasado documento eran amarillos.

También se movieron de lugar algunos logos y el número de serie, y el ciudadano podrá observar unas advertencias escritas en inglés y en español en los laterales del documento.

“Hay unas (medidas de seguridad) que son secretas y no te las puedo decir”, aseguró Llovet al explicar que el diseño del nuevo certificado es de la compañía estadounidense R.R. Donelly, pero el mismo fue elaborado por otra empresa en Francia.

Manifestó que la inversión en la primera fase del diseño fue de $130 mil por la emisión de 1.8 millones de certificados que ya están en Puerto Rico. En las próximas semanas se espera la tirada de otra cantidad similar.

Llovet explicó que una vez llegan a la Isla los documentos son llevados a la Oficina del Registro Demográfico para estamparles a través de una máquina su firma y la del secretario de Salud, Lorenzo González.

Luego, cual si fueran tesoros, los papeles son colocados en unas cajas que son transportadas a una bóveda en la que permanecen bajo un cuidado especial.

“Este cuarto tiene que estar a una temperatura fría y la luz tiene que estar graduada. ¿Sabes para qué? Para que los papeles no se deterioren, se humedezcan o cojan hongo”, explicó.

Una vez en la bóveda, las cajas con los nuevos certificados se trasladan, de acuerdo con la demanda, a las 78 oficinas locales del registro demográfico que hay en cada uno de los municipios.

Lluvia de Solicitudes

“Ayer comenzamos a enviar las primeras cajas, pero estamos triplicándolas para que los empleados estén bien preparados para la semana que viene”, dijo Llovet, anticipando que las solicitudes para obtener el nuevo certificado llegarán en avalanchas.

De hecho, para agilizar el proceso, Llovet notificó que se reclutaron -mediante una asignación especial de $154 mil- 47 jóvenes universitarios que están ayudando al personal de la agencia en el proceso de cernimiento de las miles de solicitudes que ya se están recibiendo por parte de los boricuas que viven en Estados Unidos y otros países, y que están interesados en obtener el nuevo certificado de nacimiento.

“Estos muchachos son de gran ayuda para nosotros porque verifican que la información enviada por el solicitante es correcta o que se envió el money order con la cantidad requerida”, dijo Llovet al aclarar que al momento se han recibido más de 35 mil solicitudes por correo postal y otros 3,000 a través de la página de Internet www.pr.gov. De éstas, 4,394 fueron revisadas ayer por los estudiantes y están listas para expedirse en los próximos días para, luego, ser enviadas a partir del 1 de julio.

Cabe destacar que Llovet dijo que entre los errores más comunes identificados por los muchachos se destaca el hecho de que muchas mujeres han enviado una identificación en la que aparecen con sus nombres de casadas.

“En esos casos lo que recomendamos es que nos envíen una fotocopia del certificado de matrimonio porque si no, no le podemos enviar el certificado”, aconsejó.

Otro fallo entre los solicitantes es que están enviando cheques personales, en lugar de giros, por los $5 que se cobran para el sello de rentas internas que requiere el certificado de nacimiento.

“Son detallitos que atrasan el proceso de envío porque tenemos que regresarle esa solicitud a la persona para que corrijan el problema”, expresó.

tranquilos, tendrán tres meses más

De otra parte, el secretario del Departamento de Estado, Kenneth McClintock, aclaró que sólo falta la firma del gobernador Luis Fortuño para que entre en vigor la enmienda que propuso la senadora Melinda Romero para extender el término de efectividad de las copias de certificados de nacimiento emitidas antes del 1 de julio de 2010 hasta el 30 de septiembre de este año.

“El Gobernador estaba esperando que la aprobaran para firmarla. Tan pronto nos llegue la notificación, comenzaremos los trámites para hacer una comunicación a nivel continental”, dijo McClintock sobre el periodo de gracia que había sido solicitado por varias organizaciones que promueven los derechos civiles de los latinos en Estados Unidos.

Aunque se creará un periodo de transición de tres meses, McClintock instó a los ciudadanos que necesiten el documento a comenzar a hacer los trámites para obtenerlo.

“Ahora no esperen al Grito de Lares para solicitarlo”, dijo en un tono jocoso el funcionario al defender la Ley 191 que ayudó a crear junto al Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos con el fin de atajar el problema de uso fraudulento del documento.

Como en otras ocasiones, McClintock hizo hincapié en que el cambio era meritorio, pues ayudará a prevenir el robo de identidad que por los pasados años han sufrido muchos puertorriqueños, cuyos certificados de nacimiento fueron hurtados y vendidos en el bajo mundo -tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos- hasta en $10 mil a personas indocumentadas o maleantes dedicados a cometer fraudes en instituciones financieras.

Con el nuevo estatuto, se anularían los que se mercadean en la calle.

“A principio de 2009, el Departamento de Estado federal se nos acercó y nos informó que de los últimos 8 mil casos de fraude de pasaporte, el 40% involucraban certificados de nacimiento expedidos en Puerto Rico. Eso era algo que teníamos que atacar de inmediato y lo hicimos”, dijo McClintock.

Aunque la idea de la nueva ley les parece bien a las autoridades policiacas, la misma no merma la preocupación de que continúe la incidencia de fraudes.

Así lo había dejado establecido previamente a Primera Hora el capitán Jesús Rivera, director de la División de Robo y Fraude a Instituciones Financieras de la Policía de Puerto Rico, quien opinó que el estatuto minimizaría el problema, pero no lo evitará.

“Le pondrá los huevos a peseta a muchos extranjeros, pero no evitará que se sigan cometiendo fraudes porque, en promedio, sobre 50 agencias tienen y comparten información sensible de cada individuo, entre ellos el seguro social y el número de licencia”, auguró el capitán, al explicar que los nuevos certificados deben ser vistos como parte de un plan, sin bajar la guardia ante las gangas locales que se han unido al crimen organizado para cometer crímenes que muchas veces están vinculados al narcotráfico.

Cristina del Mar Quiles / Inter News Service

Más de 50 empleados del Departamento del Trabajo y miembros de la Unión General de Trabajadores (UGT) protestaron este mediodía frente al edificio de la agencia en Hato Rey en reclamo porque se negocie su convenio colectivo y que su efectividad comience el próximo mes.

Simultáneamente, hubo piquetes frente a edificios del Departamento en Mayagüez, Ponce, San Germán y Aguadilla.

Según el asesor legal del sindicato, José Añeses, el nuevo convenio colectivo se ha estado negociando desde el pasado mes de septiembre casi semanalmente sin que se haya conseguido consenso.

El desacuerdo estriba en la fecha de vigencia de las cláusulas económicas bajo negociación.

Miguel Romero, secretario del Departamento del Trabajo, pretende que su propuesta de aumentarle $100 al salario mensual de los empleados y de aportar cada mes $40 adicionales al plan médico sea efectiva a partir de enero de 2011, apuntó Añeses.

Es en esta fecha cuando vence el plazo de aplicabilidad del estatuto de ajuste fiscal establecido por la Ley 7, de Emergencia Fiscal.

Los dirigentes de la UGT, alegan que la propuesta es un "empeño de incluir a la agencia en alcances de la Ley 7", cuando, realmente, está excluida de sus disposiciones.

Entienden, por eso, que los aumentos deben recibirse en el próximo mes de julio.

"Nosotros sostenemos que el Departamento tiene los fondos para otorgar aumento de salario y tiene los fondos para dar una mayor aportación al plan médico", explicó Añeses al mencionar que hace dos años que no reciben un aumento de salario.

El presidente de la UGT, Manuel Perfecto Torres, dijo, por su parte, que el trabajo de los empleados de esta agencia se ha visto duplicado al tener que atender la gran cantidad de empleados cesanteados en otras agencias del gobierno.

Añadió que la negativa de Romero a hacer vigentes estos aumentos el próximo mes responde a que es parte integral de la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal (JREF).

"No ha definido claramente su prioridad ministerial: si la de procurador y abogado de los trabajadores como Secretario del Trabajo o la de verdugo de la clase obrera como tecnócrata de JREF a favor del gran capital", expresó.

El piquete se extendió por poco más de una hora.

Consignas como "Oye, tú, Miguel Romero eres tú un antiobrero" y "Si nos siguen engañando un lío se están buscando" fueron coreadas por los trabajadores que portaban banderines del sindicato y ocuparon parte de la avenida Luis Muñoz Rivera.

Opinión

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El resultado de la Asamblea Nacional de Estudiantes, que decretó el fin de la huelga de dos meses en la Universidad de Puerto Rico, con la ratificación de los acuerdos producidos por la mediación judicial entre el Comité Negociador Nacional de Estudiantes (CNN) y la Junta de Síndicos de la Universidad, ha fortalecido la posibilidad de la creación de un nuevo pacto que integre, en igualdad de condiciones, a todos los componentes del sistema universitario en la búsqueda de las soluciones, a corto y largo plazo, que requiere nuestra Universidad para enfrentar con éxito sus dificultades financieras y en otros órdenes. éstas siguen tan vigentes hoy como ayer.

El acuerdo logró lo que el CNN solicitó desde el principio: mantener intacta la política de exenciones de matrícula para los estudiantes que se las merecen; detener la arbitraria cuota estudiantil adicional que la Junta de Síndicos proponía para el semestre que comienza el próximo agosto, y evitar posibles sanciones sumarias de estudiantes por su participación en la huelga y en actividades relacionadas con ésta. El mediador judicial –el ex-juez Pedro López Oliver– pudo entender, en dos o tres reuniones, la razonabilidad de unas peticiones que la presidenta de la Junta de Síndicos, Ygrí Rivera y el presidente de la Universidad, José Ramón de la Torre, aún hoy no aceptan. Por eso, éstos fueron aplastados abrumadoramente por una mayoría de los miembros de la Junta de Síndicos que, evidentemente preocupados por preservar su legitimidad como cuerpo rector de la Universidad, rubricaron el acuerdo propuesto. Con esta acción, quedó meridianamente claro que la Presidenta de la Junta de Síndicos y el Presidente de la Universidad están inhabilitados moralmente para continuar en sus puestos, y su renuncia es la única salida que les queda a ambos funcionarios por una actuación deshonrosa.

Sabemos que ellos no actuaron solos. Todo el tiempo han respondido a quienes impulsaron sus nombramientos desde la administración de Luis Fortuño y el PNP: el sector derechista más recalcitrante de ese partido, encabezado por Carlos Romero Barceló y Pedro Rivera Casiano, con Marcos Rodríguez Ema de delegado en La Fortaleza. Por eso, no debe extrañar a nadie que, el mismo día que la asamblea de estudiantes acordó poner fin a la huelga, la mayoría PNP en el Senado y la Cámara de Representantes aprobó a toda prisa- y el Gobernador firmó esa noche- una nueva ley para aumentar de 13 a 17 el número de miembros de la Junta de Síndicos. éste es un intento claro de sabotear la creación de un nuevo pacto universitario liderado por estudiantes, profesores y empleados de la Universidad, y contrarrestar la renovada fortaleza obtenida por éstos, tras el éxito rotundo de la huelga. En otras palabras, nuevamente la política partidista persiste en su empeño de controlar desde afuera la Universidad, problema fundamental que ha devenido en la crítica situación del presente.

Llega ahora otro importante momento de la verdad: la discusión de la deficitaria situación fiscal de la Universidad y las medidas que se adoptarán para enfrentarla. Ante la actitud de falta de transparencia y ocultamiento de la información por parte de la administración, ya empiezan a aflorar propuestas desde otros sectores universitarios, que han estudiado la situación, la han comparado con lo que ocurre en otros centros universitarios del mundo, y formulan propuestas atrevidas, sensatas y balanceadas para enfrentarla.

Desde CLARIDAD y con la confianza y el respeto que siempre les hemos tenido, exhortamos a los verdaderos universitarios –estudiantes, profesores y empleados- a aprovechar la oportunidad actual y poner toda su inteligencia al servicio de soluciones propias y realistas para conjurar la crisis; impulsar la creación de un nuevo pacto universitario que sirva para neutralizar los atentados externos contra la autonomía universitaria y preservar esta institución tan querida y necesaria para la construcción del Puerto Rico al que aspiramos.

Angel Collado Schwarz

El 27 de noviembre de 1953, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, como resultado de una votación de 26-16 y 18 abstenciones, la Resolución 748 (VIII) que consideraba apropiado el cese de la transmisión de información sobre Puerto Rico. La Asamblea General declaró: “… el pueblo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico… ha alcanzado un nuevo status constitucional… y reconoce que, en el marco de su Constitución y el convenio concertado con Estados Unidos de América, el pueblo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha sido investido con los atributos de soberanía política que claramente identifican el status de gobierno propio alcanzado por el pueblo puertorriqueño como entidad política autónoma”.

El mismo día que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que Estados Unidos podía desentenderse de enviar información sobre Puerto Rico, se aprobó el conjunto de criterios en virtud de los cuales se determinaría cuándo una colonia había alcanzado su gobierno propio. El caso de Puerto Rico había sido decidido sin ponderarse a la luz de estas pautas.

Mason Sears, el representante estadounidense ante el Comité de Información de los Territorios no Autogobernados, negó que en el Congreso residiese el control sobre los asuntos locales y aceptó lo que su Gobierno negaba internamente y en la práctica, concerniente a sus relaciones con Puerto Rico: la existencia de un “pacto”.

Sears admitió en sus memorias que sus posiciones resultaron esgrimidas en una estratagema para sustraer a Puerto Rico del Comité de Territorios, en la pretensión de acallar el reclamo internacional de descolonización y aliarse con la posición de descolonización gradual que asumieron las potencias coloniales europeas.

El jurista y ex presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, José Trías Monge, preguntó: “¿Cómo podía el continuo poder del Congreso, de legislar para Puerto Rico, unilateralmente y sobre una amplia gama de asuntos, ser cónsono con el principio de gobierno por común acuerdo?”.

Los documentos de los archivos de la Fundación Luis Muñoz Marín ponen de relieve la expresión reiterada de funcionarios de la Rama Ejecutiva federal de que no hubo cambio alguno en la condición territorial. En una carta de Luis Muñoz Marín al secretario del Interior, del 17 de enero de 1953, el Gobernador confiesa sentirse “profundamente perturbado” por los comentarios del secretario del Interior, de que “Puerto Rico se mantiene como un territorio de Estados Unidos”. A este tenor, la carta de Charles B. Murray, procurador general auxiliar del Departamento de Justicia, revela su opinión de que con la creación del Estado Libre Asociado “no ha habido cambios” (15 de agosto de 1952).

El doctor Zbigniew Brzezinski, consejero de seguridad nacional del presidente James Carter, manifestó: “El asunto del status futuro de Puerto Rico es algo verdaderamente complicado. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico puede ser de hecho una contradicción en sus términos; en el mejor de los casos, la relación es embarazosa y ambigua. Desde la perspectiva de Estados Unidos, las elecciones libres de Puerto Rico pueden sugerir una democracia autogobernada. Desde la perspectiva de sus vecinos caribeños o de otros nuevos países independientes y en desarrollo, sin embargo, la relación particular con Estados Unidos puede sugerir sin duda una variedad especial de ‘neocolonialismo’”.

En el transcurso de los años se ha reafirmado que el supuesto proceso de descolonización de Puerto Rico evaluado por este comité resultó ser una farsa. Las declaraciones recientes de las Ramas Ejecutivas y Legislativas en Washington, D.C. ratifican el status colonial y territorial de Puerto Rico.

Trías Monge señaló en 1998: “…Contrario a su palabra ante la ONU en 1953, Estados Unidos… reclama soberanía total sobre la nuestra”.

Ya es tiempo de que la ONU corrija la farsa de 1953 y reabra el caso colonial de Puerto Rico ante su Asamblea General.