Algunos ponen en duda nuestra capacidad para superar la actual situación que vivimos o malvivimos.

Ésa es, tal vez, una de las consecuencias más graves del claro deterioro económico, social y político que padecemos, y que muchos piensen así es ejemplo elocuente del hoyo profundo en el que estamos.

Hoy hablar de crisis es llover sobre mojado, ¡ya cansa!, por tanto, se impone superar la crítica y trabajar en las soluciones. Pero, ¿hacia dónde?

Sin pretender establecer, ni remotamente, la receta es pertinente, primero, reconocer que nuestra única opción es salir de la crisis y superarla; segundo, que nos toca actuar a nosotros, a todos y cada uno de los integrantes de la sociedad puertorriqueña y olvidarnos de que alguna mano milagrosa o al margen de nuestras fronteras venga al rescate y, tercero, no se puede perder más tiempo en avanzar hacia la movilización de nuestros mejores talentos, voces y voluntades hacia la transformación urgente de la crisis actual.

Reconocido lo anterior, procede identificar lo que, afortunadamente, también se nos ofrece como un resultado de nuestro talento humano: se trata de las opciones y posibles rutas de acción. Una mirada a las cientos de propuestas expresadas en los foros ciudadanos, cumbres sociales y programas de las organizaciones sindicales, comunitarias y políticas, como el que recientemente aprobaron la Unión General de Trabajadores y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, permite identificar cuatro ejes principales que pueden considerarse elementos de consenso en el País.

El primer eje atiende el tema económico planteado desde una dimensión distinta.

Se trata del desarrollo sostenible, donde lo económico es un medio para la justicia social necesaria e incorpora la responsabilidad intergeneracional respecto a la protección de los sistemas ecológicos.

El segundo, abarca la transformación y superación de la democracia con prácticas participativas y una injerencia directa del ciudadano en el gobierno y sus instituciones, tanto en lo nacional como en lo municipal. Es puro primitivismo estar amarrado al ciclo electoral de cada cuatro años para alcanzar los cambios deseados.

El tercero es una consecuencia del anterior: la transparencia en la gestión pública que no puede ser más evidente ante los casos que día a día nos sorprenden creando un ambiente de toxicidad en la práctica política.

El cuarto es atender el problema del estatus político en un terreno y espacio distinto, que supere los ya fracasados intentos o en proceso de volver a fracasar. La Asamblea Constitucional de Estatus, según ha sido definida por el Colegio de Abogados, se propone como ese espacio. Pretender asumir mutismo ante un asunto que está en el tuétano mismo de nuestras posibilidades de acción y del reconocimiento de la singularidad de nuestra realidad es fútil.

Cada uno de estos ejes tiene una lista precisa de acciones. Por ejemplo, en el tema económico las propuestas coinciden en la necesidad de implantar políticas que fomenten el desarrollo de una base productiva con particular énfasis en la formación del capital nacional, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y la diversificación de los tipos de propiedad sobre los medios de producción.

A partir de los cuatro pilares señalados se pueden articular las políticas que viabilicen el respeto a los derechos vitales e irrenunciables que nos asiste como pueblo y que son aspiración legítima de todos: el derecho al trabajo, a la salud, a la educación y los derechos de la Naturaleza.

Finalmente, es necesario una fuerza ciudadana organizada que tenga la credibilidad para adoptar y, sobre todo, implantar este programa.

Resulta claro que los partidos tradicionales ya han demostrado su incapacidad para adoptar las mencionadas propuestas y, cuando las han adoptado, han sido ejemplares en su incumplimiento.