MINH

30 de agosto: Vale la pena recordar
Escrito por Vilma Soto Bermúdez

Hace 25 años, el 30 de agosto de 1985 durante la noche, se cometió otro atentado contra las fuerzas anticoloniales en Puerto Rico. Más de 400 agentes del FBI irrumpieron como bandidos en los hogares puertorriqueños, rompiendo puertas, ultrajando la dignidad de los patriotas y llevándolos esposados a sus prisiones.
Su fin era obvio: Destruir la lucha emancipadora que en esos momentos se perfilaba fuerte y con gran arraigo en el pueblo que acogía con beneplácito las acciones clandestinas del Ejército Popular Boricua-Macheteros. Eran tiempos donde el pueblo conoció anonadado sobre las carpetas (expedientes) a independentistas o personas, familiares o amigos, que se reunían con ellos; fue el tiempo del horrible crimen del Cerro Maravilla, donde dos jóvenes universitarios fueron masacrados por la policía en un acto planificado por un agente encubierto que más tarde pagaría con su vida su traición a la Patria; y fue el tiempo de los llamados escuadrones de la muerte dirigidos por un grupo extremista dentro de las fuerzas policíacas del país. Eran tiempos aquellos como los de hoy, porque nada ha cambiado. Dicen que con un botón basta y tenemos como brutal ejemplo lo acontecido en el Capitolio el pasado 30 de junio, cuando hombres, mujeres y estudiantes fueron atacados en forma vil por la Policía comandada por Figueroa Sancha, el asesino de Filiberto Ojeda Ríos. Nada a cambiado, pero el pueblo está atento e indignado…
Aquel 30 de agosto, a todos los detenidos, hombres y mujeres, 15 en total, los acusaron de haber participado en la incautación de siete millones de dólares de la Wells Fargo en Hartford, Connecticut, el 12 de septiembre de 1983, día del natalicio del líder Nacionalista Pedro Albizu Campos. Desde Puerto Rico los boricuas fueron enviados a cárceles en Estados Unidos. Incluso, al no poder dar con todos los perseguidos, varios fueron sentenciados en ausencia: Víctor Manuel Gerena, los hermanos Avelino y Norberto González y Filiberto Ojeda Ríos, dirigente en la clandestinidad de los Macheteros y uno de los más buscados por el sistema yanqui y asesinado por el FBI en el 2005. En Hartford fueron juzgados por gringos cuando la mayoría de las supuestas pruebas estaban en idioma castellano.
Haciendo galas de su prepotencia sobre la Isla caribeña, el FBI —como es de su uso y costumbre— fabricó evidencias, interceptó teléfonos aunque está prohibido por la Constitución puertorriqueña. Grabaron nada menos que 1500 horas de conversaciones entre los independentistas. Cincuenta horas de esas grabaciones no fueron aceptadas como evidencia al descubrirse que fueron manipuladas por los agentes. O sea, el jurado no se dio cuenta del manipuleo en las grabaciones restantes.
Los compañeros fueron sentenciados a largas condenas de más de 50 años y separados en las distintas prisiones federales, alejados de sus familias y de su pueblo.
Con esta acción el FBI no logró su meta. Desde la invasión a Puerto Rico, el pueblo boricua ha sabido resistir al imperio. El encarcelamiento de compañeros se convirtió en la vergüenza del invasor. Mostró su verdadera cara al mundo y la verdad sobre la situación colonial de Puerto Rico.
Pero el imperio no descansa. El FBI, ese truculento brazo del invasor no ha dejado de reprimir. Para colmo, ahora atacan abiertamente, a la luz del día. Sus víctimas son periodistas que tratan de reseñar las salvajadas de estos esbirros contra el pueblo y claro está, contra los estudiantes que reclaman sus derechos. El hilo de sangre sale desde Hormigueros hasta el Capitolio. Están envalentonados.
La lucha por la soberanía de la isla antillana está enraizada mucho más hondo de lo que piensa el gobierno estadounidense. Vieques y los puertorriqueños que hoy sufren presidio por la liberación lo han demostrado a saciedad. La cárcel no amedrenta. Como dijo Albizu: “La Patria es valor y sacrificio.”
El próximo 30 de agosto y por siempre, es momento de recordación, de indignarnos contra el atropello, de compartir con estos compañeros el futuro de la Patria.
A ellos, los esbirros de turno, les recuerdo: Los pueblos no perdonan.

Otro duro golpe para Vieques y Culebra
Elaine Mulet Hocking

San Juan - La Agencia Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) prohibió el sábado 28 de agosto  a Vieques Air Link y a Flamenco Air la transportación de pasajeros a las islas municipio de Vieques y Culebra, alegando que las dos líneas sólo pueden llevar pasajeros en vuelos fletados.
El MINH, por voz de su copresidente, Dr. Héctor L. Pesquera, condena esta intervención como “una injerencia imperialista, como una afrenta a la libertad de movimiento de nuestros ciudadanos entre las Islas Municipio y la Isla Grande. Es un abuso de poder que demuestra una vez más la negligencia del gobierno de Fortuño cuando se trata de defender lo nuestro.”
El copresidente Hostosiano informó que el sábado, ambas líneas, heridas de muerte,  repartieron las cartas de cesantía a más de cien trabajadores que pasan a aumentar las filas del desempleo.
Pesquera añadió que la prohibición de la AFF lleva consigo el propósito de entregar las rutas aéreas de ambas compañías boricuas a Cape Air, línea norteamericana que presta servicios regionales en los estados de Nueva Inglaterra y Nueva York; en los cayos de la Florida, el Caribe y en la Micronesia, región compuesta por cientos de pequeñas islas repartidas sobre una amplia extensión del Pacífico. Dijo, además, que ya Cape Air está en el  Caribe, transportando pasajeros desde Puerto Rico a San Thomas, Santa Cruz, Anguila y Tortola. Y ya, desde la Isla Grande, ofrece transportación aérea de San Juan, Ponce y Mayagüez a Vieques. “Sólo tiene que moverse a Ceiba para comenzar a volar las rutas que hasta hoy fueron de las líneas boricuas”.
Flamenco Air y Vieques Air Link son empresas netamente puertorriqueñas que llevan años transportando pasajeros entre las Islas Municipio y la Isla Grande.
Vieques Air Link comenzó operaciones en 1965 y se sobrepuso al golpe que le proporcionó el Huracán Hugo en 1989 cuando perdió su flota de aviones. En 2008 comenzó a usar el Aeropuerto José Aponte de la Torre en Ceiba, lo cual bajó el tiempo de vuelo entre las Isla Nena y la Isla Grande a unos siete u ocho minutos. De igual manera, Flamenco Air lleva desde 1998 volando entre Culebra, Vieques, la Isla Grande, las Islas de Sotavento (Antillas Menores)  y República Dominicana.
La determinación de la FAA viene a agravar la crisis de transportación que sufren nuestros hermanos de las islas de Vieques y Culebra por las deficiencias del servicio de lanchas del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). La prensa del país ha estado cubriendo durante las últimas semanas varios incidentes y protestas por el pésimo servicio de transportación que reciben del gobierno
Secretaría de Comunicación Social y Propaganda
Movimiento Independentista Nacional Hostosiano

Salud y calidad de vida

Denuncian monopolio con salud mental
Críticos dicen que el servicio pudiera verse afectado
Por Marga Parés Arroyo / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

La sorpresiva decisión de entregar la administración de los servicios de salud mental de toda la Isla a una sola compañía, APS, fue altamente criticada por Sylvia Arias, presidenta de la Fundación Puertorriqueña Pro Salud Mental.
“Eso es un monopolio y nosotros no lo endosamos porque, al no haber competencia con otra empresa, la calidad del servicio al paciente se afecta”, puntualizó Arias, quien mostró dudas de cómo, en sólo un mes, la aseguradora montaría su red de proveedores en regiones donde no solía ofrecer cubierta.
Durante el mes de septiembre las tres compañías seleccionadas por ASES para correr Mi Salud (APS, Humana y MCS) deberán llevar a cabo el proceso de suscripción masiva para, posteriormente, arrancar oficialmente con los nuevos contratos a partir del 1 de octubre.
Respiro para los pacientes
Por otro lado, a pesar haber quedado excluidos de brindarles servicio a los asegurados del Plan de Salud del Gobierno (PSG), la compañía American Health Medicare continuará ofreciendo el producto Medicare Platino, la cubierta suplementaria de Medicare Advantage.
Contratada por la Administración de Seguros de Salud (ASES), esta cubierta les garantiza a los asegurados de este plan los mismos beneficios provistos por el PSG, aseguró ayer en declaraciones escritas Joseph Driscoll, principal oficial ejecutivo de la compañía.
American Health Medicare tiene unos 36,000 beneficiarios.
Su exclusión de Mi Salud coloca a esta compañía en la misma posición que Preferred Medicare Choice (PMC), quien también fue excluida del PSG, inclusive del proceso de negociaciones. Aunque fuera de Mi Salud, PMC, dirigida en la Isla por Orlando González, también continuará ofreciendo su producto de Medicare Advantage a sus beneficiarios.
American Health Medicare había sometido una propuesta para entrar al andamiaje de Mi Salud junto a la empresa Centene. El binomio de ambas compañías se proyectaba como el favorito del gobierno, aunque sorpresivamente fue finalmente excluido de la contratación.
“Llegamos optimistas a la ronda final de negociación y asumimos el reto de presentar una propuesta que cumpliera con los criterios establecidos por ley”, manifestó Driscoll, quien elogió el proceso de evaluación, selección y negociación de las aseguradoras que, al igual que ellos, aspiraban a formar parte de Mi Salud.
Eran 14 las compañías que originalmente se disputaban las ocho regiones en que se divide la Isla, tanto para la cubierta de salud mental como física.
Finalmente, sólo ocho compañías sometieron propuestas: Triple S, MCS, Humana, PMC y American Health-Centene para la salud física y Rovico, FHC y APS para la cubierta de salud mental.

Seleccionadas Humana Health Plans y MCS para administrar cubierta del plan de salud del Gobierno
Antonio R. Gómez / Primera Hora

Las aseguradoras Humana Health Plans y Medical Card System (MCS) fueron las dos empresas seleccionadas por la Administración de Seguros de Salud (ASES) para la cubierta de los beneficiarios del plan de salud del Gobierno, se informó esta tarde.
APS Health Care, fue seleccionada, mientras tanto para ofrecer los servicios de salud mental.
“Durante el día de hoy (lunes), la Junta de Directores de ASES recibió el informe final del Comité de Negociación, con el resultado de las evaluaciones a las distintas propuestas presentadas por las compañías que habían sido seleccionadas para pasar a esta última fase del proceso”, informó Domingo Nevárez, administrador de ASES.
“Luego de recibido dicho informe, la Junta de Directores de ASES procedió con la selección y adjudicación de las compañías y las respectivas regiones en las que habrán de ofrecer servicios de salud física y salud mental bajo MI Salud”, dijo.
Para ofrecer los servicios de salud física, las regiones Este, Sureste y Suroeste, serán administradas por Humana Health Plans, indicó.
Las regiones Metro Norte, Norte, Oeste, Noreste, San Juan y Virtual, serán administradas por Medical Card System (MCS).
En el caso de los servicios de salud mental, las ocho regiones, incluyendo virtual, serán administradas por APS Health Care, sostuvo Nevárez.
Eliminada quedó la empresa American Health Inc, que presentó su propuesta junto con la compañía estadounidense Centene Corporation.
“Luego de todo este proceso, podemos decir con mucha satisfacción, que logramos nuestra meta de seleccionar a aquellas compañías que cumplieron cabalmente con nuestros requisitos, que incluyen la garantía de mejores servicios de salud a nuestros beneficiarios, y primas conforme al presupuesto establecido para MI Salud”, declaró el funcionario.
La cubierta médica para los beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico, ahora bajo el Modelo Integrado de Salud (MI Salud), entrará en vigor el 1 de octubre de 2010, reiteró.
Mientras tanto American Health emitió un comunicado en el que indica que su propuesta no fue aceptada por ASES “luego que las partes no pudimos llegar a un acuerdo mutuamente aceptable en sus términos económicos”.
En el proceso de selección de finalistas se había eliminado ya a Triple S, que hasta ahora fue la principal aseguradora del plan de salud gubernamental.

Alegan peligra acreditación Hospital Municipal de San Juan

SAN JUAN– La Unidad Laboral de Enfermeras(os) y Empleados de la Salud (ULEES) dijo el martes que el Hospital Municipal de San Juan, localizado en Centro Médico, podría perder su acreditación esta semana durante una inspección de la Joint Commission, entidad acreditadora de los hospitales.
De acuerdo a José M. Quiñones Aponte, funcionario de la ULEES, los argumentos de la entidad se basan en la falta de enfermeras y materiales, situación que ha denunciado la organización en varias ocasiones, inclusive a la administración municipal de San Juan.
“El almacén general del hospital localizado en el sótano está prácticamente vacío, casi no hay nada. Las enfermeras están histéricas porque no tienen materiales médico quirúrgicos para trabajar y atender a los pacientes. A veces tienen que usar dinero de su propio bolsillo para comprar utensilios”, explicó Quiñones Aponte.
Entre los materiales que hacen falta, mencionó: bandeja de cateterizar, papel de camilla, envase para muestras y cultivos de orina, guantes no estériles de todos los tamaños, material médico quirúrgico, pañales de adultos, jeringuillas, gazas, bandejas de folley de 16 y 18, reguladores de sueros.
Según Quiñones Aponte, a esa situación se suma que los médicos y enfermeras le adeudan el pago por la Ley 56, dinero que se recauda por concepto de los planes médicos y que una parte se distribuye entre médicos, enfermeras y otros empleados que realizan trabajo directo con el paciente.
Finalmente, el funcionario de la ULEES solicitó la pronta intervención del alcalde de San Juan, Jorge Santini.

Educación

Exigen disculpas públicas al Secretario
Ivelisse Rivera Quiñones / Para Primera Hora

Los maestros están que truenan con el designado secretario del Departamento de Educación, Jesús Rivera Sánchez, y exigieron un cese y desista a su campaña de desacreditación del magisterio.
El descontento de los maestros, representados por la Asociación de Maestros, fue provocado por unas cuñas publicitarias pagadas por el Departamento de Educación (DE) en las que los acusan grosso modo de no querer cooperar con el proceso educativo por el bienestar de los estudiantes.
“Le sugiero al Secretario que en vez de gastar miles de dólares en difamar al magisterio los use para fortalecerlo”, expresó Aida Díaz, presidenta de la Asociación.
“Los maestros se sienten indignados por los anuncios y actuaciones del doctor Rivera Sánchez. Estamos haciendo un llamado de cese y desista y una petición de disculpa pública”, agregó Díaz, mientras le recomendaba al designado tomar un taller de manejo de empleados para que aprenda que “una campaña positiva tiene mejores resultados siempre”.

Seguridad, justicia, tribunales

Juez le informa a Astacio que puede ser ejecutado
Se le informa que si es hallado culpable puede ser ejecutado
Por Limarys Suárez Torres / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

El magistrado federal Justo Arenas le informó ayer a Edwin Bernard Astacio Espino, el presunto autor del ataque al helicóptero de la Policía Municipal de San Juan en el que falleció su copiloto, que de probarse los cargos en su contra podría terminar siendo ejecutado.
Durante la vista de comparecencia inicial Arenas le indicó a Astacio Espino, quien lució tranquilo en el proceso, que se le asignará un abogado experto en casos de pena de muerte así como un abogado local.
El magistrado federal pautó para el próximo viernes la vista de detención y para el 13 de septiembre la vista preliminar.
La Fiscalía Federal, representada por Ilianys Rivera, radicó contra Astacio Espino tres cargos criminales relacionados con el ataque con un rifle de asalto AK47 contra el helicóptero y la muerte del copiloto Jesús Fernando Quiñones, ocurrido el pasado 4 de mayo en la barriada San José en San Juan.
El ataque ocurrió mientras la nave apoyaba una persecución en tierra.
Luego de estar huyendo desde que fue acusado el 18 de mayo, Astacio fue arrestado el pasado sábado en una residencia en la que se ocultaba la urbanización Parkville en Río Piedras.
Al ser arrestado, negó ser el autor del ataque contra el helicóptero.
Ayer también compareció al tribunal Ismael Cruz Ramos, quien ocultaba a Astacio y fue acusado por un cargo que le podría acarrear hasta cinco años de cárcel. Cruz Ramos tiene record criminal por porta armas de fuego sin poseer licencia para ello.
La portavoz de la Fiscalía Federal, Lymarie Llovet explicó que para que un caso sea certificado como de pena de muerte tiene que presentarse una solicitud ante las oficinas centrales del Departamento de Justicia en Washington, en un proceso que es confidencial.
El secretario de Justicia federal, Eric Holder, es quien finalmente decide si se va a certificar el caso para que la fiscalía solicite la pena de muerte, dijo Llovet.
Si el caso es certificado y el acusado es encontrado culpable de los crímenes que se le imputan, un jurado decide si lo sentencia a pena de muerte.
Gobernador extiende su influencia en el Poder Judicial
Por Oscar Serrano/ Centro de Periodismo Investigativo
A la vez que consolida una mayoría en el Tribunal Supremo, la Administración Fortuño se aseguró una nueva arma para extender su influencia en el Poder Judicial con una ley que aumenta los nombramientos de los jueces municipales a 12 años
En lo que queda de cuatrienio, el Gobernador tendrá la oportunidad de nombrar a 26 de estos jueces quienes se destacan por ser los que usualmente presiden las vistas de causa para arresto. Esta vista es la primera etapa de los procesos criminales, se realiza sin jurado, y usualmente sólo con el testimonio de los agentes del Estado, o incluso sólo con declaraciones juradas. Además, los magistrados municipales manejan las recusaciones y controversias electorales, así como disputas sobre propiedades. Generalmente son la única, y por ende más poderosa, presencia judicial en sus municipios. Todos estos nombramientos tienen que ser aprobados por el Senado, cuyo Presidente es un abogado criminalista, quien regularmente ha dicho que tiene planes de volver a la práctica privada. El Presidente y el senador Héctor Martínez, acusado a nivel federal por corrupción, fueron los autores de la medida que, según el tracto legislativo, fue tramitada sin vistas públicas.
La ley 87 del 26 de julio de 2010 dispone también una reducción en la cantidad de años de experiencia que se le va a requerir a los y las candidatos a jueces apelativos. Antes eran 10 años, ahora serán nueve. Las fuentes consultadas indicaron que la reducción viene como anillo al dedo a por lo menos nueve asesores legales actuales del Senado, la Fortaleza y la Cámara de Representantes. La Administración tendrá oportunidad de nombrar a tres jueces apelativos en lo que queda de cuatrienio.
"El elemento partidista está presente, en exceso, en el proceso de selección, nombramiento, y renominación de los jueces(zas) del sistema. También el amiguismo y las relaciones con personas en posiciones de poder se utiliza para obtener nombramientos y renominaciones en la judicatura", indicó en una de sus conclusiones el abarcador estudio sobre la independencia judicial que publicó la Comisión de Derechos Civiles (CDC) en 2004
"Esto se salió de lo jurídico hace rato", indicó una fuente académica que prefirió no ser identificada, a la vez que resaltó que las justificaciones de la ley no cuadran con el resultado. Esto porque se habla de la necesidad de que los distintos tipos de jueces reciban un tratamiento escalonado, pero entonces le da a los municipales los mismos 12 años que tienen los superiores. Los apelativos sirven por 16 años y los del Supremo hasta los 70 años.
Una fuente en el Poder Judicial indicó que la ley fue notificada a los jueces hace apenas dos semanas y que, irónicamente, algunos de los jueces municipales de más reciente nombramiento reaccionaron molestos porque entraron al servicio cuando el término era de ocho años y ahora les aumentaron cuatro
"Debe haber un primer término que no sea tan extenso, y que luego el juez se evalúe y entonces que los términos sean escalonados una vez usted pasa esa primera etapa. Vas a tener a una persona que lo que tiene son tres años de experiencia haciendo una función de juez por 12 años", reaccionó sobre los jueces municipales la ex jueza Crisanta González, autora del estudio de la CDC, al conocer de la aprobación de la ley.
La exposición de motivos alega que la ampliación del término es necesaria porque el actual término de ocho años crea en los jueces "un sentimiento de incertidumbre e inestabilidad y a la vez atenta contra la independencia judicial". Pero González ripostó que "nadie debe pensar que porque un juez va a estar 12 años, en vez de ocho, eso va a determinar que el juez va a decidir sin influencias externas, eso no lo va a determinar el período de tiempoEn una ponencia escrita, la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) dijo de manera bastante pasiva que aumentar el término a los municipales atrasaba también la oportunidad de evaluar el desempeño con miras a una renominación, y que el requisito actual de experiencia para los jueces apelativos le parecía apropiado.
El l otro ponente que aparece en récord es el Departamento de Justicia, que apoyó la medida. No surge que se haya consultado al Colegio de Abogados, la Asociación de la Judicatura, las escuelas de Derecho, o a ex jueces.

Cámaras en residenciales: desperdicio de $13 millones
por Oscar J. Serrano / Centro de Periodismo Investigativo

La estrategia de cámaras de vigilancia en los residenciales públicos que impulsó la Administración Acevedo Vilá significó una pérdida de al menos $13.2 millones con implicaciones de fallas en la selección del contratista y pagos de equipo a sobreprecio, según una auditoría del Departamento de Vivienda federal (HUD).
La razón para el fracaso es que pocas fueron instaladas y, además, sufrieron vandalismo. Sin embargo, el contratista del programa denunció que los problemas se deben a que la Administración Fortuño tiene el programa paralizado hace más de año y medio, lo cual los movió a solicitar la auditoría. La "red nacional de cámaras" fue una promesa de campaña que Aníbal Acevedo Vilá lanzó desde 2004 en una actividad realizada en las instalaciones de la empresa Avant Technologies, la cual se llevó el contrato con la Administración de Vivienda Pública (AVP) cuando el candidato se convirtió en Gobernador.
En 2007, AVP escogió a Avant del listado de elegibles de la Administración de Servicios Generales (ASG) y le extendió dos contratos por un total de unos $20 millones, pero los auditores objetaron que los precios de Avant por los distintos productos y servicios eran entre $810 y $28,285 más altos que los de otros contratistas en el listado de la ASG
Los contratos eran para un plan bajo el que se instalarían 710 cámaras en 30 residenciales públicos. De éstas, sólo se habían instalado 195 cámaras, o un 28 porciento del total, aunque ya se habían pagado $9.7 millones. De las 195 instaladas, 40, ó el 20 porciento, estaban vandalizadas.
"La (AVP) usó un procedimiento de contratación impropio, no hizo análisis de costos, y pagó por equipo que no fue usado o que no se pudo localizar... hizo órdenes de compra por precios distintos a los más bajos en la contratación... pagó más de los precios contratados... (y) el sistema de vigilancia electrónica instalado en varios residenciales públicos no generó los beneficios intencionados", indicaron los auditores en sus hallazgos.
La auditoría se realizó en junio de 2010, un mes antes de que los jefes de la AVP y del Departamento de la Vivienda de la Administración Fortuño renunciaran sorpresivamente a sus cargos. La administración actual defendió los contratos ante los auditores porque, al otorgar los mismos de manera expedita, "la AVP orgullosamente ayudó a miles de residentes de viviendas públicas y a sus familias, proveyéndoles mayor calidad de vida".
Pero el "orgullo" aparentemente fue sólo de boca, según Luis G. Ramírez, presidente de Avant.
"La razón por la que solicitamos la investigación a HUD es que este proceso lo paralizan la misma semana que entró el nuevo director de seguridad de Vivienda, Edwin González, en marzo 2009. Desde ese momento hemos pedido reuniones. En ningún momento en año y medio nos han concedido una reunión. En año y medio no nos han llamado para preguntar qué hicimos ahí. Nuestro producto se exporta a toda Latinoamérica, somos los más preparados en el Caribe y Vivienda no nos da media hora para hablar de un sistema en el que invirtieron millones", argumentó Ramírez
Al momento de pedirle una reacción a la AVP, González no estaba en la agencia y la oficina del secretario de Vivienda no devolvió la llamada. Según el jefe de Avant, la AVP se preparaba para emitir una nueva subasta "gigantesca" para cambiar de suplidor, pero eso quedó suspendido. Añadió que el material recopilado por las cámaras ha entrado como evidencia en casos criminales federales y locales en los que se han logrado convicciones.
Sobre los señalamientos de los auditores, Ramírez aclaró que su empresa pasó por un proceso de subasta en la ASG y que su licitación fue la más baja. Al planteársele que la queja de los auditores es que los precios caros están en los componentes individuales del programa de vigilancia, Ramírez aseguró que no se puede hacer una comparación directa de precios porque sus equipos son creados y patentizados en Puerto Rico.
"Aquí estamos hablando de unas tecnologías que son en cierta forma cerrada, si tú tienes un centro integrado de vigilancia lo menos que tú quieres es tener un producto incompatible, disparejo", argumentó a la vez que se quejó de que "desgraciadamente, si es algo de Puerto Rico vamos a ver qué tiene malo, y si es de afuera vamos a ver qué tiene bueno".
Avant fue una de las compañías agraciadas en el plan de la Administración Rosselló de suplir computadoras portátiles a los maestros del Departamento de Educación, y tiene pendiente también manejar el sistema de cámaras del Capitolio.

Asuntos de género

Fidel se culpa de la homofobia en Cuba
Acepta que él fue el responsable de la persecución al inicio de la Revolución
Agencia EFE / El Nuevo Día

México - El ex presidente de Cuba Fidel Castro admitió que él es el responsable último de la persecución homófoba que sufrieron personas homosexuales en la isla a comienzos de la Revolución, en la segunda parte de una entrevista exclusiva que publicó ayer el diario mexicano La Jornada.
El líder cubano ofreció sus revelaciones en la entrevista de cinco horas con la periodista y directora de La Jornada, Carmen Lira, la primera que concede a un medio impreso extranjero desde su reaparición pública hace unos 40 días.
Según Castro, la persecución de homosexuales ocurrió en momentos de “una gran injusticia” y reconoció que desde el poder él no le prestó “suficiente atención” a aquel hecho.
“Si alguien es responsable, ese soy yo”, declaró al diario Castro, quien reconoció que en este momento está “tratando de delimitar” su responsabilidad en aquellos hechos ya que, en lo personal, no tiene esos prejuicios que se le podrían atribuir por un hecho así.
Castro también recordó que los atentados que sufrió en los primeros compases de la Revolución le turbaron “remendamente” y complicaron algunas de sus decisiones.
“La guerra contra los yanquis, el asunto de las armas y, casi simultáneamente a ellos, los atentados contra mi persona”, afirmó.
“Escapar a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés), que compraba tantos traidores, a veces entre la misma gente de uno, no era cosa sencilla. Pero, en fin, si hay que asumir responsabilidad, asumo la mía. Yo no voy a echarle la culpa a otros”, agregó.
El diario La Jornada recordó que desde los años 90 la homosexualidad está despenalizada en Cuba, y desde 2008 es posible beneficiarse de operaciones gratuitas de cambio de sexo en la isla.
En relación con el bloqueo, que comenzó en 1962, Fidel Castro denunció que “está vigente hoy más que nunca”, con el “agravante” de que “es ley constitucional en EE.UU. por el hecho de que la vota el presidente, el Senado” y “la Cámara de Representantes”, y que ha impedido durante décadas la llegada de alimentos y medicinas.
“Guerra bacteriológica”
Finalmente, el ex presidente también recordó que su país fue víctima de la “guerra bacteriológica” que permitió que a la isla llegara el dengue hemorrágico.
“Trajo aquí el virus II del dengue. En la Cuba prerevolucionaria no se conocía ni el I. Aquí nos apareció el II, que es mucho más peligroso porque produce un dengue hemorrágico que ataca sobre todo a los niños”, señaló.
Según Castro, ese virus que costó la vida a 150 personas y que se cebó sobre todo en los niños, entró por Boyeros a comienzos de los años sesenta, de la mano de grupos contrarrevolucionarios afines a Luis Posada Carriles.
El ex agente de la CIA sería años más tarde acusado por La Habana y Caracas de varios atentados terroristas, entre ellos, de volar un avión de Cubana en 1976 con 73 pasajeros a bordo.

Corrupción

Insisten en más cargos por soborno para el ex senador Jorge de Castro Font
Antonio R. Gómez / Primera Hora

El ex senador Jorge de Castro Font podría conocer tan pronto como el próximo martes 7 de septiembre si tendrá que enfrentar otros 29 cargos por soborno, que el fiscal especial independiente Guillermo Garau Díaz insiste en que deben prevalecer contra el político.
El juez superior Aldo González Quesada fijó esa fecha para la argumentación y su posible determinación sobre estas acusaciones. El magistrado preside una vista preliminar en alzada que solicitó el FEI, luego que estas 29 acusaciones fueron desestimadas en la vista preliminar inicial.
El otrora poderoso senador enfrenta ya 76 cargos graves en la jurisdicción local, luego que la jueza Laura Lis López Roche determinó causa probable para juicio por éstos y desestimó otros 91. La jueza también halló causa contra De Castro Font en 15 cargos menos graves por violaciones a la Ley Electoral.
El juez González Quesada anunció su decisión ayer tras recibir una voluminosa prueba documental que deberá evaluar.
La evidencia, que fue estipulada entre las partes, incluye copias de cheques, facturas, declaraciones juradas y transcripciones de testimonios sobre los pagos que recibió el ex senador mediante un alegado esquema de sobornos.
Concluida la breve audiencia de ayer, ambas partes se expresaron confiadas en que prevalecerán en este proceso.
La fiscalía presentó 26 piezas de evidencia contra el ex senador, correspondientes a transacciones con cinco diferentes empresarios o entidades que hicieron pagos a De Castro Font, presuntamente a cambio de favores legislativos.
El primer grupo de evidencia corresponde a las transacciones con la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico, Inc. (Acodese).
En el mismo se incluyó una transcripción del testimonio de la ex directora ejecutiva de esa entidad, Betsy Barbosa, en la vista preliminar inicial. A ésta el fiscal la identificó como la “testigo principal”. Se incluyen además transcripciones del testimonio del presidente de la agencia de publicidad Sajo, García & Partners, Carlos García, una lista de facturas emitidas por esa agencia y evidencia de pagos realizados a De Castro Font al igual que cheques cobrados. Son parte además de este paquete las copias de cuatro proyectos de ley, de su historial legislativo y de las ponencias que presentó Barbosa en torno a los mismos.
El segundo grupo de evidencia se relaciona con el empresario Ramón Mac-Crohon Blanco, y los pagos que este hizo a De Castro Font a través del también empresario Rolando Cabral. Se incluyó en éste paquete la declaración jurada de Cabral, copia de otro proyecto de ley y copias de cheques girados a nombre de la empresa de este último, American Parking, así como copias de estados bancarios de la compañía.
Se entregaron además paquetes de evidencias correspondientes al “donante” Filiberto Lebrón y al cabildero Guillermo Zúñiga. En torno a este último, se presentaron copias de su testimonio, copias de cheques y de proyectos de ley y una lista de medidas legislativas que preparó el testigo y que eran proyectos en que él tenía interés.
El último grupo de evidencia que tendrá que evaluar el juez corresponde a los pagos que hizo el empresario de seguros Carlos Benítez.
Al igual que para los demás donantes, se incluyeron copias de testimonios y de facturas y cheques pagados al ex senador a través de la agencia Sajo, García & Partners y del publicista Alberto Goachet.
“Se sometió toda la prueba por estipulación y vamos a venir el 7 para argumentar nuestra respectiva posición, y yo espero salir airoso. Estoy confiado que la prueba será suficiente y va a tener más cargos de soborno”, dijo el fiscal Garau al concluir la audiencia.
“Muy confiado, con mucha paz, mucha tranquilidad con mi representación legal”, dijo, por su parte, el ex senador. “Estos casos se archivaron ya. Sencillamente, el proceso judicial hace que se radiquen nuevamente. Estoy muy confiado”.

Gasoducto

Invitación al pueblo: conversatorio pro ambiente en San Germán
Comunicado de prensa

La INICIATIVA CIVIL PUERTORRIQUEÑA, INC., entidad sangermeña sin fines de lucro, está convocando a las entidades, los líderes ambientalistas y a la comunidad en general para un conversatorio con dirigentes de CASA PUEBLO  y científicos para evaluar los efectos del Proyecto del Gasoducto que impulsa la Autoridad de Energía Eléctrica y el Gobierno actual.
La actividad será el jueves, 2 de septiembre de 2010 en la Plaza Artesanal de San Germán (antiguo Teatro Parque y frente al Museo Porta Coeli) desde las 6:00 de la tarde.
Técnicos y científicos reconocidos a nivel nacional e internacional dialogarán sobre los alcances del Proyecto y su impacto a corto y largo plazo en su proyectada ruta. Contamos con la asistencia y participación del Ing. Alexis Massol González, Director de CASA PUEBLO en Adjuntas; el Dr. Gerson Beauchamp, Profesor en el Departamento de Ingeniería Eléctrica en el RUM-UPR; el Profesor Alexis Dragoni, biogeógrafo; el Dr. Arturo Massol Deyá, microbiólogo y profesor en el RUM-UPR.
Técnicos y dirigentes de las reconocidas organizaciones ambientalistas han confirmado su asistencia y participación en la reunión a la cual se han invitado los alcaldes, legisladores y la comunidad en general de la región sur y noroeste de Puerto Rico.
Para información adicional favor de comunicarse con el Sr. Guido Barletta ( 787-659-4006) o al Sr. Carlos A. Nagovitch Nazario (787-599-4287).

Ambiente

La encuesta de hoy: El Vocero
¿Manejó el Gobierno adecuadamente la emergencia ante el paso del huracán Earl por el Caribe?
No                        64.6%
Sí                        35.4%
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La encuesta de hoy: El Nuevo Día
¿Qué crees que causó la falta de Energía Eléctrica tras el paso de Earl?
Falta de mantenimiento preventivo                        47%
Las líneas eléctricas aéreas son vulnerables al clima tropical    20%
El sistema eléctrico del país no sirve                        30%
El sistema funciona, pero los vientos eran muy fuertes           2
Me da igual                                           1
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Culpa a los árboles por la falta de luz
Dice que la siembra sin control cercana a las líneas los afectó
Por Gloria Ruiz Kuilan / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

Si usted es uno de los miles de abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que al momento de leer estas líneas lo hace a oscuras, culpe por ello a los árboles.
Al menos esa fue la explicación que ofreció ayer Miguel Cordero, director ejecutivo de la AEE, quien responsabilizó a la caída de árboles por la pérdida del servicio eléctrico antes de que llegaran a la Isla los vientos y las lluvias asociados al huracán Earl.
Al cierre de esta edición, 107,159 ó 6.8% clientes de la AEE no tenían electricidad.
Cordero junto al director de generación, transmisión y distribución de la corporación pública, Josué Colón Ortiz, dijo que para hoy al mediodía todos los clientes deben tener restablecido el servicio.
“Durante los últimos años aquí ha habido un incremento ilimitado de siembra de árboles. Hay una siembra descontrolada que afecta nuestras líneas”, dijo Cordero en rueda de prensa.
La respuesta no concuerda con los continuos anuncios de labores de desganches que la AEE informa a los medios.
Dijo que tras el paso del huracán Earl tienen una lección: poner en vigor la reglamentación que les permite cobrar multas de hasta $10,000 a quien ubique vegetación bajo el tendido eléctrico de forma que se afecte. Además, buscarán otras medidas adicionales para ser más estrictos, porque hay personas que les impiden entrar a residencias a hacer labor de desganche y poda de árboles, advirtió Cordero.
No es la primera vez que un alto funcionario de la AEE responsabiliza a la madre naturaleza por la pérdida de luz. El mismo Cordero, en 1995, cuando también era director de la AEE culpó a unos changos por una oleada de interrupciones en el servicio. De igual manera, en el 2004, el entonces director, Héctor Rosario, culpó a unos bejucos (especie de enredadera) por las fallas eléctricas.
Ayer eran miles los abonados de la AEE que se quejaban no sólo por la falta de luz, sino porque sus cuadros telefónicos no funcionaban. ¿Qué mensaje les envía a las personas cansadas de no tener luz?, se le preguntó a Cordero. “Que me llamen al (787) 521-4666. Yo atiendo esos casos extremos”, dijo.

Vulnerable el sistema eléctrico
No se ajusta a la realidad natural del País
Por Gerardo E. Alvarado León / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

Un sistema eléctrico que flaquea durante eventos atmosféricos comunes en la Isla, la falta de mantenimiento preventivo y la escasez de celadores, entre otros factores, se combinaron para dejar sin luz a casi 200,000 abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) mientras pasaba el huracán Earl.
A esa conclusión llegaron ayer varios expertos consultados por este diario, quienes coincidieron en que el sistema eléctrico es aún más vulnerable ante el hecho de que el 90% de las líneas de distribución de la AEE son aéreas.
El sistema eléctrico de Puerto Rico tiene tres componentes: generación (centrales), transmisión (líneas que sacan la electricidad de las centrales) y distribución (líneas que llevan la electricidad hasta las residencias).
Según el ingeniero electricista Alfredo Huertas, las líneas de distribución, que suman 28,952 millas aéreas, son las más vulnerables. Sólo 1,723 millas de éstas están soterradas. En cambio, las líneas de transmisión, que llevan más voltaje, pueden soportar eventos extremos.
“Hay muchas líneas (de distribución) que son viejas, sobre todo en el centro de la Isla”, señaló Huertas.
Efraín O’Neill, profesor de ingeniería eléctrica en el recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, contó que, a fin de ahorrar gastos, la AEE coloca conductores “desnudos” o sin material aislante de poste a poste.
Estos conductores, que suelen ser los más altos, pueden provocar averías en el sistema eléctrico si chocan entre sí durante eventos atmosféricos.
“Algún animal que cruce entre estas líneas también puede provocar fallas. Las ramas de los árboles y los objetos que arrastra el viento provocan las fallas más comunes”, sostuvo O’Neill.
El profesor explicó que si rayos o relámpagos caen cerca o encima de las líneas, pueden crear un “sobrevoltaje” y ocasionar averías más severas.
A estos posibles escenarios, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, añadió que las AEE no cuenta con un plan eficiente de mantenimiento preventivo.
“Hemos señalado que hace falta más desganche, cambio de aisladores, que hay postes (de madera) podridos y crucetas partidas. Cuando se combina todo eso con vientos fuertes y lluvias más allá de lo normal, colapsa todo un sistema que ya está maltrecho”, dijo.
Figueroa Jaramillo denunció, además, que la cantidad de celadores se redujo de 1,200 a 800, hecho que “les crea presión” a los trabajadores de cumplir con las metas para restablecer el servicio.
Esa “presión” se traduce en trabajos a toda prisa o en accidentes.
“Frente a esta realidad tenemos que hacer los ajustes necesarios. El sistema eléctrico de Puerto Rico no responde a nuestra situación como isla, a que somos un país tropical, a nuestra situación geográfica y a que estamos en la ruta de los huracanes”, manifestó.
El director ejecutivo de la AEE, Miguel Cordero, rechazó los alegatos contra Autoridad. Aseguró que el mantenimiento del sistema está en “óptimas condiciones”, que el último fue la semana pasada y que en vez de 800, son 900 los celadores en la calle. “Puedo tener mil personas, pero si no hago ese trabajo de eliminar ese árbol para que en caso de que se caiga no toque las líneas, pues entonces qué”, dijo Cordero.
Evalúan el soterrado
Los tres entrevistados concurrieron en que soterrar las líneas eléctricas reduciría drásticamente las fallas en el sistema.
Reconocieron, sin embargo, que esta transición es costosísima.
“Los soterrados son menos vulnerables, pero más costosos. Cuando se dañan, el tiempo y costos de reparación son más altos”, sostuvo Huertas.
El profesor O’Neill aclaró que los sistemas soterrados no están libres de fallas. Algunas son problemas de manufactura de los cables y que el agua dañe la aislación.
“Deberíamos tener una política pública más agresiva porque vivimos en una isla donde nos afectan los huracanes, pero por otro lado son trabajos que molestan a la ciudadanía porque toman mucho tiempo. Una transición a soterrado debe incluir un proceso de educación al pueblo”, dijo O’Neill.
Figueroa Jaramillo, por su parte, recabó la cooperación de la ciudadanía en el desganche cerca de las líneas eléctricas. Así mejoraría su mantenimiento.
El gobernador Luis Fortuño expresó que soterrar las líneas supondría un aumento en la tarifa de luz.
“Son unas inversiones que se tienen que hacer, pero no a costa de que la gente pague mucho más de lo que paga hoy por la luz”, sentenció.
Sobre los apagones del lunes, Fortuño indicó que siempre que soplen vientos de tormenta tropical con ráfagas fuertes habrán cortes en el sistema eléctrico.
Ayer, al filo de las 6:00 p.m., 107,159 clientes de la AEE seguían sin luz.
La situación también afectó a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que a esa hora operaba con generadores eléctricos en 278 de sus plantas.
Y en el SuperMax, del Viejo San Juan, hubo que decomisar algunos lácteos que se dañaron porque una de las neveras se averió al irse la electricidad.

Millonario el disloque económico
El cierre de los comercios y oficinas fue el impacto mayor.
Por Yanira Hernández Cabiya / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

La paralización de gran parte del País por día y medio tras el paso del huracán Earl por aguas cercanas a Puerto Rico costó $64 millones, según un análisis realizado por el economista José Alameda.
La cifra, aunque no se compara con los $1,000 millones en pérdidas que dejó el huracán Hugo o los $4,287 millones de Georges, es significativa cuando se toma en consideración que los daños a la infraestructura causados por Earl han sido mínimos, si alguno.
Alameda, quien por años ha analizado el impacto de estos fenómenos en la economía boricua, dijo que en el caso de Earl el efecto mayor fue en el área metropolitana.
“Después de tantos años evaluando estos eventos he llegado a la conclusión que San Juan, Guaynabo, Bayamón y Carolina son otra cosa”, sostuvo el catedrático en economía de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez.
Según Alameda, aunque el área más afectada por los vientos y la lluvia asociados a Earl haya sido la zona este, es en San Juan donde trabaja el 50% de los puertorriqueños, razón por la cual el impacto mayor en la economía se evidencia allí.
Su análisis esta basado en buscar cuánto es el ingreso nacional por sector económico. Ese ingreso se consigue mediante una fórmula que incluye la compensación salarial que se paga a cada trabajador y la ganancia que esa actividad genera.
El estudio del profesor Alameda evalúa sectores que van desde la agricultura a bienes raíces, servicios y hasta entretenimiento.
De acuerdo con ese análisis, se estima que con el cese de labores en el sector público y gran parte del privado como previsión ante el azote de Earl, la pérdida en producción en San Juan fue de $38 millones.
En el resto de la Isla esa pérdida ascendió a poco menos de $26 millones.
“El total de producción perdida debe ser de $64 millones, de acuerdo con la información que tenemos hasta ahora. Hay que ver que algunos sectores podrían recuperar esas pérdidas, pero ese dato es difícil de calcular”, explicó Alameda.
Sistema eléctrico de Puerto Rico (Fuente: AEE)
•    5          centrales principales
•    2,416        millas de líneas de transmisión
•    28,952        millas de líneas de distribución aéreas
•    1,723        millas de líneas de distribución soterradas
•    334        subestaciones
•    27        oficinas técnicas

Los semáforos, ‘tierra de nadie’
Su funcionamiento depende del servicio de la AEE.
Por Gerardo E. Alvarado León / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

Apenas 50 de los 1,342 semáforos que existen en Puerto Rico cuentan con un sistema de resguardo o “backup” para responder en aquellos casos de emergencia en los que falla el sistema eléctrico, como ocurrió hace dos días con el paso cercano del huracán Earl.
Lo anterior significa que, aunque la agencia encargada de los semáforos es el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), el 96.3% de éstos (1,292) depende de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
“No tenemos otra forma de hacerlo. Es eso o eso”, dijo ayer el ingeniero Arthur Dones Negrón, director del Área de Regulación del Tránsito del DTOP.
Dones Negrón precisó que los pocos semáforos que cuentan con un sistema de resguardo están ubicados en un tramo de la PR-21 en Río Piedras, en uno de la avenida Piñero (PR-17), en otro de la avenida Los Filtros (PR-177), en casi toda la PR-2 en Bayamón y en algunas partes de la PR-2 en Mayagüez.
“Estos sistemas están conectados a una subestación. En esa toma eléctrica hay un generador. Cuando se va el sistema de la AEE, se activa la planta y mantiene los semáforos prendidos hasta que dure el diesel”, explicó.
Expuso que es casi imposible que todos los semáforos cuenten con sistemas de “backup” porque son “sumamente costosos”. A modo de ejemplo, contó que en el pasado los semáforos de las avenidas Ponce de León y Muñoz Rivera estaban conectados a un generador eléctrico en la Parada 26, pero unos ladrones se robaron la cablería.
Según estimados del DTOP, restablecer ese sistema en los 64 semáforos de las dos vías costaría $6 millones.
Funcionan con baterías
Dones Negrón indicó que se está probando un sistema de resguardo a base de baterías en los semáforos de la intersección de la PR-3 y la avenida Roberto Clemente, en Carolina.
Dijo que este sistema ha podido dar servicio hasta por 19 horas desde el momento en que falla el servicio de la AEE, lo que es un “tiempo razonable” para que se reparen las averías. El sistema es mucho más económico que el existente, puesto que sólo cuesta $6,000.
Asimismo, el DTOP está próximo a iniciar un proyecto piloto en 10 a 12 de las intersecciones más transitadas del área metropolitana, en cuyos semáforos se instalará el sistema de resguardo que funciona a base de baterías.
Algunas de estas intersecciones son la avenida Roosevelt con la César González, la avenida Piñero con la César González y la PR-3 con la PR-181.
De acuerdo con Dones Negrón, el DTOP cuenta con $50,000 para desarrollar este proyecto piloto.
Otros semáforos que tienen un sistema de “backup” a base de baterías son los ubicados alrededor de Plaza Las Américas, que fueron costeados por los dueños del centro comercial.
De los 1,342 semáforos que hay en la Isla, 760 están en el área metropolitana de San Juan y sólo 13 técnicos de semáforo (ocho de computadoras y cinco de canastos) son los encargados de las tareas de mantenimiento preventivo y de verificar las tomas eléctricas.
En las regiones de Mayagüez, Ponce, Guayama y Arecibo sólo hay un técnico para atender todos los semáforos.
Dones Negrón rechazó que 17 técnicos sea poco personal para atender tantos semáforos. Dijo que la mayoría del personal está destacado en el área metro porque es donde hay más sistemas.
“Lo que pasó fue una situación especial. En un mes sólo se quedan sin energía 20 sistemas, por lo que no podemos compararlo con los más de 100 sistemas que se quedaron sin energía el lunes”, señaló el funcionario.
La mayoría de los semáforos se dañó en el área de San Juan, aunque también hubo reportes en Hatillo, Manatí y Barceloneta, entre otros pueblos.
La situación, que se combinó con que empleados públicos y estudiantes fueron enviados a sus casas al mismo tiempo, provocó una enorme congestión.
Tardaron en llegar
Sobre este particular, el comandante Miguel A. Rosado, director del Negociado de Tránsito de la Policía, comentó que el caos se formó porque los agentes no tuvieron “un tiempo razonable” para prepararse y poder ubicarse en las intersecciones para dirigir el tráfico.
“A la Policía se le hizo difícil llegar a las intersecciones (por el tapón). Tuvimos que hacer los preparativos en media hora. Nos hubiéramos preparado mejor si por lo menos hubiésemos tenido una hora”, manifestó Rosado.
Lo Positivo Del Caos
El gigantesco tapón que se formó el lunes en las principales vías del área metropolitana le enseñó a la Policía las rutas preferidas de los conductores para abandonar la Capital.
A tales efectos, se presentó ayer un nuevo plan para el control del tránsito y desalojo vehicular durante situaciones de emergencia, como lo fue el paso del huracán Earl.
El comandante Miguel A. Rosado, director del Negociado de Tránsito de la Policía, indicó que el plan establece que en estas situaciones todos los agentes, aunque no estén en funciones de tránsito, deberán ubicarse inmediatamente en las intersecciones a fin de mitigar la congestión.
Algunas de estas intersecciones ubican en las siguientes vías:
Expreso Las Américas, Expreso De Diego, Avenida Muñoz Rivera, Avenida Barbosa, Avenida Piñero, Avenida Ponce de León, Avenida Baldorioty, Ramal 8

Ferrer pide la renuncia director AEE
Por Inter News Service  / El Vocero

San Juan- El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Ríos, solicitó hoy la renuncia del director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Miguel Cordero, a raíz de la falta del servicio de electricidad que enfrentaron miles de ciudadanos luego del paso cerca de Puerto Rico del huracán "Earl".
Ferrer consideró de inmoral que Cordero "se eche al bolsillo 80.000 dólares por productividad, mientras el país atraviesa una crisis energética tras el paso del huracán Earl".
"Es inmoral que Cordero se eche al bolsillo 80.000 dólares, mientras el pueblo hoy está a oscuras. Le exijo al Director Ejecutivo que devuelva el dinero que le pertenece al pueblo, y que renuncie de inmediato a su posición", expresó el Presidente del PPD en un comunicado
Ferrer hizo referencia a dos cheques de 40.000 que le pagaron a Cordero por su "productividad", el número 1311538, pagado el pasado 29 de diciembre de 2009 y el número 1356753, desembolsado el 25 de junio de 2010.
"La incompetencia, falta de coordinación y liderazgo para manejar el sistema eléctrico de todo el país a raíz del huracán Earl, son razón suficiente para que Cordero devuelva el dinero y renuncie. Esto sumado a los despidos que se realizaron en la Autoridad en el 2009, provocaron que tuvieran que consolidarse directorados, afectando la capacidad de atender áreas tan importantes como el mantenimiento", expuso Ferrer.
Agregó que "es obvio que cuando despidieron ingenieros, empleados celadores y empleados de planta, no pensaron en situaciones como estas. Fue una movida irresponsable, y ya en este año tenemos cinco empleados de la AEE que se han accidentado, incluyendo uno en el día de hoy".
Ferrer tildó de irresponsable al Director del Sistema Eléctrico, Josué Colón, por defender la consolidación de directorados, cuando él es el primero que no ha podido atender adecuadamente los que le corresponden.
"La responsabilidad de Colón es decir la verdad, de que los empleados no dan abasto para cubrir las áreas que le corresponden. Sin embargo, ha optado por manejar la situación desde una perspectiva política a pesar de que hay miles de puertorriqueños que al día de hoy no cuentan con energía eléctrica y están desechando sus alimentos a la basura como consecuencia de sus actos y la ineptitud del Gobernador que los nombró", argumentó Ferrer.

El día que cayó caca del cielo
Es un misterio de dónde proviene la precipitación inmunda
Por BBC Mundo / El Nuevo Día

Jean-Pierre Boiselle miró al cielo sin nubes sobre Saint-Pandelon y declaró: "Está lloviendo mierda".
Para llegar a Saint-Pandelon, en la región de Aquitania, en Francia, hay que ir a Burdeos y viajar a Dax, cambiando trenes en Morcex, y de ahí en autobús por Angoumé, Bénesse-Lès-Dax, Candresse, Gourbera, Herm, Heugas, Mées, Rivière Saas-et-Gourby, hasta el pueblo famoso por sus aguas curativas y sus lodos milagrosos, al pie del río Adour, en los Pirineos, no muy lejos de Bayona. El olor indica dónde es.
Todo iba bien en este poblado donde se puede ver el castillo Ducros, construido por los romanos hace siglos y residencia oficial de los obispos de Dax casi desde entonces, y se puede visitar otra media docena de castillos, jugar tenis, andar en bicicleta o pescar, que es lo que más se parece a no hacer nada.
Y en eso estaban un día de mayo cuando comenzó a caer caca. Los otros setecientos treinta y cinco habitantes de Saint-Pandelon están de acuerdo en la fecha y tal vez la hora en que se inició la lluvia infame, pero ninguno pudo describir cómo fue.
"Cosa inmunda"
Lleva dos meses. Los pandeloneses salen a la calle pensando cómo evitar las cagarrutas que caen del cielo siempre sobre la misma parte del poblado y lo dejan oliendo a excremento humano. Y ven los mojoncitos en jardines y patios y bancas de parques y tejados y vehículos y todo lo que no esté guardado.
Saint-Pandelon se encuentra en la región de Aquitania.
"La semana pasada estaba hablando con mi vecina Jeannie cuando de pronto cayó una cosa inmunda en su ventana", recordó Boiselle -alcalde del poblado- en la entrevista que le dio al diario Sud Ouest y reprodujo más tarde France Soir y luego todos los periódicos del mundo y los sitios de internet, y los señores que cuentan historias en los bares contaron la increíble mala hora de este pueblo.
"Es desagradable y preocupante. Una ya no come frutas ni verduras locales. Y ya ni le digo de las albercas", dijo Gaby Bidoret, otra de las vecinas de Saint-Pandelon.
Uno se imagina a los vecinos reunidos en L’Auberge’in, un bar de puertas verdes que también es restaurante, tratando de encontrar una explicación a la lluvia portentosa que los obligaba a quedarse en sus casas, tal vez meditando en cosas de este o de otro mundo.
El misterio
Le Post apunta que pensaron en casi todo. Lo primero que se les ocurrió fue que se trataba de descargas que dejaban caer los aviones que sobrevuelan la zona de norte a sur. También pensaron que podría tratarse de otro tipo de nave que volara bajo.
Pero las autoridades de aviación civil informaron que es imposible que un avión deje caer ese tipo de carga mientras vuela a diez mil metros con cabina presurizada.
Y aunque hubo un piloto que reconoció haber arrojado una botella con orines cuando volaba a baja altura, el origen de los excrementos siguió torturando a los pandeloneses.
Quizá es agua empozada y podrida del bosque cercano, propusieron otros. O el colegio del lugar, dijeron otros más allá. Pero la hipótesis del agua mefítica se descartó ante la presencia real de los excrementos en el suelo y en otras partes, y el colegio estaba más o menos limpio...
También se consideró la posibilidad de golpes de agua del mar cercano, y hubo quienes opinaron que podría tratarse de excremento de abejas que no digerían el polen, como señaló hace dos años un artículo de Nice Matin.
Un gendarme culpó a las parvadas de vencejos que vuelan por la zona, aunque su teoría no explica por qué no llueve caca sobre Cabo Verde, El Cabo, Madagascar, Socotora, Namibia, Camerún y otros lugares donde abundan estas aves.
Uno se pregunta qué habría pensado de todo esto Merleau-Ponty, cuya prometida Elisabeth Lacoin está sepultada en Saint-Pandelon. Para el filósofo contemporáneo de Sartre, el objeto de la percepción está vinculado de manera inmanente a su contexto. Uno podría traducir ese concepto para señalar a los pandeloneses que el origen de su desgracia no está muy lejos de ellos, aunque eso no sirva de mucho.
Y, mientras dejamos que los pandeloneses desentrañen su misterio, uno tiene que advertir que esta historia no es una metáfora de las cosas que pasan en otras partes del mundo. Aunque a veces huela igual.

Gobierno y política

Evalúan privatización del servicio de lanchas
Antonio R. Gómez / Primera Hora

La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) evalúa la posibilidad de pasar al sector privado la operación del servicio de lanchas entre la isla grande y las islas municipio de Vieques y Culebra.
Éste es uno de cuatro nuevos proyectos para alianzas público-privadas que estará estudiando la AAPP y que incluyen además la operación privada de instalaciones correccionales de custodia mínima, un nuevo sistema automatizado de manejo de tránsito y el redesarrollo de zonas aledañas a las estaciones del Tren Urbano. “Como parte de la función de continuar desarrollando proyectos de importancia de infraestructura y servicios para la ciudadanía, la AAPP está interesada en explorar soluciones concretas a problemáticas que afectan el diario vivir de los ciudadanos”, sostuvo en declaraciones escritas el director ejecutivo de esa agencia, David Álvarez.
Explicó que el estudio sobre el servicio de lanchas se realizará en conjunto con la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) “para auscultar posibilidades de desarrollar un proyecto que fortalezca la confiabilidad del servicio, brinde eficiencias para los usuarios y el Gobierno, y viabilice inversiones en infraestructura en las facilidades y áreas aledañas”.
El proyecto para la institución correccional privada incluiría su diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento. Se buscaría con el mismo “mejorar las condiciones, facilidades y servicios de la comunidad correccional de baja custodia” y “consolidar múltiples facilidades de baja condición, lo que generaría ahorros para el Departamento de Corrección y Rehabilitación”.
El tercer proyecto es para “establecer un sistema avanzado de manejo de tránsito y fiscalización de violaciones de tráfico” que permitiría, entre otras cosas, registrar de manera electrónica las infracciones.
El cuarto propone buscar inversión privada para revitalizar “áreas urbanas en alto riesgo de decadencia” y aumentar así el uso del Tren Urbano.
La selección de estos cuatro proyectos se hizo en la reunión que celebró la Junta de Directores de la AAPP el pasado viernes, se informó.

Lornna Soto quiere multar a bañistas que disfrutan de las olas durante el paso de un ciclón
Primera Hora

Si usted es un asiduo practicante del deporte de tabla y vela y aprovecha la llegada de las tormentas tropicales o huracanes para disfrutar de las olas, tenga presente que una senadora por el Partido Nuevo Progresista quiere multarlos por esta práctica.
La senadora por el distrito de Carolina, Lornna Soto Villanueva, dijo hoy que someterá un proyecto de ley para multar a las personas que durante un aviso de tormenta o huracán desarrollen cualquier actividad en las playas o los ríos de la Isla. La senadora PNP delegará esta función punitiva a los policías estatal o municipial, o a los agentes del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales. 
“Desde el fin de semana se emitió una vigilancia de tormenta para la Isla por el paso del huracán Earl. Se le informó a los ciudadanos sobre las condiciones del tiempo y se les exhortó a tomar las debidas precauciones para prevenir accidentes por las fuertes lluvias. Pero aún así, todos fuimos testigos de personas en las playas y ríos de la Isla desafiando las advertencias emitidas por el Gobierno”, dijo Soto Villanueva en una declaración escrita.
La Senadora explicó que en la primera ocasión se le otorgará a la persona una multa de cortesía y si la persona insiste en quedarse se le dará una segunda multa de $500. Además, se autorizará una tercera multa de $1,000 por persona en caso de negligencia.

Suspenden al director del Instituto de Estadísticas
Por éste solicitar la publicación del Índice de Precios
Por Joanisabel González / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

Mientras el País entero se preparaba para hacer frente al huracán Earl, los miembros de la junta de directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) provocaron otra tempestad en esa dependencia, al suspender de empleo a su director ejecutivo, Mario Marazzi.
De acuerdo con la resolución suscrita a las siete y diez de la noche del domingo, 29 de agosto, la suspensión de Marazzi se produjo durante una reunión, que se llevó a cabo en la oficina del presidente de la Junta de Planificación (JP) en Minillas. Allí, se concluyó que Marazzi habría incumplido su deber al presentar un interdicto contra el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) sin el aval de los directivos.
El recurso judicial se radicó el 25 de agosto y está relacionado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), una herramienta de análisis económico que el DTRH no ha divulgado por los pasados ocho meses.
La suspensión de empleo, pero no de sueldo, se hizo pública ayer cuando el presidente de los directivos del IEPR, Evaristo Medina Irizarry, también informó que Manuel Cardona Martínez ocuparía el cargo interinamente.
Cardona Martínez dirige la división de Análisis Económico de la Junta de Planificación y fue nombrado a ese puesto por Héctor Morales Vargas, quien ayer concluyó sus labores como presidente de la JP para convertirse en secretario general del Partido Nuevo Progresista.
Los eventos en el IEPR provocaron el rechazo de los presidentes de la Cámara de Comercio y la Asociación de Economistas, Raúl Gayá y Joaquín Villamil.
“Sacar del IEPR a Marazzi en este momento sería un error”, señaló Gayá, al cuestionar al DTRH por no publicar el IPC.
“Nuestros socios nos están reclamando que les proveamos información del IPC y no hemos podido ofrecerla, pues en la Junta de Planificación no está disponible, y tampoco nos han podido ofrecer una respuesta convincente en torno a la razón por la cual no está disponible”, dijo Gayá.
Mientras, Villamil lamentó la determinación y expresó que Marazzi debe regresar a su posición.
“A mi entender, (Marazzi) ha llevado a cabo una encomiable labor de analizar distintos sistemas estadísticos”, indicó Villamil, quien señaló que “existe mucha inconformidad con las estadísticas oficiales, situación que ha ido empeorando a través de los años”.
Villamil, quien forma parte del Consejo de Economistas del Gobernador, ha insistido repetidamente en que se publique el IPC y señaló que ese cuerpo asesor concluyó el análisis de las variables que se incorporarían al nuevo IPC. “Es inaudito que hayan pasado ocho meses sin dicho índice, que es esencial para la toma de decisiones en el sector privado y el propio gobierno”, dijo Villamil.
“No hay justificación para que el IPC no sea publicado. No hacerlo pone en duda la integridad del sistema estadístico”, agregó.
“Siempre se me hizo difícil pensar que era posible tener un organismo estadístico independiente en el Gobierno. Esto porque las necesidades de los gobiernos y los partidos son distintas a una entidad independiente, lo que supone un conflicto en algún momento”, dijo por su parte el presidente del Centro para la Nueva Economía, Miguel A. Soto Class.
Soto Class indicó que no le sorprende la decisión, pero señaló que el efecto de ésta perjudica más al Gobierno que a la sociedad, ya que “el sector público pierde un instrumento vital para su desempeño”.
En diciembre del año pasado, El Nuevo Día reveló un informe del IEPR en el que se concluía que el IPC se sobreestimó por más del doble entre los años 2001 al 2006, lo que les habría costado millones de dólares a los consumidores. Ante la situación, el DTRH y el IEPR llegaron a un acuerdo para subsanar la situación. Empero, este diario supo que los trabajos concluyeron “hace meses”, y que Marazzi, al no tener éxito con un pedido de información al DTRH, acudió al foro judicial.
El titular del DTRH, Miguel Romero, ha dicho que el IPC continúa bajo evaluación.
Hace unos dos años, el IEPR acudió con éxito a los tribunales cuando el Departamento de Salud se negó a suministrar información en torno al registro de decesos en la Isla. La gestión sentó las bases para la corrección y adopción de un nuevo sistema de medición acerca de la tasa de mortalidad en Puerto Rico.

Guerra por las estadísticas
Por Luisa García Pelatti El Vocero

La Junta de Directores del Instituto de Estadísticas ha suspendido a su director ejecutivo, Mario Marazzi. La decisión se produjo después de que Marazzi presentara una solicitud de Interdicto contra el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el Departamento de Justicia, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, para exigir que se publicara el Indice de Precios al Consumidor (IPC), sin informar primero a la Junta de Directores.
La suspensión, solicitada por una resolución de Héctor Morales –miembro de la Junta de Directores del Instituto y ex presidente de la Junta de Planificación– ha generado malestar entre economistas y otras asociaciones profesionales, que elogiaron la labor de Marazzi al frente del Instituto de Estadísticas.
Desde el mes de diciembre del año pasado no se publica en IPC. El Departamento del Trabajo decidió dejar de publicar el IPC asegurando que los datos “están erróneos”, a pesar de haber sido avalados por el U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA).
“El anuncio de la suspensión del Dr. Mario Marazzi de su puesto como Director Ejecutivo del Instituto de Estadísticas ocurre en un momento en que existe mucha inconformidad con las estadísticas oficiales, situación que ha ido empeorando a través de los años”, comentó José J. Villamil, presidente de la Asociación de Economistas.
“Desconozco los aspectos administrativos internos del Instituto, pero sí puedo hablar de la gestión del Dr. Marazzi. A mi entender ha llevado a cabo una encomiable labor de analizar distintos sistemas estadísticos. Contribuyó a mejorar tanto el del Departamento de Salud como el de Correcciones, ha colaborado con el sector privado y ha iniciado proyectos innovadores en relación al sistema de información de una economía del conocimiento y a las investigaciones en Puerto Rico. El Dr. Marazzi, además, es un economista con una excelente trayectoria profesional, incluyendo el haber trabajado en la Reserva Federal. No tengo la menor duda de que ha actuado con la intención de mejorar la calidad del sistema estadístico”, señaló Villamil.
“Sobre el índice de Precios al Consumidor, he insistido en que el mismo se publique a la brevedad pues es inaudito que hayan pasado ocho meses sin dicho índice, que es esencial para la toma de decisiones por las empresas en el sector privado y por el propio gobierno. Por encomienda del Consejo de Economistas del Gobernador, y por iniciativa mía como miembro de dicho Consejo, el Instituto evaluó las variables incorporadas en éste. Entiendo que dicha evaluación concluyó de que no hay justificación para que el mismo no sea publicado. No hacerlo pone en duda la integridad del sistema estadístico”, aseguró Villamil, quien lamentó la determinación de la Junta del Instituto y dijo confiar que el Dr. Marazzi regrese a su posición de Director.
“Haber apartado a Mario de su puesto por haber publicado los índices de precios al consumidor es una vergüenza para la profesión en Puerto Rico”, comentó el economista Diego Iribarren. “Es un bochorno para la práctica de la profesión en Puerto Rico y puede terminar significando la pérdida un profesional de primer nivel”.
Iribarren, que es chileno, señaló que  “la dictadura de Pinochet jamás manipuló ni escondió las estadísticas de empleo, desempleo o inflación y, en este sentido, lo que logró Héctor Morales es peor, es algo que ni los técnicos de la dictadura se atrevieron a hacer”.
“Peor aún, esconder datos de inflación refleja el nivel de ignorancia profundo de la economía que tiene el ex presidente de la Junta de Planificación pues los mismos no implican nada de nada. Héctor Morales debería saber a estas alturas que como Puerto Rico no tiene política monetaria propia, es poco o nada lo que el gobierno puede hacer para controlar la inflación en la Isla.  Y por lo tanto, da exactamente lo mismo de qué partido es la administración del gobierno pues la inflación en Puerto Rico se regirá por variables exógenas a la Isla”.
Por su parte, la Cámara de Comercio catalogó como un “error” la suspensión de Marazzi. “Conocemos que bajo el liderato del Dr. Marazzi, el Instituto de Estadísticas está colaborando con varias organizaciones del sector privado, incluyendo varias empresas privadas, esto para producir el primer “Purschasing Managers Index” para Puerto Rico”.  Este índice es muy conocido entre los inversionistas ya que mide las presiones inflacionarias así como la actividad económica de la manufactura, resultados que son relevantes para los inversionistas.
De otra parte, la Cámara de Comercio de Puerto Rico cuestionó que el Gobierno no haya publicado desde el mes de enero del año en curso, el Indice de Precios del Consumidor.  “Nuestros socios nos están reclamando que le proveamos la información sobre el índice de precios, y no hemos podido ofrecerla pues en la Junta de Planificación no está disponible, y tampoco nos han podido ofrecer una respuesta convincente en torno a la razón por la cual la misma no está disponible”, sentenció Gayá.
En términos similares se expresó William Riefkhol, director ejecutivo de la Asociación de Industriales. El ejecutivo destacó la excelente relación con Marazzi y destacó el trabajo en conjunto con el Instituto para desarrollar el primer “Purschasing Managers Index”. Un trabajo “responsable y profesional”.
“Me preocupa que se interrumpan las cosas que están saliendo bien”, dijo sobre la suspensión de Marazzi. “Un país quiere ser de primer orden tiene que tener transparencia y exactitud en los datos que se publican”. Dijo que independientemente del asunto interno, las estadísticas se deben publicar y que no deben esconderse.
“El Departamento del Trabajo, no el Instituto de Estadísticas, es quien tienen la obligación y la responsabilidad en ley de publicar el IPC. Recientemente, un sinnúmero de economistas expertos y la misma Junta de Planificación han señalado que los datos utilizados para calcular el Índice, y por lo tanto el IPC mismo, están erróneos. Por ello, nos hemos dado a la tarea de revisarlo”, señaló Miguel Romero, Secretario del Departamento del Trabajo.  “Aquí lo importante es que cuando se publique el Índice de Precios al Consumidor todo el mundo, no sólo los economistas, sino el público en general pueda tener la confianza de que el mismo ha sido calculado correctamente. Esa es una responsabilidad que tiene el Departamento del Trabajo y no vamos a dejar de cumplirla”, añadió Romero, que en una entrevista previa con EL VOCERO se había negado a dar explicaciones ante la ausencia del IPC.
El presidente de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas, Evaristo Medina Irizarry, anunció la designación de Manuel Cardona Martínez como director ejecutivo interino. Graduado en Economía de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, Cardona Martínez se desempeña al presente como Miembro Asociado y Director Ejecutivo Auxiliar de la Junta de Planificación.
Se espera que Cardona Martínez ocupe la posición de manera interina al menos hasta que concluya la investigación ordenada por la Junta de Directores del Instituto.
Marazzi estudio en la universidad de Harvard, en la London School of Economics y en Cornell University, donde hizo su doctorado en economía.  Antes de aceptar dirigir el Instituto de Estadísticas había trabajado en la Reserva Federal.

Incentivos para que dejen el Gobierno
Maritza Díaz Alcaide / Primera Hora

Abren ventana para renuncias voluntarias incentivadas, retiro y retiro temprano para empleados del Gobierno, esta
vez de carácter estrictamente voluntario.
El periodo para acogerse al programa de separación del servicio público iniciará el 1 de octubre y finalizará el día 30 de ese mismo mes, anunciaron el secretario del Trabajo, Miguel Romero, la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, María Sánchez Bras, y el administrador de los Sistemas de Retiro, Héctor Mayol.
En dicho periodo se anticipa que unos 5 mil trabajadores accederán a abandonar el Gobierno, una proyección que de materializarse, le ahorrará al fisco $93 millones.
“La salud fiscal de Retiro no se verá afectada porque no estaremos asumiendo las anualidades de los que se acojan a ninguna de las tres alternativas de separación”, dijo Mayol tras explicar que las agencias continuarán remitiéndole al sistema que él dirige las aportaciones de estos empleados, hasta tanto éstos sean elegibles para recibir la pensión de Retiro.
El Gobierno, mientras tanto, les pagará la pensión temprana a estos trabajadores.
¿De dónde saldrá el dinero para pagar las separaciones voluntarias? La directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto dijo que los fondos los proveerá el Banco Gubernamental de Fomento.
Podrán acogerse al retiro temprano aquellos trabajadores con entre 15 y 29 años en el Gobierno. Éstos recibirán una pensión mayor a la que habrían obtenido en iguales circunstancias antes de la aprobación de la Ley 70 de julio de 2010 o Ley del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento.
El aumento será de alrededor del 40 %.
Un empleado con 15 años en el servicio público se podrá retirar ahora con el 37.5 % de su salario. Antes lo hacía con apenas el 22.5%.
Los que cuentan con 19 años antes se habrían jubilado con el 28.5% del sueldo, pero ahora gozarán de una compensación del 47.5% del salario y así sucesivamente.
El cómputo en todos los casos, explicó Mayol, aumentará del 1 1/2% anual al 2 1/2% y la pensión se recibirá de inmediato, no importa la edad del jubilado. El monto será fijo y de por vida.
El nuevo programa incluye otras dos opciones.
Una es la renuncia voluntaria, que conlleva el pago de hasta seis meses de sueldo (depende de los años trabajados), el pago del plan médico por un año y todas las liquidaciones pendientes de vacaciones y días de enfermedad, pagaderas en noventa días.
La otra alternativa es el retiro a los 30 años de servicio, y éste se incentivará también con hasta seis meses de sueldo y las liquidaciones de vacaciones y enfermedad pagadas en los mismos 90 días.
Romero y Sánchez Bras aseguraron que ese proyecto no redundará en cesantías.
Afirmaron también que el servicio en las agencias no se verá afectado porque el programa contempla el traslado de personal entre agencias para así poder sustituir a al personal esencial que decida irse del Gobierno.
La oposición del Partido Popular Democrático expresó recientemente que esos traslados podrían convertirse en un subterfugio para obligar a renunciar a muchos trabajadores si es que se les reubica en oficinas distantes al lugar donde residen.
“Vamos a ser sensibles. No vamos a trasladar a alguien que vive en San Juan a Aguadilla, ni nada por el estilo. Eso no va a suceder”, consignó la directora de la OGP.
Pese a la crisis económica que sufre el país y la escasez de empleos en el sector privado, el Gobierno apuesta a que el nuevo programa de separación voluntaria será un éxito. Sánchez Bras dijo que los incentivos que se están ofreciendo no tienen precedentes y que en la propia OGP ya hay 40 empleados “que se quieren ir”.
De inmediato, se les solicitó a los jefes de agencia que hagan un sondeo de los trabajadores interesados en el retiro.
Eso permitirá acelerar los trámites para determinar sus años de servicio (un problema que afectó la implantación de la Ley 7 de Emergencia Fiscal) y también poner en marcha el plan correspondiente para evitar disloques en los servicios y funcionamiento de cada instrumentalidad.
Se espera que los empleados que se acojan a los beneficios de la Ley 70 estén fuera del servicio público antes del 31 de diciembre.
No son elegibles los maestros del salón de clases, los policías activos, los oficiales de custodia de Corrección, los bomberos, los profesionales de la salud, tales como los médicos, paramédicos, enfermeros, farmacéuticos y técnicos de laboratorio y empleados de Rentas Internas y de Tecnología de Información de Hacienda.
Tampoco, los empleados de confianza, transitorios, irregulares y aquellos de carrera que la autoridad nominadora determine que proveen servicios directos a la ciudadanía o servicios esenciales para el funcionamiento de la agencia o que sean sufragados en todo o en parte con fondos federales.
Las corporaciones públicas también están exentas, aunque pueden establecer su propio plan.
La ley cobija, sin embargo, a las corporaciones públicas que reciben aportaciones del Fondo General.

Prioridad al alivio a los individuos
La propuesta fue presentada ayer al Gobernador
Por Yanira Hernández Cabiya / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

El comité que elabora la Reforma Contributiva se reunió ayer con el gobernador Luis Fortuño para definir los detalles de la propuesta que debe ser presentada a la Legislatura a finales de este mes.
Xenia Vélez, directora del comité técnico, se reafirmó en que los primeros alivios que recibirán los contribuyentes en abril de 2011 estarán concentrados en los individuos. Sin embargo, no precisó a cuánto podrían ascender.
El programa de gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) coloca los alivios contributivos a todos los sectores como una de sus principales promesas.
“Lo que se está planificando que entre en vigor en enero de 2011 está orientado principalmente a individuos. Los cambios para los comercios y empresas entrarían en vigor para el 2012” comentó la ex secretaria de Hacienda.
Para sufragar esos primeros alivios, se contempla la eliminación de créditos contributivos que no son costo efectivos, señaló Vélez.

Asoma nueva alternativa política
Por Cyber News  / El Vocero

SAN JUAN– Este fin de semana quedó decidida la creación de una nueva alternativa política conformada por militantes del ambientalismo, trabajo sindical, comunidades, estudiantes, mujeres y otros sectores sociales.
Con la asistencia de decenas de personas, se realizó la tercera reunión del comité organizador en San Juan, tras lo que se comenzará el proceso de reclutamiento de inscriptores y organizadores para constituirse en una asamblea que aprobaría el programa y el nombre final del proyecto.

"Aspiramos a que sea una nueva coalición política para que el país por fin logre reivindicar sus derechos y necesidades. Las comunidades, los ambientalistas, los trabajadores organizados en sindicatos, los que no están organizados, los que trabajan por su cuenta, los desempleados, las mujeres, la comunidad LGBTI, los agricultores, estudiantes, los pequeños comerciantes, inmigrantes y cooperativistas tendrán un nuevo hogar", indicó Alvin R Couto, portavoz.
"En esta casa habrá un enfoque legítimo de justicia social y respeto por las necesidades del pueblo. Se trata de promover un desarrollo sustentable basado en preceptos de democracia, solidaridad y justicia", agregó.

Couto mencionó que en el programa inicial se ha tomado en cuenta los problemas que aquejan en común, como lo son la violencia criminal, el desempleo, los abusos contra las mujeres, la precariedad de la agricultura y la falta de vivienda.  La propuesta es resolverlos desde una perspectiva que beneficia a los referidos sectores que constituyen más del 95 por ciento de la población.
"El gobierno no ha podido atender estos problemas debido a que los dos partidos mayoritarios gobiernan para una minoría que se enriquece de la corrupción, los bajos salarios, la destrucción del medio ambiente, la privatización, los despidos y las jugosas exenciones contributivas", dijo.

Así las cosas, el comité organizador invitó al pueblo a unirse a esta nueva expresión política que asegura permitirá transformar la sociedad a un modelo sustentable, democrático y solidario.

Economía

No trajeron empleos los cambios a Ley de Cierre
Antonio R. Gómez / Primera Hora

Contrario a los pronósticos y promesas de que la apertura de los comercios por mayor tiempo provocaría un alza en el empleo en este sector económico, las cifras oficiales reflejan una caída constante y de mes a mes en el total de personas empleadas en el mismo.
La promesa de más empleos fue uno de los argumentos utilizados el año pasado en favor de las enmiendas a la Ley de Cierre. La Legislatura enmendó el estatuto para ampliar las horas de apertura los domingos y eliminar las horas obligatorias de cierre en días de semana.
La estadística oficial del Departamento del Trabajo fijó en 118,000 los trabajadores empleados en el comercio al detalle el pasado mes de junio.
Dicha cifra es menor en 6,600 plazas al mes de junio de 2009 y es, además, la más baja desde el año 1997, cuando la agencia estimó en 116,000 los empleos para el sector.
Otro indicador de la debilidad del mercado de trabajo en el sector es el empleo en el comercio al por mayor, donde el empleo para junio pasado, 32,400, es también el menor informado desde el 2002.
Estos datos corresponden a la encuesta de establecimientos, una de las dos que utiliza Trabajo para estimar la situación de empleo en el país.
El economista José Alameda, que ha realizado numerosos trabajos sobre el tema, sostuvo que estos datos “demuestran que el número de establecimientos comerciales ha bajado. El cuadro general es que la economía se ha ido achicando y con ello estos sectores del comercio, que son derivados”, agregó. EL presidente de MIDA, Gualberto Rodríguez, señaló que es muy difícil saber el impacto que pudo tener en el empleo del sector de comercio las recientes enmiendas a la Ley de Cierre.

Buscan pronta solución a crítica situación de sistemas retiro del gobierno
Inter News Service / Primera Hora

El gobernador Luis Fortuño comisionó a ocho personas la evaluación a fondo de los sistemas de retiros del gobierno a fin de evitar su colapso, que según expertos podría darse tan cercano como en el año 2018 si no se toman medidas radicales para solventarlo.
Los miembros del grupo, encabezado por el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, Miguel Romero, ya han entregado sus respectivos informes.
Proponen desde redefinir los postulados bajo los que fue creada esa entidad hasta ofrecer asesoría adecuada al empleado público sobre las necesidades de planificar su estabilidad económica y restringir al máximo la concesión de préstamos personales y culturales que afectan la liquidez del Sistema y promueven el endeudamiento del empleado sin razón justificada.
El ex senador Luis Felipe Navas de León, uno de los miembros del grupo comentó, a modo de ejemplo, que los sistemas de retiro no pueden "seguir dando préstamos llamados culturales que son parar irse a fiestar a un festival de merengue".
Sostuvo que los sistemas de retiro deben tener como norte la orientación y educación a sus socios sobre políticas de ahorro para cuando se retiren.
En su informe, Navas de León propone, además, promover los préstamos hipotecarios por el efecto multiplicador positivo que eso tiene en la economía del país en general y las finanzas del empleado en particular.
Recomienda, además, eliminar el tope a la aportación individual del empleado y estimular a que el empleado aporte algo más, otorgando algún incentivo para ello, además de legislar para que se aumente la aportación gubernamental que hace 20 anos no se aumenta.
En esa misma línea, propone que a los sistemas de retiro aporten todas las personas que laboran en el servicio público, independientemente de la relación contractual que tengan, así como el propio gobernador y los legisladores.
Para solventar los sistemas de retiros del gobierno Navas de León propone también que se legisle un impuesto que podría ser hasta del un uno por ciento sobre los contratos que tienen las personas con el gobierno que según información de la Oficina del Contralor, este año ascienden a unos 12,900 millones de dólares.
Recomienda también que se elimine la Comisión Permanente para el estudio de los Sistemas de Retiro, creada a mediados de la década de los ochenta y que desde entonces, aparte de un primer informe que produjo no ha hecho nada más y que se abran los sistemas de retiro del gobierno al resto de la población, en particular a personas que trabajan por su propia cuenta o para una empresa privada que no cuentan con planes de retiro.
Otra recomendación contenida en el informe de Navas de León es que el gobierno salga de las miles de propiedades y terrenos que ha ido adquiriendo mediante expropiación en las pasadas cuatro décadas y que no le tiene uso.
"Su venta o renta puede producir una cantidad de dinero sustancial", dijo Navas de León al reiterar la necesidad de que todos los empleados públicos deben estar a cogidos al sistema de retiro del gobierno con el fin de poder solventarlo y borrar la idea de que ese importante mecanismo pudiera desaparecer para el ano 2018.

Mall con acuario, anfiteatro y más
Se construirá en Guaynabo con inversión local y venezolana
Por Marian Díaz / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

En seis meses iniciará la construcción en Puerto Rico del primer complejo comercial que integrará viviendas, un hotel, un acuario, edificio de oficinas y un anfiteatro al aire libre, entre otras amenidades.
Se trata del centro comercial Sambil que se desarrollará en el municipio de Guaynabo, en un predio de 74 cuerdas contiguo a los antiguos terrenos del vertedero municipal de la ciudad.
El proyecto lo desarrollará Laif Corporation, que está formada por el Grupo Sambil de Venezuela y los empresarios puertorriqueños Rafael Vizcarrondo, Ralph Torres, Joey Short y Federico Rodríguez. La inversión inicial ronda los $414 millones.
Laif Corp. aún no ha decidido si el complejo se denominará Sambil Guaynabo o Sambil Puerto Rico, pero lo que sí saben es que ya tienen aprobados los permisos, incluyendo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y la consulta de ubicación. Sólo les falta el permiso de urbanismo para comenzar el movimiento de tierras.
El ingeniero Alfredo Cohen, director de la Constructora Sambil y director de Laif, indicó que el centro comercial será lo primero que se va a construir. El mismo tendrá 567,000 pies cuadrados distribuidos en tres niveles, con unas 300 tiendas, incluyendo salas de cine, un área de “food court” y otros seis restaurantes tipo “casual dining”. Los seis restaurantes tendrán un área al aire libre y vista a la ciudad.
Habrá además tres o cuatro locales independientes (tipo “free standing”) y 5,000 espacios de estacionamientos, muchos de ellos bajo techo. Dentro del centro comercial habrá un acuario, que se espera se convierta en uno de los mayores atractivos de este nuevo complejo comercial.
Cohen estima que la construcción del mall tardará unos 30 meses, periodo en el que se generarán unos 2,000 empleos directos e indirectos. La meta es inaugurarlo a finales del año 2013, si no hay contratiempos. Una vez el centro comercial inicie operaciones, empleará a 3,500 personas.
El empresario venezolano comentó que su empresa miró a Puerto Rico tres años antes que a República Dominicana como un destino para invertir.
Sin embargo, el proceso corrió más rápido allá, tanto que este mismo año ya inició la construcción de un mall de cuatro pisos y 600,000 pies cuadrados en una de las principales avenidas de Santo Domingo, la avenida John F. Kennedy, intersección Máximo Gómez.
Se espera que dicho centro comercial esté terminado un año antes que el de Guaynabo, o sea en el año 2012.
No tendrá tiendas ancla
Distinto a la tendencia de los malls estadounidenses, que suelen tener una o dos tiendas ancla para atraer a los posibles clientes, en el caso de los centros comerciales Sambil estos no necesariamente son así.
“Sambil ve en su diseño, en su entorno, en la diversidad de las tiendas y en las actividades que organiza, el ancla del centro comercial”, dijo Torres, uno de los socios.
Short, otro de los socios, añade que “los centros comerciales Sambil se convierten en íconos de su comunidad”, lo que implica que la gente se siente atraída por sus ofrecimientos y los visita con regularidad.
Sobre el diseño, Cohen abunda que se asemejará a un trébol, y los espacios de los comercios se construirán siguiendo ese contorno. Allí no habrá las grandes cajas (“big box”) para tiendas, ya que el local más grande tendrá unos 60,000 pies cuadrados.
Aunque reconoce que es prematuro hablar de las tiendas que tendrá Sambil, Cohen señala que uno de los atractivos será que muchas de las cadenas vendrán a la Isla por primera vez.
Con sabor latino
“Sambil va a ser un centro comercial internacional. Se va a hacer una buena mezcla de tiendas y les daremos prioridad a los empresarios locales. Pero además traeremos nuevos actores, como cadenas de Colombia, Perú, Brasil, Panamá, nuevos comercios que entrarán aquí, y que no sólo abrirán en Sambil, sino que buscarán invertir en otros centros comerciales”, dijo el socio venezolano.
En cuanto a qué distingue a los centros comerciales Sambil, Cohen no duda en afirmar que se enfocan en servir a la comunidad.
“A nosotros nos gusta mucho sorprender a los clientes con actividades diversas todo el año”, señaló, al tiempo que indica que es común la celebración de conciertos, competencias artísticas, deportivas, clínicas de salud y hasta bodas múltiples en sus complejos comerciales de Venezuela.
El mall contará además con un anfiteatro al aire libre que acomodará a 1,200 personas.
Con relación a los otros componentes del proyecto, los inversionistas señalan que, después del mall, se proponen desarrollar las oficinas, el hotel y las viviendas.
Sin embargo, la celeridad con que se desarrollen estos tres componentes va a depender del entusiasmo y la acogida que tenga el proyecto. “En estos momentos somos flexibles a oír nuevas propuestas. Aspiramos a que entren nuevos inversionistas con diferentes propuestas”, dijo Cohen.
Por ahora, la propuesta de Laif sugiere la construcción de un edificio de oficinas de 10 niveles y 120,000 pies cuadrados, así como un hotel de 200 habitaciones.
Además, planifican desarrollar 150 unidades de viviendas, distribuidas en dos torres, y 30 “town houses” erigidos en tres edificios tipo “clusters”.
Sorprendido el inversionista
Al venezolano Cohen le sorprende que no se hayan construido centros comerciales regionales desde hace años en la Isla.
Dijo que la industria ha crecido mucho en la pasada década, sobre todo en América Latina, y no entiende por qué aquí no ha ocurrido lo mismo.

En espera los vuelos “charter”
Por Carlos Antonio Otero EL VOCERO

Los comentados vuelos “charter” que traerían turistas desde Europa a la región oeste de Puerto Rico, podrían retrasarse nuevamente ante la escasez de fondos para hacer que despegue el proyecto y noviembre será la fecha para que aterricen los aviones.
Así lo confirmaron fuentes de EL VOCERO, vinculadas a la iniciativa, que requiere cerca de $3 millones para que los aviones de Air Transport Internacional (ATI) lleguen al aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla, procedentes de Barcelona, Madrid y Londres. Se desconoce si en diciembre se asomará la nariz del primer avión o si lo hará para principios de 2011.
A pesar de las ayudas económicas concedidas a la entidad Impulso del Desarrollo Económico del Oeste (IDEO), creada el pasado año por alcaldes y hoteleros de la región para estimular la economía y el turismo de la zona, mediante los vuelos “charter”, el dinero aún no es suficiente, aseguran las fuentes. Se indicó además, que en una reunión reciente de la junta de directores de IDEO se planteó buscar más fondos a través del Departamento de Desarrollo Económico, entre otras alternativas.
IDEO, que es presidida por Enrique “Kike” Cruz, ya recibió $1 millón del Municipio de Mayagüez, cuyo alcalde José Guillermo Rodríguez encabeza su junta directiva. En febrero pasado esperaban por otros $300,000 que aportarían en conjunto los hoteleros de la zona conocida como Porta del Sol, y la Compañía de Turismo también habría destinado fondos.
Cruz, quien se encuentra de viaje en Estados Unidos, confirmó ayer tarde a EL VOCERO la reunión de cuatro horas con la junta de directores el domingo, donde indicó “se resolvió” el asunto económico, pero dijo que falta por establecer la fecha de llegada del avión. Justo ayer recibió vía correo electrónico el itinerario de los aviones disponibles de ATI, por lo que deberá reunirse nuevamente con la junta para acordar la fecha de los vuelos.
“Estoy buscando una opción para que se pueda dar el 4 de noviembre”, señaló Cruz, en entrevista telefónica, y admitió que para conseguir el primer despegue de los vuelos todavía necesitan fondos. “Sinceramente te digo que es un proyecto bien ambicioso y a la misma vez los recursos para arrancar son muy por debajo de lo que le dan –el gobierno- a otras líneas aéreas. Pero como somos puertorriqueños nos miran distintos”.
“La razón porque se ha atrasado ha sido por trámites burocráticos. Cuando el avión termine en el aire vamos a estar entre $2 millones y $2.5 millones. Para esa cifra falta como menos de un millón de dólares. Estamos en distintas fuentes –para conseguir el dinero- pero esto es por etapas”, declaró.
Explicó que la aportación de los hoteleros se redujo a $50,000 debido a la situación económica de éstos, mientras la contribución de Turismo consiste de una garantía para pérdidas hasta $1.2 millones. Turismo también concedió $174,000 para publicidad, campaña que está lista pero no puede ser difundida en España hasta que aprueben la fecha de vuelos.
Ayer, el alcalde de Mayagüez no contestó llamadas y en Turismo, su nuevo director, Mario González Lafuente, a través de su oficina de comunicaciones, informó que “toda la aportación y todo el apoyo están donde tienen que estar. Es un poco prematuro hablar de si van o no van en noviembre los vuelos”.
EL VOCERO contactó a Myrna Hau, de Villas del Mar Hau en Isabela, y quien es parte de la directiva de IDEO, y se limitó a decir que el proyecto sigue en pie y se están levantando fondos.
El primer vuelo de esta iniciativa se programó para el 22 de mayo pasado, para lo cual Cruz informó entonces el pago de $250,000 como depósito a ATI, pero la aeronave nunca llegó.
En julio pasado, a días de su salida de la Compañía de Turismo, su entonces director ejecutivo Jaime López, dijo que aunque en el verano debían comenzar los vuelos “charter” estos se retrasaron hasta la temporada alta de noviembre debido a la total ocupación hotelera en la región por los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Mayagüez.
Desde el pasado año Turismo realiza diferentes esfuerzos para atraer turistas europeos, tanto de las principales ciudades de España como de Londres.
El plan de IDEO para el primer año es producir $50 millones mediante la llegada de unos 25,000 turistas y la ocupación de unos 200,000 cuartos noche. El paquete consistirá de estadías mínimas de cinco días con precios que oscilan entre los $1,000 y 1,500 euros.

Proyecto para motivar compra venta de vivienda sólo beneficiará a sectores poderosos
Inter News Service / Primera Hora

El portavoz popular ante la Comisión de Hacienda de la Cámara, Luis Vega Ramos, y un grupo de legisladores de dicha colectividad, denunciaron que el proyecto de ley de la administración de Luis Fortuño dirigido a incentivar la venta y arrendamiento de propiedades inmuebles es “un espejismo de generosas dádivas a poderosos sectores del país”.   
Según los legisladores del Partido Popular Democrático (PPD), el proyecto “le podría estar costando al gobierno muchos más recursos de los que se ha señalado y, lejos de incentivar la economía, podría convertirse en una 'Ley de Fuga' de cientos de millones de dólares de nuestro país”.   
Vega Ramos aseguró que la medida no es un proyecto de incentivo social a las familias humildes para que puedan adquirir sus viviendas.    
“Detrás de las nobles intenciones, se esconden una serie de generosos incentivos dirigidos a la banca comercial e hipotecaria, a los desarrolladores de proyectos inmobiliarios, a los especuladores y a aquellas empresas o individuos que se dedican exclusivamente al alquiler de viviendas”, aseguró Vega Ramos.   
El legislador popular sostuvo que el proyecto tampoco ofrece garantía alguna de que las multimillonarias ganancias de capital que quedarán exentas de pagar contribuciones por esta ley serán reinvertidas en Puerto Rico para estimular nuestra economía.    
Los legisladores cuestionaron que se le esté “vendiendo” al país el proyecto como uno que ayudaría a las familias puertorriqueñas a asegurar una vivienda, “cuando en realidad se trata de una liberación de responsabilidad a la industria de la construcción por construir por encima de la realidad económica del país”.

Quiere cambiar los incentivos el PPD
Antonio R. Gómez / Primera Hora

La representación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes intentará enmendar el proyecto de ley que autoriza los nuevos incentivos para la compra y arrendamiento de viviendas, por entender que el mismo está cargado a favor de los desarrolladores y la banca, sin ofrecer alivio real a los ciudadanos.
El representante Luis Vega Ramos, portavoz del PPD en la Comisión de Hacienda, adelantó las objeciones de la delegación a esta medida, que podría ser discutida hoy lunes en ambos cuerpos legislativos.
Junto con la representante Carmen Yulín Cruz, ofrecieron una conferencia de prensa en la que coincidieron en que la promesa de alivios que contiene este programa de incentivos “es un espejismo de generosas dádivas a poderosos sectores del país, que le podría estar costando al Gobierno más recursos de los que se han señalado”.
Argumentaron además los legisladores que “lejos de incentivar la economía, podría convertirse en la ley de fuga de cientos de millones de dólares de nuestro país”.
Vega criticó específicamente la inclusión de propiedades comerciales con valor de hasta $3 millones en un proyecto que se supone que sea para incentivar la venta de viviendas con valores de hasta $300,000.
Rechazó igualmente que se conceda una exención a las ganancias por la renta de viviendas por 10 años y que la misma sea extensiva a propiedades que están alquiladas al presente. “Éste no es un proyecto de incentivo social a nuestras familias humildes para que puedan adquirir sus viviendas. Detrás de las nobles intenciones, se esconden una serie de generosos incentivos dirigidos a la banca comercial e hipotecaria, a los desarrolladores de proyectos inmobiliarios, a los especuladores y aquellas empresas o individuos que se dedican exclusivamente al alquiler de viviendas”, dijo.
Denunció además que en el programa “no hay ningún alivio para las 2,454 familias que perdieron sus casas el año pasado a causa de ejecuciones hipotecarias radicadas por los bancos”.
“Nuestras enmiendas van dirigidas a asegurarnos que los incentivos del programa vayan dirigidos a beneficiar de verdad a las familias asalariadas a que adquieran una vivienda principal digna y adecuada”, afirmó Vega Ramos.

Se reinventa Vasallo
Por Carlos Antonio Otero EL VOCERO

Con la creación de Vasallo International Group, Inc. (VINGI), Industria Vasallo Inc. pone a flote su elaboración de variados productos en plástico, a casi dos años de acogerse a la quiebra e ingresar en un plan de reorganización, que deberá concluir en febrero de 2011 con el pago de $45 millones a sus acreedores.
La nueva estructura empresarial, que operará independiente de sus antecesora, tendrá su base en Ponce, con 143 empleados, y antes de culminar este año espera lanzar cinco modelos de sillas y mesas, segmento que se ha mantenido con crecimiento de dos dígitos el último año, confirmó Rafael Vasallo Collazo, presidente de VINGI.
“Vemos este proceso como una transición necesaria para fortalecer nuestra posición financiera y operacional”, sostuvo el empresario, e informó que el cambio también les permitirá comerciar algunas de sus líneas de producto en el mercado estadounidense, principalmente en el segmento de muebles de patio.
VINGI, que comenzará a funcionar en noviembre próximo, es parte del plan de reorganización que le aprobó a Vasallo el Tribunal Federal de Quiebras. Se informó que VINGI le comprará los activos a la antigua empresa por $3.4 millones y podrán retener parte de la maquinaria, equipo y todo el inventario.
“En VINGI estamos proyectando que las ventas del primer año ascenderán a aproximadamente $20 millones, con un incremento anual de un 5% en los años futuros. También proyectamos que la utilización de la capacidad instalada será de un 80%, lo que diluirá los costos fijos de la operación”, agregó Vasallo Collazo.
El Banco de Desarrollo Económico le concederá una línea de crédito por $1 millón, mientras la inversión de capital local totaliza $15.4 millones.
Las operaciones de Vasallo comenzaron a decaer al colapsar la industria de la construcción, lo que redujo la demanda de productos en ese sector, que significaban gran parte de su negocio. Hasta 2004 empleaban a 320 personas, pero esa cantidad disminuyó. La división de distribución de sus productos en Estados Unidos, se mantiene pero no será parte de VINGI.
“La infraestructura de Industrias Vassallo era muy grande para las condiciones actuales del mercado. Operacionalmente estábamos trabajando a un 30% de la capacidad de las facilidades de manufactura, resultando en un gasto excesivo y en escasos márgenes de ganancia. Para mantenernos competitivos en una industria que hemos dominado por años, es necesario reducir la operación, lo que incluye la planta física.  Esto traerá ahorros significativos en electricidad, contribuciones, pago en cubiertas de seguro, mantenimiento y otros”, señaló.
En cuanto a las tendencias del mercado, explicó que “lo que hemos estado viendo es que el producto de uso masivo ha estado creciendo, el último año a doble dígito. Esto incluye muebles de patio, tiestos ornamentales, mesas, mesas de dominó y sillas, entre otros”.
“Donde hemos crecido mayormente es en la industria de alimentos, vertiginosamente en los pasados tres años. Aquí hay varios renglones, uno dirigido a la industria de refrescos y químicos, donde hacemos envases de tres a seis galones, bajo certificaciones estrictas. Y de 55 galones también para almacenar alimentos y transportar material peligroso. Además, estamos haciendo una serie de empaques para la industria del plan, para el mercado local y para exportar”, añadió.
Desde 1962 Vasallo comenzó a elaborar productos de plástico, que van desde tuberías para la construcción hasta envases y muebles. Al presente maneja el negocio la tercera generación de la familia.

Cultura

La problemática familia de Lolita Lebrón
Angustiosa y dramática, la historia de la nieta de Lolita Lebrón suscita una reflexión sobre el peso de la familia sobre el individuo
Por Carmen Dolores Hernández / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

Desgarradas e intensas, estas memorias de Irene Vilar, la nieta de Lolita Lebrón, describen una vida sobre la que ya había escrito en su primer libro, “A Message from God in the Atomic Age” (1996), luego titulado “The Ladies’ Gallery: A Memoir of Family Secrets”. Allí la autora hablaba de su familia y, sobre todo, de su famosa abuela, resaltando su sentido de misión, que culminó en el ataque al Congreso en el 1954. También presentaba el trauma que le causó, a los ocho años, el suicidio de su madre, que se tiró frente a ella de un auto en marcha, y su propia desgraciada juventud en diversos internados, además de indicar que todo ello había desembocado en serios trastornos sicológicos. (La familia de Irene, especialmente su abuela, la recién fallecida Lolita Lebrón, afirmaría en alguna ocasión que la versión que ofrece su nieta de la muerte de su madre estaba errada toda vez que ésta pereció en un accidente).
Conmovedor y dramático como era aquel libro, sus revelaciones se quedan cortas al lado de las que ocupan la mayor parte de estas otras memorias que vuelven sobre el mismo período de la vida de la escritora con mucho más detalle. Al describir de nuevo su niñez –una abuela ausente, una madre suicida, un padre solícito pero distante, dos hermanos drogadictos- Irene Vilar intenta explicar la terrible adicción al aborto que, desde los dieciséis años, la llevó a practicarse doce en un plazo de once años dentro de un matrimonio muy desigual. Luego se sometería a tres más en el curso de otras relaciones. Todo ello, a su vez, corrió paralelo a siete intentos de suicidio.
La serie de eventos traumáticos que llevó a Irene Vilar a su extraña “adicción” incluye el hecho de que a los 15 años se marchó de Puerto Rico a estudiar a la Universidad de Syracuse. Poco después, entró en una relación problemática con un profesor latinoamericano de cincuenta que dominó su vida por más de una década y con quien se casó en 1990. Centrado en su carrera, este profesor –cuyo nombre no aparece aquí- le hace claro que considera la familia un estorbo y que valora sobre todo la libertad.
No sólo por eso sino también por la relación sicológica problemática que tenía con el concepto de maternidad y con su propio cuerpo, Irene Vilar inició entonces su “costumbre” de salir encinta y abortar, a veces con riesgo para su propia vida. Escribe: “Quiero explorar cómo, cuando el aborto adquiere una cualidad repetitiva y auto-mutilante, puede indicar que se trata de una adicción”. El recuento es más escalofriante dado que el tono en que se cuenta intenta ser desapasionado y objetivo. Es también minucioso: no hay dolor, no hay angustia, no hay duda ni debilidad que no se explore. La escritura, en ese sentido, parece ser un camino de liberación. Ella alega que le permitió “parirse” a sí misma; que contarse –y contar- su historia le allanó el camino para ser, finalmente, madre. No deja de ser irónico que esa escritura fuera alentada en un principio por su marido. (Que, sin embargo, se atribuyó a sí mismo todo el crédito cuando ella publicó su primer libro, alcanzando cierto éxito).
La historia de Irene no acaba con el fin de su matrimonio. Llega hasta el momento actual, cuando se encuentra felizmente casada y con dos hijas. De todas maneras, es difícil leer este libro. El tono analítico, más bien auto-incriminante, evita que el lector adopte una posición enjuiciadora. El tema del aborto suscita opiniones fuertes, a favor y en contra, y ella está conciente de eso. Todo lo negativo que se puede pensar sobre el proceso, entre ello la irresponsabilidad de quien se expone semi-deliberadamente a los embarazos y su inmadurez al abortar, ella misma lo adelanta (aunque trata de salvaguardar la posición que alega el derecho de la mujer a hacerlo). Aparte de las serias objeciones que pueda tener un lector a esa defensa (ineficaz, dentro del contexto) del aborto, hay algo que choca profundamente a la sensibilidad y que ella no parece tomar en cuenta: su angustia y desesperación ante la enfermedad y muerte de su perro, aunados a los cuidados extremos que le prodigó al animal son profundamente incongruentes con el poco cuidado y solicitud que tuvo consigo misma y con las criaturas que engendraba.
De todas maneras, la historia suscita compasión hacia la narradora, teñida por exasperación ante su inconciencia. Suscita también ira hacia el egoísmo y la indiferencia de un marido de tantos años que puso siempre en primer lugar su propia carrera intelectual. Al escribir esta historia, que es más bien una confesión y un exorcismo, Vilar expone los efectos del desamor familiar y la falta de solidaridad conyugal.
No cabe duda, por otra parte, de su capacidad como escritora. La narración tiene un sentido certero del ritmo y del efecto dramático. También es muy certera su descripción de personas, lugares y ambientes. Hay pasajes sumamente líricos –como los que describen sus experiencias a bordo de “Sarabande”, el velero en que su marido y ella surcaban a menudo mares y lagos- y otros que mantienen en vilo al lector. Ya hacia el final, el texto se vuelve repetitivo.
No es fácil leer este libro. Tampoco es fácil ignorar los planteamientos que en él se hacen –a través de la experiencia de Irene- respecto al poder de la familia sobre el individuo, el precio del heroísmo y los riesgos que conlleva la dependencia emocional extrema. Como señala Robin Morgan en el prólogo, el caso de Irene Vilar ilustra el hecho de que la mujer ha sido un ser largamente colonizado por el hombre, enajenado así de su propio cuerpo, que se ha usado para el placer y los propósitos de otros. En ese sentido, la prologuista apunta hacia la semejanza de la historia de Irene con la del Puerto Rico que Lolita Lebrón intentó liberar. La comparación es forzada, pero lo que resulta claro es que si bien la abuela fue, a su manera, una mujer heroica, la nieta es, ciertamente, una gran escritora.

Opinión ________________________________

Editorial El Nuevo Día
Pruebas de dopaje a la Legislatura

El liderato legislativo debe adherirse a la norma de que la mejor forma de dirigir es mediante el ejemplo y requerir pruebas de dopaje obligatorias y consuetudinarias a los senadores y representantes.
El liderato legislativo debe adherirse a la norma de que la mejor forma de dirigir es mediante el ejemplo y requerir pruebas de dopaje obligatorias y consuetudinarias a los senadores y representantes.
Asimismo, debe buscar maneras de hacer que las pruebas sean más efectivas para detectar el uso de drogas ilícitas por parte de los legisladores. Es altamente preocupante que teniendo un protocolo para detectar el uso de drogas ilícitas por parte de los legisladores, los presidentes del Senado, Thomas Rivera Schatz, y de la Cámara de Representantes, Jenniffer González, hayan optado por desconocer este potencial problema.
Estas pruebas, aunque carecen de garras puesto que son voluntarias, deberían hacerse con frecuencia independientemente de que esté en la palestra pública la posibilidad de que uno de los legisladores sea usuario.
El caso más reciente de ello es el del representante popular Luis Farinacci, a quien la Oficina del Fiscal Especial Independiente investiga por presuntos actos de violencia doméstica contra su esposa Liza Yajaira Rivera Colón. Ésta alega que su esposo sufre de adicción a la cocaína. Pero no es la primera vez que surge una seria alegación como esta contra un “honorable”.
En 1995, el entonces senador Freddy Valentín, luego convicto en los foros federal y estatal por corrupción, hizo un espectáculo enseñando públicamente frascos de su orina mientras se sometía a pruebas de dopaje luego que su nombre fuera incluido en un grupo de legisladores supuestamente ligados al narcotráfico. Quince años más tarde, el récord legislativo revela que en el Senado, Rivera Schatz, ordenó una prueba de dopaje a los miembros del Alto Cuerpo a principios del cuatrienio (24 de febrero de 2009) pero no ha vuelto a hacerlo porque, según la administradora de la oficina de la presidencia senatorial, Kathy Erazo, muchos senadores se someten a estas pruebas varias veces antes de asumir el cargo, como por ejemplo, al radicar su candidatura.
simplona, acomodaticia y totalmente inaceptable puesto que parte del supuesto de que el político se mide con una vara distinta una vez llega a la Legislatura. Por otro lado, no hay una ley que ordene pruebas de dopaje a candidatos a puestos electivos, así que no todos los candidatos pasan por este cedazo.
El costo de las pruebas tampoco se puede aceptar como excusa puesto que en la Casa de las Leyes es más lo que se gasta en contratos para pagar favores políticos.
De otra parte, desde que González asumió la presidencia cameral, no ha requerido una sola prueba para detectar el uso de drogas entre sus miembros, cuando la resolución que regula su administración establece que los representantes deben someterse a los exámenes una vez al año de forma voluntaria.
¿Por qué, si tanto la Cámara como el Senado tienen reglamentos con un protocolo para efectuar pruebas tanto a empleados como a legisladores no se hace uso de ellos? ¿A qué se teme?
Pero además de las pruebas de dopaje, el liderato legislativo tiene que trabajar con el asunto de la confiabilidad de las mismas. Es de conocimiento común que la eficacia de la prueba de la orina es discutible debido al engaño sistemático e inhabilidad de detectar cierto uso por la durabilidad de tiempo. Esta prueba es limitada además para detectar múltiples drogas usadas en la sociedad actual.
Si a los atletas de alto rendimiento se les requieren pruebas de dopaje para garantizar que compiten en condiciones equitativas, justas y limpias, ¿por qué no requerir pruebas confiables, frecuentes y obligatorias, a los políticos que compiten por un asunto tan sagrado como es la confianza del elector en las urnas, en este caso para representarlo en la Rama Legislativa?

Editorial El Vocero
Dividido el pastel

Finalmente la Administración de Seguros de Salud (ASES) anunció las compañías de seguro que administrarán el plan de salud del gobierno, conocido como Mi Salud, que entrará en vigor el 1ro. de octubre de 2010.
Al final de un extenso proceso de negociación sólo quedaron tres aseguradoras que se dividirán todo el negocio de los pacientes de reforma bajo un nuevo modelo mediante el cual el gobierno espera ser más costoefectivo. Éstas son Humana, MCS y APS Health Care, las primeras dos administrarán el plan de salud física y la tercera el plan de salud mental. Humana estará a cargo de las regiones Este, Sureste y Suroeste, mientras que MCS atenderá las regiones San Juan, Metro norte, Oeste, Noroeste y Norte. APS obtuvo la cubierta de salud mental en todas las regiones. En el proceso de licitación quedaron fuera American Health Medicare y Centene -quienes se señalaban como las mejores conectadas con el gobierno- y Triple-S, que por los pasados quince años obtuvo la mayor tajada del negocio.
Aún no se conocen los detalles de costos de la negociación, pero la expectativa del gobierno era reducir dramáticamente los gastos de la reforma que mantiene a ASES en un déficit multimillonario. El proceso para ello ha sido extenso y lleno de controversias que llegaron hasta la Oficina del Panel del Fiscal Independiente (FEI). De hecho, esas mismas controversias por denuncias de conflictos o presiones dilataron por un año la contratación bajo el nuevo modelo.
Lo importante en todo este proceso es que los pacientes médico indigentes puedan recibir atención adecuada para sus condiciones de salud, que la comunidad médica esté en condiciones de prestar servicios bajo un modelo justo y que las arcas del erario no se sangren más en el camino. Habrá que hilar fino para conseguir el justo balance de todos los intereses previamente mencionados, pero no podemos seguir esperando para tomar acción en la búsqueda de un nuevo modelo de salud efectivo.

Columnas

La Editorial Universitaria
Jorge L. Giovannetti  / Catedrático Asociado de la Universidad de Puerto Rico

Hace 30 años, Sheldon Meyer y Leslie Phillabaum publicaron su artículo “¿Qué es una Editorial Universitaria?” en la revista Scholarly Publishing, destacando puntos importantes sobre esa entidad icónica de los mundos intelectuales y de la publicación.
Se enfatizaba la importancia de las Editoriales Universitarias al señalar que deben estar a “la vanguardia del conocimiento y mayormente funcionan como el medio de exposición natural para información, teoría, y metodología que influenciará la empresa humana en las décadas y generaciones por venir”.
Bien manejada, y en manos responsables, una Editorial Universitaria somete a sus autores a un régimen de rigurosidad que garantiza la calidad del conocimiento que en ellas se imprime para diseminación.
Cada propuesta de libro es valorada por una Junta Editorial y por personas cualificadas mediante un sistema de evaluación de pares que es tanto severo como enriquecedor (o ambas) para quien escribe. De ser aprobado el manuscrito, el autor o autora debe trabajar sobre recomendaciones para someter el producto final, que una vez publicado, será eficientemente mercadeado por la Editorial.
Por su parte, Beth Luey, en su “Handbook for Academic Authors”, destacó que contrario a la falsa concepción de que las “Editoriales Universitarias existen para publicar libros escritos por la Facultad de su propia universidad”, las mismas están –o deberían estar– vinculadas a un mundo más amplio. Estos vínculos responden al propósito de las Editoriales Universitarias tal y como lo delineara Daniel Coit Gilman, el primer presidente de la Editorial Universitaria de Johns Hopkins –una de las más antiguas en los Estados Unidos. Para Gilman, la Editorial Universitaria existía para difundir el conocimiento a la “lejanía y de manera amplia”.
A la luz de estas posiciones, hay mucho en riesgo con el estado de situación actual de la Editorial de la Universidad de Puerto Rico (EDUPR). Primero, se pone en peligro un instrumento fundamental para diseminar el conocimiento académico y científico –irónicamente, en un momento que tanto se habla de la “economía del conocimiento”. Segundo, la UPR puede perder lo que potencialmente es un recurso para la internacionalización de que tanto se habló, trascendiendo los confines insulares de algunos en la academia. Tercero, se puede cerrar la opción para que un inmenso mundo hispanohablante tenga a su disponibilidad una Editorial Universitaria con acceso facilitado tanto a los Estados Unidos como a Iberoamérica.
Es paradójico que, considerando la hegemonía anglohablante del mundo editorial académico, pasadas administraciones no hayan divisado el potencial de la EDUPR explotando el acceso a América Latina, España, y Estados Unidos –incluyendo sus comunidades latinas. Esta oportunidad no está perdida, y la Editorial de la Universidad de Puerto Rico puede ocupar un lugar estratégico en las Américas, influenciada por los estándares y procedimientos de las Editoriales Universitarias estadounidenses, pero teniendo a la mano un mercado de escritores y lectores hispanohablantes en todo el hemisferio.
Está claro que muchas preguntas con respecto a la mala administración en la EDUPR deben ser contestadas y varias personas tendrán que asumir responsabilidad.
No obstante, cualquier determinación actual que lleve a eliminar la EDUPR o a limitar su autonomía editorial desvinculándola de la Universidad debe tener en cuenta las serias consecuencias que tendría esa decisión, no sólo para Puerto Rico, sino para Hispanoamérica.

Maltrato institucional
Gisela Negrón Velázquez, Directora del Departamento de Trabajo Social de la UPR Río Piedras

El maltrato institucional, entendido como acciones que lleva a cabo el patrono que amenazan el bienestar general y la integridad emocional o física de sus empleados, es la orden del día en Puerto Rico.
En días recientes hemos escuchado sobre las declaraciones de emergencia para ofrecer contratos costosos y sin subasta a empresas privadas amigas del gobernador para hacer trabajos que realizaban empleados de Departamento de Transportación y Obras Públicas. Obreros de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) denunciaban también la desfachatez de empleados de confianza de esta agencia quienes se aumentaron sus salarios a pesar de las cesantías que allí ocurren por un supuesto déficit fiscal.
Voces llorosas de maestros y empleados inundan diariamente la radio denunciando la angustia que les embarga ante tanto abuso patronal y el silencio y complicidad del gobierno.
El maltrato institucional que ocurre en la Universidad de Puerto Rico (UPR) ha sido menos aparente, pero es tan real y tan marcado como el que experimentan otras agencias gubernamentales. Tal vez el pueblo no sepa que la alta gerencia universitaria no ha validado ni defendido las gestiones realizadas por directores de departamentos y sus respectivos comités de personal para llenar plazas vacantes autorizadas previo a la huelga con personal docente reclutado luego de rigurosos procesos de selección, siguiendo la normativa institucional. Esto ha generado atropellos y opresión laboral contra candidatos de nuevo reclutamiento en departamentos como Psicología y Trabajo Social, quienes han quedado en la calle, sin tan siquiera la posibilidad de un contrato a tiempo completo. Mientras tanto, la administración recluta personal respondiendo a favores políticos sin respetar los procedimientos delineados en nuestro reglamento ni los principios de mérito.
Nuestros estudiantes experimentan una oferta académica limitada y recortes significativos en sus becas debido a la cuota especial impuesta por este organismo. No sabe el pueblo que esta cuota irá al presupuesto general de la UPR y no será obligatorio gastarlo en necesidades del estudiantado, pero sí en vinos y entremeses para las reuniones de la Junta de Síndicos, aumentos salariales a personal administrativo de la alta gerencia y las nuevas vicepresidencias, entre otros
Es importante que el País conozca los atropellos que se comenten en su principal institución de educación pública y le invitamos a unirse a nuestros reclamos de justicia laboral y justicia social para todos.

Preciosa
Por Mayra Montero / El Nuevo Día

La Compañía de Turismo, desde hace meses, tiene un anuncio de televisión con el tema de la melodía Preciosa. Todo el mundo va silbando Preciosa: el maletero en el Aeropuerto; el taxista; la empleada del restaurante; la camarera del hotel mientras hace las camas. Es bastante empalagoso, pero no voy a eso. Voy al turista americano (supongo que es americano), personaje protagónico del anuncio. Porque al final, el hombre vuelve a su ciudad y presumiblemente a su oficina. A su alrededor sólo hay rascacielos, pero él mira hacia un punto impreciso del aire y termina silbando también las dulces notas de Preciosa.
Yo no me puedo creer que este hombre, con cara de cursi y de sufrido, esté silbando en la lejanía porque le gustaron las palmeras. Se me figura, más bien, que silba al evocar al maletero. Y es que el anuncio tiene sus lecturas: no hay más que ver la escenita de la llegada del turista (solo), y la cara de satisfacción que se le pone. Ese simple fogonazo erótico, en contraste con la terrible desesperanza del final, me revela mucho de la trama.
Claro, soy mal pensada, y además estoy segura de que el americano no salió por el área de Inmigración un sábado a las seis de la tarde. Porque si hubiera salido por allí, se desvanece y el maletero tiene que llevarlo en brazos. El turista se ve que es lánguido y no soporta las emociones fuertes.
Y es que en el Aeropuerto todo sigue igual, pero peor. A los visitantes de otros mundos, la imagen que les da la bienvenida sigue siendo la de la vaca purulenta que padece fiebre aftosa. Qué morbo federal, habría que decirles algo. Ya sé que no son gente de muchas sutilezas, y les da lo mismo lo que piensen los turistas. Pero esas fotos de reses carcomidas tienden a deprimir. Sobre todo, si uno está a punto de enfrentarse al más grande misterio de todos los misterios del Aeropuerto Luis Muñoz Marín: ¿por qué las escaleras mecánicas están siempre a oscuras y jamás funcionan? ¿Tan difícil es prender una escalera cuando aterriza el avión?
Como no hay a la vista elevador, ni funcionario alguno que oriente a los viajeros, todo el mundo sube arrastrándose por esos tristes peldaños apagados, que van de mayor a menor. A continuación, aparece una cinta mecánica que debería aliviar la caminata, pero que tampoco funciona, así que los recién llegados siguen a pata, por el corredor en penumbras, la cosa más desangelada que nadie pueda imaginar. Esa es la razón por la que pienso que el protagonista del anuncio donde todos silban -como en una conspiración de alienígenas-, llegó en un vuelo desde Estados Unidos. Porque si hubiera llegado de otro lado, habría tenido que vérselas con esa dura situación de la vaca macabra y enseguida pelear con las máquinas de los carritos, en las que ahora hay que poner dos dólares para poder sacarlo. Nadie trae dólares sueltos y cunde la irritación entre turistas y locales.
Después de cruzar el área de las aduanas hay una zona neutra, propia de los aeropuertos polacos de la época del politburó. Alguien me comentó alguna vez que el aeropuerto más tenebroso del planeta lo tenía Polonia, en tiempos del general Jaruzelski, ignoro si era el de Varsovia. Pues el de aquí está igualito. Pasada la aduana hay una gran desolación, la luz escasa y unas sillas y tablones arrumbados contra la pared. Por todo decorado, hay un cartel, torcido y mal hecho, que tiene tres fotografías: dos de platos supuestamente típicos, y la restante de una taza de café. Eso es todo, no hay un eslogan ni se le sugiere al viajero que pruebe las delicias de la gastronomía. Sólo ese parche incierto y escolar que uno contempla con el desasosiego con que ya contempló la espuma blanca que supura la vaca.
En suma, que si en el Aeropuerto están en una nube y tienen el área abandonada, pues le corresponde a Turismo intervenir y darle un poco de lustre a esos lugares, pero sobre todo ocuparse de una cosa tan básica como que alguien prenda luces y ponga a funcionar las escaleras.
Al final, uno concluye que ese anuncio que vemos por televisión es inverosímil por aterrador. ¿Se imaginan que un viajero llegue al aeropuerto Charles de Gaulle y desde que sale del avión le empiecen a silbar al oído las primeras notas de La Marsellesa? Pues claro, cualquiera queda catatónico. En lugar de afanarse sobre el escritorio, que es lo que hacen todos los turistas cuando regresan a sus puestos de trabajo --en particular los japoneses- el hombre del anuncio se pone a mirar por la ventana, con expresión idiotizada, silbando la cancioncita que le oyó al maletero.
Perfecto. Muy romántico. Pero no está bien gastar dinero bordando historias de amores contrariados cuando en el Aeropuerto, oscuro y con las escaleras mecánicas dañadas -o apagadas adrede- los turistas se llevan la peor impresión. El remedio quizá consistiría en que la vaca silbe. Eso se lo podríamos sugerir a los agentes federales de la entrada. Que quiten la foto de la fiebre aftosa y coloquen una vaca inflable, gordita, emitiendo el tema de Preciosa.
El único peligro, y en verdad no es tanto, es que regrese a Puerto Rico el cursi del anuncio y entonces se nos enamore de la vaca.