En su octava reunión, justo a un año de su creación e imposición por el Congreso, la Junta compuesta por siete personas que no han sido electas por los puertorriqueños, aprobó el nuevo presupuesto gubernamental de su propia factura. Su contenido estaba escrito en la pared cuando se aprobó, también por imposición, el Plan de Ajuste Fiscal (PAF), este último muy celebrado por el gobernador Ricardo Rosselló y su liderato legislativo. Hasta ese momento, la Junta y el gobernador marchaban agarrados de la mano. Pero las condiciones y exigencias que aceptó Rosselló en el PAF estaban muy claras. No obstante, parecía que las relaciones entre Junta y Gobierno sudaban armonía y satisfacción. Eran las semanas previas a la encuesta plebiscitaria.

La aparente y sorprendente diferencia surgida entre la Junta y la administración Rosselló en el tema de la reducción de la jornada laboral y la eliminación del bono de Navidad tiene que ver más con dos acontecimientos. Primero, por la derrota política de Rosselló y el Partido Nuevo Progresista (PNP) en el seudo plebiscito del 11 de junio. Y segundo, por los regaños a la Junta por parte de algunos congresistas, entre ellos el presidente de la Comisión de Energía y Recursos Naturales de la Cámara, Rob Bishop.

El gobernador y el PNP saben que la reducción de la jornada laboral y la eliminación del bono de Navidad van a provocar disgusto y un enorme rechazo entre los trabajadores del sector público. Ambas medidas, junto al largo catálogo de reducciones presupuestarias y de nuevos impuestos, se convierten en una especie de nitroglicerina política. Y contrario a sus planes, los resultados del 11 de junio resultan inservibles, de ningún valor político para mantener algún tipo de apoyo de sus huestes. A ese carro se le acabó la gasolina. Entonces, lo que ha pretendido la administración Rosselló con sus expresiones recientes, es proyectar en la opinión pública que es la Junta la única responsable de tales medidas y zafarse de su responsabilidad.

Por otro lado, las críticas de los congresistas a la Junta le han restado la flexibilidad en lo que había sido, hasta ahora, una relación de ayuda a Rosselló. Lo empujaban hasta el borde, pero no lo lanzaban al precipicio. Ahora está por verse lo que finalmente ocurrirá.

Lo que sí queda claro es la indefensión a la que hemos sido sometidos los puertorriqueños. Sencillamente, como pueblo estamos excluidos de los procesos que en estos momentos están ocurriendo de manera simultánea y que tendrán consecuencias devastadoras en los derechos económicos, humanos y políticos de nuestra gente. Y cuando se cierran todos los espacios y rutas institucionales para participar, defendernos y procurar desde nosotros mismos las soluciones y alternativas a nuestros desafíos, solo queda la respuesta política de la protesta, el reto y la movilización. Cruzarse de brazos no es la postura digna.

Los eventos han ido desnudando la naturaleza despótica de la Junta de Control Fiscal. Atrás quedaron las dudas de quienes creyeron lo contrario. Igualmente quedó pulverizada la fachada de aquellos que, a sabiendas del acto dictatorial, pretendieron engañar a la opinión pública argumentando su conveniencia. Las expresiones en días recientes del presidente de la Junta de Control Fiscal, reconociendo su carácter antidemocrático y la falta de transparencia, cerró esta discusión. En efecto, en nada se diferencian de expresiones parecidas que han hecho los jefes de los gobiernos dictatoriales que han proliferado en la historia de este mundo nuestro, para desgracia de la humanidad. (endi.com / minhpuertorico.org)