Escrito por José (Tato) Rivera Santana | Copresidente del MINH
En las pasadas décadas se ha realizado un esfuerzo enorme para avanzar en la planificación de nuestro territorio a pesar de los obstáculos y las intenciones directas de sectores interesados en evitarlo. Hoy, cerca de 60 municipios tienen planes territoriales aprobados y, en el 2016, se aprobó finalmente el Plan de Usos de Terrenos para todo Puerto Rico. En ambas dimensiones, la municipal y la nacional, el proceso de planificación se ha enmarcado principalmente en dos leyes: la Ley 81 de 1991, conocida como la Ley de Municipios Autónomos y la Ley 550 de 2004, conocida como la Ley para el Plan de Usos de Terrenos (PUT). Otras leyes también han formado parte de ese proceso para atender áreas particulares por su importancia natural, agrícola, urbana, histórica o arquitectónica.
Como resultado de lo anterior, se han definido distritos de zonificación (hoy llamados de calificación) que buscan establecer las actividades y usos permitidos acorde con sus características naturales y con los diversos intereses de la sociedad, enmarcados en el beneficio del interés público general. No ha sido un proceso perfecto y como todo proceso social ha tenido sus aciertos y errores, pero en general ha perseguido identificar dos cosas básicas: dónde se puede hacer tal o cual construcción o actividad, y dónde no. De ahí que se establezcan distritos para proteger suelos agrícolas, bosques, playas, costas, el recurso agua, el carácter residencial en donde vivimos, áreas urbanas histórica y de alto valor arquitectónico, entre otras.
Es importante destacar que como parte del proceso para la elaboración y aprobación de los planes territoriales y el PUT, se incluye un análisis profundo (el Memorial) que explica por qué se establecen las políticas de planificación, así como el uso y aplicación de los distritos de zonificación o calificación.
No obstante, existen unos actores económicos o inversionistas desbocados en construir donde le plazca e interesados en la ganancia fácil y rápida, su visión ha sido contraria a la planificación y no han disimulado en aborrecer y procurar cambiar, o hacer letra muerta, los planes territoriales y el PUT. En efecto, el Plan de Uso de Terrenos lo lograron detener por cerca de 12 años mediante una presión enorme a los gobernadores durante ese periodo.
Ahora, en una acción inaudita la Junta de Planificación (JP) anunció el 28 de junio pasado, la celebración de vistas públicas que ocurrieron durante los días del 15 al 24 de julio, sobre un nuevo Mapa de Calificación que cambia los usos del territorio. De entrada, el mes escogido es atípico para proveer un proceso de participación pública, pero además fueron los días que cautivaron la atención y la movilización de la ciudadanía exigiendo la renuncia del gobernador. Se suma a lo anterior algo igual o más grave: el alcance del nuevo Mapa de Calificación adolece de algo básico y esencial, un Memorial. Es decir, la JP pretende recalificar el territorio sin el análisis profundo e indispensable que pueda justificar y explicar los cambios dramáticos que está proponiendo, lo cual constituye una actuación que se aparta de los procesos reglamentarios, serios y rigurosos que deben acompañar las propuestas de esa envergadura.
En esencia, lo que persigue la Junta es abolir los planes territoriales de los municipios, los planes especiales y el PUT, todos ellos de importancia vital para el presente y futuro del País. Y en su lugar presenta un Mapa de Calificación que le quita la protección a valiosos sistemas naturales, a los suelos y reservas agrícolas y que amenaza la calidad de vida de nuestra gente en sus urbanizaciones y comunidades. Peor aún, en momentos que se discute la situación de nuestras costas y la erosión acelerada que experimentan, la propuesta de calificación de la JP abre la puerta a la actividad de construcción en sectores de alto riesgo del litoral costero que hoy están protegidos por la calificación vigente.
Resulta inconcebible que en momentos que el calentamiento del planeta se manifiesta claramente y con crudeza, en nuestro País la Junta de Planificación se afane en desplanificar.
(Tomado de El Nuevo Día)
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